Gaceta UAQ 13| Enero 2019

Somos Investigación
de los órganos de decisión política,
financiera y de dirección
universitaria. La Máxima Casa
de estudios queretana pertenece
a una lista sumamente reducida
de instituciones de educación
superior con una gobernanza
eficiente, y cuyos resultados se
reafirman con los indicadores
de calidad y desempeño de su
quehacer. Sumado a lo anterior,
ésta ha tomado matices altamente
democratizantes en sus
prácticas de funcionamiento a
lo largo de estos últimos sesenta
años.
Si bien, la ley orgánica de
1959 fue la materialización
jurídica del triunfo una lucha
de la comunidad universitaria
librada en las calles de Querétaro
entre diciembre de 1957 y
febrero de 1958, ésta constituyó
un primer peldaño importante,
aunque también insuficiente,
en la construcción de una gobernanza
democrática de la
Universidad. La legislación
universitaria citada respondió
a las demandas estudiantiles
de restituir al rector fundador
Fernando Díaz Ramírez en su
cargo, así como el otorgamiento
de la autonomía de gobierno
y técnica por parte del gobierno
estatal, además el rompimiento
legal del vínculo de decisiones
compartidas entre la Universidad
y el Ejecutivo estatal
estipulado desde su fundación
ocho años atrás. Estas fueron
incluidas en la confección de la
norma suprema de la institución
al transferir la mayoría de las
funciones de autogobierno y administración
tanto al Consejo
Universitario como al naciente
Patronato; capacidades conferidas
anteriormente al gobernador
de Querétaro. Sin embargo,
y pese a que la integración colegiada
de los nuevos órganos
responsables de la conducción
universitaria representó una
innovación en su diseño organizacional,
esto no se tradujo en
una conducción esencialmente
democrática en el corto plazo.
"El actual modelo
de gobernanza ha
complementado la
legitimidad legal con
la proveniente del
sufragio mayoritario,
a favor de quienes
son electos
democráticamente
para conducir la
dirección de la
institución"
El rector pasó a ocupar
formalmente un papel preponderante
tanto en el Consejo
como en el Patronato, al regular
cuándo, cómo y qué deliberar
acerca de la red universitaria.
Diversas crónicas de la época
nos legaron testimonios de la
inoperancia de estas instancias
durante los últimos cinco años
de la rectoría de Díaz Ramírez,
así como del conjunto de vicisitudes
que tuvieron que afrontar
los rectores Alberto Macedo Rivas
y Hugo Gutiérrez Vega para
brindarles dinámicas de funcionamiento
identificadas con
los intereses de la Universidad.
Adicionalmente el Consejo Universitario,
como máxima asamblea
de los universitarios, se
encontraba aún lejos del principio
de paridad de sectores, al
propiciar en su integración una
sobrerrepresentación de la comunidad
docente.
El otorgamiento de la autonomía
universitaria no fue
acompañado con un modelo de
organización que garantizara
prácticas democráticas para
su ejercicio pleno, ni tampoco
amplió el espectro de participación
de otros actores de la
institución distintos al rector
y sus funcionarios, con lo cual
la naturaleza de la gobernanza
de la Universidad tomó paulatinamente
características de
restricción y verticalidad en las
cadenas de mando, así como de
centralización en la toma de las
decisiones.
Seguramente los anteriores
problemas fueron avizorados
durante el proceso de reforma
universitaria desarrollado durante
la primavera de 1976, y
el cual concluyó con la publicación
de una nueva ley orgánica
el día 26 de agosto del mismo
año. La legislación incrementó
la participación de diversos actores
universitarios al reconocerlos
como partes integrantes
de la Máxima Casa de estudios,
pero también fomentó la inclusión
de otros adscritos a la sociedad
civil queretana dentro de
los procesos institucionales de
análisis y toma de decisiones.
Se reconfiguró la composición
del Consejo Universitario, al
integrarlo paritariamente entre
los sectores de autoridades,
catedráticos y estudiantes. La
gobernanza colegiada paritaria
se replicó por vez primera en las
Escuelas, Facultades e Institutos
de la Universidad al establecer
los Consejos Académicos,
institucionalizando una forma
de ejercer el gobierno de los
planteles con una participación
representativa de sus miembros.
En la misma correspondencia,
la composición del Patronato
se abrió a la participación
de representantes de las fuerzas
productivas y económicas de
Querétaro, limitados a la función
de preservar e incrementar
el patrimonio de la Universidad.
Así también, la figura de la Sociedad
de Padres de Familia
debutó con derecho a voz en los
distintos órganos de decisión.
Buena parte del anterior diseño
horizontal, representativo y
colegiado en la gobernanza de la
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