Pleno Extraordinario de 24 de Enero de 2012 - Ayuntamiento de Tías

ARTÍCULO 18. MEDIDAS CAUTELARES.
De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 136 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento
Administrativo Común, el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier
momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resultan
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin
del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las
exigencias de los intereses generales.
ARTÍCULO 19. SANCIONES.
1. Leves
Las infracciones leves serán sancionadas, conjunta o separadamente con :
Multa de hasta 750 €.
Suspensión temporal de la autorización municipal de 1 a 15 días.
Graves.
Las infracciones graves serán sancionadas, conjunta o separadamente con :
Multa de 750 € a 1.500 €.
Suspensión temporal de la autorización municipal de 16 a 30 días.
Muy graves.
Las infracciones muy graves serán sancionadas, conjunta o separadamente con :
Multa de euros a 1.500 € a 3.000 €
Suspensión temporal de la autorización municipal de 31 a 90 días.
La comisión de infracciones muy graves, puede llevar aparejada la imposición de la
sanción accesoria de inhabilitación para la obtención de licencias de esta naturaleza
por un periodo de hasta cinco años.
Las presentes sanciones se impondrán, en defecto de las que correspondan por la
comisión de las de los títulos específicos regulados en las leyes sectoriales.
ARTÍCULO 20. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES.
Para la graduación de las sanciones se atenderá a la existencia de intencionalidad o
reiteración, naturaleza de los perjuicios, reincidencia por la comisión en el término de
un año de otra infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por
resolución firme, y al beneficio obtenido con su realización.
ARTÍCULO 21. DEBER DE RESTITUCIÓN.
1. La resolución del expediente sancionador deberá llevar aparejada, en su caso, orden
de restablecimiento del orden jurídico perturbado, acordándose la demolición de las
obras, y/o retirada de los elementos de ocupación, muebles o enseres no autorizados.
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