Í N D I C E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

14 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 16 de Junio de 2016
De manera específica, tratándose de personas integrantes de poblaciones callejeras, los sistemas de desigualdad y exclusión
se interrelacionan generando condiciones propicias para el desarrollo de violaciones graves y permanentes de los derechos
humanos de las personas. Por lo tanto, el fenómeno de la exclusión se refuerza y la calle se convierte en un espacio de
segregación que responde a la carencia de recursos económicos o materiales, pero también a la imposibilidad que tienen de
participar en la determinación de los asuntos públicos, políticos, de gobierno y culturales de la ciudad en que habitan 1 .
a. La discriminación en torno a las personas integrantes de las poblaciones callejeras.
La no discriminación constituye una exigencia fundamental de aquellas problemáticas y situaciones en las que interviene la
aplicación del principio de igualdad. En términos generales, los tratados internacionales en materia de derechos humanos
coinciden en definir la discriminación como «toda distinción, exclusión o restricción basada en criterios como la edad, el
sexo, el género, la religión, las ideas, la nacionalidad, el origen étnico, las preferencias u orientaciones sexuales o cualquier
otra condición social que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el goce y ejercicio de los derechos
humanos» 2 .
La discriminación es un fenómeno complejo que puede afectar a todas las personas en diversos momentos de su vida y
adquiere una connotación particular cuando se trata de personas adscritas a grupos de población en especial situación de
vulnerabilidad. Por ello, siendo las personas que viven en calle grupos en especial situación de vulnerabilidad, es importante
que cualquier intervención que se realice desde el Estado, considere la clasificación que se ha hecho en el informe de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de las formas de discriminación, a saber: “directa, indirecta,
interseccional o múltiple y sistémica”.
No obstante, aún con las distintas caras que pueda adoptar la discriminación, es importante recordar que la igualdad al ser
un derecho, constituye una obligación inmediata para los Estados en virtud de la cual deben adoptar todas aquellas medidas
necesarias y efectivas para garantizar la eliminación paulatina de factores y condiciones que puedan propiciar el desarrollo
de actos discriminatorios que atenten contra el goce y ejercicio de los derechos humanos. Así, para que las personas
integrantes de las poblaciones callejeras puedan vivir libres de estereotipos, prejuicios y violencia, resulta indispensable que
las autoridades y la sociedad sean conscientes de la situación histórica de desventaja en la que se encuentran y enfatizar que
el principio de igualdad es ante todo una norma consagrada y positivada tanto en nuestro texto constitucional como en
diversos tratados internacionales de los cuales México es Estado Parte. 3
El principio de igualdad es así un imperativo constitucional e internacional que marca la pauta al Estado para determinar no
sólo lo que no debe hacer, sino también lo que debe hacer 4 con el objetivo de desarticular todos aquellos elementos
estructurales de opresión, segregación, subordinación y exclusión de diversos grupos de población entre los que se
encuentran las personas integrantes de las poblaciones callejeras.
En este sentido, las acciones del Gobierno de la Ciudad de México están orientadas e implementadas para evitar la
reproducción de los tipos de discriminación, considerando la igualdad como no discriminación y no sometimiento, todo ello
en el marco del respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos.
Este protocolo toma en consideración el modelo planteado por la CDHDF para la identificación de medidas reforzadas
asociadas a condiciones de especial vulnerabilidad. Es decir, se propone que al momento de impulsar alguna acción a favor
de personas o grupos de población en situación de desventaja, exclusión o marginación, las autoridades involucradas
1 Walter Bossert, Conchita D'Ambrossio y Vito Peragine, "Deprivation and Social Exclusion" en Revista Economica, New Series, vól. 74, núm. 296,
noviembre 2007, pág. 777.
2 ONU, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución A/RES/61/106 durante su LXI periodo de sesiones, New York, 13 de diciembre de 2006; ONU, Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEFDR), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/2106 durante
su XXI periodo de sesiones, New York, 21 de diciembre de 1965); ONU, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra
la Mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/34/180 durante su XXXIV periodo de sesiones,
New York, 18 de diciembre de 1979.
3 Luigi Ferrajoli, “La igualdad y sus garantías” en Desafíos de la Igualdad, Desafíos de la Igualdad, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid, España, núm. 13, 2010, págs. 315 y 316.
4 Lucas Sebastián Grosman, La igualdad estructural de oportunidades en la Constitución, Universidad de Palermo, España, págs. 4 y 7. Disponible en