Reporte

Introducción
Más de una década nos hemos encontrado inmersos en una profunda crisis de seguridad que no necesariamente ha implicado la
adquisición de conocimiento para frenar la comisión de ilícitos, de violaciones de derechos humanos y el ejercicio de la violencia.
Es un hecho que continuamos con grandes pendientes en la materia y nuestras autoridades siguen sin tomar las decisiones
pertinentes, ya se porque han preferido ignorar la situación o porque han optado por la implementación de políticas públicas
desvinculadas de diagnósticos y evaluaciones objetivas. Por si esto no fuera suficiente para evidenciar la falta de aprendizaje,
hay que recordar que durante los últimos meses, la reducción de la cifra oficial sobre incidencia delictiva ha funcionado como la
justificación perfecta para mostrar que hay otros problemas que deben ser atendidos antes que la falta de seguridad y que esta
aparentemente ha sido resuelta.
Sin embargo, debemos recordar que la disminución de las cifras oficiales sobre incidencia delictiva no necesariamente implican una
mejoría. Esto principalmente se debe a que cotidianamente continuamos observando episodios que muestran que la delincuencia
convencional y organizada sigue operando a sus anchas: decenas de fosas son descubiertas o encontradas por las autoridades y
por los familiares de personas desaparecidas; continúan cometiéndose frecuentemente secuestros en territorios específicos de alta
incidencia; las extorsiones telefónicas siguen ejecutándose desde los penales; mantenemos niveles inaceptables de homicidios en
determinadas regiones del país; y, las desapariciones de personas ocurren con la complicidad de autoridades. Aunado a ello, no hay
que olvidar que esto va acompañado de una serie de inconsistencias en el registro de los delitos por parte de ciertas procuradurías
o fiscalías estatales de justicia que deriva en una fotografía completamente distinta de lo que enfrentamos día tras día.
Si este escenario no basta para mostrar que no se ha aprendido nada en esta materia, hay que tener presente que a pesar de
los discursos oficiales, poco se ha hecho para fortalecer a las instituciones responsables de proporcionar seguridad y justicia
en nuestro país. En la mayoría de las entidades federativas, en los cuerpos policiales persisten los graves rezagos en cuanto a
equipamiento y organización; sin dejar de mencionar que muchas de estos siguen siendo infiltrados por grupos criminales. Del
lado de las instancias responsables de impartir justica, tampoco hay avances que nos garanticen que las víctimas de un delito
acceden a la reparación del daño y de justicia, por ejemplo, a unos meses de que el sistema de justicia penal acusatorio tenga que
ser una realidad en todo el país, a varias entidades federativas les falta mucho por hacer para implementar este nuevo modelo
acorde con sus principios fundamentales.
¿Qué podemos esperar en estas condiciones? La respuesta a esta pregunta puede ser un tanto desesperanzadora sobre todo
si consideramos algunos de los acontecimientos ocurridos en noviembre de 2015. El día 10 del mes en cuestión, en Chilapa,
Guerrero, fueron asesinadas cinco personas, dos de las cuales eran menores de edad, se presume que todos eran familiares del
ex director de seguridad pública de ese municipio. Un día después, en Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, fueron hallados los
cuerpos de dos policías de tránsito con signos de tortura. También tuvimos conocimiento de la ejecución de dos colombianos en
el municipio de Puente Nacional, Veracruz, los cuerpos fueron encontrados el día 20.
Por otra parte, el 13 de noviembre se dio a conocer el secuestro del sacerdote de la comunidad Cuyoaco, Puebla, sin embargo,
cinco días después su cuerpo fue encontrado calcinado. Dos semanas después, el día 26, los medios de comunicación informar
sobre la muerte del ganadero y agricultor del municipio de Apatzingan, quien días antes fue secuestrado por sus empleados y
posteriormente ejecutado, pese a que las negociaciones por el rescate estaban en curso.
Asimismo es importante destacar que se continuaron encontrando o localizando fosas clandestinas en distintas partes del país.
Por ejemplo, el 3 de noviembre, en la comunidad de Carrizalillo, Guerrero, fueron encontradas dos fosas, en donde se desconoce
el número preciso de cuerpos hallados e identificados. También, en los primeros días del mes, tuvimos conocimiento de las fosas
clandestinas creadas por parte de las autoridades de Morelos, quienes en una fosa ubicada en el municipio de Cuautla, habían
colocado más de 105 cuerpos.
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