REVISTA PERÚ TV RADIOS MAY - JUN 2018

mayo - junio 2018
opinión 11
MTC: ADMINISTRACIÓN IRRACIONAL
Escribe: Dr. Manuel Cipriano Pirgo (*)
Uno de los principios básicos de la
Ley Nº 27444, el Principio de Informalismo,
nos dice que las normas
del derecho administrativo deben ser interpretadas en
forma favorable a su admisión y decisión final de las
solicitudes, y que los derechos de los ciudadanos no se
vean afectados por la exigencia de aspectos de forma
que puedan ser subsanados, siempre que con ello no se
afecten a terceros o el interés público. Sin embargo, algunas
decisiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
como en el caso que vamos a comentar, en
mi opinión, no reflejan lo que la ley establece, pues la
autoridad ha preferido dejar de aplicar el mencionado
principio.
Me refiero, a manera de ejemplo, al caso de un administrado
que presentó su solicitud de renovación de autorización
en el año 2014, dentro del plazo de ley, pero
su trámite fue rechazado por el
Ministerio bajo el argumento
que tenía deudas al momento
de su solicitud. Como en
otros casos, posteriormente
el administrado se acogió
al Decreto Supremo Nº 006-
2017-MTC, publicado el 28
de febrero del 2017, el cual
establecía un plazo excepcional
de regularización
(amnistía) de las autorizaciones
con causal de cancelación
en dos supuestos: en
caso no hayan presentado
la respectiva solicitud de
renovación o en caso que esta haya sido considerada
como no presentada por tener deudas con el Ministerio.
Sin embargo, pese a que el administrado se encontraba
en el segundo supuesto, el acogimiento a la referida
norma de regularización también le ha sido rechazado.
Más contradictorio aún resulta el hecho que como
fundamentos del decreto supremo de regularización,
promovido por el mismo Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, se indican que la norma busca que el
Estado promueva el desarrollo de los servicios de radiodifusión
con el objeto de asegurar la cobertura en todo
el país en el marco de las políticas de desarrollo, integración
y afianzamiento de la identidad nacional. Además,
se añade que, en aplicación del Principio de Simplicidad,
los trámites deben ser sencillos, para lo cual deben
contarse con requisitos racionales y proporcionales a
los fines que se persigue cumplir. Todo ello, de ningún
modo, viene siendo cumplido.
Traigo a comentario este caso porque es un ejemplo
típico de cómo algunas de las interpretaciones de las
normas pueden ser ilógicas y desproporcionadas, pues
en estas circunstancias el administrado no puede continuar
con su trámite de renovación de radiodifusión al
haber sido rechazada su solicitud hace casi tres años, y,
por tanto, archivada. Tampoco puede acogerse a la última
norma de amnistía porque se ha resuelto que esta
solamente se aplica para aquellos administrados que no
presentaron su solicitud de renovación. Es decir, no tiene
ninguna alternativa para solucionar su problema y
mantener vigente su autorización. Lo más absurdo del
caso es que, bajo la interpretación del Ministerio, le hubiera
convenido no presentar la solicitud de renovación
y mantener las deudas para que, en ese supuesto, sí se le
otorgue el beneficio de la norma de amnistía.
Más allá de que mi interpretación sea correcta o la autoridad
resuelva en sentido distinto, considero que estos
hechos generan además un efecto búmeran al propio
Ministerio, pues todos los administrados que se encuentran
en esta situación, van a optar por llevar sus casos
a la vía judicial para revertir
la decisión administrativa o,
inclusive, promoverán una
nueva norma de amnistía
que abarque todos los supuestos
en que se encuentran,
generando con ello
más carga administrativa
al Ministerio, elevando con
ello los costos para el Estado,
pues este tendrá que,
inclusive, contratar más
personal para atender las
miles de solicitudes de amnistía
que se presenten. Por
otro lado, para los administrados,
se genera una situación de inseguridad jurídica, pues no
sabrán que pasará con sus autorizaciones de radio y televisión,
es decir, si se mantendrán vigentes o no, y con
ello si pueden invertir o no en modernizar sus equipos,
digitalizar la calidad de su señal o, inclusive, si pueden
transferir sus derechos a terceros.
Una de las ventajas de la seguridad jurídica es justamente
que las personas tengan la certeza de sus derechos
y puedan proceder conforme a ello, pero si esta
no se reconoce de manera oportuna o la menoscaban
luego de varios años, las personas comenzarán a perder
la confianza en las leyes, en las autoridades y, en las mismas
instituciones. Entonces creo que conviene reflexionar
si las decisiones que se toman, como en el caso antes
descrito, son las más adecuadas y justas para evitar que
continúen sucediendo.
Consultor en Telecomunicaciones y TIC, Miembro del Consejo Directivo del OSIPTEL
y Ex Director General de la DGAT – MTC / E-mail: manuelcp2005@hotmail.com