LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Año 1/ N° 1 Julio 2017

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
UNIVERSIDAD YACAMBU
CABUDARE / EDO. LARA
ALUMNA:
BÁRBARA PÉREZ
C.I. 25.619.617
EXPEDIENTE: CJP-162-00175V
REVISTA DERECHO ADMINISTRATIVO PUBLICO
MODALIDAD ESTUDIANTIL
Año 1/ N° 1 Julio 2017

EDITORIAL
La Administración Pública
en Venezuela
La Administración Pública se entiende como aquel conjunto de
personas, organizaciones, reglas, capacidades y prácticas, que tienen por
objetivo transformar las políticas públicas, la legislación y el presupuesto,
en servicios útiles para la sociedad, esto es, la Administración Pública
convierte las expectativas y deseos que tienen los ciudadanos sobre la
forma en que opera el Estado (Echebarría y Cortazar; 2007).
La Administración Pública está subordinada a los designios del
Estado, que se manifiestan en las personas que ejercen el gobierno o el
control de los otros poderes públicos. A pesar de ello, la Administración
Pública ha adquirido una “dimensión institucional” propia que le coloca
más allá de la política y de la economía (Echebarría y Cortazar; 2007).
Los procesos de reforma del Estado en América Latina no son
novedosos. Desde la década de los ochenta en varios países se viene
evidenciando una crisis de un modelo de Estado altamente
intervencionista y centralista. El agotamiento de este modelo quedó al
descubierto con la crisis financiera, de deuda y fiscal de varios de estos
países en la década de los ochenta, que condujo a la declaración de
moratoria del pago de la deuda externa el 12 de agosto de 1982, y con las
políticas de limitación del pago del servicio de deuda con relación a las
exportaciones, como fue el caso de Perú (Lora, 2007).
El rentismo petrolero en países como México y Venezuela,
permitió el aplazamiento de medidas correctivas, pero más temprano que
tarde fue necesario iniciar el proceso de reformas, entre ellas la de la
Administración Pública. De hecho, las reformas tributarias aplicadas en
muchos de los países se hicieron para buscar nuevas fuentes de
financiamiento. (Lora, 2007)

EDITORIAL
Las reformas dentro de las
Administraciones Públicas en América Latina
han estado relacionadas, por una parte, con
mayores espacios de participación política,
sobre todo en aquellos países con democracias
monopartidistas o bipartidistas. Estos procesos
de apertura y profundización de la democracia
permitieron oxigenar el mundo político con
nuevos actores participando en la gestión
pública (Lora, 2007). Por otro lado, siendo las
Administraciones Públicas la fracción más
grande del Estado en términos de personal y
de recursos materiales, las reformas se han
dedicado a tratar de resolver el problema de su
tamaño y la eficiencia o no del mismo de
acuerdo con sus responsabilidades (Echebarría
y Cortazar; 2007).
El objetivo de todas las reformas es
alcanzar un Estado de menor tamaño y con
unos objetivos más acotados, pero que al
mismo tiempo tenga un mayor grado de
legitimidad, que sea menos burocrático y
descentralizado, y que juegue un papel de
promotor de la iniciativa empresarial en lugar de
protector de la industria nacional a toda costa.
Este planteamiento está en línea con el llamado
Consenso de Washington, donde se plantea
una mayor disciplina fiscal para el Estado y una
cesión parcial de sus funciones a los mercados
(Lora 2007).
Se trata de un Estado que se dedique a
la prestación eficaz y eficiente de los servicios
básicos, como educación, salud, seguridad
policial y seguridad social, y que su
responsabilidad política por los asuntos de
bienestar social sean mayores ante la
ciudadanía (Echebarría y Cortazar, 2007).
Para lograr este objetivo, las reformas de
las Administraciones Públicas se han centrado
en tres aspectos: el tamaño de la burocracia, los
criterios de mérito para la selección de
funcionarios, y la flexibilización de la gestión de
personas (Lora, 2007). Para el cumplimiento de
tales fines, las reformas tratan de incorporar en
la Administración Pública nuevos modelos
organizacionales y de gestión basados en la
Nueva Administración Pública, que incorporan la
racionalidad económica al análisis, que supone
no solamente la eficacia sino también la
eficiencia (Echebarría y Cortazar, 2007).
Uno de los objetivos de estas reformas
es la reducción del empleo en el sector público.
Según Lora (2007) en América Latina el empleo
público pasó de 5,4% de la población en 1995 a
4,9% en 1999. En el caso de Venezuela, para
1999 los empleados representaban más del
5,0% de la población total. Hoy en día, de
acuerdo con el INE (2013), al cierre de agosto de
2013 esta cifra representa el 8,1% de la
población total y el 18,79% de la fuerza laboral.
El promedio entre los años 2006 y lo que va de
2013 es de 7,9% respecto de la población total, y
el promedio es de 18,8%.

EDITORIAL
-Luis Moraleshttp://economiaypoliticavenezuela.blogspot.c
om/2013/10/la-administracion-publica-envenezuela.html
Los resultados de las reformas de la
Administración Pública en términos de empleo no son
totalmente confiables porque en ocasiones las cifras
de empleados públicos no incluyen los
contratados (Echebarría y Cortazar, 2007).
Otra forma de medir la efectividad de las
reformas en la Administración Pública es a través del
Índice de Consistencia, que mide el grado en que la
Administración Pública responde a las prioridades del
gobierno, a través de la vinculación entre los procesos
de gestión pública y las prioridades gubernamentales
(Echebarría y Cortazar, 2007). En el caso venezolano,
este índice está por debajo de los 30 puntos en una
escala de 100, mientras que países como Brasil y
Chile estuvieron por encima de 50 puntos.
bajo indicador venezolano estuvo
afectado por las situaciones de inequidad
interna y de poca competitividad de los
salarios en los niveles gerenciales; la
rigidez en la estructura de cargos y su falta
de adecuación al modelo de
competencias(Echebarría y Cortazar,
2007).
Todo este panorama describe a la
Administración Pública venezolana como
una burocracia administrativa o clásica,
donde existen normas de mérito pero no se
aplican, porque una buena parte de la
designación de los cargos públicos se
realiza a través de criterios políticos, lo que
reduce su capacidad de acción en los
procesos de decisión de políticas públicas,
concentrándose en los aspectos formales
más que en la gestión de los servicios.
(Echebarría y Cortazar, 2007).
También se utiliza el Índice de Mérito, que
mide el grado de autonomía de la democracia como
una proxy del profesionalismo en la Administración
Pública, y su protección frente a posibles
arbitrariedades de parte de los políticos. Venezuela
obtuvo un índice de 33 puntos en una escala de 100,
mientras que Brasil obtuvo 85 puntos y Chile 60
puntos. (Echebarría y Cortazar, 2007)
Estos autores utilizan también un Índice de
Capacidad Funcional para medir la efectividad de las
reformas. Este indicador mide las capacidades
técnicas y los incentivos de desempeño, como las
remuneraciones, la gerencia del rendimiento y la
flexibilidad laboral. El índice de Venezuela fue de 38
puntos en la escala de 100, y los líderes nuevamente
fueron Brasil y Chile, por encima de los 60 puntos. El

CONTENIDO
CONTENIDO
REVISTA DERECHO ADMINISTRATIVO PUBLICO / ESTUDIANTIL
Año 1/ N° 1 Julio 2017
Portada:
Inspirada en nuestra principal
y mas conocida cede de
administración publica
La Organización Municipal
08pag.
10pag.
Principios de la Administración Publica
Jurisprudenciales “Criterios Vigentes”
12pag.
Reportaje:
Las Raíces De La Actual Situación En Venezuela
15pag.

http://800noticias.com/estas-son-las-caricaturas-destacadas-sobrevenezuela

ARTICULO
La Organización!!?
MUNICIPAL
08
Dentro del marco de la estructura del Estado Venezolano, la forma de la
Administración Pública admite la Centralización; entendiéndose esta como:
La acción de reunir o concentrar en un solo órgano, todos los asuntos de
índole político y administrativo; es decir, que existe un único órgano
superior capaz de tener bajo su mando todas las funciones, competencias
y controles, con respecto a los demás órganos que
integran la Administración Pública Venezolana.
De igual forma podemos resaltar lo dicho en el
artículo 168 de la Constitución, gozan de autonomía
"dentro de los límites de esta Constitución y de la
Ley", con lo que estableció una limitación inusitada
que hace materialmente nugatoria la autonomía
político-territorial, que sólo debería encontrar límites
en la Constitución, pero no en la ley. Conforme a
esta norma, que no tiene antecedentes en el
constitucionalismo del país, la ley puede limitar la
autonomía municipal, la cual por tanto, perdió su
garantía constitucional. Esto lo ha reafirmado,
además, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia. En sentencia Nº 2257 del 13
de noviembre de 2001.
En el artículo 169, en el sentido que el
artículo 26 de la Constitución de 1961,
dispone que la organización de los
Municipios y demás entidades locales se
deben regir por la Constitución, por las
normas que para desarrollar los principios
constitucionales establezcan las
leyes orgánica nacionales, y por
las disposiciones legales que en
conformidad con aquellas dicten
los Estados mediante sus
Consejos Legislativos.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremos de
Justicia ha sido enfática en considerar que la
legislación nacional tiene primacía en la regulación
de la organización de los Municipios,
particularmente en relación con las leyes estadales.

ARTICULO
Por otra parte al parecer todo indica que al iniciarse o reiniciarse el
proceso de descentralización conforme a lo preceptuado en el artículo
157 de la Constitución de 1999, a los Municipios, al igual que a los
Estados, les serán transferidas competencias exclusivas del Poder
Nacional, configurándose de esa manera la modalidad de
descentralización que consideramos "strictus sensu".
La descentralización "latus sensu": en el artículo 165 preceptúa:
"…Los Estados descentralizarán y transferirán a los Municipios los servicios y
competencias que gestionen y que éstos estén en capacidad de presta, así como
la administración de los respectivos recursos, dentro de las áreas de
competencias concurrentes entre ambos niveles del Poder Público. Los
mecanismos de transferencia estarán regulados por el ordenamiento jurídicos
estadal".
En fin, aunque, desde finales de la
última década del siglo pasado,
existía una expectativa por lo que
sería el nuevo régimen municipal
venezolano, de cara al siglo XXI y en
consideración de la experiencia
vivida en los noventas; es en este
año 2005, cinco (5) años después de
la instalación de la Asamblea
Nacional, cuando por fin tenemos
nueva ley municipal. De tal manera
que el nuevo régimen municipal ha
esperado más de un (1) año, tiempo
mayor al definido por el constituyente
en la Disposición Transitoria Cuarta.
En este trabajo dedicamos
algunas líneas sólo a dos
aspectos que consideramos muy
importantes para la
institucionalidad municipal: la
organización municipal y la
participación en la gestión local.
Esa revisión parcial de la nueva
ley, nos permite decir que el
producto final del trabajo
legislativo no es el que se
esperaba, si partimos de la
experiencia obtenida y del valor
agregado de las discusiones
anteriores sobre la reforma de la
LORM (1997-98), el debate constituyente (1999), y lo
que había condensado la Comisión Mixta de la
Asamblea Nacional. Esta ley contiene deficiencias de
técnica legislativa que conspiran contra el deseo del
proyectista (Comisión Mixta), definido como "la
esperanza del municipio posible", una entidad político
territorial, que fuera el escenario eficiente de la
democracia local. No obstante, la ley contiene algunos
avances, que pudieran contribuir a un mayor esfuerzo
por un municipio para la democracia y la participación,
para lo que será muy importante lo que se pueda hacer
en los parlamentos, tanto regional como local.
09

ARTICULO
PRINCIPIOS…
de la Administración Publica
Entre los principios relativos a la Administración Pública, se destacan aquellos que son
comunes a todos los órganos que ejercen el Poder Público, entre los cuales deben
mencionarse: el principio de legalidad, el principio de la responsabilidad de los funcionarios
y el Estado, y el principio de la responsabilidad de los funcionarios y del Estado, y el
principio de finalidad de la Administración Pública.
El Principio de la Legalidad. El primer
principio relativo a la Administración Pública y a
todos los órganos del Estado en general, es el
principio de legalidad que deriva del artículo 137 de
la Constitución, que dispone:
"La Constitución y la Ley definirán las atribuciones de los
órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben
ejecutarse las actividades que realicen."
En un Estado de derecho como el que
organiza la Constitución de 1999,es que
las actividades contrarias al derecho
están sometidas al control tanto de la
jurisdicción constitucional (articulo 334)
como de la jurisdicción constitucional
(articulo 334) como de la jurisdicción
contencioso administrativa (articulo
259), cuyos tribunales pueden
anularlos. En relación con la
Administración Pública, la LOAP
expresa formalmente el principio,.
vinculándolo a la competencia, para lo cual, además, precísala jerarquía de las fuentes del
derecho aplicable a la Administración, así: Articulo 4°. La Administración Pública se organiza y
actúa desconformidad con el principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y
ejercicio de sus competencias se sujeta a la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter normativo, dictados formal y
previamente conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades publicas que consagra
el régimen democrático a las personas. El principio de la
legalidad, además, se rige como un principio en el cuales
fundamenta la Administración Pública, definiéndose como "el
sometimiento pleno a la ley y al derecho" (articulo 141), y es
una de las misiones fundamentales de los órganos del Poder
Ciudadano, consistente en velar por "la aplicación del principio
de la legalidad entada la actividad administrativa del Estado"
(articulo 274).Adicionalmente, el artículo 8 de la LOAP recoge
la previsión del artículo7 de la Constitución, y precisa que
"todos los funcionarios de la Administración Publica están en
la obligación de cumplir y hacer cumplir y hacer cumplir la
Constitución". Toda autoridad, por tanto, deriva y debe
ejecutarse conforme a la Constitución.
10

ARTICULO
El Principio de la Responsabilidad de
los Funcionarios: El segundo principio
fundamental que rige para todos los órganos del
Estado, es decir, que ejercen el Poder Público, y
por supuesto, para la Administración Pública, es
el regulado en el artículo 139 de la constitución,
que recoge otra norma tradicional de nuestro
constitucionalismo, y es el principio de
responsabilidad individual de los funcionarios
públicos en el ejercicio del Poder Público.
Dispone dicha norma que: El ejercicio del Poder
público acarrea responsabilidad individual por
abuso o derivación de poder o por violación de
esta Constitución o de la Ley. Este mismo
principio lo repite el artículo 8 de la LOAP,
en relación con los funcionarios "de la
administración Pública". En estos casos
confórmela artículo 10 de la LOAP, y sin
perjuicio del derecho de acceso a la justicia
establecido en la Constitución (art. 26) y la
ley, los particulares cuyos derechos
humanos hayan sido violados o
menoscabados por un acto u orden de un
funcionario público pueden, directamente o
a través de su representante, acudir ante el
Ministerio Público para que éste ejerza las
acciones a que hubiere lugar para hacer
efectiva "la responsabilidad civil, laboral,
militar, penal, administrativa o disciplinaria
"en que hubiere incurrido dicho funcionario. Igualmente, pueden acudir ante la Defensoría del
Pueblo para que ésta inste al Ministerio Público a ejercer dicha acciones y, además, para que la
Defensoría del Pueblo solicite ante el Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que
hubieren lugar con respecto a tales funcionarios, de conformidad con la ley. A los efectos incluso,
de la posibilidad de exigencia de responsabilidad, la LOAP establece el principio de rendición de
cuentas, al disponer su artículo 11 que las autoridades y funcionarios de Administración Pública
deben "rendir cuentas de los argos que desempeñan en los términos condiciones que determine
la ley".
El Principio de la Responsabilidad
patrimonial del Estado. Una de las
innovaciones importantes e la Constitución de
1999 en materia de régimen general del ejercicio
del Poder Público, es la previsión expresa del
principio de la responsabilidad patrimonial del
Estado, es decir, de la personas jurídicas
estatales, básicamente la que resulta de la
distribución vertical del Poder Público
(Repúblicas, Estados Municipios); por los daños y
perjuicios que causen los funcionarios en
ejercicio de sus funciones.
Artículo 140: El Estado responderá
patrimonialmente por los daños que sufran los
particulares en cualquiera de sus bienes y
derechos, siempre que la lesión sea imputable al
funcionamiento de la Administración Pública.
Este principio lo reitera el artículo 14 de la
LOAP, que: aún cuando en forma impropia
al disponer y la responsabilidad patrimonial
sería de la "Administración Pública", cuando
no sea sujeto de derecho ni persona.
jurídica. La Administración Pública", en efecto, no puede ser responsable pues no es sujeto de
derecho; la responsabilidad es de las personas jurídicas estatales político territoriales,
(Repúblicas, Estados y Municipios), o descentralizadas (p.e., institutos autónomos) que la
Constitución comprende en la expresión “ Estado". Por su parte, el Artículo 3 de la LOAP, señala
que el "principal objetivo "de la organización y funcionamiento de la Administración Pública, es
dar eficacia a los principios, valores y normas consagrados en la Constitución y, en especial,
conforme se indica en el artículo 19 de la Constitución, "garantizar a todas las personas,
conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio
irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derecho humanos".
11

ARTICULO
Jurisprudenciales
Administración Pública
CRITERIOS VIGENTES
Vale empezar indicando que, aunque con tal título
pudiera ahondar en cualquier tema de derecho
administrativo tratado por los tribunales contencioso
administrativos (de donde puedan extraerse
algunos “nuevos criterios”), me he centrado en el
estrictamente procesal, adjetivo; es decir, en el
análisis en sí del proceso contencioso
administrativo según la jurisprudencia de esos
mismos tribunales.
El estudio jurisprudencial del Contencioso
Administrativo, pues, es el tema que he asumido, y,
en tal sentido, hay dos maneras de afrontarlo. *
Profesor de pregrado y posgrado en la Universidad
Católica Andrés Bello y en la Universidad Central
de Venezuela. 54 SECCIÓN DOCTRINA Rap (337)
Podría, así, escoger las sentencias recientes más
relevantes de los diferentes tribunales sobre el
Contencioso Administrativo, en especial las que
provengan de la Sala Político Administrativa, que
está en la cúspide de tal organización, y realizar
una descripción actual y pormenorizada de dichos
procesos. De más está señalar que, con todos los
cambios de los últimos años, habría bastante qué
decir.
Y es que en aspectos formales han ocurrido varias
modificaciones dignas de mencionar, impulsadas
por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, que si bien tuvo por
fin principal modificar la estructura del Alto Tribunal
(en especial en la parte referente al número y la
manera de nombramiento y remoción de los
magistrados), al derogar la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia, tuvo
necesariamente que acometer –a
regañadientes, si se quiere– la regulación del
Contencioso Administrativo que estaba
contenida en aquélla provisionalmente, desde
1976, como es hartamente conocido. El caso
es que, de andar por este camino, habría que
mencionar, verbigracia, aspectos como la
actual organización de los tribunales
contencioso administrativos, los nuevos
criterios para definir sus competencias, los
presupuestos procesales o requisitos para la
admisión de las acciones, la estructura y
principios de los procedimientos, los efectos
de las sentencias, entre otros.
Realidad del Contencioso
Administrativo venezolano según
la jurisprudencia de la Sala
Político Administrativa…
En estos días, ciertamente, parecieran
haberse visto reforzados esos principios o
bases tradicionales que han informado el
Contencioso Administrativo y que, sin duda,
limitan enormemente la efectividad de la tutela
judicial que se presta a los particulares. A
pesar de las críticas profundas que la doctrina
extranjera y venezolana vienen haciendo
continuamente en contra de ellas, ahora, más
que nunca, el Contencioso Administrativo en
Venezuela exhibe todas sus deficiencias.
12
IINFORMACION BASADA EN EL ARTICULO DE: Antonio Canova González
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tdnrriO06fcJ:accesoalajusticia.org/d
ocumentos/getbindata.php%3Fdcfid%3D147+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ve

ARTICULO
La noción de servicio público está
vinculada a las tendencias jurisprudenciales, la
cual ha precedido incluso la labor legislativa.
Ciertamente, ha sido la apreciación del juez,
desde el célebre arrèt Blanco, del 08 de febrero
de 1873, en Francia, la que ha encaminado el
servicio público hacia una concepción sustantiva
y adjetiva.
Pese a los cambios jurisprudenciales
que ha provocado el descubrimiento de esa
noción, lo que está claro es con independencia
del sujeto que lleve a cabo la actividad, la nota
distintiva se encontrará en el fin último de la
actividad; de forma tal que si ella persigue la
satisfacción de necesidades colectivas, esto es,
de servicios considerados por un grupo como
indispensables para su subsistencia, se estará
en presencia de un servicio público, bien en
sentido estricto, esto es, cuando la actividad es
realizada por la Administración o un
concesionario; o bien en sentido amplio, cuando
por tratarse de actividades liberalizadas, su
ejercicio se encuentre en manos de particulares.
No obstante, la jurisprudencia ha dejado
claro que en estos casos la Administración no
desaparece, antes por el contrario, participa pero
bajo una nueva función, en la que ejerce claras
potestades normativas y contraloras sobre los
particulares que prestan el servicio. Su razón no
es otra que la de garantizar en los términos que
propugna el artículo 117 de la Constitución, la
continuidad, permanencia, regularidad, igualdad,
obligatoriedad, onerosidad, mutabilidad,
transparencia y proporcionalidad del servicio.
De allí que la jurisprudencia se haya
encargado primero de ampliar, y luego de
deslidar, los medios de impugnación previstos
tanto constitucional como legalmente, para
garantizar los parámetros que supone una
adecuada prestación del servicio. Así, en
garantía de los artículos 27, 140 y 259 de la
Constitución, la jurisprudencia no sólo ha
admitido los medios utilizados incluso bajo la
vigencia de la Constitución del 61, tales como la
demanda por responsabilidad extracontratual
de la Administración y el amparo constitucional,
para lograr el restablecimiento de los derechos
constitucionales de los usuarios, sino que
además coexisten con otros introducidos por la
propia Constitución.
Así ante un ampliado artículo 259 de la
Constitución, se reconoce no sólo una
jurisdicción especial dentro del contencioso
administrativo, como lo es la relativa a los
servicios públicos, sino además, se deriva una
acción de reclamo por las infracciones
derivadas de su prestación. Además, la Sala
Constitucional invocando su potestad
normativa, entiende que el artículo 26 de la
Constitución confiere un claro derecho de
acción para tutelar los intereses colectivos y
difusos, vulnerados con ocasión al servicio
público.
Es evidente entonces que ha sido la
jurisprudencia y no el ordenamiento jurídico, el
que ha afianzado la noción de servicio público,
el cual surgió aún en ausencia de disposición
normativa alguna.
13

PERJUDICA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

REPORTAJE
Las raíces de la actual situación
en Venezuela
¿Cómo cayó Venezuela en esta difícil situación económica?
¿Qué ocurrió después de la muerte de Hugo Chávez? ¿El
proyecto se descarriló, se atascó, golpeó un rompevelocidades,
o totalmente se estrelló?
La actual situación económica, política y social en Venezuela es muy complicada, lo que hace
que sea un poco difícil de entender para los de afuera. Por un lado, hay muchas personas que
defienden la Revolución Bolivariana, apuntando a los éxitos que ha tenido en la reducción de la
pobreza, la desigualdad y en el aumento de la participación ciudadana y el autogobierno. Por
otro lado, hay un coro de críticos, no sólo los habituales de la derecha política, sinotambién de la
izquierda, que critican la gestión económica del gobierno de Maduro, la corrupción, la alta tasa
de inflación y la escasez, y el juicio de un político de oposición de alto perfil, a quien el Gobierno
acusa de fomentar la violencia. ¿Cómo llegó Venezuela hasta aquí? ¿Qué ocurrió después de la
muerte de Hugo Chávez? ¿El proyecto se descarriló, se atascó, golpeó un rompe-velocidades, o
totalmente se estrelló? Con el fin de responder a estas preguntas, voy primero a analizar los
orígenes de la actual situación económica.
La Revolución Bolivariana, sin duda, está pasando por uno de sus períodos más difíciles en este
momento. Con la inflación alcanzando una cifra sin precedentes de 160-200 por ciento para
2015, las largas colas, casi constantes en los supermercados subsidiados, y la escasez
esporádica de muchos bienes de consumo, toda la población - ya sea chavista, simpatizantes de
la oposición, o "ni-ni" (ni de un lado ni del otro) –está frustrada con la situación. Mientras que el
Gobierno de Maduro dice que los problemas son el resultado de una guerra económica que se
libra contra suGobierno, la oposición sostiene que es su mala gestión económica la que tiene la
culpa. La verdad, como siempre, es más complicada.
Las raíces de los problemas económicos de hoy en día se
pueden encontrar en los esfuerzos de Chávez ya en 2001,
para reorganizar radicalmente la economía y la política de
Venezuela. Es decir, en ese entonces Chávez le demostró a
la vieja élite del país que no iba a ser su peón ni a cumplir sus
órdenes como tantos Presidentes antes que Chávez lo
habían hecho. Al contrario, a finales de 2001 se introdujo la
reforma agraria y la legislación de reforma de la industria
petrolera que tocó las dos fuentes más importantes de poder
económico de la élite. En reacción a este movimiento, la
oposición puso en marcha el intento de golpe de abril de 2002
y el cierre de la industria petrolera en diciembre del mismo
año. Estos esfuerzos de desestabilización política y
económica provocaron una masiva fuga de capitales a
principios de 2003. 15

REPORTAJE
16
En un principio, el Gobierno trató de contrarrestar la
fuga de capitales mediante la intervención en el
mercado de divisas, usando sus dólares para
comprar el bolívar, con el fin de mantenerlo estable.
Sin embargo, esto hizo que el Gobierno baje las
reservas de divisas en dólares precipitadamente y
así cambió abruptamente engranajes e introdujo un
tipo de cambio fijo en marzo de 2003.
Desde entonces, la moneda se ha corregido y
ajustado muy raramente. Sólo a aquellos que
cumplen con las condiciones del Gobierno para
comprar dólares con bolívares se les permite
hacerlo. Las condiciones para acceder al tipo de
cambio oficial incluyen viajes internacionales, apoyo
a un hijo o hija con sus estudios en el extranjero, o -
lo más importante - importación de bienes de
primera necesidad en Venezuela, entre varios otros
tipos de usos. Por supuesto, casi de inmediato
nació un mercado negro de dólares, con un tipo de
cambio que era muy diferente al oficial. Al principio,
el tipo de cambio oficial era de 2,15 bolívares por
dólar, mientras que en la tasa del mercado negro
alcanzó rápidamente el doble o triple de esa tasa.
Durante mucho tiempo, de 2004 a 2008, a la
economía venezolana le fue bastante bien,
creciendo a un ritmo muy rápido de, en promedio,
10 por ciento por año. Esto fue en parte posible
porque el precio del petróleo era bastante alto (y
subiendo), lo que significaba que el Gobierno podía
dar cabida a la mayoría de solicitudes de dólares al
tipo de cambio oficial. Además, las políticas del
Gobierno para capturar una proporción mucho
mayor de dólares que el país ganó y luego reinvertir
ese dinero en programas sociales, educación, y en
los esfuerzos por diversificar la economía, también
hicieron una diferencia.
Sin embargo, a mediados de 2008 la crisis
financiera global golpeó y llevó el precio del
petróleo, de US $ 140 por barril a mediados de
2008, a menos de US $ 40 por barril a principios de
2009. De pronto, el Gobierno ya no puede cubrir
todas las importaciones con las ganancias de la
industria petrolera, por lo que en junio de 2010 el
Gobierno introdujo un nuevo mecanismo de
intercambio, el SITME, que vendía bonos
Publicación de la Revista Dinero
Año 2012
denominados en dólares que podían ser
comprados en bolívares a un tipo de cambio
que era el doble de la tasa anterior. La
combinación de SITME y el préstamo para
cubrir el déficit presupuestario significó que
la deuda externa total aumentó rápidamente
en el período de 2006 a 2014, del 10% del
PIB al 25% del PIB. La deuda externa
nominal (privada y pública) pasó de US $
41,8 mil millones en 2006 a US $ 134,5 mil
millones en 2014, un aumento del 320 por
ciento en ocho años. El porcentaje del PIB
se indica en base del PIB y Paridad de
Poder Adquisitivo. La relación deuda-PIB es
bastante baja en comparación con el resto
de América Latina.
Otra de las medidas que el Gobierno tomó
durante este tiempo fue restringir el acceso
a dólares al tipo de cambio oficial. Es decir,
las condiciones en que los venezolanos
podían acceder al dólar se endurecieron
considerablemente. Había menos dólares
disponibles para viajar, para estudiar en el
extranjero, y para una más restringida lista
de importaciones. La consecuencia de esta
acción fue que la tasa de cambio del
mercado negro se disparó durante este
período, pasando de alrededor de 8
bolívares por dólar en 2011, a 16 en 2012.

REPORTAJE
17
Además, dado que menos bienes podían
importarse a la tasa de cambio oficial, los
importadores cada vez más comenzaron a
utilizar el mercado negro para importar
mercancías, impulsando así la inflación.
Incluso si utilizaban el tipo de cambio oficial,
en lugar de vender más barato los
importadores tuvieron que pagar por los
bienes a la tasa del mercado negro, la gente
sabía que podían hacer mucho dinero fijando
los de precios de los bienes en el extremo más
alto del mercado negro y así lo hicieron. En
resumen, la inflación comenzó a subir
demasiado, pasando de una bastante
moderado (para Venezuela) 13.7 por ciento en
2006, al 31,4 por ciento en 2008 y llegar al 20-
21 por ciento, en promedio, entre 2010 y 2012.
Pedir prestado, con el fin de pagar por el bajo
tipo de cambio oficial tuvo otro efecto
secundario, se incrementó el volumen de
bolívares en circulación, en relación con las
reservas de divisas del país. La cifra de la
oferta monetaria M2 (que incluye circulante
efectivo y cajas de ahorros) aumentó en un
factor de 28 (2.800 por ciento) entre finales de
2006 y finales de 2014, mientras que las
reservas de divisas se redujeron en más del
50 por ciento durante el mismo período, de
alrededor de US $ 30 billones a US $ 15
billones, según el Banco Central de
Venezuela. Aunque existe cierto debate entre
los economistas acerca de la importancia de
esta relación para el tipo de cambio, es
innegable qué en un contexto de alta inflación,
donde muchos venezolanos comunes y la
mayoría de las empresas tratan de comprar
dólares para proteger sus ahorros de la
devaluación, una baja demanda de bolívares y
un bajo suministro de dólares significarán un
declive en el tipo de cambio del mercado
negro entre dólares y bolívares.
Todas estas tendencias se acentuaron cuando el
presidente Chávez falleció de cáncer el 5 de marzo
de 2013 y las nuevas elecciones se llevaron a cabo
un poco más tarde, en abril, lo que resultó en la
elección de Nicolás Maduro por un margen de
victoria de 1,5 por ciento. La ola de violencia tras las
elecciones, animadas por que el candidato opositor,
Henrique Capriles Radonski,quien llamó a la gente a
demostrar "su arrechera", en la que murieron 14
personas, sólo hizo que la percepción de
inestabilidad política y económica empeore. Futuros
intentos de desestabilización, bloqueos callejeros
violentos, conocidos como "guarimbas", entre marzo
y junio de 2014, ocasionaron otros 43 muertos y más
de 100 heridos, y exacerbaron aún más los
problemas económicos.
Es decir, la desestabilización creó más presión en el
tipo de cambio del mercado negro, lo que a su vez
significó que había una brecha creciente entre el tipo
de cambio oficial y el del mercado negro que podrían
ser explotados para beneficio masivo. Cualquier
persona que tuvo la oportunidad de tomar ventaja de
esta brecha, enfrentó enormes tentaciones de
hacerlo.

REPORTAJE
Mientras que la tasa de cambio oficial se fijó en
6,3 bolívares por dólar desde principios de 2013,
la tasa del mercado negro había llegado a 18
bolívares por dólar. En otras palabras, una
persona que viajaba a los EEUU, por ejemplo,
podía comprar hasta US $ 4.000 dólares al
cambio oficial (pagando 25.200 bolívares). Si no
utilizaba ese dinero o si compraba mercancías
equivalentes en el extranjero, podía negociar
nuevamente en bolívares en el mercado negro, y
obtener una ganancia del 300 por ciento, ganando
75.000 bolívares.
Comenzó un círculo vicioso a principios de 2014,
cuando una brecha cada vez más grande entre los tipos
oficiales y no oficiales de cambio, creaba cada vez
mayores incentivos para beneficiarse de esa brecha.
Así, la tasa de cambio del mercado negro comenzó a
aumentar de manera exponencial durante el 2014 y
2015, llegando a 100 bolívares por dólar a finales de
2014 y 800 bolívares por dólar a finales de 2015,
creando un 125: 1 entre el mercado negro y los tipos de
cambio oficiales. Por lo tanto, ganancias masivas de
hasta 12.500 por ciento eran posibles.
Como resultado, más y más personas enfocaron sus esfuerzos para adquirir dólares a la tasa
oficial, sobre todo mediante la compra de productos subvencionados en Venezuela y (re)
exportarlos a través de la frontera para un beneficio enorme (personas conocidas como
bachaqueros). Por supuesto, las grandes empresas están involucradas en este proceso también,
afirmando que ellos necesitan importar bienes de primera necesidad, y luego, o bien no los
importan o los reexportanpara adquirir dólares. A mediados de 2014 el presidente Maduro estimaba
que hasta un 40 por ciento de todos los bienes importados en Venezuela (al tipo de cambio oficial)
fueron contrabandeados de vuelta a Venezuela.
Una consecuencia lógica de todo esto es que más y
más bienes comenzaron a escasear a los precios
controlados y una masiva inflación para los bienes no
regulados. Ya en el segundo mandato de Chávez en el
poder, en 2006, el Gobierno había comenzado a
introducir controles de precios de los bienes más
esenciales, a fin de contrarrestar la tendencia de los
minoristas de poner precio a las cosas basados en el
tipo de cambio del mercado negro en lugar dela tasa
oficial. Con los años, el Gobierno amplió gradualmente
el número de bienes cubiertos por el control de precios,
que, si se cumplen, también significa que más y más
productos tienen un precio mucho menor, por lo que
estos productos podrían ser vendidos en los países
vecinos, por lo tanto, añadiendo estos productos a los
que podrían generar enormes ganancias por reexportarlos.
18

REPORTAJE
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La gran pregunta que todos nos hacemos, tanto
dentro como fuera de Venezuela- es, si el bajo tipo
de cambio está llevando a tantos problemas
económicos, ¿por qué el Gobierno no ha elevado la
tasa? Hay dos explicaciones principales para ello.
En primer lugar, aumentar la tasa de cambio oficial
para que esté más acorde con el tipo de cambio del
mercado negro y con los precios en los países
vecinos, significaría aumentar los precios de los
productos importados al tipo de cambio oficial, eso
avivaría aún más la tasa de inflación que de por sí
ya es demasiado alta. Y al menos que los salarios
se eleven en consecuencia, cambiar el tipo de
cambio también significaría una disminución
correspondiente de los ingresos, por lo tanto, un
aumento en la tasa de pobreza. En segundo lugar,
variar la tasa de cambio oficial representaría una
admisión de derrota en el contexto de lo que el
gobierno está llamando una guerra económica
contra Venezuela. Mientras un ajuste del tipo
de cambio o la devaluación, probablemente
tendrán que darse tarde o temprano. Tenga
en cuenta que hay cierto debate dentro de
Venezuela en cuanto a si tiene más sentido
llamar al tipo de cambio, un "ajuste" (el
término preferido del Gobierno) o una
"devaluación". Yo prefiero llamarlo un ajuste,
porque técnicamente la moneda ya ha
perdido una enorme cantidad de su valor
debido a la inflación, por lo que, en efecto,
una disminución de la tasa de cambio es
más de ajuste a la realidad que la inflación
que ya ha devaluado la moneda - esto es
especialmente cierto si se tiene en cuenta
que muy poca gente tiene acceso a los tipos
de cambio oficiales, con lo que la tasa del
mercado negro es más real para la mayoría
de la gente que las oficiales.
En otras palabras, la situación actual de
Venezuela es el resultado, en primer lugar,
del control del tipo de cambio que estaba
destinado a defender la moneda frente a los
intentos de desestabilización del 2002, que
fueron el resultado del ataque del Gobierno
de Chávez a los intereses de la clase
capitalista. En segundo lugar, un control del
tipo de cambio ya relativamente frágil
empeoró a raíz de la disminución del precio
del petróleo en 2008 y nuevamente en 2014,
lo que hizo cada vez más difícil para el
Gobierno poder satisfacer la demanda de
dólares sin endeudarse más. En tercer lugar,
los nuevos esfuerzos de desestabilización de
la oposición contra el Gobierno de Maduro, el
día después de la elección de Maduro en
abril de 2013 y de nuevo a principios de
2014, convirtieron la volatilidad económica
existente en un círculo vicioso de inflación,
escasez, devaluación del mercado negro, y
renovada inflación. La situación es, pues,
muy difícil para el Gobierno y muy frustrante
para la población.