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moral. Estas condiciones hacen que, en muchos
casos, al penalizarse, el problema lejos de
solucionarlo más bien lo agravan.
Pese al elevado número de población joven,
menor de 17 años de edad, en América Latina, los
Estados latinoamericanos no le dan la importancia
que merece este gran sector de la población. Todo
lo contrario, son los sectores poblacionales a los
que más golpean las crisis económicas. Por
ejemplo, según informes de CEPAL, en 1970
América Latina tenía 282 millones de habitantes,
había en la región aproximadamente 112 millones
de personas pobres, de las cuales 27.7 millones
eran menores de seis años. En un informe
posterior, el mismo organismo informa que en
1986 América Latina tenía 429 millones de
habitantes. De éstos, 170 millones eran pobres y
81.4 millones eran indigentes. Siendo los menores
de 17 años casi la mitad del número poblacional.
Para 1992, América Latina cuenta con
aproximadamente 450 millones de habitantes, de
los cuales se calcula que más de la mitad vive en
condiciones de pobreza, y la población menor de
17 años se ubica dentro del 40 al 50%, con una
proporción siempre en aumento.
La relación entre las condiciones
socioeconómicas y los menores infractores de la
ley está sobradamente demostrada. Sólo quisiera
presentar aquí el resultado de una investigación
patrocinada por ILANUD, que recogió
información de los sistemas de justicia de menores
en 18 países de la región latinoamericana. 8 La
investigación que estamos citando confeccionó un
perfil del adolescente infractor tipo que pasa por
los tribunales de menores de estos países.
Determinó que en el 75% de los casos estos
tribunales se ocupan de un joven de sexo
masculino, con algo más de 4 años de retraso
escolar, residente primordialmente en zonas
marginales u otras zonas de vivencia de clase baja,
trabaja en actividades que no requieren
calificación laboral, o bien procura la obtención de
dinero por medio de actividades ilícitas,
contribuye al sostenimiento del núcleo familiar y
el padre o la madre son desempleados o
subempleados. En la mayoría de los casos vive en
una familia que es incompleta o desintegrada, con
ausencia de padre. 9
Este mismo estudio que estamos citando
determinó que el 89% de los casos sancionados
por la justicia juvenil se distribuye entre las
categorías de menor ingreso económico,
perteneciendo muchos de ellos al 40-60% de la
población regional que se encuentra en los niveles
de pobreza o de pobreza extrema, según definición
que de éstas da el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo. 10
3.2. Breve exposición de indicadores
generales
Tal y como se ha expuesto en la sección
anterior, se constata que el perfil del menor
infractor que pasa por los sistemas de justicia
penal en la región latinoamericana, pertenece a los
sectores pobres de la población. De ahí que
cualquier programa para la prevención del delito
estará condicionado, directa o indirectamente, en
buena medida, con el aumento o disminución del
sector poblacional pobre y con las políticas
sociales programadas por los Estados para estos
sectores.
Pese a que en América Latina se cuenta con
un derecho penal de menores garantista, la misma
realidad social nos demuestra las pocas
posibilidades de alcanzar estos fines. A manera de
ejemplo y para ilustrar lo anterior, vamos a
presentar algunos indicadores sociales de la
infancia en América Latina, tomando como
muestra algunos de los países más representativos.
En una publicación, patrocinada por la Comisión
de Comunidades Europeas, titulada Situación de la
Infancia en América Latina y el Caribe 11 , se
establecen algunos indicadores básicos en el
campo de la protección de menores que son: el
ámbito de protección, salud, educación y trabajo.
Estos indicadores reflejaron los siguientes datos
de relevancia.
En el caso de MÉXICO, con una población
de 88.598.000 habitantes en 1990, se constató que
el 63% está ubicada entre el grupo de edad entre 0
y 14 años. Se calcula que en las zonas rurales
viven unas 17 millones de personas en estado de
miseria y 5 millones en las zonas urbanas. 12
millones de menores de 18 años se encuentran “a
la deriva social”: callejeros, en mendicidad,
prostitución, en albergues, sistemas precarcelarios,
consejos tutelares, instituciones privadas etc.. Se
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