Daños producidos por especies silvestres

silvestres, son por tanto los primeros sujetos merecedores de protección y en tal aspecto
aparecen incluidos, y bien incluidos, en el art. 1 de la ley, donde se diseña el perímetro de su
objeto. Ahora bien, hemos de aislar un primer grupo de artículos (26,2 y 4 y 28............. Todos
ellos tienden muy directa e inmediatamente a la finalidad de conservación y mejora de los animales
y las plantas, que forman parte del medio ambiente.
En tal sentido se indican, ante todo, los objetivos a conseguir por las Administraciones
publicas competentes mediante medidas, actos de ejecución en suma, objetivos configurados con
carácter tan esquemático como genérico, que permiten un amplio margen o una gran holgura de
movimientos. "Se atenderá preferentemente a la preservación de sus hábitats y se establecerán
regímenes específicos de protección para las especies, comunidades y poblaciones cuya situación
así lo requiera, incluyéndolas en alguna de las cuatro categorías que se definen mas allá (arts. 26.4
y 29), inclusión que produce como efecto automático la prohibición de dar muerte, dañar, molestar
o inquietar intencionadamente a esos animales y que se extiende a la captura en vivo o a recolectar
sus huevos o crías, a la posesión, trafico y comercio domestico o exterior de ejemplares vivos o
muertos o de sus restos, así como a alterar y destruir la vegetación (art. 26,4). Por otra parte, se
reconoce a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia la posibilidad de
establecer, además de las categorías de especies amenazadas relacionadas en el art. 29, otras
especificas, determinando las prohibiciones y actuaciones que se consideren necesarias para su
preservación (art. 32)."
"c) La protección de las especies en relación con la caza y la pesca continental. Cap. 3º (arts.
33 y 34).
VIGESIMOQUINTO.- En este lugar, la ley da un segundo quiebro, mas acusado aun que el
anterior, si bien lejanamente emparentado con el -la fauna y la flora-, pero con una dimensión muy
distinta. La caza y la pesca son actividades tan antiguas como el hombre............ Por lo dicho, con
una concisión que pretende ser expresiva, tienen una influencia directa para la supervivencia
de la fauna silvestre, como elemento del medio ambiente."
Este DEBER CONSERVACIONISTA Y PROTECCIONISTA DE LA FAUNA,
recogido en nuestra constitución se ha visto corroborado por su propia Jurisprudencia
del Tribunal ;
-TC Pleno, S 14-03-2000, núm. 73/2000, Fecha BOE 14-04-2000. Pte: González
Campos, Julio Diego
"......En efecto, así resulta con claridad en atención al bien jurídicamente protegido,
dada la relevancia que la Constitución atribuye al medio ambiente al configurar en su
art. 45 "un derecho de todos a disfrutarlo y un deber de conservación que pesa sobre
todos, más un mandato los poderes públicos para la protección" (STC 102/1995, de 26
de junio, FJ 4)."
Por lo tanto podemos afirmar como premisa "todos los animales salvajes"
son un bien común que pertenecen a una sociedad, y sus poderes públicos se
encuentran obligados a su protección, y preservación de agentes extraños.
Es precisamente en el cumplimiento de su obligación de preservar el medio
ambiente, por el Estado y la Administraciones de la Comunidades Autónomas se ha
establecido como definidoras de las políticas activas protección y delimitación de
formas de actuación en fincas rurales, tanto en los sistemas de cultivo, y prohibición de
utilización de productos químicos prohibidos ó que pudiesen afectar al medio ambiente
y su entorno natural, devastación y corta indiscriminada de montes y delimitación
exhaustiva de la caza mediante los planes cinegéticos especiales, afectando con ello de
forma directa al Derecho de Propiedad, protegido en nuestra Constitución en su art. 33,
pero sometido su alcance jurídico al interés público por imperativo en nuestro caso de
los art. 128 y 45 del mismo cuerpo legal. En este sentido podemos encontrar la
sentencia ;
TC Pleno sec. 4ª , S 29-11-1988, núm. 227/1988, Fecha BOE 23-12-1988. Pte: Leguina
Villa, Jesús
"La Constitución sanciona una garantía de la propiedad y de los bienes y derechos
patrimoniales de los particulares (art. 33). Pero esta garantía no es absoluta, ya que el art.
128.1 establece que "toda la riqueza del país en sus distintas formas está subordinada
al interés general", y, por lo que aquí interesa, el art. 45.2 impone a los poderes
públicos el deber de velar "por la utilización racional de todos los recursos naturales,
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