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Héctor Estrada
El anuncio hecho este martes por
parte de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL) que finalmente reconoce
el ilícito acarreo masivo de beneficiarias
de Prospera durante el “informe”
legislativo de Roberto Albores
Gleason coloca el caso en una nueva
dimensión legal que, de seguir la línea
de responsabilidades evidentes,
deberá significar la inmediata
destitución del delegado de dicho
programa federal en Chiapas, Rubén
Antonio Zuarth Esquinca.
La remoción de los cuatro funcionarios
menores (Héctor Augusto
Rivera Ordoñez, Pamela
Ortiz Uscanga, Juana Sosa Martínez
y Priscila Cruz Chávez), integrantes
de la Coordinación del
Programa de Inclusión Prospera,
de ninguna manera puede representar
el fin de las investigaciones
para fincar responsabilidades sobre
un asunto tan grave como lo fue el
uso ilegal de un programa social con
fines evidentemente electorales.
Porque Héctor, Pamela, Juana y Priscila
no actuaron de manera unilateral.
Son funcionarios operadores que sólo
se movilizan bajo indicaciones superiores.
Sobre todo tratándose de asuntos
tan comprometedores como lo es
la organización, movilización y remuneración
económica de alrededor de
20 mil personas afiliadas o postulantes
del programa Prospera. Sería ingenuo
pensar que bajo decisión y recursos
propios ejecutaron tremendo
acarreo masivo.
Rubén Zuarth,
el ejecutor del acarreo
alborista
Lo sucedido este sábado es ya uno de
los casos documentados más escandalosos
de una práctica electorera
tan recurrente en Chiapas y todo el
país. Esta vez las evidencias fueron
atestiguadas en vivo y en directo
por miles de personas a través de las
redes sociales; situación que terminó
obligando al Gobierno Federal,
mediante la SEDESOL, a admitir un
hecho tan gravoso e imperdonable
como ese, a manos de un Senador de
la república.
Y de verdad que no se trata de una
cacería de brujas o crítica bajo consigna.
Corresponde a un caso de
grandes dimensiones que no pueden
tomarse a la ligera… Se extorsionó,
obligó, manipuló y movilizó a miles
de personas (mujeres principalmente)
a costa de dinero emanado
de programas sociales. En un hecho
que se advirtió y pidió evitarse en
diversos medios de comunicación
días antes, pero los organizadores
decidieron consumarlo a pesar de
las consecuencias inminentes.
Por eso las investigaciones para fincar
responsabilidades deben llegar
hasta las últimas consecuencias. Y
es que, no debe sorprender que sea
justo Prospera el programa federal
involucrado en semejante escándalo.
El delegado en Chiapas es nada más y
nada menos que el suplente del senador
Albores Gleason, el también
priista Rubén Antonio Zuarth
Esquinca.
Zuarth Esquinca no ha tenido
ningún empacho en exponer sus
vínculos con el senador priista.
Se asume y muestra entre amigos
y colegas como parte del equipo
cercano. Y nada de malo tendría
ser funcionario público y parte
del equipo alborista si mantuviera
alejados sus intereses políticos
de los recursos públicos que administra;
sin embargo, este sábado
se hizo evidente que eso no ha
sucedido.
Los argumentos para separar del cargo
a Rubén Zuarth son ya innegables.
Por razones de coherencia legal la
SEDESOL deberá instruir el inmediato
cese del delegado regional, pero
también las investigaciones generales
la propia delegación de la Secretaría
de Desarrollo Social en Chiapas que
hoy se encuentra bajo otros tantos escándalos
de corrupción en programas
como Habitat, donde las cosas también
están calientes. La corrupción y
el abuso de poder tienen responsables
superiores, van más allá de simples
chivos expiatorios, que deben ser castigados
con severidad… así las cosas.