Mujeres políticas de drogas y encarcelamiento

Los programas de control de drogas, en general, presentan entre sus características
falta de transparencia y de supervisión efectiva, con poca o nula evaluación o debate desde
la opinión pública e incluso al interior de los parlamentos. Por otra parte, la policía y
las fuerzas militares juegan un papel preponderante en ellos, asegurando que la perspectiva
de la seguridad nacional prevalezca por encima de otras, como las de salud pública y de
derechos humanos. Sin embargo, dado que la gran mayoría de las personas encarceladas
por delitos de drogas viene de los sectores más pobres de la sociedad, donde precisamente
la inseguridad generada por la violencia asociada al tráfico de drogas se concentra,
entonces, en últimas, tratar el tema de las drogas de una manera comprensiva y eficaz es
–o debe ser– tratar el tema de la pobreza y la desigualdad en nuestras sociedades. Desde
ahí, las recomendaciones apuntan a:
• Incentivar y garantizar la participación de las mujeres en los debates y en la formulación
de políticas de drogas, especialmente aquellas que han sido afectadas
por las actuales políticas. Entre ellas mujeres usuarias de drogas, mujeres encarceladas
o exencarceladas, madres, esposas o compañeras de los encarcelados y
miembros de comunidades afectadas.
• Solicitar a las entidades del Estado responsables de la inclusión social, el desarrollo
humano y los derechos humanos, y a las organizaciones de la sociedad
civil a nivel nacional y regional, que participen en la reformulación, implementación
y monitoreo de políticas de drogas con enfoque de género.
• Pedir a organismos como la Defensoría del Pueblo e instituciones nacionales
de derechos humanos, otros mecanismos para promover la protección de los
derechos humanos, y a comisiones de mujeres, que revisen y hagan recomendaciones
sobre las leyes de drogas y su aplicación en el caso de las mujeres.
• Implementar estrategias de sensibilización de la comunidad sobre la necesidad
de impulsar reformas de políticas de drogas con perspectiva de género.
• Reconocer que las personas de ciertos sectores de la población –afrodescendientes,
pueblos indígenas, grupos étnicos y personas de la diversidad sexual–
se ven desproporcionadamente afectadas por las actuales políticas de drogas, y
asegurar que representantes de estos grupos participen en el debate y el desarrollo
de estas políticas.
• Promover paridad de género en los foros u otros debates y reuniones sobre
políticas de drogas financiados por gobiernos locales o nacionales e instancias
internacionales.
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M ujeres, políticas de drogas y encarcelamiento