PLATAFORMA ELECTORAL

#NIUNAMENOS PORABORTOS CLANDESTINOS, REDES DE TRATAY FEMICIDIOS. EL ESTADO ES ESPONSABLELa amplia y profunda conmoción quese sintetizó en la consigna #NiUnaMenos,se convirtió en la mayor demostraciónpública de repudio a la violencia contralas mujeres en todo el país, con cientos demiles de personas movilizadas en cientosde ciudades del país y de Latinoamérica.El masivo reclamo para terminar conlos femicidios en nuestro país se combinócon una fuerte denuncia sobre lasresponsabilidades del Estado, que es uno delos principales eslabones en la larga cadenade responsabilidades por la violencia que adiario sufrimos las mujeres.No es para menos. Ante la ausencia deestadísticas oficiales, el trabajo realizadopor la Asociación Civil La Casa del Encuentroha permitido registrar que entre los años2008 y 2014 ocurrieron en Argentina1.808 femicidios, y lamentablemente, esmuy probable que el año 2015 supere elpromedio más alto registrado hasta lafecha, que indica que al menos cada 30horas una mujer es asesinada en Argentinapor el sólo hecho de serlo.La Ley Nº 26.485 de Protección Integralpara Prevenir, Sancionar y Erradicar laViolencia Contra las Mujeres en todos losámbitos en que desarrollan sus relacionesinterpersonales (sancionada el 11 demarzo de 2009 y publicada en el BoletínOficial el 14 de abril del mismo año), definelineamientos generales de un plan deacción que involucra a los tres poderes delEstado y que debe ser de aplicación entodo el país, en cada provincia y en cadamunicipio.Cabe destacar que en la Provincia deBuenos Aires se implementa únicamentela ley 12.569 sobre Violencia Familiar queaborda parcialmente la violencia contra lasmujeres, por lo que resulta absolutamentenecesario sancionar una ley que permita laaplicación efectiva de la Ley 26.485 en elámbito provincial.Entre otras cosas, esta ley reconoce en suArtículo 4° que “violencia contra la mujer”es “toda conducta, acción u omisión, quede manera directa o indirecta, tanto en elámbito público como en el privado, basadaen una relación desigual de poder, afectesu vida, libertad, dignidad, integridadfísica, psicológica, sexual, económica opatrimonial, como así también su seguridadpersonal”, y señala que allí también “quedancomprendidas las perpetradas desde elEstado o por sus agentes”.A pesar de estas definiciones, así comode las “acciones prioritarias” que describea los fines de promover la revinculaciónsocial de la mujer víctima de violencia,su inserción o permanencia en el ámbitolaboral o su inclusión en planes yprogramas de promoción social y asistenciade emergencia –de las que también sonresponsables el Estado nacional y susinstituciones-, la ley no garantiza unarespuesta inmediata para las mujeresvíctimas de la violencia machista.La ley Nº 26.485 consagra asimismoderechos reconocidos por la Convenciónpara la Eliminación de todas las Formasde Discriminación contra la Mujer, laConvención Interamericana para Prevenir,Sancionar y Erradicar la Violencia contra laMujer, la Convención sobre los Derechosde los Niños, la Ley Nº 26.061 de ProtecciónIntegral de los derechos de las Niñas, Niñosy Adolescentes y, en especial los derechosreferidos a la integridad física, psicológica,sexual, económica o patrimonial y elderecho de gozar de medidas integralesde asistencia, protección y seguridadarriba mencionados. En nada de esto se haavanzado concretamente.Tanto es así que, a casi seis años desu sanción, la ley continúa sin contarsiquiera con la asignación del presupuestoindispensable para que pueda ponerse enejercicioMientras tanto, solamente en el año2014 más de 21 mil mujeres en el paísdenunciaron ser víctimas de situaciones deviolencia. Una cifra escalofriante si tenemosen cuenta que quienes hacen la denunciason apenas unas pocas de las muchasmujeres que son víctimas de distintasformas de violencia.Una joven menor de 19 años seconvierte en madre cada 5 minutos ysólo uno/a de cada cinco adolescentesconoce en Argentina la existencia de laley de Educación sexual integral, másde 300 mujeres mueren cada año por laclandestinidad y la criminalización delaborto y al menos 600 mujeres y niñascontinúan desaparecidas -sólo en la últimadécada- a manos de las redes de trata parala explotación sexual.Junto con esto, mientras uno de cada treshogares son sostenidos por una mujer, almenos la mitad de las mujeres que trabajanlo hacen bajo contratos precarios, el 83por ciento del millón 200 mil trabajadorasdomésticas que hay en Argentina prestanservicios sin estar registradas formalmente.Según el propio Ministerio de Trabajo dela Nación la brecha salarial entre varones ymujeres continúa aumentando, llegando enel año 2014 a una brecha del 25,3 por cientoen desmedro de las mujeres, sin contemplarlos datos aún más preocupantes de quienesno están registradas y carecen por lo tantode cualquier derecho laboral, o de aquellasque no los tienen porque directamentecarecen de un empleo.Es evidente entonces que esta situaciónestructural que alcanza a millones demujeres en Argentina, constituye al mismotiempo una innegable base material sobrela que se extiende y profundiza la violenciacontra las mujeres.En la Provincia de Buenos Aires losservicios de atención y asistencia legaly psicológica a las mujeres víctimas deviolencia de género, dependientes delministerio de Desarrollo Social, han sidodescentralizados y sus recursos limitados afuncionar casi bajo el exclusivo compromisode sus trabajadoras y trabajadores,mientras los pocos refugios que existenpara las decenas de miles de víctimas -queacuden a ellos en situación de emergencialleganal extremo de tener que cerrarsepor emergencia edilicia, tal como ha sidodenunciado por la propia Junta Interna delmencionado organismo.En al año 2013, hubo 89 femicidios en laprovincia, siendo San Martin, La Matanza,Lomas de Zamora y Mar del Plata, los queregistraron más altos índices.Los femicidios –esa última expresiónletal del machismo, perpetrado porun hombre contra una mujer a la queconsidera un objeto de su propiedad, paradisponer de su vida y su muerte- son sóloel último eslabón de una larga cadena deviolencias contra las mujeres que se originaen las sociedades de clases y se legitimay reproduce permanentemente desde elEstado y sus instituciones, la jerarquía de laIglesia y sus políticos aliados y los mediosmasivos de comunicación, que perpetúanlos mandatos sociales de la subordinaciónde las mujeres y mantienen un régimensocial que también se alimenta de estaopresión.Por eso, sin desconocer que el Estadoy sus instituciones son responsables dela muerte de cientos de mujeres por lasconsecuencias letales de los abortosclandestinos; que también sus fuerzasrepresivas, funcionarios políticos yjudiciales han sido denunciados por serparte de las redes de trata y prostitución,ya sea como proxenetas, clientes,propiciadores o garantes de impunidad;que el Estado también es responsable delas enfermedades, accidentes y muertesque provocan las condiciones del trabajoprecario –situación en la que se encuentra almenos la mitad de las mujeres trabajadorasen Argentina-; ofrecemos nuestras bancasen el Congreso Nacional y la LegislaturaProvincial para propiciar el reclamo de lasmujeres víctimas de violencia que aún sonsobrevivientes, así como de aquellas que selevantan y organizan para conquistar estospostergados derechos.Porque no queremos “Ni una menos”,nos vemos en la obligación de señalartambién que estamos ante una situaciónde emergencia y que resulta una verdaderahipocresía por de parte de los partidostradicionales mayoritarios seguir hablandocon indignación de este tema, mientrasdecenas de proyectos de emergencia enmateria de violencia contra las mujeressiguen sin ser debatidos en el CongresoNacional y la Legislatura Provincial.Sólo la fuerza organizada de luchade centenares de miles de mujeres y elpueblo trabajador en su conjunto puedeacabar con este régimen social en el que seoriginan los padecimientos inauditos de lasclases explotadas y los sectores oprimidos.-Plan provincial de emergencia contrala violencia hacia las mujeres, que fuepresentado por el Diputado Nicolás DelCaño en el Congreso Nacional y ChristianCastillo en la Legislatura Bonaerense. Talproyecto incluye: a) un régimen de subsidiosa las mujeres víctimas de violencia; b) lacreación inmediata de refugios transitoriosy un plan de vivienda a corto plazo paralas mujeres víctimas de violencia que asílo requieran, que incluye para este fin eldestino de todos los bienes y/o propiedadesociosas, cedidas o financiadas por el Estadoprovincial a la Iglesia Católica y/u otrasinstituciones religiosas, y los impuestosprogresivos a las grandes fortunas ycorporaciones inmobiliarias; c) un régimende licencias laborales para aquellas mujeresvíctimas de violencia que tienen empleo; d)un régimen de licencias y pases educativospara las adolescentes y mujeres víctimas deviolencia que estén en el sistema educativo;e) la creación y coordinación de equiposinterdisciplinarios para la prevención,atención y asistencia a las mujeres víctimasde violencia.Proponemos:-#NiUnaMenos por abortosclandestinos, femicidios yredes de trata. El Estado esresponsable. ABORTO LEGAL,SEGURO Y GRATUITO. LEYDE EMERGENCIA CONTRA LAVIOLENCIA DE GÉNERO.-Contra toda forma deopresión sexual.