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Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista 2006 luego ser “integradas” por una voluntad distinta a la del legislador, desde el desplazamiento de la actividad de legislar o de sentencias hacia el poder que no tiene tal atribución, desde la implantación indebida de efectos retroactivos en leyes y decretos, etcétera. Dentro de los diseños constitucionales, debe aceptarse que los magistrados tengan una apropiada medida de poder para hacer respetar sus garantías y cumplir su función dentro del sistema de “checks and balances”, en cuanto al control de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Pero no en exceso, de manera tal que les permita entrometerse y con ellos, a falta de su independencia, el Estado – en la esfera de las libertades individuales. 4. Delineando el contenido de un sistema distinto Tal como planteamos la situación, un modelo de justicia que responda a la sociedad debe contener como piedras angulares: 1°) Respeto absoluto de las garantías constitucionales. De allí que sustentemos una necesaria e íntima relación entre el derecho procesal y el constitucional. El procesalista, cada día más, debe ser especialista constitucional. 2°) Consagración de un verdadero proceso – de inspiración constitucional – que actúe como bastión de la libertad y los derechos individuales. Para ello es indispensable preservar la imparcialidad y la independencia del juzgador. 3°) Diferenciación clara entre: a) Actividad de procesar, sentenciar y ejecutar lo sentenciado, para asignarle la adecuada cuota de poder a cada operador en cada una de ellas, a fin de no ver frustrado el servicio de justicia. b) Proceso y procedimiento, a efectos de no confundir los mal llamados “actos de jurisdicción voluntaria” con el proceso y de este modo limitar el ámbito de disponibilidad que de sus derechos tienen los particulares. 4°) Enfocar la actividad de los jueces a lo que la sociedad requiere y no puede ni debe hacer nadie más: dictar sentencias 16 . La tarea de procesar- y la suscripción diaria de innumerables despachos, copias, certificados, mandamientos, oficios y demás papeles- puede ser llevada a cabo por un idóneo director del proceso y la tramitación de expedientes de neto corte administrativo v. gr., rectificación de partidas – bien puede dejarse en manos de funcionarios públicos. 17 16 Esta afirmación puede resultar demasiado obvia. Pero vale la pena remarcarla pues no resulta extraño hallar, lamentablemente, legislaciones que admiten desplazamiento de la función judicial hacia el Poder Ejecutivo. Los defensores de este dislate sostienen que al ser sentencias revisables en el ámbito judicial por medios re cursivos quedan a salvo el debido proceso y las garantías constitucionales. Sin embargo, olvidan que nunca tendremos proceso si no actuó un tribunal imparcial e independiente. Y nunca la amplitud del marco de conocimiento recursivo y la posibilidad de ejercer en él el derecho de defensa será el de un proceso. En breve analizaremos que es el proceso y se comprenderá más fácilmente lo afirmado. 17 También resultaría conveniente estimular la producción extrajudicial de prueba, al estilo del “discovery” que consagran la Reglas Federales de procedimiento norteamericano – denominado “disclosure” en el orden estadual-. En la Argentina ha habido muy pocas, pero exitosas, experiencias de tomar declaraciones testimoniales en los estudios de los abogados. Para ello bastó buena predisposición de las partes y sus letrados, y una ratificación al día siguiente en Secretaría. Siquiera reforma de ningún 6
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista 2006 5°) Incorporar avances tecnológicos sobre todo en materia de notificaciones y soporte documental. Para su implementación es fundamental la colaboración de los operadores del sistema. 6°) Fomentar que los particulares recurran a la jurisdicción arbitral cuando legalmente sea factible. De lo expuesto se desprende que, si se buscan acortar los tiempos de duración de los procesos, la solución no es orientarse hacia la superación de etapas procesales – al punto de hacer tambalear la defensa en juicio – o reducciones irrazonables de plazos. Parece más trascendente reexaminar las funciones judiciales en sus diferentes actividades y atender los procesos en interés privado – materia disponible para las partes – con menor intromisión de la administración de justicia y mayor protagonismo del particular. Así, en la actividad de procesar el poder debe recaer sobre las partes; al sentenciar y ejecutar lo sentenciado, todo el poder se traslada al juez. Esto, vale subrayarlo, no significa que se le restan potestades: el poder del magistrado logra su máxima expresión al dictar sentencia, que resulta ser nada menos que el objeto del proceso. A esta altura resulta primordial considerar aspectos conceptuales y sobre todo, establecer que es el proceso, debido al apuntado problema que trae aparejado el uso equívoco del lenguaje procesal. 5. Los inconvenientes de la variación conceptual Resultando el proceso un aporte de la mayor importancia para las relaciones intersubjetivas, cabe centralizar el análisis en tornos a su concepto. Sin embargo, en el derecho procesal aparece un escollo a la hora de las definiciones: el uso no unívoco de su lenguaje. Como adelantáramos, podemos encontrar explicaciones completamente disímiles a medida que recorremos autores sobre lo que significa los términos más relevantes manejados por los procesalistas. Basta escudriñar lo vertido sobre jurisdicción, acción procesal, competencia o pretensión para corroborarlo. Y el concepto de proceso no escapa a esta regla. Las causas de este obstáculo se hallan en las diversas corrientes del pensamiento procesales las cuales, según el prisma con que observan el fenómeno, ensayan sus definiciones. Así, los publicistas privilegian como punto de partida la actividad jurisdiccional, o sea, al Estado que administra justicia. En cambio los privatistas prefieren ingresar desde la acción procesal más no la jurisdicción, con el énfasis puesto en la actividad desplegada por la persona que recurre a la justicia. Evidentemente, en más de una cuestión no es de esperar que una concepción estatista coincida con una liberal. código. A veces con imaginación y buena voluntad s4e puede colaborar en la disminución de tareas de los tribunales. 7
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