Daños producidos por especies silvestres

Con respecto a nuestro amigo el corzo, dada la escasez de predadores, el
escaso interés que hubo sobre él durante muchos años por parte del hombre,
y la especial territorialidad de los machos, entre otras razones ha ocasionado
el desplazamiento permanente de la especie a lo largo del territorio, siendo
un hecho que es una especie ha aumentado y se ha expandido de una manera
absolutamente natural, apareciendo donde hacía muy poco tiempo no existía,
o no se conocía su existencia. Un Cazador extremeño puede perfectamente
cazar un corzo con padres o abuelos Castellano-Leoneses.
Este INTERÉS en cambio es INEXISTENTE para la PROPIEDAD,
mientras no exista identidad entre PROPIETARIO y titular del aprovechamiento
cinegético NO EXISTE VINCULACIÓN ALGUNA del animal salvaje con la misma, y
ni tan siquiera existe UN INTERÉS ESPECÍFICO de la propiedad nada le vincula y
NO EXISTE NINGUNA RAZÓN LÓGICA para atribuirle los daños que generen tales
animales.
Los Legisladores al dictar el art. 33 de la Ley de 1970 y las respectivas
normas de las diferentes leyes de las Comunidades Autónomas, parten de un
presupuestos jurídicos base erróneos ó FALSOS ;
1) CONSIDERAN LOS LEGISLADORES QUE LA ÚNICA
PERSONA Ó ENTIDAD QUE OSTENTA INTERÉS SOBRE LA PIEZA
CINEGÉTICA ES EL TITULAR DEL COTO O RESERVA DE DONDE
TEÓRICAMENTE "PROCEDE", Y ES SOLO ESTE EL QUE HA DE
RESPONDER DE LOS DAÑOS.
Esto es, el LEGISLADOR HACE UN REPARTO INJUSTO DE LA
RESPONSABILIDAD, imputando LA TOTALIDAD de la misma a un teórico coto
o reserva interesado en la pieza cinegética, cuando quien realmente ostenta un
mayor interés no responde de nada por tal concepto.
Como establece la jurisprudencia del Tribunal al que me dirijo, el resultado de
la norma ó su aplicación, nunca puede llegar a dar lugar a resultado injusto, por
impedirlo el precepto general de Justicia del art. 1.1 e Igualdad del art. 14 de nuestra
Constitución, y por que ello implicaría, que la norma ó su aplicación es arbitraria,
cuestión vetada a los Poderes Públicos por imposición del Principio de Interdicción
de la Arbitrariedad recogido en el art. 9.3 ;
-TC Pleno, S 20-06-2000, núm. 181/2000, Fecha BOE 28-07-2000. Pte: García
Manzano, Pablo
"Pues bien, es oportuno traer a colación la doctrina de este Tribunal sobre el
derecho a la igualdad en la ley (art. 14 CE), y que puede considerarse resumida en el FJ 1
de la STC 144/1988, de 12 de julio, en el que se declaró que el principio de igualdad
prohibe al legislador "configurar los supuestos de hecho de la norma de modo tal
que se dé trato distinto a personas que, desde todos los puntos de vista legítimamente
adoptables, se encuentran en la misma situación o, dicho de otro modo, impidiendo
que se otorgue relevancia jurídica a circunstancias que, o bien no pueden ser jamás
tomadas en consideración por prohibirlo así expresamente la propia Constitución, o bien
no guardan relación alguna con el sentido de la regulación que, al incluirlas, incurre
en arbitrariedad y es por eso discriminatoria.
..........es que ha de constatarse siempre mediante un criterio de carácter relacional que,
cuando se proyecta sobre el legislador requiere -como presupuesto obligado- la previa
comprobación de que, como consecuencia de la medida legislativa impugnada, se ha
introducido directa o indirectamente una diferencia de trato entre personas. Sólo
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