Protocolo

Protocolo de Nueva Alianza para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
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Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47, numerales 2 y 3, todas las
controversias relacionadas con los asuntos internos de los partidos políticos
serán resueltas por los órganos establecidos en sus estatutos para tales
efectos, debiendo resolver en tiempo para garantizar los derechos de los
militantes; asimismo, en sus resoluciones se deberán ponderar los derechos
políticos de los ciudadanos en relación con los principios de auto organización
y auto determinación de que gozan los partidos políticos para la consecución
de sus fines;
Que el artículo 48, numeral 1, señala como características de los sistemas de
justicia interna de los partidos políticos las de a) Tener una sola instancia de
resolución de conflictos internos, a efecto de que las resoluciones se emitan
de manera pronta y expedita; b) Establecer plazos ciertos para la interposición,
sustanciación y resolución de los medios de justicia interna; c) Respetar
todas las formalidades esenciales del procedimiento, y d) Ser eficaces formal
y materialmente para, en su caso, restituir a los afiliados en el goce de los
derechos político-electorales en los que resientan un agravio;
Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la
Tesis 1°. C/2014 Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Elementos
para juzgar con perspectiva de género, en la que señala:
Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la
no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano
jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva
de género, para lo cual debe implementarse un método en toda
controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de
verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por
cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa
e igualitaria.
Para ello, el juzgador tendrá que tomar en cuenta lo siguiente:
i. identificar primeramente si existen situaciones de poder que por
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las
partes de la controversia;
ii. cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier
estereotipo de género, a fin de visualizar las situaciones de
desventaja provocadas por condiciones de sexo o género;
iii. en caso de que el material probatorio no sea suficiente para
aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación