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PARA EL USO SEGURO

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descontando 10 m 3 /s producidos por Lima y Callao que se descargan al mar, los 31.4 m 3 /s restantes<br />

producidos en el país permitirían el riego de 69,000 ha agrícolas o 124,000 ha forestadas. Por<br />

último, una proyección al 2030 muestra que se dispondría de 43.9 m 3 /s, esta vez deduciendo,<br />

15 m 3 /s de Lima y Callao que se dispondrán en el mar, por lo que la reutilización de efluentes<br />

en el Perú llegaría a las 73,200 ha agrícolas ó 131,700 ha forestales. Este incremento es poco<br />

significativo debido a que el mayor crecimiento poblacional del país seguirá siendo en Lima y<br />

Callao, ciudad en donde precisamente el crecimiento del reuso estará limitado a las 5,000 ha de<br />

áreas verdes y la poca agricultura que subsista.<br />

De todas formas se trata de cifras muy importantes que permitirán ampliar la frontera agrícola y<br />

promover la forestación, especialmente en las extensas áreas desérticas de la costa. Sin embargo<br />

este importante potencial de reuso del país se ve limitado o frenado por una serie de problemas<br />

coyunturales, tales como:<br />

•<br />

La informalidad del reuso, que se ha desarrollado en forma espontánea y sin mecanismos<br />

de control y vigilancia.<br />

•<br />

La dificultad normativa y administrativa para formalizarse, lo que determina que la<br />

mayoría de los casos no hayan realizado aún este proceso.<br />

•<br />

La dependencia de las EPS que realizan la mayor parte del tratamiento de las aguas<br />

residuales y que son ajenas al reuso.<br />

•<br />

El desconocimiento de la calidad de los efluentes de la mayoría de las PTAR y de los<br />

requerimientos de los diferentes tipos de cultivos regados.<br />

•<br />

La falta de conocimiento sobre el real valor de este recurso para generar una actividad<br />

rentable, sustentada en la disponibilidad del agua y el aporte de nutrientes<br />

Es por ello que, además de fortalecer el conocimiento de esta actividad y el necesario manejo<br />

de los riesgos implícitos, también se debe propiciar el desarrollo de instrumentos políticos,<br />

normativos y administrativos que permitan formalizar la actividad ya existente y promuevan<br />

nuevas experiencias de reuso seguras y productivas.<br />

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