programa_de_gobierno_2013-20171

El bioconocimiento y la valoración de los
servicios ecosistémicos articulan el patrimonio
natural con el talento humano, la investigación,
la tecnología y la innovación. Este enfoque representa
una enorme oportunidad para diversificar
la matriz productiva del país
Hacia una sociedad
de los bienes y derechos
comunes
El Ecuador impulsa una posición nacional
en materia de los bienes comunes globales.
Ésta implica el derecho humano al agua, los
derechos de la naturaleza, y los principios de
responsabilidades comunes pero diferenciadas
frente al cambio climático.
La preservación de los bienes y derechos comunes
es el punto de partida para la obtención
del bienestar general y, por tanto, para el mejoramiento
de las condiciones de vida de los seres
humanos. Es el resultado de una voluntad
política colectiva.
Los bienes comunes son aquellos que pertenecen
a todo el mundo en el presente y en el futuro.
Los bienes públicos son aquellos a los que
todo el mundo debe tener derecho aquí y ahora.
Lo común es de todos y lo público es para todos.
La idea del bien común propone no sacrificar el
futuro para alimentar el presente, la idea del bien
público añade a esto que no se puede preservar
el futuro sacrificando el presente.
Estos conceptos van en contra del “todomercado”
que ataca la existencia de bienes comunes
indivisibles, inalienables, inajenables e
incondicionalmente accesibles y utilizables por
todos y todas. De la edificación y protección de
los bienes comunes, se deriva una nueva visión
de la sociedad en la que el ser humano pasa a
42
ocupar un lugar central en la visión normativa
de la economía. Es priorizar la lógica del valor
de uso sobre el valor de cambio, así como la lógica
de la no-acumulación en contra de la pura
lógica capitalista del lucro incesante.
La idea de lo común es el reconocimiento de
la imposibilidad de reproducir lo social y el Buen
Vivir en sociedad, sin la participación horizontal
de todas las formas de existencia social en un
proyecto de máxima igualdad, máximo reconocimiento
y máxima cooperación productiva.
Hacia una sociedad
pluralista, participativa
y autodeterminada
Un Estado efectivamente democrático requiere
instituciones políticas y modos de gobierno
públicos. Estas deben sostenerse mediante
una estructura de representación política
pluralista y la apertura de espacios de participación
ciudadana para acrecentar su poder de incidencia
pública, sus capacidades de auto-gobierno
y de organización social autónoma.
El gobierno democrático participativo entraña
la presencia de una ciudadanía activa y
de fuertes movimientos sociales que trabajen
en redes abiertas con los agentes estatales,
para tratar cuestiones locales y temas nacionales.
También es necesario institucionalizar múltiples
espacios de participación a fin de que la
ciudadanía gane capacidad de influencia y de
control sobre las decisiones políticas.
La innovación institucional participativa democratiza
la gestión pública y la vuelve más eficiente,
por cuanto se sustenta en las demandas
y en la información producida colectivamente
durante el diálogo público entre la sociedad y
el Estado. En la medida en que dicha participa-
ción logra activar el interés y el protagonismo
de los sectores más desfavorecidos, tiene además
consecuencias concretas en una redistribución
más justa de la riqueza social.
Las bases sociales de la democracia participativa
apuntan alcanzar un tipo de igualdad
sustantiva que posibilita la reciprocidad entre
sus miembros. Ello permite integrar a los diferentes
actores en un proceso de diálogo, en el
que intereses y objetivos en conflicto se evalúan
y jerarquizan de acuerdo a un conjunto de
criterios definidos públicamente y entre iguales.
Hacia la soberanía
y la integración de
los pueblos
Bajo los principios de la libertad, la soberanía
y la autodeterminación de los estados nacionales,
la consecución de un nuevo orden internacional
debe fomentar la construcción de
un mundo multipolar, las relaciones pacíficas
entre los pueblos y el bienestar general de la
humanidad.
La Revolución Ciudadana promueve la conformación
de un orden global multipolar con
la participación activa de bloques económicos
y políticos regionales, y el fortalecimiento de
las relaciones horizontales para la construcción
de un mundo justo, democrático, diverso e
intercultural. La multipolaridad de las relaciones
internacionales supone democratizar las
instituciones de la gobernanza global, a fin de
re-equilibrar el poder de los centros hegemónicos
del globo con los intereses de todas las
naciones y reconstruir un escenario en que las
organizaciones internacionales se pongan al
servicio de los pueblos y no de los poderes de
las potencias económicas y militares.
43
PROGRAMA DE GOBIERNO 2013 - 2017
También propugna la solución pacífica de
las controversias y los conflictos internacionales.
Promueve la paz y el desarme universal, defiende
el principio de ciudadanía universal, la libre
movilidad de todos los habitantes del planeta y
el progresivo fin de la condición de extranjero.
La integración de los pueblos del Sur del
globo, de las naciones latinoamericanas y de
otros bloques regionales, aparece como condición
clave para avanzar en un nuevo balance
del poder global que haga un efectivo contrapeso
a los intereses de las grandes potencias.
Esto permitirá ampliar la agenda internacional
hacia cuestiones hasta ahora relegadas a un
segundo plano en los foros internacionales
(descolonización, cambio climático, ciudadanía
universal, etc.).
La Revolución Ciudadana impulsa la integración,
política, cultural y económica de la región
andina, de América del Sur y de Latinoamérica,
para favorecer la consolidación de organizaciones
de carácter supranacional conformados
por los estados de América Latina y del Caribe,
así como la suscripción de tratados y otros instrumentos
integrales de integración regional.
Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión
entre los estados que se sustente en la
justicia y la solidaridad.
Hacia un Estado
democrático, plurinacional
y laico
La visión de un Estado plurinacional, megadiverso
y plural, busca la descolonización
del Estado, el reconocimiento político de la diversidad
étnica, regional y sexual, y promueve
una sociedad identificada con los sentidos de
lealtad y pertenencia a la comunidad política.
La figura del ciudadano como titular de unos