Listín Diario 31-01-2023

2 SANTO DOMINGO, RD. MARTES, 31 DE ENERO DE 2023 10 cm
La Arrancada
5 cm
4 cm
Observatorio Global.
3,5 cm
3 cm
El debate sobre la nueva
ley de Régimen Electoral
LEONEL FERNÁNDEZ
Santo Domingo
R
ecientem
e n t e e l
Senado de
la República
aprobó
en primera lectura un
proyecto de ley que tiene
como objetivo modificar
la Ley Orgánica de
Régimen Electoral núm.
15-19.
Debido a que la legislatura
que empezó el 16
de agosto del año pasado
culminaba a principios
de este mes de
enero, desde el Poder
Ejecutivo se interpretó
que el referido proyecto
legislativo había perimido
en la Cámara de Diputados.
Por consiguiente, apoyándose
en esos motivos,
fue que procedió,
mediante decreto, a extender
la legislatura
hasta el 15 de febrero.
EL SISTEMA LEGAL
CREADO PARA
REGIR NUESTROS
PROCESOS
ELECTORALES
NACIÓ VICIADO
En el marco de esa extensión
a la legislatura es
que actualmente se encuentra
el proyecto de ley
que procura introducir
reformas al régimen electoral
en la República Dominicana.
Durante esta semana
el debate legislativo continuará
en la cámara alta;
y de lo que se trata es
de alcanzar el mayor consenso
posible entre las
fuerzas políticas representadas
en ese hemiciclo,
para que sea aprobado
en segunda lectura y
luego tramitado a la Cámara
de Diputados, para
ser convertida en ley, como
indica nuestra Constitución.
Esa reforma legal a la
manera en que deben organizarse
y conducirse los
procesos electorales, ha sido
una iniciativa de la Junta
Central Electoral (JCE).
La inquietud surgió
de la necesidad de adecuar
la legislación prevaleciente,
debido a que
como consecuencia de
varias sentencias del Tribunal
Constitucional
(TC), del Tribunal Superior
Administrativo
(TSA), y del Tribunal Superior
Electoral (TSE),
varios artículos y sus numerales
fueron anulados
debido a su carácter inconstitucional.
A pesar de la estabilidad
que durante 22 años
se mantuvo con la ley
275-97 sobre régimen
electoral, se consideró la
necesidad de crear una
nueva legislación que regulase
a los partidos políticos
y al régimen electoral.
Pero, la nueva normativa
no estuvo a la altura
de las expectativas esperadas.
Esto así, debido a
que intereses particulares
fueron colocados por encima
de la necesidad de
fortalecer la democracia
y el Estado de derecho en
favor del pueblo dominicano.
De esa manera, el sistema
legal creado para
regir nuestros procesos
electorales nació viciado.
Surgió a la vida jurídica
con defectos de tal
magnitud que no podía
garantizar la confianza,
transparencia e integridad
que requiere un sistema
electoral.
En búsqueda
del consenso
Al preparar su proyecto
de reforma a la Ley Electoral
Núm 15-19, la Junta
Central Electoral (JCE)
convocó a una audiencia
a las organizaciones políticas,
con la finalidad de
dar a conocer su contenido.
Los partidos políticos,
tomando en consideración
que el Poder Ejecutivo
había hecho un llamado
a la celebración
de un diálogo nacional,
en el marco del Consejo
Económico y Social
(CES), solicitaron la
creación de una mesa de
debates sobre ese particular.
Así sucedió. Se procuraba
construir consensos
que permitieran disponer
de una nueva herramienta
legal, esta vez más en
consonancia con nuestra
Carta Sustantiva y más
en armonía con garantizar
el ejercicio responsable
y eficaz del sufragio
universal.
Como resultado del
diálogo del CES, hubo 43
consensos y 46 disensiones
con respecto al proyecto
elaborado por el órgano
electoral; y a pesar
de todo el esfuerzo realizado
entre los representantes
de los partidos
políticos, ese proyecto
consensuado no fue introducido
en el Congreso
Nacional.
Eso fue lamentable.
Al no ocurrir así, lo consensuado
en el diálogo
solo ha servido como insumo,
suministrado por
el CES, para el debate
que se lleva a cabo en el
ámbito del Poder Legislativo.
Como consecuencia de
todo eso, el trabajo para
la reforma electoral ha
enfrentado desafíos de
coordinación. Los diputados
y senadores han estado
efectuando modificaciones
divergentes en dos
comisiones que han trabajado
de forma simultánea,
pero sin la sinergia
que debe existir entre
ambas cámaras.
Afortunadamente, en
estos días ha habido un
cierto avance con respecto
a esa situación. Se ha
aprobado en primera lectura,
como hemos dicho,
el nuevo proyecto de ley
de régimen electoral; y se
han convocado reuniones
de las comisiones de ambas
cámaras.
EN EL NUEVO
PROYECTO DE
LEY, LO QUE SE HA
CONSENSUADO
NO ES EL VOTO
ELECTRÓNICO SINO,
ÚNICAMENTE, EL
ESCRUTINIO
Transfuguismo
y voto electrónico
En la nueva propuesta de
ley de reforma electoral,
hay dos temas esenciales
que todavía no han logrado
ser consensuados.
Se trata del transfuguismo
y el voto electrónico,
los cuales no han sido
presentados por la Junta
Central Electoral ni por
el consenso de las organizaciones
políticas a través
del diálogo del CES.
Ha sido, más bien, a través
de una de las fuerzas
con representación congresual.
En la actualidad, el
transfuguismo está plasmado
en el artículo 134
de la ley electoral vigente
(Núm.15-19), que sostiene
que las personas
que han sido nominadas
por un partido no podrán
abandonar esa organización
para ser postuladas
por otra.
Esa disposición legal
fue declarada inconstitucional
en la sentencia
TSE-100-2019, por el Tribunal
Superior Electoral.
Se debió a que esas normas
imponían requisitos
no exigidos en la Constitución
de la República
para ostentar una candidatura
a un puesto de
elección popular.
Los que no se sienten
plenamente satisfechos
con la actual regulación
del transfuguismo, aspiran
a algo más: a que esta
sea extendida aquellos
candidatos o aspirantes
que, no habiendo sido
nominados, abandonan
las filas de su organización
para ser postulados
por otra.
E n l o r e l a c i o n a d o
al voto electrónico, el
cual se encuentra estipulado
en el artículo
99 de la actual ley electoral
15-19, el Tribunal
Constitucional lo declaró
nulo en su sentencia
TC/0484/22.
Como se podrá comprender,
en el nuevo proyecto
de ley, lo que se ha
consensuado no es el voto
electrónico sino, únicamente,
el escrutinio. Este
se encuentra sometido al
consenso con los partidos
políticos; al de una rigurosa
auditoría efectuada por
una entidad de prestigio internacional,
especializada
en material electoral; a que
dicho escrutinio se haga de
manera progresiva; y a que
su proceso de implementación
se produzca en un plazo
no menor de un año previo
a las elecciones.
En ese escenario nos encontramos
al reanudarse
esta semana el debate de
nuestras cámaras legislativas
sobre el proyecto de
régimen electoral.
Confiamos en que en
base al diálogo constructivo
se logre un consenso
que contribuya a
fortalecer nuestra institucionalidad
democrática y
la estabilidad política del
país.
¡Que así sea!.