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02 ACTUALIDAD SIGLO.21
Justicia
Se trata de
autoridades y
empleados de la
PGN, PDH y PNC
El procurador y la
defensora de la
Niñez y Adolescencia
de la Procuraduría
General de la Nación
(PGN) y la Procuraduría
de Derechos Humanos (PDH)
Harold Augusto Flores Valenzuela
y Gloria Patricia Castro
Gutiérrez y 3 personas más
fueron detenidas en el marco
de varios allanamientos
en seguimiento a la investigación
por el caso Hogar Seguro
Virgen de la Asunción,
en el que murieron 41 menores.
Las otras tres personas detenidas
son: la jefa del Departamento
de Protección
Especial contra el Maltrato
en Todas sus Formas, Brenda
Julissa Chamam Pacay,
de 42 años; el subcomisario
de Policía Nacional Civil
(PNC), Luis Armando Pérez
Borja y la subinspectora de
la PNC, Lucinda Eva Marina
Marroquín Carrillo.
Harold Augusto Flores Valenzuela,
55 años, procurador
de la Niñez y Adolescencia,
es sindicado de los delitos
de homicidio culposo,
incumplimiento de deberes
y maltrato contra personas
menores de edad.
Gloria Patricia Castro
Gutiérrez, defensora de la
PDH, sindicada de incumplimiento
de deberes y maltrato
contra personas menores
de edad.
Brenda Julissa Chamam Pacay,
jefa del Departamento
de Protección Especial contra
el Maltrato en Todas sus
Formas, las autoridades la
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Nacional
Capturan a cinco personas
más por caso Hogar Seguro
❖ Virginia Velásquez
Siglo.21
El jefe de la Niñez y la Adolescencia de la PGN, Harold Flores y la defensora de la PDH, Gloria Castro, fueron capturados. F:WILLY ESTRADA
señalan de los siguientes delitos:
homicidio culposo, maltrato
contra personas menores de
edad e incumplimiento de deberes.
Luis Armando Pérez Borja,
subcomisario de la Policía Nacional
Civil (PNC) por los delitos
de: abuso de autoridad y maltrato
contra personas menores de
edad.
La quinta detenida es Lucinda
Eva Marina Marroquín Carrillo,
subinspectora de la PNC, sindicada
por los delitos de homicidio
y maltrato contra personas
menores de edad.
A PRISIÓN
PROVISIONAL
Las cinco personas capturadas
este lunes, escucharon
al juez cuarto Carlos
Guerra, quien les dijo
el motivo de su detención
y los envió a la cárcel ubicada
en Mariscal Zavala,
para que guarden prisión
provisional, quedando
a la espera de la audiencia
de primera declaración,
programada para
el próximo 20 de junio.
ANTECEDENTES
Por este mismo caso se encuentran
ligados a proceso y en prisión
preventiva los exfuncionarios
de la Secretaría de Bienestar
Social (SBS) de la Presidencia,
Carlos Antonio Rodas Mejía
y Anahy Keller Zavala, así como
Santos Torres Ramírez, exdirector
del Hogar Seguro Virgen de
la Asunción.
Todos son señalados de ser
los responsables de la muerte
de 41 adolescentes, quienes
perdieron la vida en un incendio
que se registró el pasado 8
de marzo. En el lugar murieron
19, mientras que las demás fueron
trasladadas a los hospitales
en donde dejaron de existir.
ASÍ SUCEDIERON LOS HECHOS
A eso del mediodía de ayer,
las autoridades del Ministerio
Público (MP) ofrecieron una
conferencia de prensa, en la
cual describieron cómo sucedieron
los hechos y el papel que
jugaron los capturados por este
caso.
Según la información recabada,
el Hogar Seguro Virgen de
la Asunción se encontraba conformado
por cinco
módulos.
El módulo Elisa
Martínez que
atendía a infantes
de 5 a 13 años; el
módulo de Capacidades
Diversas,
en el que se encontraban
infantes
y adolescentes
de todas las edades,
con discapacidad física y/o
mental.
El módulo Mi hogar, mujeres
adolescentes de 13 a 18 años,
quienes fueron las victimas en
este caso. El hogar San Gabriel,
que tenía a hombres adolescentes
de 13 a 18 y el Hogar Princesas,
donde habitaban niñas de
3 a 5 años.
La población objetiva del centro
eran adolescentes que estaban
en condiciones de vulnerabilidad
y riesgo, “no tenían adolescentes
en conflicto, no era
8CAPTURADOS
SUMAN POR ESTE CASO.
un lugar de encarcelamiento ni
represión”, resaltó la secretaria
del MP, Mayra Véliz.
Por lo tanto, era la obligación
estatal, brindarles protección y
abrigo a todos los adolescentes
que ingresaban al
centro en mención,
dijo Véliz.
El módulo Mi
Hogar, en donde
estaban todas las
adolescentes que
murieron a consecuencia
de la
tragedia, estaba
compuesto por 8
dormitorios, dividido
en varias áreas: una de
atención psicológica, a víctimas
de violencia sexual, 2 espacios
donde atendían a víctimas
de maltrato en todas sus
formas, rebeldía y fuga de casa,
afiliación a pandillas y trata
de personas.
Las personas que ya se encuentran
procesadas, así como
las que fueron detenidas
este lunes se encontraban
presentes, los días 7 y 8 de
marzo de este año, en el Hogar
Seguro.
EVENTOS
El MP definió en tres eventos,
la presencia de las personas
capturadas, “ya que no todos
los sindicados son responsables
de todo el proceso”.
El primer evento, tiene que
ver con la protesta y la evasión
de los adolescentes del
establecimiento; denominado
evento 1. Se registró el 7
de marzo entre las 13:30 y las
14:45 h. El director del Hogar
Seguro Torres Ramírez, al
percatarse que los menores
querían abandonar el lugar,
procedió a llamar a la PNC.
El evento 2, cuando los
adolescentes fueron remitidos
de nuevo a las instalaciones
y concentrados frente al
portón. Sucedió el 7 de marzo
entre las 16:00 y las 24:00
h, los menores pasaron todo
este tiempo a la intemperie,
mojados y sucios, pues en su
afán de huir cruzaron un río
de aguas negras.
Y el evento 3, cuando los
menores reingresaron al establecimiento
y el momento
en el que se registró el incendio
del aula donde se encontraban
las mujeres. Esto sucedió
el 8 de marzo, entre las
0:00 a las 10:00 h.
En el evento 1, los agentes
de la PNC regresan con el primer
grupo de adolescentes y
los ubicaron frente al portón
del establecimiento. Las autoridades
del Hogar Seguro
indicaron que desde que salieron
de las instalaciones los
menores perdieron el proceso
de abrigo y la protección
estatal y las autoridades de la
SBS y la PDH se hicieron presentes
al lugar.
Siendo las 16:18 h, llegó al
hogar Keller, la subsecretaria
de la SBS y la defensora de
la Niñez y Adolescencia de la
PDH, Castro Gutiérrez.
Posteriormente, llegó el
secretario de la SBS, Rodas
Mejía, así como personal de
la PGN, quienes arribaron
en un bus.
A las 21:15 h, se hizo presente
el subcomisario, jefe
de operaciones de la Comisaría
13 de la Policía, Pérez Bor-
ANTEJUICIO CONTRA JUEZA
La Fiscalía contra el Delito de Femicidio del MP presentó una solicitud de antejuicio
contra la jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez, señalada de
los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia. Un
día antes de la tragedia, Murillo fue requerida para realizar una exhibición personal a
favor de las menores del Hogar Seguro, a la cual ella no asistió aduciendo que su vida
podría correr peligro.
F: Ministerio Público
ja, quien solicitó apoyo con
equipos antidisturbios para
someter a los adolescentes
mediante la fuerza pública
frente a la entrada de las instalaciones.
Cuando los agentes de la
PNC sometieron a las adolescentes,
el procurador de la Niñez
y Adolescencia Flores Valenzuela,
se encontraba aún
presente; sin embargo, no tomó
ninguna acción de protección
para los menores.
En el evento 2 resaltan
las funciones que tuvo
que tener Castro, la
defensora de la Niñez y
Adolescencia: “Era proteger
los derechos humanos
de los aludidos, establecidos
en la Constitución
Política de la República
de Guatemala”.
“Teniendo la función de
defensora, Gloria Castro permitió
que los policías reprimieran
a los y las menores”,
comentó De León.
De acuerdo con De
León, Castro vio y consintió
que la PNC reprimiera constantemente
a los adolescentes.
“Ella se retiró del lugar
cuando los menores aún
se encontraban afuera, sin
brindarles protección alguna”,
reiteró.
Valenzuela, en calidad de
jefe de la Procuraduría de
Menores, “debió tomar las
decisiones para defender el
interés de los adolescentes
en congruencia con los derechos
del niño, la Ley de Protección
Integral de la Niñez
y Adolescencia (PINA) y otras
normas sobre la materia”.
En todos los casos la Procuraduría
de la Niñez y la
Adolescencia que intervenga
debe aplicar el principio
de celeridad, sin retardo injustificado.
Los adolescentes
estuvieron en condiciones
de vulnerabilidad y nadie
tomó las medidas necesarias,
afirmó
la secretaria
del MP.
En el evento
3, el personal
y las autoridades
de la
SBS y representantes
de
la PGN, suscribieron
un acta
en donde acordaron
el ingreso
de los adolescentes y delegaron
el control del centro
41
MENORES
MURIERON EN LA TRAGEDIA
DEL HOGAR SEGURO.
Editorial
Cuestionable solicitud
de antejuicio
A
yer el Ministerio
Público (MP)
trasladó al Organismo
Judicial
una solicitud de
antejuicio en
contra del presidente
Jimmy Morales por su presunta
responsabilidad en los hechos que
culminaron en la tragedia sucedida
en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción,
el pasado 8 de marzo.
La solicitud de antejuicio contra el
presidente, presentada en el ente investigador
por dos diputados de la
bancada Convergencia, Leocadio Juracán
y Sandra Morán, detalla la supuesta
comisión de cuatro delitos
por parte del presidente de la República:
incumplimiento de deberes,
tortura, ejecución extrajudicial y
abuso de autoridad.
Al analizar la solicitud formulada
por los legisladores es preciso señalar
que aunque forma parte de sus
funciones legislativas, es necesario
profundizar en el análisis de las circunstancias
en que se produjo la tragedia
de manera objetiva e imparcial
y si bien es necesario deducir las responsabilidades
civiles y penales correspondientes
a quienes sean hallados
culpables de lo ocurrido, también
es necesario que los legisladores
ejerzan responsablemente su función
fiscalizadora del ejercicio del
poder público, pues la acusación que
formulan contra el mandatario, resulta
ineficaz, cuando menos, al no
ajustarse los hechos ni el contexto en
que se produjeron con los tipos delictivos
en que se pretenden encuadrar
las acciones de Morales.
Cabe añadir que el día de ayer fueron
capturadas cinco personas, entre
funcionarios empleados, vinculados a
este caso, pero que ninguno pertenece
al MP, ente encargado de dar seguimiento
a las múltiples denuncias de
a la PNC. La PDH fungió como
intermediario y posteriormente,
sus personeros
se retiraron
del lugar. Sin
embargo, la
Ley dice que
un menor evadido
solo podrá
regresar a
través de una
orden de juez
competente,
quien en este
caso no se
presentó por
resguardar su seguridad. El
MP también pidió antejuicio
contra la jueza de Paz
de San José Pinula, Rocío Albany
Murillo Martínez.
Esta acta fue firmada por
el secretario de Bienestar
Social, Rodas Mejía; el director
del establecimiento,
Torres Ramírez así como
Chamam Pacay, trabajadora
del Hogar Seguro, quien
debía monitorear la evolución
de cada uno de los menores
para presentar un reporte
de esto. Estas autoridades
delegaron la seguridad
de los adolescentes a la
PNC, cuyos agentes se quedaron
resguardando el aula
abusos a las menores, previo al fatal
acontecimiento, pero que no accionó
sino después de los hechos.
Los funcionarios capturados son
Gloria Patricia Castro, defensora de la
Procuraduría de Derechos Humanos
(PDH); Harold Augusto Flores Valenzuela,
jefe de la Procuraduría de la Niñez
y Adolescencia de la Procuraduría
General de la Nación (PGN); Brenda
Julissa Chamam Pacay, jefa del Departamento
de Protección Especial contra
el Maltrato en Todas sus Formas;
el subcomisario de la Policía Nacional
Civil (PNC), Luis Armando Pérez Borja
y la subinspectora de la misma institución
Lucinda Eva Marina Marroquín
Carrillo.
Aunque es de suma importancia determinar
la responsabilidad del Estado
en la tragedia, también lo es que
las investigaciones se conduzcan de
manera objetiva y que no se excluya
de la misma a los miembros del ente
investigador que deberían haber dado
seguimiento al caso y que no lo hicieron
en su oportunidad. A la vez, es
esencial que las autoridades de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) analicen
la procedencia de la solicitud de antejuicio
formulada en contra del presidente
bajo una luz imparcial, pues
parece evidenciar más la intención de
los diputados de defenestrar a Morales
que de lograr la legítima averiguación
de la verdad, pilar fundamental
de la aplicación de justicia.
Siglo.21 hace un llamado a todos
los guatemaltecos comprometidos
con mantener la institucionalidad y
sacar a Guatemala del caos en el que
se encuentra, para que permanezcamos
atentos en el sentido de salvaguardar
una Guatemala LIBRE, JUS-
TA, SOBERANA E INDEPENDIENTE.
Y la defensa de la LIBRE EMISION
DEL PENSAMIENTO, garantizado en
el artículo 35 de nuestra Constitución
Política de la República.
que estaba cerrada con un
candado y la llave la tenía la
subinspectora Marroquín
Carrillo, quien la entregó a
los fiscales del MP, después
de la tragedia.
De León siguió relatando
que las autoridades mandaron
a traer unas esponjas
en mal estado para que
las adolescentes tuvieran
un lugar dónde acostarse.
Las menores cansadas de
los vejámenes decidieron
prenderles fuego, con tal
que les abrieran la puerta
y ser liberadas; sin embargo,
no fue así.