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19| ECONOMÍA | FEBRERO 2018
para satisfacer una demanda o crear una
oportunidad donde la intuyó un emprendedor y,
luego ello genera puestos laborales.
Es por ello que, si el gobierno establece el salario
mínimo apenas por encima del salario actual de
mercado, lo que va a producir es que los
desempleados menos calificados, los que más
necesitan el empleo, los que “están al margen”
directamente, no ingresarán al mercado del trabajo;
a menos que lo hagan en la economía informal, que
no por casualidad son muy grandes en los países
donde el salario mínimo es obligatorio. El fenómeno
que los gobiernos quieren evitar es el primero que
se les produce en contra: mercados negros e
inmigración que suple las demandas laborales a
salario de mercado (o no regulado).
Dado lo anterior, llegarán las inspecciones de trabajo
a tratar de revertir este fenómeno. Y se producirá
entonces otra variante, que es la que restringe las
posibilidades de trabajo, ya que habrá muchas
empresas e individuos que no quieran operar “en
negro”.
Como consecuencia de este punto podemos llegar
a la conclusión que, si es inevitable asumir el salario
mínimo para el mercado productivo, pueden
suceder dos cosas:
a) Se traslada este costo a los bienes y servicios,
encareciéndolos al grado que alguien los pueda
comprar. En este caso se produce una disminución
de la demanda global, y es posible que “la ganancia”
obtenida sea tan baja que provoque la desaparición
de algunos productores marginales (pequeños
emprendedores, comercios pequeños, etc). Esto al
final, nos conduce a los monopolios que a nadie les
gustan porque se elimina la competencia y la
posibilidad de elegir, favoreciendo normalmente a
las grandes empresas, lo que repercute en la
reducción de puestos de trabajo ya que la nueva
empresa con mayores tasas de capitalización,
desplaza a ese otro empleado que antes podía
trabajar en la pequeña empresa.
También es posible que suceda que el impacto a
nivel nacional encareciendo los bienes y servicios,
haga la producción local menos competitiva en
precios, que la extranjera. Cuando luego se
producen las importaciones para favorecer con
precios bajos a los consumidores, se dice que esto
afecta la producción local y a los empleados menos
calificados, lo que produce desempleo y, lo que en
realidad ha sucedido es que, previamente, el Estado
afectó la estructura productiva interviniendo y
regulándola, provocando lo que tarde o temprano
estaba llamado a producirse, el desempleo.
b) La otra situación es que la empresa o el
emprendedor decidan absorber los costos de los
salarios mínimos para seguir siendo competitivos
con los precios, en especial, en un mercado global
con fronteras cada vez más desdibujadas. En este
caso, lentamente se producirá una descapitalización
de las empresas, que en lugar de asignar recursos a
proyectos productivos y diversos, deberá
concentrarse en pagar salarios mayores que su
estructura de precios permite.
Con el tiempo, las más afectadas serán las pequeñas,
éstas se volverán menos competitivas perdiendo
mercado y trasladando, consecuentemente, una
parte de su demanda a las grandes firmas. Llegado
ese punto, estas empresas se verán en la horrible
decisión de cerrar o pasarse al mercado negro.
Todas estas consecuencias no deseadas, finalmente
lo que logran es la llamada “desocupación
institucional”, es decir, el resultado de una
imposición legal y no de mercado que produce
desempleo totalmente artificial en el país donde se
imponen.
Como resultado de ello, y para tratar de enmendar
estos efectos que causa el salario mínimo, el Estado
vuelve a crear más leyes para solucionar el
problema que él mismo ha creado. El efecto es una
degeneración institucional, donde se crean nuevas
funciones y roles para el gobierno, se invierten las
culpabilidades de la situación y de a poco se
pavimenta el camino hacia la servidumbre.
Los datos reflejan que los países con mayor
flexibilidad laboral en general, disfrutan de tasas de
desocupación mucho más bajas y salarios más altos
que los que se caracterizan por la rigidez regulatoria
laboral. Incluso, hay otro factor del que no me ocupo
en este artículo, que es la otra cara del salario
mínimo y referido siempre a la intervención
estatal, que es la flexibilidad o rigidez de los costos
laborales de cierre o despido.