Actualidad

Edición Número 2 - Septiembre 2015 - Actualidad Criminológica UCJC
Imputado VS Investigado
Desde hace ya algunos años, prácticamente cada día
y muchas de las noches también, nos sorprenden los noticiarios
con que se ha desarrollado una macro operación
policial en la que se ha imputado a todo tipo de personas,
muchas de ellas vinculadas a los diferentes Gobiernos,
instituciones públicas, partidos políticos, mundo del
deporte, espectáculo, etc., en definitiva “ciudadanos de
referencia” para la mayoría de la sociedad. Estas situaciones
generan gran desconcierto, descontento y alarma
social en los ciudadanos, muchos de ellos profanos en conocimientos
jurídicos, que no logran visionar el encuadre
jurídico correcto.
Esta situación se encuentra tan de actualidad que
el propio Gobierno de la Nación ha intervenido recientemente,
incluyendo en la redacción del Proyecto de la
nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal una nueva
figura, la del “investigado”, en el intento de “descriminalizar”,
al menos mediaticamente, a las personas que acuden
ante las diferentes Autoridades Judiciales o policiales
a prestar su declaración como imputados.
La palabra “imputado” viene definida en el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española como “Dicho
de una persona: contra quien se dirige un proceso penal”.
Sinónimo de acusado, inculpado y procesado.
El siguiente paso que debemos dar en búsqueda de
la “verdad jurídica” de esta figura lo encontramos en el
Art. 384 de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, en
adelante LECRIM: “desde que resultare del sumario algún
indicio racional de criminalidad contra determinada persona,
se dictará auto declarándola procesada y mandando
que se entiendan con ella las diligencias….”. Aunque no
lo dice expresamente, al requerir Auto Judicial, limita a las
Autoridades Judiciales esta facultad.
En este ámbito judicial, la designación de una persona
inmersa en un procedimiento judicial por la palabra
“imputado”, entendiendo que deriva esta palabra de la
situación de procesado anteriormente citada, podría suponer
dos situaciones jurídicamente muy distintas, por el
momento procesal en que se realizan. En la primera de
ellas, la persona presta declaración judicial “en calidad de
imputado/procesado”. Esta situación supone que la Autoridad
Judicial ha informado a la persona a la que va a
tomar declaración de la existencia de indicios o pruebas
de criminalidad en su conducta investigada. Para garantizar
su derecho constitucional a la defensa, el imputado/
procesado en este momento del procedimiento penal
tiene derecho a no declarar. En caso de desear hacerlo,
a no declarar contra si mismo. También tiene derecho a
no confesarse culpable, a que se presuma su inocencia y
a ser asistido por un Abogado e incluso un intérprete, si
fuera preciso.
En la segunda de las situaciones jurídicas mencionadas,
nos encontraríamos inmersos en otra fase del proceso penal,
la prevista una vez conclusa la fase de instrucción, en
la que el Juez de Instrucción formula el Auto que pone
fin al procedimiento y establece los hechos que considera
probados, así como las supuestas responsabilidades pe-
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