REVISTA PERÚ TV RADIOS JUL - AGO 2018

24 PUBLICIDAD ESTATAL
JULIO - AGOSTO 2018
Para regular la comunicación gubernamental y la publicidad del Estado
CONGRESISTA MERCEDES ARÁOZ ESCUCHA A
REPRESENTANTES DE PERIODISTAS Y MEDIOS
La congresista Mercedes
Aráoz Fernández,
se reunió con los representantes
de la radiodifusión
y el periodismo para
tratar sobre sobre su proyecto
de Ley N° 3107/2017-CR,
que presentó para regular
la comunicación gubernamental
y la publicidad del
Estado. La propuesta busca
solucionar las controversias
y contradicciones generadas
por la Ley Nº 30793 (Ley
Mulder) que prohíbe la publicidad
estatal en medios
privados.
La parlamentaria ha manifestado
que, a partir de
este proyecto “queremos
escuchar la opinión de los
involucrados con el tema,
por eso hemos convocado
a todos los representantes
de los medios de comunicación,
para que siendo ellos
los principales involucrados,
nos ayuden a mejorar la norma
de tal manera que la comunicación
del Estado con
sus ciudadanos no quede
paralizada”, sostuvo Aráoz
Fernández.
Se reunieron por separado
con la congresista y vicepresidenta
Mercedes Aráoz,
el decano del Colegio de Periodistas,
Max Obregón, Daniel
Chappell del Comité de
Radio, Alex Samaniego de la
Cámara Peruana de Radio y
Televisión, Edgar Guevara de
la Coordinadora de Medios
Locales y Demóstenes Terrones
de la Asociación Peruana
de Televisión por Cable, entre
otros representantes de la
industria radial, televisiva y
los medios escritos.
Entre los argumentos
que señala el proyecto de
Ley está restituir el derecho
ciudadano a estar plenamente
informados sobre
las acciones que realice el
Estado en sus tres niveles
de gobierno local, regional
y nacional, como parte de la
implementación de políticas
y reformas públicas. En específico,
la difusión de información
contribuirá a asegurar
la efectividad y calidad
de los bienes y/o servicios
públicos que se le brinda a
la población, y por lo tanto,
se obtendrá los beneficios
esperados en el bienestar de
las familias.
Establecer el régimen
jurídico de la comunicación
gubernamental y/o la publicidad
estatal contratadas
por el Estado en todos sus
niveles, estableciendo la forma,
condiciones y controles
que corresponden a la contratación
de avisaje en sus
diferentes presentaciones
en los medios de comunicación
públicos y privados.
La propuesta plantea la
derogatoria de las Leyes Nº
28874 y Nº 30793, Ley que
regula la Publicidad Estatal
y el gasto de publicidad del
Estado Peruano, respectivamente,
con la finalidad de
sustituirlas por una nueva
norma que regule la forma
en que el Estado desarrolle
sus actividades de comunicación
y publicidad en relación
a los medios de comunicación
privados.
CHAPPELL ANALIZA LA APLICACIÓN DE LA LEY QUE REGULA PUBLICIDAD ESTATAL
La congresista Mercedes Aráoz y su asesor Carlos Paredes escucharon a los representantes de los periodistas
y radiodifusores, para considerarlo en su proyecto de Ley sobre la publicidad estatal.
Daniel Chappell, director del Comité de Radio
El siguiente artículo es un
análisis elaborado por el
economista Daniel Chappell,
director del Comité de Radio,
para reconocer las implicancias
de la aplicación de
la Ley N° 30793 que regula el
gasto de publicidad del Estado
peruano y quiénes son
los verdaderos perjudicados
con esta medida.
“En primer lugar, debemos
resaltar que el Estado tiene el
derecho y -principalmenteel
deber de comunicar con la
finalidad de mantener informada
a la población sobre las
distintas iniciativas y acciones
de vital importancia para el
ejercicio de nuestra ciudadanía;
sean estas, campañas de
vacunación, procesos electorales,
beneficios tributarios,
medidas de emergencia y
muchos otros temas de interés
nacional.
Con la cuestionada Ley
N° 30793, cerca de 3,000 entidades
que incluyen a municipios
y ministerios como los
de salud y educación están
imposibilitadas de cumplir
la misión para la que fueron
creadas. Considerar que la publicidad
exclusiva en medios
estatales y las redes sociales
del gobierno son suficientes,
corresponde a un claro desconocimiento
del alcance de
estos, expliquemos esta situación
por partes.
Según el Instituto Nacional
de Estadística e Informática
(INEI) para el 2018 solo
el 30.9% de la población urbana
y rural del Perú tiene
acceso a internet y teniendo
en cuenta que este no corresponde
a un medio sino
a una plataforma altamente
fragmentada, mucho más
que el 69.1% de la población
se mantendrá desinformada
sobre las acciones del Estado.
¿Podríamos complementarlo
con medios estatales
como Tv Perú, Radio Nacional
y El Peruano? Sí, pero no
en su totalidad.
TV Perú tiene la mayor
cantidad de retransmisoras,
276 en total; con un total de
4 señales, de las cuales solo
dos son vistas por cable y las
restantes son para los pocos
televidentes que tienen acceso
directo a la televisión
digital terrestre. Es por esa
razón que, según Ibope Media,
TV Perú demuestra una
de las señales con menos alcance
en la población (0.34%
de rating).
En el caso de Radio Nacional,
basándonos en el último
estudio en el que participó
(CPI 2014), solo presentaba
0.10% de rating, ocupando
uno de los últimos lugares en
alcance medido en miles de
personas impactadas. El diario
El Peruano que tampoco
ha sido medido en el último
año, ocupa los últimos lugares
en lectoría con el 1.1% de
alcance semanal (CPI 2016).
El autor de la Ley, Mauricio
Mulder confunde la cobertura
con el alcance del
medio; en fácil, confunde
el “hasta dónde llega” vs. el
“cuántos lo escuchan”.
Durante todos estos años,
han sido los medios privados
-tanto locales como nacionales-
quienes han demostrado
su preocupación y esfuerzo
por llegar a sus localidades,
mejorar su cobertura, alcance
y principalmente sus
contenidos, fidelizando a sus
oyentes/audiencia/lectores,
convirtiéndose en los medios
que llegan a más personas.
Y son principalmente
estos medios regionales y
locales los que dependen en
un mayor porcentaje de las
entidades estatales existentes
que ahora no podrán comunicar
sus campañas, guiar
a los ciudadanos en temas de
emergencia o conocer sus
necesidades.
Condenarlos a la insolvencia
no perjudica solo a
los medios privados pequeños,
sino al ciudadano, generando
una sensación de ausencia
del Estado que afecta
irremediablemente nuestra
democracia”.
Así concluye el comentario
y análisis de Daniel Chappell
Voysest.