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SALA DE TOGAS
Queridos compañeros y compañeras:
PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE
COLEGIOS DE ABOGADOS
Presidir desde ahora la Abogacía Andaluza es añadir con agrado una responsabilidad
ilusionante a las ya previamente asumidas. Las inexcusables exigencias democráticas
se han cumplido en la forma que determinan la Ley que el Parlamento de
nuestra Comunidad Autónoma dictó el 29 de diciembre de 1.995 y los Estatutos que,
una vez aprobados por las Juntas de Gobierno y ratificados por las Juntas Generales
de todos los Colegios de Abogados andaluces, fueron declarados adecuados a la legalidad
por el Consejo de Gobierno a través de la Orden de 11 de diciembre de 1.996. Obtenido
el respaldo de las urnas, proclamo mi compromiso con los compañeros y con los
Colegios de Abogados de Andalucía en el ejercicio de las tareas propias de la Presidencia
de nuestro Consejo.
No es empeño fácil. Los once Colegios andaluces agrupan alrededor de veinte
mil colegiados, de los que aproximadamente quince mil son ejercientes. En abril de¡
año pasado fueron transferidas las competencias en materia de Justicia a la Junta de
Andalucía. Al tiempo recaían sobre nuestro Consejo Autonómico, constituido como Corporación
de Derecho Público, amplias e importantes funciones. Y sucedo en el cargo a
una persona excepcional, don Julio Ramos Díaz, anterior Decano del Colegio de Cádiz,
que ha realizado una insuperable gestión en los muchos años que ha dedicado al Consejo,
desde que iniciara su andadura en virtud de un convenio entre los once Colegios
de Abogados Andaluces, hasta llevarlo a la situación de asunción de las importantes
responsabilidades que hoy le competen.
La Administración de Justicia está infradotada de medios en Andalucía. Gran
número de Organos Judiciales no funciona adecuadamente. Buena parte de las normas
procesales son obsoletas y la regulación de la oficina judicial deja su funcionamiento
al albur de la mayor o menor profesionalidad y sentido de la responsabilidad
de sus servidores, que puede ir desde la autoexigencia máxima hasta la nada infrecuente
laxitud en el ejercicio de la función pública. Esto atañe nada menos que al desempeño
de un servicio público, que es básico para la convivencia, la tutela de los derechos
y libertades, y, en definitiva, para la realización de la Justicia. Los poderes
legislativos y ejecutivos en los ámbitos estatal y autonómico y el propio Poder Judicial
tienen capacidad de inicia ti va y/o de decisión sobre las materias que nos conciernen. Y
la Justicia Gratuita sigue siendo una asignatura pendiente en la que abogados y Colegios
soportamos una carga insuficientemente retribuida y deficientemente regulada,
que precisa de reformas ineludibles.
No es fácil, pues, la labor. Los Colegios tienen perfectamente definida su genuina
misión, como también la tiene nuestro Consejo Autonómico, como a su vez la
tiene el Consejo General de la Abogacía. Comprometo mi palabra ante todos para intentar,
dentro del límite de mis nuevas responsabilidades, el ensamblaje de este puzzle,
desde la específica misión que me corresponde como Presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados.
Un cordial saludo
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