ORDEN GENERAL No. 082 DEL COMANDO GENERAL DE LA ...

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Que, el 22 de febrero del 2008, en el Casino del Comando Provincial de Policía Azuay No. 6, se ha constituido el H. Tribunal de
Disciplina, imponiendo la sanción disciplinaria al señor Policía CAMPODÓMICO AGUIRRE ALBERTO FABRICIO, de sesenta
días de arresto por haber incurrido en el Art. 64, numeral 28 del Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional.
Que, a la mencionada sanción el señor Policía CAMPODÓMICO AGUIRRE ALBERTO FABRICIO, ha interpuesto Acción de
Protección que es conocida por el Juzgado Sexto de Garantías Penales del Guayas, quien emite Sentencia con fecha 6 de
enero del 2011, dentro de la Acción de Protección No. 09256-2010-1829, propuesta por el señor 3ROLFtD &$032'21,&2
$*8,55( $/%(572 )$%5,&,2, que en la parte pertinente señala: “… '(&,02 Según el Art. 88 de la Constitución de la
República del Ecuador, la acción de protección ordinaria procede cuando existe violación de los derechos reconocidos en la
mencionada Carta Magna y existe violación de derechos, cuando se los quebranta e irrespeta y tiene por objeto “el amparo
directo y eficaz de los derechos reconocidos en la constitución y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos
constitucionales”, en el caso examinado, se comprueba una violación constitucional cuando el Tribunal de Disciplina del
Comando Provincial del Azuay No. 6 de la Policía Nacional, el 22 de febrero del 2008, sanciona al accionante sin precisar como
era de su obligación, las pruebas que demostraran debidamente, tanto la falta cometida como la participación de autoría del
condenado, pues al no señalar los medios de prueba irrefutables en que se funda su decisión esta se convierte en una
expresión subjetiva de poder, pero ilegitima en cuanto carece de fundamentación en las pruebas de descargo, que examinado
el expediente ha establecido que no existían méritos suficientes para dictar condena en contra del accionante Policía ALBERTO
FABRICIO CAMPODONICO AGUIRRE, y al habérselo sancionado en esta forma se ha podido establecer que se violentó en su
perjuicio el debido proceso que trata del Art. 76 de la Constitución en su numeral 3, pues ha sido condenado sin la
comprobación de los hechos que conforman el tipo penal disciplinario, resolución que también vulnera el Art. 7 literal l) ibídem
pues no ha sido motivada al no habérsela explicado en la misma la pertinencia de su aplicación, en los antecedentes de hecho.
Debemos tomar en cuenta que por la fuerza de la norma constitucional del Art. 86 numeral 3, en que “se presumen ciertos los
fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario” principio
aplicable al presente caso, a lo que alega el actor pues no se ha suministrado información que sustente su negativa a lo
demandado, este concepto constitucional especial y recién incorporado a nuestro orden jurídico, sobre la violación probatoria,
también lo prescribe el Art. 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su último inciso que
dispone, en lo aplicable, que “se presumirán cierto los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no
demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una
conclusión contraria”, normas que cambian el sistema probatorio e imponen la carga de la prueba al demandado y establecen
una presunción de certeza a favor del accionante cuando se dan los supuestos señalados por la norma citada: UNDECIMO.- En
mérito de lo analizado y expuesto anteriormente, en razón de los fundamentos de hecho y de derecho que se han dejado
mencionado, por estimarse comprobada la violación de derechos constitucionales del debido proceso y personales, sufridos por
el accionante, tal como se ha explicado, el infrascrito Dr. GABRIEL MANZUR ALBUJA, JUEZ SEXTO DE GARANTIAS
PENALES DEL GUAYAS, “HACIENDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA” DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA DE
PROTECCION CONSTITUCIONAL PROPUESTA POR ALBERTO FABRICIO CAMPODONICO AGUIRRE, EN CONTRA DE LA
POLICIA NACIONAL, POR LA INTERPUESTA PERSONA DE SU COMANDANTE GENERAL GRAL. FAUSTO PATRICIO
FRANCO LOPEZ, CORONEL DE POLICIA DE E.M. AB. MARCELO BENAVIDES MONTALVO Y CAPITANES DE POLICIA
MARION LUIS RIVADENEIRA VIRANO Y GEOVANNY FABRICIO FUENTES FLORES, INTEGRANTES DEL H. TRIBUNAL DE
DISCIPLINA DE LA POLICIA NACIONAL CONFORMADO EN EL COMANDO PROVINCIAL AZUAY No. 6, el 22 de febrero del
2008, en los términos expuestos en los ordinales sexto y séptimo de la demanda en materia, por ser procedente y declara nula,
absolutamente nula, por ende sin efecto la resolución del Consejo de Disciplina de la Policía Nacional, de esa época, dictada el
22 de febrero del 2008, por la que dispuso sesenta días de arresto disciplinario al Policía ALBERTO FABRICIO
CAMPODONICO AGUIRRE, a quien en consecuencia se le deberá borrar de su hoja de vida de la Institución Policial de la que
forma parte, disponiendo oficiar al señor Comandante General de la Policía Nacional, para que tome las acciones
administrativas en torno a lo resuelto por este juzgador, y que se los considere en los ascensos que le correspondan, para lo
cual, se le concede el plazo de 10 días. La sanción que se revoca por las razones expuestas, no deberán tomarse en cuenta ni
en los ascensos ni en la hoja de vida del accionante.- Publíquese y notifíquese…”.
Que, revisada la Hoja de Vida Profesional del señor 3ROLFtD &$032'21,&2 $*8,55( $/%(572 )$%5,&,2 se desprende
que se encuentra en situación activo, ha ingresado a la Institución Policial el 26 de mayo del 2005; tiempo de servicio 05 años,
09 meses y 19 días; en el acápite deméritos registra un total de 1944 horas de arresto disciplinario, de las cuales 1440 han sido
impuestas mediante Resolución del Tribunal de Disciplina de 22 de febrero del 2008, en el acápites juicios registra la causa
penal No. 013-2008 por presunto delito de abuso de facultades, iniciado el 05 de mayo del 2008, en el Juzgado del Tercer
Distrito de la Policía Nacional, la misma que con fecha 10 de febrero del 2009 ha dictado Auto de Sobreseimiento Provisional.
Que, el Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “… Presentada la acción, la jueza o juez convocará
inmediatamente a una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y designar
comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad
pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia,
y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y
especificar e individualizar las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las
circunstancias en que deban cumplirse. Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los