programa_de_gobierno_2013-20171

ahorramos US$ 50 millones por año. En 2012,
el 65% de la energía eléctrica que consumimos
proviene de fuentes hídricas, mientras que en
2006 este porcentaje era apenas del 46%.
Con este conjunto de políticas soberanas,
mientras la crisis capitalista arrecia en el Norte
rico del planeta, el Ecuador exhibe unas robustas
cifras económicas que combinan una tasa
de crecimiento del 7.8% en 2011, una de las tasas
de desempleo urbano más bajas de los últimos
años —la más baja de la región (4,6%)— y
la continuidad de las políticas distributivas con
reducción de la pobreza y la desigualdad social.
En efecto, estas medidas han dado paso a algo
fundamental para un proyecto de izquierda:
redistribuir la riqueza y avanzar hacia la justicia
social. En sociedades estructuralmente inequitativas
como la ecuatoriana, no se puede pensar
en un proceso de ampliación de las oportunidades
sociales sin afectar la desigualdad. Por
consiguiente hemos dado prioridad a la redistribución
del ingreso y de la riqueza socialmente
generada.
La desigualdad por ingresos medida por el
coeficiente de Gini ha caído en 7 puntos desde
que asumimos el gobierno. Mientras en 2006,
el 10% más rico percibía 28 veces más ingresos
que el 10% más pobre, en 2011 esta brecha se
redujo en 10 veces. De modo simultáneo, redujimos
la pobreza por ingreso en 12 puntos
entre 2006 y 2012. Por primera vez en la historia
del país la pobreza extrema por ingresos llegó
a un dígito (9%) en junio de 2012.
Todo ello ha sido posible gracias al cambio
de prioridades: la renegociación soberana de la
deuda externa que priorizó la inversión social,
la recuperación de los recursos naturales para
los ecuatorianos y las ecuatorianas, y una política
tributaria que hace realidad el principio de
que quienes más tienen deben ser quienes más
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contribuyan - entre 2006 y 2011 logramos duplicar
la recaudación sin crear nuevos impuestos.
El dinamismo de la economía y el combate
a la desigualdad no se sostienen en la precarización
del trabajo como fue lo usual en
tiempos neoliberales. La lucha por condiciones
laborales dignas ha ocupado un lugar preferente
para la Revolución Ciudadana porque el
trabajo, a más de ser una fuente de bienestar,
de generación de riqueza y de realizaciones, es
el principal mecanismo de integración social y
de articulación entre la esfera social y la económica.
En respuesta a las demandas sociales
represadas desde hace una década, la Revolución
Ciudadana eliminó la tercerización laboral,
incrementó la cobertura de la seguridad social
(de 25,7% en 2007 a 37,9% en 2011 de la población
económicamente activa; y de 41,3% a
61,7% en ocupados plenos), impulsó la formalización
y protección del trabajo de las empleadas
domésticas, e incrementó el salario mínimo
mensualizado de US$ 187 en diciembre de
2006 a US$ 341 en septiembre de 2012.
El trabajo es más importante que el capital.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana hizo
efectivo el mandato popular de tipificar como
delito la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) de los trabajadores en
relación de dependencia. También se ha dado
cabal cumplimiento al principio constitucional
que establece el salario digno. Ningún empresario
puede cobrar utilidades sin que antes sus
trabajadores reciban un salario que permita a
su familia cubrir la canasta básica.
Los maestros, servidores de la salud, policías
y militares recibían antes sueldos de miseria. El
Gobierno Nacional aumentó sus salarios y mejoró
sus condiciones laborales. El Estado hace
efectivo el ejercicio de los derechos a la educación,
a la salud y a la seguridad. Todo ello
aparece como señal contundente de que el
proceso de cambio iniciado ha dado primacía
al trabajo sobre el capital y ha modificado la lógica
que hizo del Estado una herramienta de
las clases dominantes.
La revolución educativa es ya una realidad.
Hemos incrementado el acceso a la educación
en todos sus niveles. El acceso gratuito a la
educación superior ha permitido que las personas
más pobres, los pueblos indígenas y los
afroecuatorianos dupliquen su porcentaje de
matrícula en las universidades.
Hemos impulsado el programa de becas
más ambicioso de la historia con más de 5.000
becas para que nuestros jóvenes puedan estudiar
en universidades extranjeras. Los 7 gobiernos
anteriores juntos apenas entregaron 300
becas. Premiamos la excelencia. Los estudiantes
con mayores calificaciones pueden escoger
a las mejores universidades del mundo, y son
financiados por el gobierno nacional.
Evaluamos a las universidades y tuvimos
que cerrar 14 de ellas que constituían una estafa
académica a las y los jóvenes del país. Lo
hicimos con responsabilidad y aplicamos un
plan de contingencia para que los estudiantes
estafados puedan reconducir sus carreras universitarias
en mejores condiciones.
Hemos liberado a la educación, secuestrada
durante años por el MPD, que la usó como
fuente de poder y la mantuvo en la mediocridad,
la violencia y la desidia. Hemos creado
nuevas partidas docentes. Ahora los profesores
acceden a la cátedra por concurso de merecimientos
y son evaluados periódicamente. Se
ha implementado el nuevo currículum para el
bachillerato nacional unificado. Estamos construyendo
un sistema educativo de calidad, con
maestros bien remunerados, una educación
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PROGRAMA DE GOBIERNO 2013 - 2017
basada en la evaluación, en el mérito, con infraestructura
adecuada, laboratorios y certificaciones
internacionales.
La Revolución Ciudadana ha caminado hacia
la despolitización y desmercantilización del
sistema de justicia. La Consulta Popular del 7 de
mayo de 2011 significó un gran paso para romper
con el antiguo sistema de administración
de justicia que se caracterizaba por los altos
niveles de ineficiencia de sus operadores, así
como también por la proliferación de múltiples
casos de corrupción de abogados, jueces, servidores
administrativos y fuerzas policiales. Derivado
de la demanda ciudadana, se llevó adelante
el proceso de transformación del sistema
con la creación de un Consejo de la Judicatura
de Transición.
Se fortaleció la institucionalidad de la administración
de justicia para contar con suficientes
operadores, judicaturas acordes con las
necesidades de la población, nuevos espacios
físicos modernos y con tecnologías de punta,
complementados con una capacitación orientada
a un nuevo modelo de gestión que optimizará
el tiempo de los trámites. Se eliminaron
prácticas clientelares para la designación de
operadores de justicia, en lo relacionado con el
ingreso, la evaluación, la promoción, el ascenso,
la cesación y la remoción de los funcionarios
judiciales. Fueron construidos espacios de
diálogo interinstitucionales para generar una
articulación en la acción de las instituciones
de justicia con los otros poderes del Estado. Y
se concretaron proyectos de Ley sobre delitos
flagrantes y tránsito, género, justicia de paz y
ambiente, entre otros.
Se han invertido ingentes recursos económicos,
logísticos y educativos destinados a recuperar
la capacidad operativa de las fuerzas
de seguridad, con la finalidad de tener un me-