Mujeres políticas de drogas y encarcelamiento

forzosos son ineficaces y contraproducentes, y las Naciones Unidas han condenado
los procesos de rehabilitación obligatoria de usuarios de drogas como
alternativa al encarcelamiento. 24
Experiencias de referencia. El modelo estadounidense de tribunales de drogas ha sido adoptado, o está
siendo considerado, por varios países latinoamericanos y del Caribe. El objetivo es enviar la persona a un
programa de tratamiento y, asimismo, reducir la tasa de encarcelamiento de personas que han cometido
delitos menores asociados al uso de drogas. Este mecanismo depende mucho del contexto en el que es
implementado y ha sido objeto de muchas críticas. 25 Como alternativas, existen programas de desvío de
usuarios dependientes a servicios de salud o de tratamiento que responden a varias de las preocupaciones
existentes acerca de los tribunales de drogas, por ejemplo: las Comisiones de Disuasión en Portugal, que
son comisiones administrativas que revisan, caso por caso, las personas detenidas por uso de drogas; el
programa Law Enforcement Assisted Diversion (LEAD), asistido por los oficiales encargados de aplicar la
ley, en Seattle, Estados Unidos; o el Programa de Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial (PTDJ),
en Costa Rica.
3. Microtráfico de drogas o correos humanos
La mayoría de las mujeres privadas de libertad en América Latina son encarceladas por
servir de correos humanos para el transporte de drogas o microtráfico. Se trata de mujeres
en los eslabones más bajos del mercado ilícito y su encarcelamiento no tiene un
impacto significativo sobre la reducción de este (pues son fácilmente reemplazadas por
otras personas en las mismas condiciones sociales), pero sí tiene consecuencias devastadoras
sobre sus vidas y las de sus dependientes, perpetuando un círculo vicioso de pobreza,
marginalidad, desesperación y reincidencia. Por esta razón, es fundamental promover
alternativas a los procesos penales y al encarcelamiento para este grupo en particular. En
tal sentido se recomienda:
• Reformar los procesos penales para poder aplicar el principio de oportunidad
–que se refiere a la abstención de empezar un proceso penal, o terminarlo si
ya empezó– a mujeres microtraficantes que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Es necesario establecer criterios claros y estructurados para llevar a
cabo esta medida a fin de evitar su uso arbitrario y el abuso del principio de
discreción.
• Explorar modelos que contemplen un organismo administrativo multidisciplinario
que evalúe a las mujeres arrestadas por delitos de drogas y pueda discernir
Parte II. Recomendaciones propuestas por tema
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