PRESCRIPCION

LA PRESCRIPCIÓN FISCAL Y SU VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS
L.D. Sergio Esquerra
Abogado litigante y asesor jurídico con especialidad en defensa administrativa
y fiscal, comercio exterior y seguridad social / Autor de ocho libros /
Conferencista a nivel nacional e internacional / Socio directivo del bufete
ESQUER & ESQUERRA ABOGADOS / @SergioEsquerra
Dr. Marvin Alfredo Gómez Ruiz
Doctor en materia fiscal con posgrado en el Control Jurídico de la Actividad
Económica del Estado por la Universidad de Salamanca, España / Autor de tres
libros / Socio legal de Baker Tilly México
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La prescripción en materia fiscal regulada por el artículo 146 del Código Fiscal
de la Federación - en adelante CFF - es una institución por todos conocida, que
conlleva la pérdida de la facultad de la autoridad hacendaria para efectuar el
cobro de un crédito fiscal, por el hecho de no haberlo realizado dentro del
plazo de cinco años siguientes a que dicho crédito es firme.
Dentro de las regulaciones contenidas en dicho numeral se encuentran una
serie de excepciones a tal figura, que conviene analizar a la luz de los derechos
humanos. Para tales efectos es prudente traer a cita el contenido de la norma,
literal:
146.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.
El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo
ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos
administrativos. El término para que se consuma la prescripción se interrumpe
con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o
por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del
crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad
dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga
del conocimiento del deudor.
Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los
términos del artículo 144 de este Código, también se suspenderá el plazo de la
prescripción.
Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el
contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el
aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera
incorrecta su domicilio fiscal.
La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de
oficio por la autoridad recaudadora o a petición del contribuyente.
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De las porciones normativas resaltadas se aprecian diversos casos en que el
plazo para la consumación de la prescripción debe considerarse interrumpido,
a saber:
1.- Con cada gestión de cobro que el fisco notifique o haga saber al deudor, es
decir, cualquier actuación dentro del procedimiento administrativo de
ejecución - PAE -.
2.- Por el reconocimiento expreso o de hecho, del deudor, respecto de la
existencia del crédito fiscal.
3.- Cuando se hubiere desocupado el domicilio fiscal sin presentar aviso de
cambio o cuando el mismo se señale en forma incorrecta.
Los efectos de esta interrupción del plazo, a diferencia de otros casos similares
como la suspensión 1 , radican medularmente en que interrumpir significa 2 :
“Cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo”; en tanto que
suspender, implica: “Detener o diferir por algún tiempo una acción u obra”. 3
En otras palabras, cuando se actualiza una causal de interrupción de la
prescripción – de las ya mencionadas- el plazo de los cinco años que hubiese
transcurrido, se corta, y entonces, una vez desaparecida la causal de
interrupción, reiniciará a partir del día uno.
Pongamos el siguiente ejemplo: Una autoridad notifica un crédito fiscal el 1º de
Enero de 2012. El mismo se hace exigible a partir del día 6 de Marzo de 2012, y
entonces el día 7 de Marzo siguiente iniciaría el plazo de cinco años para la
prescripción.
Si en este ejemplo la autoridad no actúa en ejercicio de sus facultades de
cobro coactivo durante todo el tiempo y se limita a notificar un requerimiento
de pago hasta el 4 de Marzo de 2017, este hecho, interrumpirá el plazo de
prescripción y por tanto, el día 5 de Marzo de 2017 se iniciará nuevamente el
día uno de los cinco años, que culminaría hasta el 5 Marzo de 2022, operando
pues hasta entonces la prescripción; pero si el día 4 de Marzo de 2022 realiza un
embargo, se interrumpirá nuevamente hasta el día 5 de Marzo de 2027, y así a
perpetuidad de continuar la autoridad interrumpiendo con actuaciones.
Tal situación sin lugar a dudas genera de facto incertidumbre al contribuyente,
puesto que la existencia de la figura jurídica de la prescripción tiene
precisamente como finalidad evitar este tipo de situaciones y su consecuente
inseguridad jurídica, que se revela en un no saber a qué atenerse frente a los
actos de autoridad; lo que deriva esencialmente del hecho de que el artículo
146 del Código Fiscal Federal NO prevé un PLAZO MÁXIMO DE INTERRUPCIÓN DE
LA PRESCRIPCIÓN.
1 El mismo artículo 146 del CFF indica que se “suspenderá” la prescripción cuando a su vez se
suspenda el procedimiento administrativo de ejecución. Así mismo, el artículo 67 del CFF, al
referirse a la “caducidad”, hace referencia a la suspensión del plazo y no a su interrupción.
2 Según su definición por el Diccionario de la Lengua Española consultado en
http://lema.rae.es/drae/?val=interrumpir
3 Según su definición por el Diccionario de la Lengua Española consultado en
http://lema.rae.es/drae/?val=suspender
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En efecto, si se considera que la prescripción es una “sanción” a la autoridad
que implica la pérdida de sus facultades de cobro por no ejercitar sus funciones
exactoras dentro determinado plazo, y la interrupción de dicha prescripción es
un reconocimiento a la inversa en el sentido de que la autoridad ha tenido el
interés en continuar con sus gestiones de cobro, tal cuestión no puede quedar
sin sometimiento de un plazo máximo de interrupción como actualmente
sucede, puesto que con ello se violentan diversos derechos humanos de los
contribuyentes.
Ciertamente, si analizamos algunos casos similares como el de la caducidad,
del artículo 67 del CFF, encontraremos una respuesta en paralelo a nuestra
interrogante.
Así, el citado artículo señala en el párrafo de interés:
En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio
de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se
suspende dicha caducidad, no podrá exceder de diez años. Tratándose de
visitas domiciliarias, de revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias
autoridades o de la revisión de dictámenes, el plazo de caducidad que se
suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación,
adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no
podrá exceder de seis años con seis meses o de siete años, según
corresponda.
Nótese que aún y cuando en párrafo anteriores al trascrito la ley hace
referencia a la posibilidad suspenderse el plazo de caducidad en diversos
supuestos, también señala que “EN TODO CASO” el plazo que se suspende,
adicionado con el que no se suspende, no puede ser mayor que diez años en
general y de seis años y seis meses, cuando se trata de visitas domiciliarias y
revisiones de gabinete. Es decir, existe un plazo máximo de suspensión de la
caducidad, como también, desde luego, debería existir un plazo máximo de
interrupción de la prescripción, que sin embargo, actualmente no prevé el
artículo 146 del CFF, y que lo hace porte tanto, violatorio de derechos humanos
constitucionales y convencionales, por los cuales tal figura jurídica de la
“interrupción” de la prescripción debe ser decretada como INAPLICABLE para
los contribuyentes.
Lo previo por cuanto la reforma al artículo 1º párrafos uno, dos y tres de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - en adelante CPEUM - en
materia del control ex officio de la convencionalidad y constitucionalidad de
los derechos humanos por parte de todas las autoridades de nuestro país, ha
abierto un parteaguas en la aplicación, interpretación e incluso
“desaplicación” de las normas fiscales contrarias a los citados derechos
humanos constitucionales y convencionales; prueba de ello son los recientes
criterios que ha estado conformando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación - SCJN -, y otros Tribunales Federales, respecto del sentido,
alcances y naturaleza de la aludida reforma.
Es así que la Corte a establecido una serie de pasos a seguir para el referido
control ex officio de los derechos humanos, entre los que destacan en esencia:
a. La Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces
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del país - al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano -,
deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el
Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la
protección más amplia; b. La Interpretación conforme en sentido estricto, lo
que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los
jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes,
preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos
en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado
Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos
derechos; y, c. La Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no
son posibles. 4
Alcances, que se adicionan a los establecidos en la Convención
Interamericana de los Derechos Humanos que en su artículo 2º establece que el
respeto a tales derechos humanos, a la par de lo dicho por la Corte en sus tesis,
se extiende a la obligación del Estado de adoptar “las medidas legislativas o de
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades”.
Esto es, que ante la existencia de una ley que viola derechos humanos, surgen
entre otras dos consecuencias: La primera, que toda autoridad tiene la
obligación de DESAPLICARLA y la segunda, que es obligatorio ADOPTAR LAS
MEDIDAS DE REFORMA O CUALQUIER OTRA, para que ley no siga vulnerando
derechos humanos.
Pues bien, sentado lo anterior, resta ahora sólo explicar la razón por la cual la no
existencia en el artículo 146 del CFF, de un “plazo máximo de interrupción de la
prescripción”, es violatoria de derechos humanos.
Entre otras disposiciones, los artículos 14, y 16 constitucionales regulan los
principios de seguridad jurídica, certidumbre y certeza, legalidad,
fundamentación, motivación, así como DEBIDO PROCESO, por su parte el 27
también constitucional regula el derecho de propiedad privada.
A su vez, los artículos 8º y 21 de la Convención Interamericana de los Derechos
Humanos establecen:
8.- Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
21.- Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.
4 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág. 552 ; Registro:
160 52; Numero de Tesis: P. LXIX/2011(9a.) “PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS.”
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Y si a lo expuesto sumamos el derecho a no ser privado del uso de los bienes de
propiedad privada de las personas y el de que todo procedimiento tenga que
ser culminado dentro de “un plazo razonable”, que constituyen sendas tutelas
reconocidas internacionalmente, que resultan también aplicables, cuya
interpretación conjunta hacen concluir que al NO EXISTIR UN PLAZO RAZONABLE
en el artículo 146 del CFF como máximo de interrupción de la prescripción,
genera sin lugar a dudas el ejercicio arbitrario y sin límites de esta figura jurídica
por parte de las autoridades, que violenta todos los derechos humanos antes
apuntados.
De hecho, jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos
sobre la materia, es contundente al detallar el contenido del debido proceso y
la seguridad jurídica del “plazo razonable”, recordando la existencia de la tesis
del Pleno de la SCJN de diciembre del 2011 que indica: “CRITERIOS EMITIDOS
POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO
MEXICANO NO FUE PARTE.- SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOS
SIEMPRE QUE SEAN MÁS FAVORABLES A LAPERSONA EN TÉRMINOS DELARTÍCULO
1º DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-”, en sentido de establecer, como lo hace la
jurisprudencia del Caso Salvador Chiriboga v.s. Ecuador del 5 de Mayo de 2008,
que el plazo razonable se debe apreciar en relación a la duración total del
procedimiento que se desarrolla hasta que se dicta la resolución respectiva y
que de acuerdo a la jurisprudencia del Caso Tribunal Constitucional v.s. Perú,
del 31 de Enero de 2001, debe respetarse en cualquier materia, incluyendo la
fiscal.
Bajo ese tenor, considerando que la seguridad jurídica implica que los textos
normativos contengan los elementos mínimos para que el particular haga valer
sus derechos, con el objeto de que la autoridad no incurra en arbitrariedades; y
que en las leyes que establezcan actos de molestia en contra de los
particulares, deberá establecerse el límite en el cual la autoridad administrativa
podrá afectar temporalmente la esfera jurídica de los mismos para que esa
afectación no puede estar sujeta a la decisión de la autoridad administrativa a
libertad irrestricta, es claro que en el caso a estudio no pueden estimarse
cumplido tales principios.
En consecuencia el referido Tribunal Internacional al interpretar y aplicar el
citado artículo 8.1 ha establecido también la necesidad de realizar el “test de
previsibilidad” para determinar si una norma jurídica es lo suficientemente
previsible con relación a esa afectación temporal, para lo cual deberán
tomarse en cuenta tres criterios: 1. El contexto de la norma bajo análisis; 2.- El
ámbito de aplicación para el que fue creada la norma, y 3.- El estatus de las
personas a quien está dirigida la norma.
Por ende, dicho Tribunal Internacional ha establecido que el test de
previsibilidad implica constatar que la norma jurídica delimite de manera clara
el alcance de la discrecionalidad que puede ejercer la autoridad y se definan
las circunstancias en las que puede ser ejercida con el fin de establecer las
garantías adecuadas para evitar abusos. Por tanto, una norma jurídica no
supera dicho test si prevé actos de molestia sin un plazo cierto, previsible y
razonable para la afectación de la esfera jurídica del particular; pues sostener
lo contrario implicaría dar margen a la autoridad administrativa a la
arbitrariedad, porque el particular no tendría seguridad jurídica respecto a la
previsibilidad de la duración de la afectación, lo cual hace necesario que el
tiempo de esa afectación esté previsto en la norma jurídica y supere dicho test.
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En conclusión ha de estimarse que el artículo 146 del CFF viola derechos
humanos de los contribuyentes, y que por tanto, NO DEBA APLICARSE en su
perjuicio en lo relativo a la interrupción de la prescripción, en cuyo caso, todas
autoridades y Tribunales de nuestro país, deben realizar un control ex officio de
los citados derechos humanos y con ello, que cualquier contribuyente que
tenga un crédito fiscal adeudado firme de 2008 y anteriores pueda invocar
estos argumentos para que sea declarada a petición de parte la prescripción
de los mismos, sin aplicar ninguna causal de interrupción; o bien, que invocados
ya en los medios de defensa contra actos administrativos de ejecución
respecto del cobro de aquellos, hasta en tanto EL LEGISLADOR no cumpla con
su obligación de reformar el artículo 146 del CFF y adoptar las medidas
respectivas para evitar las violaciones antes indicadas, se desincorpore en
aplicación al contribuyente afecto con la consecuente declaratoria de nulidad
a su favor.
Finalizo invitando a Usted nuestro estimado lector a que asista al magno evento
que la firma a la que pertenezco presentara en la Ciudad de MÉXICO, DISTRITO
FEDERAL.
CONFERENCIA MAGISTRAL
DEFENSA FISCAL DE VANGUARDIA III
Jueves / Viernes 14 y 15 de Marzo de 2013
Como nunca antes coincidiremos en una mesa de discusión para ocuparnos
de manera conjunta en el estudio de fondo y forma de los actos y resoluciones
de las autoridades fiscales, contrastados con la normatividad nacional e
internacional aplicable y bajo el espectro de los Derechos Humanos, Derechos
Fundamentales y Garantías Constitucionales, y así revelaremos en su totalidad
las estrategias jurídicas sobre las cuales se construye una verdadera Defensa
Fiscal de Vanguardia.
DR. Marvin Gómez
L.D. Magaly Juárez Arellano
L.D. Sergio Esquerra
TEMARIO:
Visita domiciliaria
Revisión de gabinete
Revisión de Dictamen
Sanciones a Contadores Públicos Certificados
Resoluciones de Autoridades Fiscales Coordinadas
Créditos Fiscales por declaratoria de compensaciones indebidas
Determinaciones del IMSS e INFONAVIT
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Determinaciones presuntivas
Procedimiento Administrativo de Ejecución
Criterios de trascendencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Además de estrategias dentro y fuera del proceso jurisdiccional:
Demanda fuera de plazo: Como evitar declaratoria de improcedencia y
sobreseimiento
¿Obtuviste resultado desfavorable en Juicio de Nulidad?: Una alternativa
viable para revertir el fallo a través del Amparo Indirecto
La Regla del No Consentimiento en el Juicio de Nulidad
Notificación de los actos de autoridad
Informes de asuntos no diligenciados
Boletín Electrónico del TFJFA
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