Impreso domingo 28 de febrero 2021

12 Opinión
El Nacional
DOMINGO 28 DE F E B R E RO DE 2021
Q U I N TA E S E N C I A
Rafael Ciprián
ra fa e l c i p r i a n @ h ot m a i l . co m
(1 de 2)
El concepto del principio de validez
de los actos, actuaciones y regulaciones
de la Administración
Pública (AP) ha sido objeto de
muchos tipos de abordajes por parte de los
iuspublicistas o especialistas en derecho
p ú b l i c o.
Sin embargo, no siempre es bien comprendido.
Sobre todo, porque nuestro sistema
jurídico tiene normas constitucionales
y legales que generan dudas y confusiones
entre los que se inician en el
complejo y extenso estudio del derecho
administrativo.
Por eso en nuestro libro, titulado Derecho
Administrativo Constitucionalizado, y en
nuestras clases para la maestría universitaria
en la materia tratamos el principio
de validez en diversas vertientes connotativas
de las ciencias jurídicas.
La AP es el Estado en su función de
proporcionar los bienes y servicios necesarios
a la comunidad, como persona
jurídica y políticamente organizada.
Ernesto Guerrero
gu e r re ro ca m i l o e @ g m a i l . co m
Pedro Castro
p e d ro ca st ro 1 6 0 6 @ g m a i l . co m
Solicitar y autorizar un allanamiento
en una institución con carácter
constitucional es un atropello a la
Carta Magna que tanto sacrificio ha
costado a esta sociedad y que sólo busca
afectar la institucionalidad
Sobretodo una institución de control externo
del gasto público del Estado Dominicano
que probablemente pudiera haber
estado practicando auditoría al propio
Ministerio de Público.
Los fiscales Wilson Camacho, Yeni Berenice
Reynoso y la juez de la Suprema
Principio de validez
También la AP está representada por
cada uno de los órganos e instituciones
públicas. De manera que cada institución,
por separado, y todas juntas constituyen
la AP.
El principio de validez de los actos, actuaciones
y regulaciones de la AP, la beneficia
con la presunción de que todos sus
actos son legales y válidos, hasta que una
autoridad competente, por vicios constitucionales
o legales que los afecten, declare
su nulidad.
Esa autoridad competente, con facultad
para revocar o anular los actos de la AP,
puede ser la misma institución que emitió
el acto, en lo que se denomina la auto tutela
o auto revisión de sus propias actuaciones,
en sede administrativa.
Si esos actos no son revocados en ese
nivel, entonces pueden ser objetos de impugnación
en sede jurisdiccional, para lograr
su nulidad. Esto es, ante el órgano
competente del Poder Judicial.
Puede ser el Tribunal Superior Administrativo
o la Sala o Cámara del tribunal
¿Cuál vacuna me pongo?
Cámara de Cuentas
de primera instancia, siguiendo el procedimiento
administrativo, según el caso.
Y con el ejercicio de los derechos recursivos.
Todo conforme a los artículos
164 y siguientes de la Constitución o el 3
de la ley 13-07, de la materia, respect
i va m e n t e.
Cuando se trata de un acto administrativo
favorable o de efecto particular, solo el
beneficiado o afectado tiene derecho a
impugnarlo. Si es de carácter y efectos
generales, todos podemos atacarlo.
Por tanto, el principio de validez y su
presunción de los actos de la administración
pública pueden ser aniquilados por
diversas vías de derecho.
Basta que el acto, actuación o regulación
de la AP esté viciado jurídicamente para
que sea anulable. El vicio puede consistir en
la incompetencia del órgano emisor o incumplimiento
del procedimiento legalmente
establecido para su producción; por
violación de normas de orden público o
conculcación de derechos fundamentales,
entre otras causas.
Cuando le toque su turno, no vacile,
acepte la primera vacuna que esté
disponible. Las vacunas contra el
SARS-COV-2 son efectivas en la
prevención de la infección y los casos
graves, pero sobre todo seguras. Es importante
tomar en cuenta su eficacia, pero
es más significativo reducir el tiempo de
exposición al virus, sobre todo ante el
surgimiento de nuevas variantes.
Millones de personas ya se han vacunado
en todo el mundo, y todavía no se ha
comprobado ninguna muerte producida
por las mismas. En USA se han acelerado
los programas de vacunación, sin embargo,
los latinos, junto con los afro-descendientes,
están entre los grupos étnicos que
menos participación tienen en las campañas
de inmunización.
A veces, la vacuna puede producir síntomas,
como fiebre, dolor en las articulaciones,
cansancio etc., sin embargo, estos
síntomas son normales y son un signo de
que el organismo está generando protección
contra el virus. Por otro lado, las
personas con COVID-19 con o sin síntomas
deben esperar hasta haberse recuperado de
la enfermedad y hasta que reúnan los
criterios para suspender el aislamiento.
También Las embarazadas deben consultar
con su médico antes de recibirla.
El personal sanitario y las personas mayores
de 60 años son los que están a mayor
riesgo de enfermar y derivar en condiciones
severas. Por ende, el gobierno debe mantener
su compromiso de asignar los dos
primeros millones de dosis a este grupo de
población. Es alentador ver en nuestros
medios de comunicación las imágenes de
satisfacción del personal sanitario que acude
a vacunarse y esperamos que los mayores
respondan con igual entusiasmo.
Es grato ver como cada vez se incorporan
nuevas vacunas, con menores requisitos
para su almacenamiento y transporte, además
aptas para enfrentar con éxito las nuevas
variantes. Esperamos que en las próximas
semanas el mercado internación tenga una
mayor oferta.
El mecanismo COVAX, destinado a proveer
vacunas a los países pobres, ya empezó
la distribución en África y próximamente
en Centroamérica y el Caribe.
Todas las vacunas que compramos son
buenas y en lo adelante, llegarán con más
frecuencia. Sin embargo, no se puede bajar
la guardia, sin dudas, estamos en “el principio
del fin de la epidemia”y es ahora
cuando debemos redoblar todas las medidas
preventivas.
Corte de Justicia, María Genrinalda Ramírez
Garabito, a quien conozco hace varios
años, deben ser procesados judicialmente
por violentar la Constitución.
Los jueces no pueden ser pro Ministerio
Público, deben saber valorar en su justa
dimensión los pedimentos, tratase de
quien se trate. Los fiscales prefabrican expedientes
hasta porque alguien le caiga mal
y para otorgar cualquier autorización un
juez debe ser comedido.
Recordemos que pasó con la propia Miriam
Germán cuando su teléfono fue intervenido,
que para hacerle daño justificaron
que el numero estaba a nombre de
otro. “Cosas verdes”.
Con ese atropello que pongan la barba en
remojo, con los super fiscales, las instituciones
y órganos consagrados en la
Constitución como la Cámara de Diputados,
el Tribunal Constitucional, el Senado,
la Suprema Corte, Ministerio de Defensa
y hasta la sede presidencial.
No defiendo corrupto ni corruptores, si
abogo por el respeto a la institucionalidad,
y la Constitución.
Juan Taveras
H e r n á n d ez
j u a n t h 0 4 @ h ot m a i l . co m
La corrupción
es negocio
La corrupción administrativa es un
gran negocio, para los corruptos,
para los que desde un estrado,
una redacción de periódico, una
cuenta en las redes sociales, un programa
de televisión o de radio, defienden a los
corruptos.
La excusa para muchos parece valida, pero
no lo es: “Todos tienen derecho a una defensa
t é c n i c a”. La otra máxima jurídica, es igualmente
aceptada no es menos válida: “pre-
sunción de inocencia”. Es decir, todo imputado
es inocente hasta tanto se le pruebe le
contrario. Esa es una verdad a medias porque
depende de quién sea el acusado, si es pobre
o rico, clase alta o baja.
El sistema judicial no está al margen de
la lucha de clases. Al contrario, forma parte
del sistema de opresión y explotación de
los de arriba sobre los de abajo. No invento
al agua tibia ni el hielo en cuadritos al
decirlo. No en balde las cárceles están
saturadas de pobres, en la mayoría de los
casos por delitos menores. El “¡tránque-
nlo!”, predomina cuando de marginados
se trata. Es muy difícil que un poderoso
vaya a la cárcel. Se requiere de muchas
audiencias que pasan de un tribunal a otro
hasta llegar -si es que llega- a la Suprema
Corte, el Tribunal Constitucional.
El que roba un peso es un ladrón, pero el
que roba un millón o millones, es un
señor que puede contratar los mejores
abogados, comprar fiscales y hasta jueces,
que logra protección de corones y generales,
que soborna comunicadores y
periodistas para cuidar su reputación.
Esa es la realidad en esta y en cualquier
sociedad clasista. Lo he dicho muchas
veces: según la doctrina, todos somos iguales,
pero hay unos iguales que son más
iguales que otros. Los pobres no son tan
iguales como los ricos. Así de sencillo.
El presidente Luis Abinader se ha propuesto
un gobierno decente, honesto y
transparente, terminar con la corrupción,
transformar y adecentar el Estado creando
un régimen de consecuencias para que
nadie goce de impunidad. Le resulta cada
vez más difícil, como hemos podido ver.
Cada vez que se practican allanamientos,
apresamientos, se dictan medidas de
coerción contra acusados de corrupción
inmediatamente parecen abogados muy
capaces y caros, alegando violaciones a
las leyes, atropellos a los derechos humanos,
“aparatajes innecesarios”, apresamientos
ilegales, maltratos, humillaciones
y otros calificativos que luego la
prensa reproduce y crean una corriente
de opinión favorable para los funcionarios
o exfuncionarios involucrados.
Esos abogados del sistema, de nombre y
renombre, no defienden pobres. Jamás los
verá en un estrado postulando para evitar
que vayan a las cárceles. No tienen con
que pagarles. Los políticos corruptos, sí
tienen. Con el dinero que se roban pagan
abogados, fiscales, jueces, generales y periodistas.