Ángel Metropolitano 253

Ángel Metropolitano Lunes 12 de octubre de 2020 3
Y qué decir del fideicomiso de Fomento
Minero, que llegó a operar con hasta 7 mil 236
millones de pesos, los que se distribuyeron en
forma discrecional por parte de la Secretaría
de Economía a favor de las empresas trasnacionales
que explotan el subsuelo mexicano.
Este fondo fue por mucho superior al presupuesto
designado en 2020 para la Secretaría
de Economía.
Otro fideicomiso en el que se fomentó la corrupción
y el saqueo de recursos oficiales, fue el
del Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades
Pesqueras, que contó con una bolsa de
más de 2 mil 700 millones de pesos, casi dos veces
el presupuesto otorgado a la Secretaría de la
Función Pública para su ejercicio en 2020.
La corrupción bajo la que operaron los fideicomisos
que hoy se han extinguido por esa
misma causa, fue permitida por los titulares
del Ejecutivo Federal en turno, bajo un guión
bien establecido para ese fin: las dependencias
se hacían omisas a las necesidades de
sus sectores, creaban los fideicomisos –que
eran manejados por funcionarios de segundo
y tercer nivel–, se solicitaban recursos a la
SHCP y estos eran manejados en forma discrecional
y sin trasparencia.
Los informes técnicos de la Auditoría Superior
de la Federación refieren que de 2000 a
2018, los 109 fideicomisos acumularon por lo
menos 828 observaciones técnicas por mala
administración, pagos indebidos, opacidad
en contrataciones, desvíos de recursos y falta
de transparencia, que causaron un quebranto
al erario por el orden de los 16 mil 300 millones
de pesos. A la fecha no hay un solo funcionario
público procesado por ello.
UN EJEMPLO DE INOPERANCIA
En 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas
de Gortari, se integró el fideicomiso Fondo
para la Biodiversidad, este quedó a cargo de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Reclamos de la oposición en la Cámara de Diputados
Naturales (SEMARNAT). El objetivo de dicho
fondo económico fue el de integrar una bolsa
de dinero que permitiera atender trabajos de
investigación y censo de la flora y fauna existente
en todo el territorio nacional.
Dicho fideicomiso nació con un fondo de
4 mil pesos, que fueron aportados por cuatro
particulares. Pero en menos de un año, el fideicomiso
recibió de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) aportaciones por el orden
de los 212 millones de pesos. El uso y manejo
de estos dineros se dejó a la discreción
de la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad.
Pese a su responsabilidad designada de
manera oficial, entre 1993 y el 2013, la citada
Comisión solo se reunió en dos ocasiones para
tratar asuntos relacionados al destino de los recursos
de dicho fondo, el que en el lapso de ese
periodo llegó a tener hasta 359 millones 989
mil pesos, como parte de las constantes aportaciones
que hizo la SHCP, según lo establece el
informe técnico 13-0-16100-02-0161 de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
La operación del fideicomiso Fondo para
la Biodiversidad, nunca rindió cuentas del dinero
recibido por parte de la SHCP. Fue manejado
de manera discrecional y sucesiva por
los titulares de la SEMARNAT, Julia Carabias
Lillo, en el gobierno de Ernesto Zedillo; Víctor
Lichtinger Waisman, Alberto Cárdenas Jiménez
y José Luis Luege Tamargo, en el gobierno
de Vicente Fox; Rafael Elvira Quezada, en la
administración de Felipe Calderón; Juan Jose
Guerra Abud y Rafael Pacchiano Alamán, en
el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Por eso se entiende la decisión histórica del
presidente Andrés Manuel López Obrador de
finiquitar la operación de estos organismos financieros,
y por eso se entiende también la reacción
alarmista de algunos sectores privilegiados
que se beneficiaron con el desorden financiero
oficial que reinó al menos en las últimas
cinco administraciones del gobierno federal. ▪
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