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VIERNES 09 DE JUNIO DE 2017
10 PULSO GLOBAL
El TC declara nula la
amnistía fiscal aprobada en 2012
Abolición
La medida no tiene efecto sobre los
contribuyentes que ya regularizaron
su situación con Hacienda
v Redacción
Siglo.21
E
l 5 por ciento del
Producto Interno
Bruto (PIB) global
se pierde por la
corrupción, por lo que es
uno de los principales problemas
de
los países en
el mundo,
indicó Julie
Mónaco, directora
global
de Sector
Publico de
Citi.
P El Tribunal
Constitucional
declaró
este jueves de forma unánime
la inconstitucionalidad
de la amnistía fiscal aprobada
por el gobierno del PP en
marzo de 2012, informaron
fuentes del tribunal de garantías.
La decisión no tiene
efecto sobre los expedientes
de aquellos contribuyentes
que ya han regularizado su
situación con Hacienda.
Ahora bien, hay unos casos
en concreto sobre los que la
decisión del TC sí podría tener
efecto. Y es que la Agencia
Tributaria (AEAT) abrió
tres mil 545 inspecciones
derivadas de la amnistía fiscal
de 2012 (un 10% del total),
con una deuda fiscal detectada
de 246 millones de la cual,
hasta el pasado 10 de abril,
se han liquidado más de 189
millones de euros.
Así lo anunció el pasado
10 de mayo el ministro de
Hacienda y Función Pública,
Cristóbal Montoro, durante
la sesión de control al Gobierno
en el Congreso. Estas
inspecciones han mantenido
abiertas la mayoría de estas
liquidaciones sin que hayan
adquirido firmeza, por lo que
quedarían fuera del paraguas
establecido por la sentencia
del Tribunal Constitucional
para las liquidaciones firmes.
El recurso fue presentado
por 50 diputados del PSOE
contra la disposición adicional
primera del Real Decretoley
12/2012, de 30 de marzo,
545
INSPECCIONES
ABRIERON DERIVADAS DE LA
AMNISTÍA FISCAL DE 2012S
por el que se introducían diversas
medidas tributarias y
administrativas dirigidas a la
reducción de déficit público.
En su recurso entendía que
esta normativa favorece a los
defraudadores al permitirles
regularizar su situación fiscal
con un pago del 10% del valor
de los bienes
aflorados
(para rentas
superiores a
100 mil euros),
mientras
El gobierno del PP puso en marcha la amnistía en marzo de 2012.
que los contribuyentes
cumplidores
pagan el 43%.
A la regularización
fiscal
se acogieron personalidades
públicas investigadas en
los tribunales como varios
miembros la familia Pujol, el
extesorero del PP Luis Bárcenas,
el exsecretario general
del PP en Madrid Francisco
Granados y su exsocio David
Marjaliza (ambos imputados
en el caso Púnica), el exvicepresidente
del Gobierno
Rodrigo Rato. En su día Hacienda
cifró en 30 mil los
españoles que se acogieron
a este modelo retributivo
dirigido a recuperar dinero
oculto fuera del país.
La sentencia, de la que fue
ponente el magistrado Andrés
Ollero, ha valorado que
la amnistía afectó de forma
sustancial al deber general de
todos los ciudadanos de contribuir
al sostenimiento de
los gastos públicos de acuerdo
con su riqueza y mediante
un sistema tributario justo.
Hay casos en concreto sobre los que la decisión sí podría tener efecto.
INSOLIDARIA PARA CON LOS
CONTRIBUYENTES
La sentencia advierte de que
la adopción de medidas que,
“en lugar de servir a la lucha
contra el fraude fiscal, se
aprovechan del mismo so
pretexto de la obtención de
unos ingresos que se consideran
imprescindibles ante
un escenario de grave crisis
económica, supone la abdicación
del Estado ante su
obligación de hacer efectivo
el deber de todos de concurrir
al sostenimiento de los
gastos públicos”.
El TC concluye que la medida
impugnada ha tenido
tres “importantes efectos”:
permitió la regularización de
las rentas previamente ocultadas
“a un tipo reducido”
(10%); eximió a los contribuyentes
que se acogieron a la
regularización de “la imposición
de intereses de demora,
de recargos por ingresos extemporáneos
y de sanciones,
administrativas o penales,
por el incumplimiento de los
deberes formales y materiales
derivados del nacimiento
de la obligación tributaria”;
y, por último, convirtió las
cantidades por las que se
tributó en la regulación “en
renta declarada a todos los
efectos”.
VARAPALO AL GOBIERNO
En respuesta a algunas de
las alegaciones del Abogado
del Estado, el Tribunal sostiene
que el hecho de que la
medida cuestionada pudiera
contar con una justificación
que la legitimase (como es la
“necesidad de ajustar el déficit
público para cumplir con
el principio de estabilidad
presupuestaria consagrado
en el artículo 135 de la Constitución),
“sería un requisito
necesario pero en ningún
caso suficiente, desde el plano
constitucional, cuando se
introduce mediante el uso de
un instrumento normativo a
través del cual no se puede
afectar al cumplimiento de
un deber de los previstos en
el Título I de la Constitución”.
El secretario de Estado de
Hacienda, José Enrique Fernández
de Moya, señaló que
el Ministerio de Hacienda
“está analizando” la sentencia.
Por su parte, el portavoz
económico del PSOE en el
Congreso, Pedro Saura, pidió
la “dimisión inmediata” del
ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro.