Los desalojos en el Valle del Polochic Una mirada a la problemática ...

29. La drástica limitación presupuestaria de las dependencias responsables del desarrollo
rural es un signo de que la promoción del desarrollo de las comunidades campesinas no
ha sido priorizado en los últimos años. En el caso del Fondo de Tierras, a pesar de que en
los Acuerdos de Paz se establecía el compromiso de dotarle de un presupuesto anual de
Q 300 millones, en los 11 años de gestión nunca se ha alcanzado dicha meta, llegando
incluso en algunos años (2006) a tan sólo aportarse Q 91 millones. Durante 2009 y 2010
el fondo no recibió recursos del presupuesto público. En 2011 recibió Q 82 millones y en
2012 Q 93 millones.
30. Además de ello, la Oficina ha observado que la atención institucional que pueden
llegar a recibir los 1,336 conflictos activos en torno a la tierra reconocidos por la SAA
a principios de 2013, se encuentra generalmente fragmentada en instituciones que se
ocupan de una dimensión parcial de la problemática, con mandatos, recursos humanos
o materiales limitados para poder brindar una solución integral. A pesar de los esfuerzos
realizados en los últimos años para atender un número importante de casos, el mandato
de la SAA, de mediar o conciliar, no ha sido suficiente para resolver el fondo de los conflictos
de tierra, más aún cuando existe una gran asimetría de poder de negociación entre las
partes. Cuando en el mejor de los casos se logran establecer procesos de diálogo, estos
se tornan sumamente desgastantes para las partes y, aún en los casos en que se pueda
llegar a algún acuerdo, nada garantiza que éste se hará efectivo.
31. El caso de los desalojos en el Valle del Polochic también revela estas insuficiencias.
Después de las ocupaciones de las fincas y a raíz de la ocupación de las instalaciones
del Fondo de Tierras por el Comité de Unidad Campesina (CUC), el 25 de noviembre de
2010 se instaló una mesa de diálogo con el fin de abordar la problemática general de
la tierra en el Valle del Polochic. En esta mesa participaron varias instituciones como el
Sistema Nacional de Diálogo, la SAA, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH),
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Instituto de Ciencia
y Tecnología Agrícola (ICTA), la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio
de Gobernación. También participaron el CUC, representantes de las comunidades
ocupantes y, en un primer momento, los representes legales del Ingenio Chabil Utzaj. La
principal demanda de las comunidades era que se conformara una comisión de alto nivel
que pudiera realizar una visita al Valle. Sin embargo, ésta nunca se conformó. El Ingenio
propuso reubicar a las familias en otra propiedad en las laderas de las montañas, pero
para los campesinos la propuesta era inviable por la baja calidad de la tierra y debido a
que había otras comunidades que ya vivían en la zona. Las reuniones duraron de octubre
de 2010 hasta marzo de 2011. De hecho la última reunión se llevó a cabo el 14 de marzo,
un día antes de los desalojos. La SAA informó que las posiciones de ambas partes eran
muy distantes y que no se había logrado acercar los posicionamientos. Los representes
del Ingenio Chabil Utzaj ya se habían levantado de la mesa un par de meses antes.
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Los desalojos en el Valle del Polochic