hacia un enfoque del derecho procesal que responda a ... - EGACAL

Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista 2006
Encontramos, pues, algunos obstáculos a sortear en aras de instrumentar un cambio que
responda a la sociedad. Consideraremos aquí los más notables de los imbricados en la
esfera macro-procesal sistemática. Los problemas relacionados con la insuficiente
asignación e inapropiada distribución de los recursos del poder judicial, elección y
desempeño de los jueces, actuación profesional de los abogados, organización de la
justicia, etcétera, etcétera, exceden el marco de estas líneas, que modestamente se
limitan a recapacitar sobre el modelo vigente y abrir la discusión sobre otras
alternativas.
En primer lugar observamos un “sistema” procedimental conformado con elementos
antagónicos y, por tal razón, sostenido a través de la traslación del eje del poder que
debe reposar en las partes hacia el juez. De tal modo, el protagonismo pasa de los
particulares al Estado. Ello conlleva a una sobrecarga de tareas judiciales innecesarias
inspiradas en un paternalismo impracticable, que deriva necesariamente en morosidad
judicial. También facilita la tarea de los magistrados que prefieren manejarse como
pretores o gustan legislar cuando no les corresponde, generando lo que se ha dado en
llamar “decisionismo judicial”. La modificación de este aspecto incumbe
fundamentalmente a la política legislativa, previo a un debate amplísimo al que no se
pueden sustraer los procesalistas y los operadores del sistema.
En segundo término, la confusión terminológica y conceptual, apuntalada por la
difundida cultura del facilismo de estos días, ayuda a simplificar y subsumir en forma
contraproducente diversos institutos y figuras procedimentales. Y como consecuencia
inevitable, se cae en un lenguaje equívoco que no distingue aspectos fundamentales.
Ergo, da lo mismo referirse a jurisdicción que a competencia, a procesó que a
procedimiento, a acción, que a pretensión o demanda. El río se revuelve y quien acude a
la justicia pierde. Revertir este segundo aspecto requiere de los operadores del sistema –
jueces, abogados, litigantes – un importante esfuerzo.
Tercero, la legislación y la doctrina mayormente no diferencian acabadamente las
diferentes actividades desplegadas por las partes y el juez a lo largo del procedimiento,
desdibujando límites imprescindibles en una república.
Cuarto, se verifica, repetidamente una tendencia a privilegiar la meta sin importar en lo
mínimo el método: esto implica dejar de lado el debido proceso, el derecho de defensa
en juicio y la igualdad de las partes, vapuleando la Constitución Nacional. No se respeta
la prevalencia constitucional en el ordenamiento. De esta manera, ante un conflicto
entre la norma procedimental y la Constitución Nacional, siempre aparece una teoría o
un antecedente para invocar y que justifique inclinarse por la primera.
En éste cóctel de factores diversos, inexorablemente la inseguridad jurídica aparece
sobrevolando el modelo. Continuamente se cambian las reglas con las cuales se deben
resolver los conflictos, tanto en la esfera autocompositiva como en la
heterocompositiva. In extremis, la única regla de juego es que no existen reglas de
juego.
Así, el derecho se transforma en un material maleable desde rebuscadas
interpretaciones, desde la invocación de “lagunas” inexistentes en el orden jurídico para
apuntar una importante deficiencia en el derecho procedimental: el sistema dispositivo y el inquisitivo son
antagónicos, por lo que no pueden coexistir, es uno u otro. Los resultados de ésta imposible convivencia
eximen todo comentario.
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