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14 Jurisprudencia DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: DESAPARICIÓN FORZADA SENTENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2011 Caso Gelman Vs. Uruguay (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas) 1. Antecedentes María Claudia García y Marcelo Gelman Schubaroff fueron detenidos al amanecer del 24 de agosto de 1976 por comandos militares uruguayos y argentinos. Ellos fueron llevados al centro de detención clandestino conocido como “Automotores Orletti”, en Buenos Aires (Argentina). Allí Marcelo Gelman fue torturado desde el comienzo de su cautiverio y posteriormente ejecutado. Por su parte, María Claudia García fue trasladada clandestinamente a Montevideo (Uruguay) por autoridades uruguayas en octubre de 1976, en avanzado estado de embarazo, y fue alojada en la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. A fines de octubre o comienzos de noviembre de ese año, María Claudia García fue trasladada al Hospital Militar, donde dio a luz a una niña. Tras el parto, ella fue devuelta al SID, junto con su hija, y ubicada en una habitación en planta baja, separada del resto de los detenidos. En diciembre, la señora García y su hija fueron transportadas a otro lugar de reclusión clandestino. A finales de ese mes le arrebataron a su hija recién nacida y la retiraron del SID. No se conoce con certeza cuál fue el destino de la señora García luego de esa fecha. La niña fue dejada en la casa de un policía uruguayo y su esposa ubicada en Montevideo. La pareja, que no tenía hijos, se quedó con la niña y la registró como propia bajo el nombre de María Macarena Tauriño Vivian. Muchos años después, a la edad de 23 años, María Macarena Tauriño tuvo por primera vez contacto con su abuelo paterno, Juan Gelman, enterándose así de los hechos que rodearon la desaparición de sus padres biológicos. Por ello, solicitó a la autoridad competente que su nombre sea cambiado por el de María Macarena Gelman García. Estos actos fueron cometidos por agentes estatales de seguridad e inteligencia uruguayos y argentinos en el marco de la “Operación Cóndor”. La ejecución de esta operación se caracterizó por la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. Cabe mencionar que hasta la fecha no se conocen el paradero de María Claudia García ni las circunstancias en que su desaparición tuvo lugar, debido a que la Ley N° 15.848 o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (en adelante “Ley de Caducidad”), promulgada en 1986 ha impedido realizar cualquier tipo de investigación conducente a descubrir la verdad. 2. Demanda Boletín del Observatorio de Criminalidad del <strong>Ministerio</strong> <strong>Público</strong> La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Comisión) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte) que declare a Uruguay responsable por la violación de los artículos 8.1. (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Sumilla: La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Uruguay por la desaparición forzada de una ciudadana argentina que se encontraba en avanzado estado de embarazo, así como por la supresión de la identidad y nacionalidad de su menor hija, quien fue entregada a una familia uruguaya. Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, CADH) en relación con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en adelante, CIDFP), así como de los artículos 1, 6, 8 y 11 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante, CIPST), en perjuicio de Juan Gelman, María Claudia García de Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares. En segundo lugar, la Comisión alegó la violación de los artículos 3 (derecho a la personalidad jurídica), 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (derecho a la libertad personal) y 1.1. (obligación de respetar los derechos) de la CADH, en relación con los artículos I.b, III, IV y V de la CIDFP y con los artículos 6 y 8 de la CIPST, en perjuicio de María Claudia García. En tercer lugar, solicitó que se declare la violación del artículo 5.1. en relación con el artículo 1.1. de la CADH, respecto de Juan Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares. En cuarto lugar, alegó la violación de los artículos 3, 11 (protección de la honra y dignidad), 18 (derecho al nombre), 19 (protección de los niños) y 20 (derecho a la nacionalidad) de la CADH, en relación con el artículo 1.1., respecto de María Macarena Gelman. Finalmente, alegó la violación del artículo 17 de la CADH (protección de la familia), en conexión con el artículo XII de la CIDFP y el artículo 1.1. de la CADH, respecto de Juan Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares. 3. Derechos vulnerados 3.1. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad y a la libertad personal de María Claudia García, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos (párrafos 41 al 101) En el presente caso la Corte analizó los elementos de la desaparición forzada de personas en relación con lo ocurrido con María Claudia García, tomando en cuenta el contexto de práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas en el que ocurrieron los hechos de este caso. La Corte reconoció que María Claudia García se encontraba en avanzado estado de embarazo cuando fue secuestrada en Buenos Aires por autoridades argentinas y permaneció privada de su libertad en centros clandestinos de detención ubicados en Argentina y en Uruguay. Esta privación de la libertad fue manifiestamente ilegal y constituyó un flagrante incumplimiento de la obligación estatal de mantener a las personas privadas de libertad en centros de detención oficialmente reconocidos y presentarlas sin demora ante la autoridad judicial competente. La Corte reconoció también que se violó el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de María Claudia García porque su traslado desde Argentina a Uruguay pretendió sustraerla de la protección de la
ley en ambos Estados, tanto por su permanencia en centros clandestinos de detención, como por haber sido forzada a salir de su país sin ningún tipo de control migratorio. La desaparición forzada de María Claudia García también vulneró su derecho a la integridad personal porque el solo hecho del aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva representaba un tratamiento cruel e inhumano. Seguidamente la Corte llamó la atención sobre el hecho de que la señora María Claudia García se encontraba embarazada cuando fue detenida, lo cual constituía una condición de particular vulnerabilidad que determinó que se produjera una afectación diferenciada respecto de ella. Asimismo, consideró que los hechos de este caso revelaban una particular concepción del cuerpo de la mujer que atentaba contra su libre maternidad, aspecto que forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. La Corte señaló también que la preparación y ejecución de la detención y posterior desaparición forzada de María Claudia García no habrían podido realizarse sin el conocimiento u órdenes superiores de las jefaturas militares, de policía e inteligencia de ese entonces, o sin su colaboración, aquiescencia o tolerancia, manifestadas en diversas acciones realizadas en forma coordinada por miembros de los cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia (e inclusive diplomáticos) de los Estados involucrados. 3.2. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, del niño, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad y a la integridad personal de María Macarena Gelman y de Juan Gelman, y la obligación de respetar los derechos (párrafos 102 al 138) La Corte reconoció que María Macarena Gelman sufrió la vulneración de su derecho a la integridad psíquica y moral a partir del momento en que descubrió su verdadera identidad. Esta violación fue producida por la desaparición forzada de su madre, por haberse enterado de las circunstancias de la muerte de su padre biológico y por la falta de investigaciones efectivas para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, la supervivencia y desarrollo de María Macarena Gelman se vieron en riesgo por haber sido separada de sus padres biológicos, lo cual constituye una afectación de su derecho a la vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la sustracción de María Macarena Gelman al poco tiempo de su nacimiento y su entrega a otra familia afectaron profundamente la integridad personal de su madre, María Claudia García, y constituyeron actos graves de violencia contra la mujer. La situación que vivió María Macarena Gelman también afectó su derecho a la identidad. Si bien este derecho no se encuentra expresamente contemplado en la CADH, puede ser determinado sobre la base de lo dispuesto por el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Al respecto, la Corte señaló que el nombre y el apellido son esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los diferentes miembros de la familia, por lo cual los Estados deben garantizar que la persona sea registrada con el nombre elegido por ella o por sus padres sin ningún tipo de restricción y, una vez registrada, que sea posible preservar y restablecer su nombre y su apellido. En el caso de la señora María Macarena Gelman, ella vivió con otro nombre e identidad durante más de 23 años, lo cual constituyó un medio para suprimir su identidad y ocultar la desaparición forzada de su madre. Los hechos del caso permiten apreciar que el traslado ilícito a otro Estado de la madre de María Macarena Gelman en estado de embarazo frustró el nacimiento de la niña en el país de origen de su familia biológica, lo que tuvo como consecuencia que adquiriera la Jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos nacionalidad uruguaya por una situación arbitraria. Según la Corte, esto constituye una afectación del derecho a la libertad personal de María Macarena Gelman. La Corte consideró también que se afectó el derecho a la integridad psíquica de Juan Gelman, abuelo de María Macarena Gelman, debido a las consecuencias que sufrió a raíz de los hechos del caso y a su búsqueda de justicia. Adicionalmente a ello, las acciones cometidas por el Estado vulneraron el derecho de protección a la familia de Juan Gelman, al imposibilitar u obstaculizar su permanencia con su núcleo familiar y al impedirle restablecer relaciones con su nieta biológica. 3.3. Derechos a las garantías judiciales y protección judicial en relación con la obligación de respetar los derechos, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno y las obligaciones sobre investigación derivadas de la CIDFP (párrafos 139 al 246) La obligación internacional de procesar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos se desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la CADH. En casos de desaparición forzada, esta obligación adquiere particular importancia, teniendo en cuenta que la prohibición de este delito y las obligaciones de investigarlo y sancionar a los responsables del mismo han alcanzado el carácter de ius cogens. En el caso uruguayo, la Corte reconoció que la forma en que había sido interpretada y aplicada la Ley de Caducidad había afectado la obligación internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos referidas a la desaparición forzada de María Claudia García y de María Macarena Gelman. Frente a ello, la Corte reafirmó que las normas que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos, lo cual ha sido reconocido por todos los sistemas regionales de protección de derechos humanos. La Corte precisó también que el hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede legitimidad ante el Derecho Internacional. Ello es así debido a que la legitimación democrática de determinados hechos o actos está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la CADH. En tal sentido, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, su protección constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas. 4. Reparaciones (párrafos 247 al 311) En primer lugar, el Estado deberá conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las sanciones que la ley prevea. En segundo lugar, el Estado deberá continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García o de sus restos mortales y de ser el caso, entregarlos a sus familiares. En tercer lugar, el Estado deberá garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y sanción de los responsables de los mismos. En cuarto lugar, el Estado deberá colocar, en el plazo de un año, una placa en el edificio del Sistema de Información de Defensa (SID), con la inscripción del nombre de las víctimas y de todas las personas que estuvieron detenidas ilegalmente en dicho lugar. 15
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