PARA EL USO SEGURO
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descontando 10 m 3 /s producidos por Lima y Callao que se descargan al mar, los 31.4 m 3 /s restantes<br />
producidos en el país permitirían el riego de 69,000 ha agrícolas o 124,000 ha forestadas. Por<br />
último, una proyección al 2030 muestra que se dispondría de 43.9 m 3 /s, esta vez deduciendo,<br />
15 m 3 /s de Lima y Callao que se dispondrán en el mar, por lo que la reutilización de efluentes<br />
en el Perú llegaría a las 73,200 ha agrícolas ó 131,700 ha forestales. Este incremento es poco<br />
significativo debido a que el mayor crecimiento poblacional del país seguirá siendo en Lima y<br />
Callao, ciudad en donde precisamente el crecimiento del reuso estará limitado a las 5,000 ha de<br />
áreas verdes y la poca agricultura que subsista.<br />
De todas formas se trata de cifras muy importantes que permitirán ampliar la frontera agrícola y<br />
promover la forestación, especialmente en las extensas áreas desérticas de la costa. Sin embargo<br />
este importante potencial de reuso del país se ve limitado o frenado por una serie de problemas<br />
coyunturales, tales como:<br />
•<br />
La informalidad del reuso, que se ha desarrollado en forma espontánea y sin mecanismos<br />
de control y vigilancia.<br />
•<br />
La dificultad normativa y administrativa para formalizarse, lo que determina que la<br />
mayoría de los casos no hayan realizado aún este proceso.<br />
•<br />
La dependencia de las EPS que realizan la mayor parte del tratamiento de las aguas<br />
residuales y que son ajenas al reuso.<br />
•<br />
El desconocimiento de la calidad de los efluentes de la mayoría de las PTAR y de los<br />
requerimientos de los diferentes tipos de cultivos regados.<br />
•<br />
La falta de conocimiento sobre el real valor de este recurso para generar una actividad<br />
rentable, sustentada en la disponibilidad del agua y el aporte de nutrientes<br />
Es por ello que, además de fortalecer el conocimiento de esta actividad y el necesario manejo<br />
de los riesgos implícitos, también se debe propiciar el desarrollo de instrumentos políticos,<br />
normativos y administrativos que permitan formalizar la actividad ya existente y promuevan<br />
nuevas experiencias de reuso seguras y productivas.<br />
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