corte suprema de justicia sala de casación civil - Camacol

CORTE SUPREMA DE JUSTICIASALA DE CASACIÓN CIVILBogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil nueve (2009).Magistrado PonenteJAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCARReferencia: Expediente C-0800131030061993-08770-01Se decide el recurso de casación que se interpuso, respecto de la sentencia de 9 de noviembre de 2004,proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el procesoordinario de ROSA ANTONIA CORAL ERAZO y otros contra las sociedades CONSORCIO TÉCNICO DECONSTRUCCIONES S. A., CONTECO, y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S. A.ANTECEDENTES1.- La citada demandante, en conjunto con EDUARDO CRUMP LAFAURIE, CLAUDIA SCHNURBUSCHGALLARDO y el EDIFICIO BOULEVARD PLAZA, solicitaron que las demandadas fueran declaradascivilmente responsables de los daños causados en los inmuebles de su propiedad y que como consecuenciase les condenara a pagar las sumas que invirtieron o que tuvieren que sufragar para repararlos, el valor de sudepreciación, el precio de los muebles afectados, el equivalente al lucro cesante y al daño moral, con losintereses e indexación en lo que corresponda.2.- Las pretensiones se fundamentaron, en síntesis, en que el CONSORCIO TÉCNICO DECONSTRUCCIONES S. A., construyó el EDIFICIO BOULEVARD PLAZA, para la firma CONSTRUCCIONESDEL CARIBE S. A., quien a su vez enajenó a las personas naturales demandantes unos apartamentos ygarajes, ocupados los cuales, inclusive en las áreas comunes, presentaron filtraciones de aguas a través delas cubiertas y terrazas, debido a “errores” o “defectos de construcción”, ocasionando daños, cuyos costos dereparación no han sido reembolsados por las sociedades demandadas.Específicamente, en el apartamento de la recurrente en casación, señora ROSA ANTONIA CORAL ERAZO,“goteras permanentes, insuficiencia de instalaciones sanitarias y presión de agua, rompimiento de tuberías,daños en los pisos de la azotea”, “deterioro de paredes, techos, muebles y costosas alfombras”. Además, haintentado vender su inmueble, pero las personas interesadas han desistido de comprar por los “problemas defiltración de aguas que padece el edificio”.3.- Las sociedades demandadas negaron los hechos esenciales y se opusieron a las pretensiones, en lofundamental, por falta de legitimación en la causa de los demandantes, pues la hipótesis planteada no lagobernaba el artículo 2060 del Código Civil, aplicable al contrato de construcción concertado entre elempresario y el dueño de la obra, calidad de la cual precisamente aquéllos carecían, así hubieren adquiridodespués algunos bienes sujetos al régimen de propiedad horizontal.4.- El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, mediante sentencia de 7 de junio de 2002, declarófundada la excepción en comento y agregó que la acción que procedía era la redhibitoria o la de reducciónproporcional del precio.LA SENTENCIA IMPUGNADA1.- En lo pertinente, el Tribunal, al resolver el recurso de apelación que interpusieron los demandantes, dejósentada la existencia de dos relaciones diferentes, una derivada del contrato de construcción entre elCONSORCIO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES S. A., CONTECO, y la sociedad CONSTRUCIONES DELCARIBE S. A., y la otra, surgida de los contratos de compraventa celebrados entre esta última, comovendedor, y los demandantes compradores.2.- Interpretando que en el caso se había ejercido una pretensión contractual, por la referencia expresa que sehizo del artículo 2060 del Código Civil, el sentenciador consideró que si bien era “más adecuado ensanchar” lacobertura del ordinal 3º de esa disposición, para conceder la acción a los adquirentes posteriores afectadoscon los vicios de la construcción, desechó tal posibilidad, porque además de regular dicho precepto lasrelaciones entre “empresario constructor” y el “dueño” de la obra, bajo la modalidad de precio “único prefijado”,los jueces estaban sujetos al imperio de la ley, sin que pudiera servir para desconocerla el criterio aceptado alrespecto por la doctrina.Agregó que con ese mismo propósito, tampoco se podía acoger el argumento de tener a los demandantes

como dueños de la obra, en virtud de las adquisiciones que hicieron, por haber obtenido su derecho de manosdel comitente de la edificación, para demandar al “empresario constructor”, de conformidad con lo previsto enel artículo 928 del Código de Comercio, porque esto alteraba o desquiciaba la “estructura fáctica y jurídica”sobre la cual se habían montado las pretensiones, en consideración a que los actores “entrarían actuando encalidad de subrogatorios de una de las mismas personas de las cuales están reclamando la indemnización”.3.- En esas circunstancias, el Tribunal confirmó la decisión de primer grado en la sentencia que recurrida encasación por todos los demandantes, únicamente fue concedido el recurso en favor de ROSA ANTONIACORAL ERAZO.LA DEMANDA DE CASACIÓN1.- En el único cargo formulado denuncia la violación directa de artículo 2060, ordinal 3º del Código Civil.2.- En su desarrollo, la recurrente sostiene que si bien no existe providencia judicial colombiana que encuentreplausible la responsabilidad del empresario constructor, en los casos en que el dueño de la obra contrata suejecución para venderla, frente a los terceros adquirentes que sufren la ruina durante el tiempo de la garantíadecenal, sí conoce normatividad, jurisprudencia y doctrina foráneas que la admiten.Los Códigos Civiles de Francia (artículo 1792, con la modificación introducida en 1978), de Italia (artículo1669), de Bolivia (artículo 743), confieren la acción, en términos generales, al “adquirente” o al “comitente y asus causahabientes”. En el mismo sentido, el Tribunal Supremo de España, a la par con la jurisprudencia deFrancia y de Portugal, al decir, con fundamento en el derogado artículo 1591 del Código Civil, que laresponsabilidad se desenvolvía al margen de todo vínculo contractual, y la jurisprudencia de Puerto Rico, enaplicación del artículo 1483 del Código Civil.Señala, por lo tanto, que la orientación mundial en el punto es ensanchar la responsabilidad contra elempresario constructor en favor de los terceros adquirentes o causahabientes de quien encargó la obra, comoasí lo reconoce la doctrina patria. De ahí que considera propicia la ocasión para que la Corte acepte, de unavez por todas, la aplicación de la garantía en cuestión al margen de una relación contractual, para no dejardesamparados a quienes adquieren lo edificado, en los casos en que uno es el vendedor y otro el constructor.3.- Solicita, en consecuencia, que se case la sentencia del Tribunal y se acojan las pretensiones.CONSIDERACIONES1.- En consonancia con el Tribunal, ninguna duda cabe sobre que el artículo 2060, ordinal 3º del Código Civil,frente al dueño de la obra, regula la responsabilidad directa del constructor, definido en el artículo 4º de la Ley400 de 1997, como el “profesional, ingeniero civil o arquitecto, bajo cuya responsabilidad se adelanta laconstrucción de una edificación”, o al tenor del artículo 1º de la Ley 1229 de 2008, como el “profesional,ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura o ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta unaedificación”. La pregunta que surge es si el tercero adquirente de la misma, fundado en la garantía decenal allímismo prevista, puede reclamar del empresario constructor los daños sufridos cuando el edificio “perece oamenaza ruina” como consecuencia de los vicios de la construcción, del suelo o de los materiales.Sin mayores disquisiciones, la respuesta debe ser afirmativa, porque aparte de que la norma en cuestión,particularmente el ordinal tercero, no hace ninguna distinción, así se entronque, según su encabezado, con los“contratos para la construcción de edificios”, se entiende que como esa garantía se activa cuando el edificiopereciere o amenazare ruina, en todo o en parte, en los “diez años subsiguientes a su entrega”, causados porlos vicios referidos, la responsabilidad del constructor durante ese lapso sigue siendo la misma, sinconsideración a las mutaciones del dominio, puesto que, en últimas, por razones de seguridad se exige quelos edificios se construyan con la estabilidad, solidez y la firmeza suficientes para evitar su ruina.Por esto, algunas legislaciones atribuyen a los adquirentes o causahabientes del dueño de la obra, enprotección del interés que precisamente tienen en la construcción, lo cual trasciende a la persona misma delcontratante, una pretensión autónoma contra el empresario constructor, como se hizo ver en el cargopropuesto. Pero que otras no consagren expresamente esa responsabilidad, como la nuestra, no debeseguirse que no pueda reclamarse, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley para elefecto, mucho más frente a hechos sensibles en la actualidad causados por el auge que ha tenido la actividadconstructora y su comercialización.Así que con independencia de otras acciones que pueda ejercitar el actual propietario del inmueble contra suvendedor, no cabe duda que tanto el dueño de la obra como aquél, según sea el caso, pueden beneficiarse dela garantía prevista en el artículo 2060, ordinal 3º del Código Civil, cuando el edificio perezca o amenace ruinaen el término de diez años siguientes a su entrega, por vicios de la construcción, del suelo o de los materiales,porque se trata de una garantía indisoluble y temporalmente ligada al edificio que no desaparece por las

enajenaciones que del mismo o parte de él se hagan.Por lo tanto, como la garantía en cuestión pervive, durante cierto tiempo, al edificio, resulta claro que en elcaso de ser vendido, esto igualmente involucra, mientras esté vigente, dicha garantía, pues en caso deactivarse, el enajenante no podría hacerla valer por ausencia de interés. Desde luego que exteriorizados losvicios en mención, con incidencia en la estabilidad, solidez y firmeza de la edificación, quien sufriría los dañoses el propietario final, de donde absurdo sería no permitirle disfrutar de esa prerrogativa, pese a ser al únicoque beneficia.En consecuencia, por tratarse de una garantía legal, que cobija también los eventuales daños a terceros queno deriven ningún derecho del dueño de la obra, causados por la “ruina de una edificación”, pero únicamentecuando provienen de un “vicio de construcción”, que no del suelo ni de los materiales (artículo 2351 delCódigo Civil), debe seguirse que siempre que se enajene un edificio o parte de él, la garantía en cuestión setransfiere automáticamente, para ser reclamada en el caso de que el edificio pereciere o amenazare ruina.No se trata, por supuesto, de la transmisión de un derecho, como el de resarcimiento, sujeto a las normas dela cesión, porque para hablar de tal se requiere que la garantía decenal se haya activado, esto es, que eledificio se hubiere derrumbado o concretado la amenaza de ruina, de donde si esto no ha ocurrido en manosdel contratante o dueño de la obra, es decir, antes de la enajenación, nada habría que ceder. Tampoco de unasubrogación de los derechos de éste contra el empresario constructor, como en alguna parte se insinúa,porque en ese evento se necesita, entre otros requisitos, de la existencia cierta e indiscutida de una obligacióny de un tercero que la paga, y esto no es precisamente lo que se predica en el caso.2.- El Tribunal, desde luego, en ninguna parte desconoció la garantía decenal del constructor, establecida enel artículo 2060, ordinal 3º del Código Civil, respecto del edificio construido, contra los vicios, bien de laconstrucción, ya del suelo que el empresario o sus dependientes hayan debido conocer en razón de su oficio,ora de los materiales, siempre que comprometan la estabilidad y la solidez de la obra o la afecten poramenaza de ruina, en todo o en parte, a tal punto que la hagan impropia para su destino conforme a sunaturaleza.Sin embargo, pese a que reconoció que lo más adecuado era ensanchar el campo de aplicación del preceptoen cuestión, restringió su alcance, primero al decir que únicamente regulaba las relaciones entre el“empresario constructor” y el “dueño de la obra”, y no las de aquél con los terceros adquirentes. Luego, alsostener que de considerar a los demandantes como adquirentes de la garantía decenal, estarían actuando,en contra de la estructura fáctica y jurídica de la demanda, como subrogatorios de una de las sociedadescontra las cuales precisamente solicitaron la indemnización.No obstante, las pretensiones de la demanda, por otras razones, no saldrían avante, todo dentro de la órbitadel artículo 2060, ordinal 3º del Código Civil, sin desconocer, desde luego, la existencia de daños distintos alos regulados en la norma, pues aparte de que así lo encausó el Tribunal, el recurrente aceptó que esa era ladisposición que regía el caso, de una parte, al no reclamar en casación sobre el particular, de donde almargen del acierto, esa conclusión se mantiene incólume, y de otra, al centrar su atención, en el único cargopropuesto, al alcance del mismo precepto.En efecto, para que tenga lugar la reclamación se requiere, ante todo, como presupuesto para indagar lacausa generadora del daño, que dentro del término de vigencia de la garantía decenal se haya producido eldesplome del edificio o presentado la amenaza de ruina total o parcial. De acuerdo con el precepto encomento, la garantía decenal se activa únicamente cuando el “edificio perece o amenaza ruina”.La ruina del edificio, se descarta por completo, porque nada de ello refiere la demanda. Lo segundoigualmente, pues con relación al apartamento de la recurrente en casación, se trata de daños puntuales alinterior del mismo, que no de la edificación, consistentes, en consonancia con el libelo, en “goteraspermanentes, insuficiencia de instalaciones sanitarias y presión de agua, rompimiento de tuberías, daños enlos pisos de la azotea”, “deterioro de paredes, techos, muebles y costosas alfombras”, los cuales fueronsuperados, como se indicó por GUILLERMO OTERO VIDAL y RICARDO MARTÍNEZ AYALA, entre otrostestigos, cuestión que por si elimina una actual o potencial amenaza de ruina.3.- En ese orden de ideas, la acusación no puede abrirse paso, sin lugar a condenar en costas, dada larectificación doctrinaria.DECISIÓNEn mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia ennombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 9 de noviembre de 2004,proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el procesoordinario de ROSA ANTONIA CORAL ERAZO y otros contra las sociedades CONSORCIO TÉCNICO DE

CONSTRUCCIONES S. A., CONTECO, y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S. A.Sin costas en casación, por lo dicho anteriormente.Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente.WILLIAM NAMÉN VARGASJAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCARRUTH MARINA DÍAZ RUEDAPEDRO OCTAVIO MUNAR CADENAARTURO SOLARTE RODRÍGUEZCÉSAR JULIO VALENCIA COPETE(Con excusa justificada)EDGARDO VILLAMIL PORTILLA