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Estamos construyendo el Ecuador del Buen
Vivir, cuyo centro es el ser humano, la vida y
la naturaleza. A partir de 2007, recuperamos y
repotenciamos la planificación que fue totalmente
relegada por el neoliberalismo que dejó
una institucionalidad desmantelada. Hemos
recuperado una institución con horizonte de
futuro −la Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo−, que programa la política pública
y orienta la inversión en las áreas que más
necesita la ciudadanía, tales como salud, educación,
carreteras, vivienda, entre otros. La planificación
evalúa de manera constante la consecución
del programa gubernamental, para
lo cual coordina la generación de información
oportuna y de calidad.
Nos adentramos en los territorios y sus
particularidades para lograr una mayor eficacia;
por ello es fundamental la planificación y
coordinación del Ejecutivo con los gobiernos
autónomos descentralizados (consejos provinciales,
municipios y juntas parroquiales). Ahora
contamos con un sistema de planificación descentralizado
y participativo, que evalúa las necesidades
en los propios territorios, lo cual nos
convierte en un modelo a seguir en la región.
El Plan Nacional para el Buen Vivir ha orientado
nuestro quehacer en base a doce objetivos:
1) Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración
social y territorial en la diversidad.
2) Mejorar las capacidades y potencialidades
de la ciudadanía.
3) Mejorar la calidad de vida de la población.
4) Garantizar los derechos de la naturaleza y
promover un ambiente sano y sustentable.
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5) Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar
la inserción estratégica en el mundo y la integración
latinoamericana.
6) Garantizar el trabajo estable, justo y digno,
en su diversidad de formas.
7) Construir y fortalecer espacios públicos
interculturales y de encuentro común.
8) Afirmar y fortalecer la identidad nacional,
las identidades diversas, la plurinacionalidad y
la interculturalidad.
9) Garantizar la vigencia de los derechos y
la justicia.
10) Garantizar el acceso a la participación
pública y política.
11) Establecer un sistema económico social,
solidario y sostenible.
12) Construir un Estado Democrático para
el Buen Vivir.
Planificación e inversión van de la mano.
Nunca más la inversión de los recursos de la ciudadanía
responderá a presiones políticas o a intereses
de las élites que despojaron al país. Los
recursos públicos ya no alimentan las fortunas
de las oligarquías. Ahora la inversión pública es
un motor de la economía que se complementa
con la inversión privada. Esta planificación de
los recursos nos permite enfrentar en forma
adecuada las recurrentes crisis económicas y
financieras internacionales, y reduce nuestra
dependencia externa.
Hemos tenido una participación activa en
el concierto internacional y se ha promovido
un nuevo orden mundial multipolar, más jus-
to y democrático. La integración energética,
defensa, infraestructura, investigación, ciencia
y tecnología, han sido prioridades estratégicas
de nuestro gobierno. Hemos contribuido al fortalecimiento
de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y a la
creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC).
Hemos aportado significativamente al diseño
de un nuevo orden monetario y financiero
regional, que tiene como punto de partida
la creación del Banco del Sur. Se ha creado el
Fondo Común de Reservas del Sur. El Sistema
Único de Compensaciones Regionales (SUCRE)
es ya una realidad; entre 2010 y 2012 se han
realizado transferencias por aproximadamente
US$ 851 millones.
Impulsamos un sistema de comercio e inversión
sustentado en la justicia y la solidaridad,
que genera mecanismos de control a las
corporaciones multinacionales. Rechazamos
frontalmente que controversias con empresas
privadas extranjeras se conviertan en conflictos
entre Estados. La Corte Constitucional declaró
inconstitucionales a 11 Tratados Bilaterales
de Inversión (TBI) que son instrumentos de las
transnacionales para saquear al país por medio
de obscuros procesos de arbitraje internacional.
Renegociamos de manera soberana la deuda
externa, aquel oprobioso mecanismo de dominación
hacia los pueblos del Sur. Por primera
vez en la historia, no solamente del Ecuador,
sino del mundo entero, un gobierno impulsó
un proceso de auditoría pública de la deuda externa
y declaró ilegítimos e inmorales algunos
de sus tramos. Mientras en gobiernos anteriores
lo fundamental era el servicio de la deuda
externa, en nuestro gobierno la vida está sobre
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PROGRAMA DE GOBIERNO 2013 - 2017
la deuda y por ello la inversión social ha triplicado
el servicio a la deuda externa. En 2006, por
cada dólar invertido en el sector social, se destinaban
US$ 1,8 al pago de la deuda. En 2011,
pagamos por deuda externa 33 centavos por
cada dólar invertido en la población.
En todo momento hemos apoyado y protegido
a nuestros hermanos migrantes, pues
somos partidarios de la libre circulación de personas
y de la ciudadanía universal. Rechazamos
las políticas migratorias de aquellos países del
Norte que defienden la libre circulación de las
mercancías y del capital y crean muros entre los
seres humanos.
Somos un pueblo de paz. Con la recuperación
de la base militar estadounidense en
Manta, ejercimos nuestra soberanía en todo el
territorio del país. Nunca más tendremos bases
militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
Así como fuimos firmes para defender nuestra
soberanía, no permitimos que el Banco Mundial
(BM) o el Fondo Monetario Internacional
(FMI) nos entreguen recetas para obligarnos a
cumplir condiciones. Nuestro proyecto económico
lo hemos decidido soberanamente los y
las ecuatorianas con un gobierno popular con
profunda convicción democrática y voluntad
de transformación estructural de las relaciones
económicas, políticas y sociales.
Dicha voluntad de cambio ha implicado que
la confrontación con los poderes fácticos, dentro
y fuera del país, no haya cesado ni un solo
día desde que accedimos al ejercicio del gobierno
en 2007. Hemos enfrentado democráticamente
esos ataques, pues creemos que no
puede haber democracia sin una separación
entre el poder político derivado de la voluntad
popular y el poder de las élites económicas. No
vamos a permitir que los intereses económicos