CAF Málaga Dospuntocero nº10

Concretamente, las ventajas del arbitraje
frente a los tribunales de Justicia parecen
evidentes:
1. Celeridad. Los juzgados tardan años
en la resolución de los asuntos,
mientras que el arbitraje no puede
tardar más de 6 meses.
2. Simplicidad procedimental. En el
procedimiento arbitral todo es más
fácil, evitándose formalidades y anacronismos
que sólo sirven para eternizar
la resolución del problema.
3. Especialización. Los asuntos los resuelven
especialistas en propiedad
horizontal y no jueces que vienen
tramitando otras materias muy distintas
y por tanto no suelen conocer
en profundidad las particularidades
de las comunidades de propietarios.
4. Seguridad jurídica. La especialización
y la posibilidad de contar con
nuestra propia forma de interpretar
la Ley de Propiedad Horizontal de
forma unívoca, evita las contradicciones
que venimos soportando en
la resolución de asuntos prácticamente
idénticos, en los que dependiendo
del Juzgado que juzgue
nuestro caso, se suele llegar a resoluciones
muy distintas, incluso
contradictorias.
Entre nuestros juzgados, e incluso entre
las propias secciones de la Audiencia Provincial,
parece no existir un criterio unánime
en casi ninguna de las materias relativas
a la propiedad horizontal y así, por
ejemplo, nos encontramos con jueces que
entienden que las abstenciones se suman
a los votos a favor para la adopción del
acuerdo, mientras que otros consideran
que no se computan a ningún efecto. Del
mismo modo, algunos jueces consideran
que los morosos tienen derecho al voto en
los acuerdos que requieran unanimidad,
mientras que otros entienden que no votan
en ningún caso.
Podríamos poner un largo etcétera de supuestos
en los que existe disparidad entre
nuestros juzgados y audiencias a la hora de
interpretar la ley, lo que a la postre supone
que, dependiendo del Juzgado que tenga que
resolver el caso, se obtendrá o no una sentencia
favorable o acorde con lo previsible.
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