la homonimia como grave factor de errores judiciales

“LA HOMONIMIA COMO GRAVE FACTOR DE ERRORES JUDICIALES
EN EL SISTEMA PENAL COLOMBIANO”
Por
FELIPE TORO ECHEVERRI
LUIS EDUARDO GRAJALES
Asesor
JOHN JAIRO BOTERO MESA
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
FACULTAD DE DERECHO
MEDELLÍN
2008
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AGRADECIMIENTOS
A nuestros padres quienes incondicionalmente nos estuvieron apoyando en
nuestros trabajos de grado, al fin y acabo estas personas tan especiales
fueron quienes nos dieron la oportunidad de llegar a lograr un título
universitario otorgándonos lo necesario para estudiar; su apoyo, aliento,
esfuerzo y ayuda económica a lo largo de la Carrera.
A todo el cuerpo de docentes de la Universidad de Medellín por su paciencia,
en especial al Doctor John Jairo Botero, pues sin su ayuda, esto aún seria
una idea.
A todos y cada uno de ellos muchos agradecimientos por querer ayudarnos a
llegar hasta donde hemos llegado ahora.
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DEDICATORIA
Queremos dedicarle este proyecto primero que todo a Dios por permitirnos
haber desarrollado este trabajo si ningún percance y problema durante el
tiempo de investigación.
A nuestros padres por haber estado en todo momento apoyándonos y
brindándonos su compañía, conocimiento, liderazgo y sobre todo aliento
para seguir adelante y no dejarnos caer ante el primer problema.
Al profesor y amigo John Jairo Botero quien estuvo guiándonos,
colaborándonos y ofreciendo sus conocimientos en investigación para poder
terminar satisfactoriamente nuestro proyecto.
Por último a todo el grupo de docentes quienes con sus conocimientos sobre
las diferentes áreas nos dieron una base para consultar y obtener
información sobre los diferentes tipos de investigaciones en el campo del
Derecho.
A todos muchas gracias por confiar en quienes más los necesitan.
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INTRODUCCIÓN
TABLA DE CONTENIDO
1. FORMULACION DEL PROBLEMA
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. JUSTIFICACIÓN
4. REFERENTE CONCEPTUAL
5. METODOLOGÍA
6. LA HOMONIMIA
6.1 HOMÓNIMOS DEL LENGUAJE
6.2 HOMOFONÍA
6.3 PARÓNIMOS
6.4 FALSOS AMIGOS / FALSOS PARÓNIMOS / PARÓNIMOS
ÍNTER LINGÜÍSTICOS.
6.5 HOMONIMIA GESTUAL
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Pág.

6.6 EL NOMBRE
6.6.1 Nombre en el derecho romano.
6.6.2 Estructura General.
6.6.3 Praenomia.
6.6.4 Nomia.
6.6.5 Cognomia.
7. EL PROBLEMA DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL SUJETO
ACTIVO DE LA CONDUCTA PUNIBLE EN EL NUEVO SISTEMA
PENAL ACUSATORIO
7.1 CONCEPTO
7.2 TERMINOLOGÍA
7.3 NUESTRO PUNTO DE VISTA
7.4 LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
7.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES
7.6 LIMITACIONES A LA LIBERTAD
7.7 LA PARTICIPACIÓN EN EL DELITO EN COLOMBIA
7.7.1 Autorías.
7.7.2 Las formas de participación.
7.8 CONSECUENCIAS
7.9 CLASES DE PARTICIPACIÓN
7.10 SUJETOS DEL DELITO
7.10.1 Sujeto activo.
7.11 SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y HOMONIMIA EN COLOMBIA
7.12. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL
7.13 ETAPA PREPROCESAL
7.13.1 Actuaciones de la Policía Judicial
7.14 AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
7.14.1 Audiencias
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8. LA HOMONIMIA EN EL DERECHO COMPARADO
8.1 ARGENTINA
8.2 EL SALVADOR
8.2.1 Ley del nombre de la persona natural. Decreto Legislativo Nº 450
del 22 de febrero de 1990, publicado el 4 de mayo de 1990.
8.3 PERÚ
8.3.1 Régimen jurídico para los casos de homonimia.
8.4 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN AMÉRICA LATINA
8.4.1 La legislación sobre protección de los datos personales en
América Latina.
8.4.2 Desarrollo de leyes que contemplan la protección de datos desde
una visión sectorial:
9. TRATAMIENTO DEL FENÓMENO DE LA HOMONIMIA EN EL DERECHO
COLOMBIANO
9.1 EL NOMBRE EN EL DERECHO COLOMBIANO
9.2 EL NOMBRE COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD
9.2.1 El nombre
9.2.2 Características del nombre
9.2.3 Teorías en cuanto a la naturaleza jurídica del nombre
9.2.3.1 Teoría de la propiedad
9.2.3.2 Teoría de la marca distintiva de filiación
9.2.3.3 Teoría del atributo de la personalidad
9.2.4 El Apellido
9.2.5 El Seudónimo
9.3 LA IMPOSICIÓN Y CAMBIO DEL NOMBRE
9.4 EL FENÓMENO CULTURAL
9.5 LÍNEA JURISPRUDENCIAL
9.5.1 Derechos Fundamentales y homonimia
9.6 CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
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10. REFERENCIA DE LÍNEA JURISPRUDENCIAL
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
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INTRODUCCIÓN
Podemos comenzar diciendo que el problema de la homonimia no solo
encierra tema de discusión en el área del derecho penal. Cada vez es más
evidente, en la actualidad, que la globalización de los mercados y la idea de
una gran aldea global, trae consigo personas, industrias y palabras
homónimas a nuestra realidad.
El fenómeno al cual nos referimos en esta investigación es el de la grave
situación que se presenta a la hora de individualizar a las personas naturales
en nuestro país, enfocando este problema al derecho penal, más
concretamente al proceso de cadena de custodia y los errores a la hora de
detener, capturar y hasta extraditar a un ciudadano, por tener un nombre y
apellido igual o similar al de un presunto delincuente.
De aquí la necesidad de ahondar en la raíz de la homonimia como un
problema lingüístico, ya resuelto en la escritura pero no en el Español
hablado. La homonimia lingüística nos abre un panorama de sus clases,
como se diferencian estas clases y que otros fenómenos existen en nuestro
idioma sobre la investigación que hoy nos atañe.
Partiendo de este punto, veremos el nombre en su totalidad, apellidos y
seudónimo, pasando por el fenómeno cultural y social que causa también
que tantas personas compartan el mismo nombre y primer apellido, causa y
objeto de este trabajo.
En la actualidad podemos ver el futuro de esta situación con buenos ojos; La
Registraduría Nacional ha iniciado una colosal labor para cambiar las
cedulas de los colombianos logrando así que todos portemos la cedula con la
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foto a color y la huella entre otras características. Pero este proceso no se
queda en el cambio de cedulas; en el proceso se vienen actualizando los
daos de los re-cedulados, individualizando a las personas de un modo mejor,
marcando grabando digitalmente sus huellas dactilares y firma para
posteriores cotejos creando así una base de datos fidedigna logrando así
una confianza en materia probatoria hasta ahora difusa.
De este modo se están creando bases de datos confiables de la población
colombiana con soportes grafológicos y de características físicas que muy
seguramente lograran reducir la impunidad en un futuro no muy lejano.
Estos errores en la individualización de las personas destruyen la vida, honra
y reputación del sujeto pasivo de esta conducta, que victima de la ineficacia
el estado para diferenciarnos de otros, tacha injustamente de delincuente, o
hace imputaciones deshonrosas de miembros honorables de nuestra
sociedad. Esta situación pide a gritos que al iniciar la etapa de investigación
previa y antes de formalizar alguna diligencia contra un ciudadano, este
segura la fiscaliza que persigue siquiera a la misma persona para evitar una
tragedia social de rechazo ante un criminal que posiblemente no lo es.
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1. FORMULACION DEL PROBLEMA
El grave problema que se viene presentando en el sistema penal colombiano
con el fenómeno de la homonimia, lo que ha llevado a claros casos de
errores judiciales.
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿CUÁL HA SIDO LA INCIDENCIA QUE HA TENIDO EL FENOMENO DE LA
HOMONIMIA EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO DURANTE LA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL, FRENTE A LOS GRAVES ERRORES
JUDICIALES QUE HAN COMETIDO LOS OPERADORES JUDICIALES POR
LA FALTA DE UNA VERDADERA Y COMPLETA INDIVIDUALIZACIÓN DEL
PRESUNTO AUTOR DE CONDUCTAS PUNIBLES?.
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La falta de una adecuada investigación criminal en Colombia, ha llevado a
que se cometan por todos los operadores judiciales, sin distingo alguno,
graves errores judiciales, por la falta de una correcta y adecuada
individualización de los sujetos activos de las conductas punibles.
Desde las instancias judiciales menores, hasta la propia sala de Casación
penal de la Corte Suprema de Justicia, se han visto lamentables casos de
homonimia que han llevado a que se cometan graves errores en cuanto a la
falta de una plena individualización de los sujetos activos del delito.
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Por la falta de esa clara y correcta individualización se ha llegado incluso a
extraditar a una persona hacia los estados Unidos de Norteamérica, luego de
haber permanecido por varios meses detenido en una cárcel colombiana,
para que finalmente las autoridades de aquel país se dieran cuenta del error
cometido y deportaran a ese colombiano a su patria, pues no era la persona
que estaba solicitada en extradición.
Para nadie es un secreto, la existencia del hurto de la identidad de las
personas, por parte de los grupos armados al margen de la ley y de la
delincuencia organizada. Incluso se ha llegado a comprobar que aquellos
tienen infiltrada la Registraduría Nacional del Estado Civil o tienen
organismos alternos que les ayudan a emitir documentos apócrifos.
Poco se ha escrito con relación a la figura de la Homonimia, pero referido al
sistema de administración de justicia en materia penal llamado inquisitivo o
mixto, pero poco o nada se ha hablado de él en el nuevo sistema penal
acusatorio Colombiano, siendo un nuevo sistema de administración de
justicia que apenas lleva en el país poco más de un año y por ello es
importante abordar este tema en un trabajo de investigación serio, con
connotaciones científicas, donde logremos demostrar finalmente si se hace o
no necesaria su estudio en el nuevo ordenamiento sistema acusatorio
Colombiano.
Es así que en la primera etapa del proceso ( etapa de investigación), las
diferentes actuaciones de la Fiscalía y Policía judicial llevadas a cabo
deben ser evacuadas respetando los derechos y garantías de las personas
investigadas, de acuerdo a parámetros constitucionales y legales, para
evitar precisamente que se aporten pruebas ilícitas y esta función se
denomina control de garantías, y es vigilada a su vez por el JUEZ DE
CONTROL DE GARANTÍAS , es su función ponderar, por una parte, el
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legitimo interés del Estado en adelantar la persecución penal por hechos o
actos que afecten el libre desarrollo de la comunidad, así como también es
su obligación velar por los derechos del imputado de una manera imparcial y
en igualdad de condiciones, pero vigilando siempre que no se acuda a las
pruebas ilícitas o que se procese a personas que no son las verdaderas
autoras de las conductas punibles investigadas.
En conclusión, serán el Ministerio Público y el Juez de Control de Garantías
quienes tienen la función dentro del proceso penal, de vigilar que en el
mismo se respeten derechos fundamentales y garantías constitucionales,
evitando con ello procesar a personas ajenas a los hechos investigados por
la Fiscalía general de la Nación.
Nuestro sistema penal Colombiano gira en torno a principios constitucionales
y legales, entre los cuales se encuentra el principio de igualdad e
imparcialidad, los cuales deben ser respetados y acatados por los
funcionarios que de una u otra manera deben o pueden intervenir en el
proceso, como el Ministerio Público, el Juez de Control de Garantías o el
Juez de conocimiento, para evitar que se sigan cometiendo esa clase de
errores judiciales.
Ahora bien consideramos que no deben seguirse presentando casos de
homonimia en el nuevo sistema acusatorio Colombiano, pues el ente
encargado de adelantar la investigación criminal (F.G.N.), debe realizar una
excelente y adecuada investigación para que el Juez de Control de
Garantías, quede perfectamente convencido que se trata de los posibles
autores de las conductas punibles a procesar.
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2.1 OBJETIVO GENERAL
2. OBJETIVOS
Realizar un estudio jurídico-político sobre los problemas que en el proceso
penal colombiano se vienen dando con el fenómeno de la homonimia, donde
personas totalmente ajenas a la comisión de las conductas punibles vienen
siendo procesadas injustamente.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir la figura de la Homonimia desde sus orígenes para saber
porqué se viene presentando , así mismo, hacer una comparación de su
presencia bajo el código anterior (Ley 600 del 2006) y, la normatividad
actual (Ley 906 del 2004), para poder demostrar la conveniencia o no, de
hacer una verdadera individualización de los autores de las conductas
punibles.
Determinar cuáles han sido los factores determinantes que han llevado a
la existencia del fenómeno de la homonimia, dentro del proceso penal
colombiano.
Demostrar mediante casos concretos la violación de claras garantías
constitucionales y legales dentro del desarrollo del proceso penal, de los
operadores judiciales en contra de los ciudadanos que intervienen en el
proceso penal, cuando procesan a personas totalmente ajenas a los
hechos investigados.
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Realizar una comparación de normatividad y actividad a nivel
internacional, de algunos países latinoamericanos y europeos cuyo
sistema penal sea el acusatorio, para saber si allí existe este problema,
como se viene dando en Colombia.
Presentar una propuesta concreta sobre la necesidad de que los
operadores judiciales en el nuevo proceso penal acusatorio, el cual no
tiene que ser solamente siguiendo parámetros jurídicos de la
normatividad procesal penal actual, si no que sea ajustada a la realidad
procesal que se vive en el nuevo sistema penal colombiano, en el
campo de la administración de justicia, realicen una verdadera
investigación criminal tendiente a la plena individualización de los autores
de las conductas punibles.
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3. JUSTIFICACIÓN
El Fenómeno de la Homonimia , ha sido abordado de distintas maneras
como en tesis de grado, folletos, conferencias, etc., respecto a sus
funciones, pero no con relación al nuevo rol que entró a desempeñar en el
sistema acusatorio Colombiano, es muy poco lo que se ha dicho al respecto,
por ello es de suma importancia hacer un análisis de la presencia del mismo,
en el nuevo sistema procesal penal Colombiano y poder determinar si
efectivamente se justifica o no su estudio y poder determinar si se podría a
futuro evitar que se presenten los lamentables hechos que se venían
sucediendo en el anterior sistema mixto, donde se dieron graves casos de
errores judiciales.
Es una investigación novedosa, ya que en la vigencia del nuevo sistema
penal acusatorio, se puede seguir presentando el problema que se venía
presentando en la anterior legislación procesal penal, cuando se procesaba a
personas que nada tenían que ver con los hechos investigados, todo porque
sus nombres y apellidos coincidían con los que aducía el presunto
responsable de los mismos. Pero la mayor gravedad se presentaba en los
casos de la declaración de persona ausente y cuando las personas eran
investigadas en contumacia, pues no se realizaban las diligencias necesarias
por parte del órgano de investigación para determinar exactamente la
verdadera identidad del presunto autor de la conducta punible.
Aunque en el nuevo sistema procesal acusatorio está controlando la
legalidad del proceso el juez de control de garantías constitucionales, no
menos cierto es que ante la falta de una normatividad clara sobre la
protección al derecho a la verdadera identidad de las personas, creemos que
bien puede presentarse nuevamente el fenómeno la homonimia, al
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declararse a una persona ausente para su procesamiento.
En países como Perú, donde se señala que hay cerca de 600.000 personas
con problemas de identidad similar o de homonimia, ha debido el legislativo
de esa hermana nación expedir una ley que regule este fenómeno y en el
caso de que una persona sea sindicada de la comisión de una conducta
punible y nada tenga que ver con los hechos investigados y se trata de un
verdadero caso de homonimia, se ha propuesto la expedición de un
certificado de homonimia, para que las personas no sigan sufriendo las
graves acusaciones injustas en su contra. En este país, con la detención de
una periodista Española, quien estuvo privada de su libertad por 9 días, toda
vez que en su contra existían varias órdenes de captura, incluso con fines de
extradición, han llamado la atención a las fuerzas vivas de aquel país para
reglamentar tal certificado.
Colombia no ha sido ajena a este lamentable fenómeno y el caso más
reciente es el de un ciudadano que estuvo preso en una cárcel de máxima
seguridad, sindicado del delito de narcotráfico y fue autorizada su extradición
por la H. Corte Suprema de Justicia, la que efectivamente se llevo a cabo y
un mes después de estar en los Estados Unidos de Norteamérica, las
autoridades de aquel país reconocieron que se trataba de un lamentable
error por homonimia y deportaron a esta ciudadano Colombiano.
Lamentablemente en nuestro país no existe normatividad alguna que proteja
a los ciudadanos contra injustas detenciones por este fenómeno. Para nadie
es un secreto que en Colombia se acostumbra, por épocas determinadas, la
utilización de ciertos nombres que van cogiendo apogeo o prestigio y los
niños que por esa época nacen llevan ese nombre y ante la existencia de
apellidos tan arraigados en ciertas regiones colombianas, es frecuente que
se presente casos de homonimia.
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4. REFERENTE CONCEPTUAL
Nuestro trabajo de investigación será desarrollado a nivel “político-jurídico”;
jurídico, dada la posible presencia del fenómeno de la homonimia dentro del
proceso penal acusatorio estando enmarcado por la Constitución y las Leyes;
la presencia de este problema, ha sido expresada desde el mismo momento
de presentación del proyecto de la Ley 906 de 2004 (acto legislativo 03 de
2003), lo que es sabido por todos y demostrable es que cuando ello ocurre
dentro del proceso penal, se están violando postulados de salvaguarda y
respeto por garantías de los sujetos procesales, y de los ciudadanos del
común, quienes no tienen seguridad jurídica alguna, de que en algún
momento pueden llegar a verse involucrados en hechos criminales en los
que nunca han participado.
El estudio de este fenómeno, no puede ceñirse estrictamente a los
lineamientos concebidos jurisprudencialmente por la teoría constitucional y
las Leyes, dadas las graves consecuencias jurídicas que él entraña, sino
hacer un rastreo de normas internacionales al punto de concebir las
actuaciones de esta figura de una manera más amplia, lo que implica hacer
una comparación de las legislaciones existentes en países Europeos tales
como: España, Alemania, Inglaterra etc., y latinoamericanos Chile,
Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador entre otros. El proceso penal según
las reglas de Mallorca debe analizarse de acuerdo al bloque de
Constitucionalidad, Constituciones de cada Estado , Leyes y normas y
tratados internacionales, teniendo en cuenta los postulados de escuelas
garantistas así como postulados de escuelas Constitucionalistas.
Con la implementación del nuevo sistema en la administración de justicia
penal en Colombia se implementa una nueva figura llamada el Juez de
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Garantías quien es el llamado a proteger los derechos fundamentales y
garantías Constitucionales de todos los ciudadanos nacionales o extranjeros,
vinculados a un proceso penal y deberá éste desde el inicio del
encausamiento criminal, exigir a la Fiscalía General de la Nación, hacer una
adecuada y correcta investigación criminal, tendiente a evitar los errores
judiciales que se vienen presentando por una incorrecta individualización de
los presuntos autores de los hechos investigados.
En el desarrollo del proceso se pueden llegar a violar, de manera directa o
indirecta, con las actuaciones de los sujetos intervinientes o de los mismos
funcionarios de la administración de justicia, derechos fundamentales como
la libertad, la intimidad, el debido proceso, y otros de carácter subsidiario o
indirecto, como la detención preventiva, embargo y secuestro de sus bienes
etc., que se restringen con fundamento en investigaciones defectuosas y
aunque la mayoría de las veces estos procedimientos se realizan con
mandatos de acuerdo a normas ya establecidas en la ley, no son pocas las
veces que se da la violación a esas garantías fundamentales, pues la
experiencia ha demostrado que el ente acusador ha acudido a pruebas
ilícitas, por lo tanto se hizo necesario que esos actos procesales, sean
controlados por personas diversas a quienes los profieren, aunque esto se
hace de manera posterior pero procurando la mayor brevedad, como es el
termino de treinta y seis horas para comparecer ante Juez de Garantías. Con
la implementación en Colombia del sistema acusatorio y su figura de Juez de
Garantías se provee una nueva vía para que se respeten los derechos y
garantías Constitucionales de los ciudadanos en etapa de investigación, y se
allana el camino para la etapa de Juzgamiento y poder dinamizar el proceso
de una manera práctica, rápida, justa y equitativa, para todos los sujetos,
teniendo en cuenta solamente la prueba que respete el Bloque de
constitucionalidad y la normatividad interna.
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El Estado, actúa a través de la Fiscalía General de la Nación y este a su vez
en representación de la sociedad, en la investigación de hechos delictivos
para hacer su respectiva acusación ante los Jueces Penales, llevando a cabo
la acción penal de la cual deberá rendir cuentas durante todo el proceso.
Cuando la Fiscalía acusa ejercita la acción penal ante el Juez, iniciándose
verdaderamente el proceso donde deben tener cabida los principios de
oralidad, publicidad y contradicción, ejes de un verdadero sistema penal
acusatorio, pero fundamentalmente donde debe aportar pruebas licitas y
verdaderas.
Debido a los abusos cometidos por el ente de la Fiscalía, el Legislador se vio
en la necesidad de crear la figura del Juez de control de Garantías; como
figura capaz de desempeñar su rol de acuerdo a los parámetros planteados
por la Constitución y la Ley, que fuera imparcial del ejercicio de la
investigación, que se encargue de evitar posibles violaciones de los derechos
y garantías de las partes, que no aporte más pruebas ilícitas y por ello
precisamente en la nueva normatividad procesal penal, se suprimen las
funciones jurisdiccionales a la Fiscalía General de la Nación, las actuaciones
iníciales estarán supeditadas al control del Juez de Garantías, las cuales
deben ser valoradas ante este Juez.
El Ministerio Público que en la anterior legislación, ostentaba el carácter de
sujeto procesal, tenía una participación apenas tímida, aún así se
comprendía su permanencia, pero hoy con la Ley 906 de 2004, se considera
verdaderamente una figura decorativa que no tiene razón de ser ya que
comparte sus funciones con el Juez de Control de Garantías y por ello
deberá velar porque la Fiscalía General de la Nación, no siga cometiendo los
errores que se vienen presentando con este fenómeno de la homonimia.
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5. METODOLOGÍA
El tipo de investigación que se realizara será el –inductivo - deductivo, el cual
nos proporcionara una visión de lo que ha sido el fenómeno de la homonimia
con respecto al derecho penal, utilizando técnicas como el análisis
comparativo, de la función y legislación nacional colombiana frente a
normas y funciones internacionales sobre el error judicial por homonimia,
documentos en los cuales se han pronunciado sobre el papel de la F.G.N. en
el sistema penal acusatorio de nuestro país. Así mismo analizar el papel del
Juez de Garantías y del Ministerio Público, en el proceso penal colombiano
desde su implementación con el acto legislativo 03 de 2003.
Para materializar los objetivos propuestos haremos un rastreo en
documentos, libros, jurisprudencia y doctrina que nos ayuden dilucidar el
origen mismo del problema en el sistema acusatorio, se hará un cuadro
comparativo de nuestro sistema penal acusatorio frente a otros países
europeos y Latinoamericanos, haciendo uso de medios telemáticos y
escritos.
Es importante para formar un concepto claro de lo que sucede en la realidad
al interior del proceso como tal recurrir a entrevistas de funcionarios
competentes, que puedan dar su opinión sobre el papel del ministerio público
en el sistema penal colombiano hasta hoy.
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CAPITULO I
6. LA HOMONIMIA
Ahora bien, la homonimia que nos compete tratar en este momento es la que
trata específicamente de los nombres y apellidos, de una persona en
particular.
Como primer aparte quisimos definir que era la homonimia desde el
respetado Diccionario de la Real Academia de la Lengua:
Esta definición como se observa en la misma, se aplica a personas y cosas.
Además la definición se limita a las que se dicen de igual modo, así no se
escriban igual, lo que amplia aun más el catalogo de palabras que
comprenden este dilema.
Igualdad entre los significantes de dos o más palabras que poseen distinto
significado. Bally distingue entre homonimia absoluta, que se da entre
palabras homófonas que pueden desempeñar la misma función (presa ‘botín’
y presa ‘encarcelada’, que son dos sustantivos femeninos) y homonimia
parcial, cuando los significantes presentan alguna diferencia de forma: pollo y
poyo.” [Lázaro Carreter, F.: Dicc. de térm. filóloga., p. 225-226]
6.1 HOMÓNIMOS DEL LENGUAJE
Palabras en que se produce homonimia. En los homónimos se distingue, a
veces, entre homógrafos, que poseen la misma ortografía y la misma
pronunciación (canto, de cantar – canto ‘esquina’), y homófonos, que se
pronuncian igual, pero su ortografía difiere (echo, de echar – hecho, de
hacer).” [Lázaro Carreter, F.: Dicc. de térm. filóloga., p. 226]
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Existe un error común en cuanto a la homonimia y es el de palabras que si
bien denotan lo mismo o se entienden del mismo modo, sus nombres son
eminentemente diferentes, esto no es una homonimia:
Constantemente los noticieros y agencias de prensa hablan de “la Cruz Roja
y la Media Luna Roja, organización homónima en el mundo árabe”. Justo lo
que no es; porque son homónimas dos personas o cosas que llevan el
mismo nombre, según indica el mismo término.
No son homónimas dos personas realizando una misma actividad, dos
ciclistas o deportistas en una misma competencia; dos presidentes de
diferentes países, siendo este ultimo el más utilizado por los periodistas en
encuentros de gobernantes, cumbres y demás.
La costumbre de usar de este modo el termino de la homonimia nos hace
pensar entonces que todos los miembros de un salón de clase son
homónimos a mí, un estudiante cualquiera, denotando por homónima la
condición de estudiante porque es más que obvio que no todos nos
llamamos de igual modo.
6.2 HOMOFONÍA
Fenómeno que se produce cuando dos palabras tienen el mismo significante
y distinto significado. Se llaman homófonas
Basto (grosero, tosco) / vasto (extenso).
Pollo (cría de gallina y otros animales) / poyo (banco de piedra)
Seso (madurez, juicio) / sexo (condición que diferencia al macho de la
hembra).
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Sin vergüenza (preposición + sustantivo) / sinvergüenza (sustantivo).
Cuando coinciden o se acercan los sonidos, pero no la ortografía (del griego
“homoios”, mismo, y “pone”, sonido) y homógrafos
Corte: del verbo cortar / comitiva, séquito del rey
Diario: periódico / cuaderno de anotaciones personales
Banco: institución / asiento
Vino: bebida / del verbo venir
Cuando coinciden las grafías (“grafos”) o letras.
Este fenómeno puede dar juego a la acrobacia verbal y tener ciertos efectos
poéticos o humorísticos. Muchas agudezas verbales están basadas en la
homofonía. Las palabras homógrafas tienen, a veces, un origen o etimología
diferente pero, en su evolución, han venido a coincidir.»
En lexicología (y también en terminología y en lexicografía), dos o más
términos son homónimos cuando tienen el mismo significante, esto es,
coinciden en la forma, aunque transporten significados totalmente diferentes,
siendo la homonimia, por tanto, la cualidad que poseen dos o más palabras
que tienen el mismo significante pero distinto significado. Por ejemplo, las
palabras cepillo (caja con un abertura en la que se introducen limosnas) y
cepillo (instrumento hecho de manojitos de cerdas que sirve para quitar el
polvo, etc.) son ‘homónimos’. Siguiendo a Ullmann (1968), el origen de los
‘homónimos’ se debe a diversas causas, entre las que destacan:
La evolución divergente, en direcciones diferentes, de dos significados de la
misma palabra hasta que finalmente se rompe el nexo entre ellas y acaban
por ser consideradas como dos términos independientes, como las palabras
pupila (alumna) y pupila (niña del ojo); a estas palabras Ullmann las llama
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fisíparas; y (2) la evolución convergente de los significantes de palabras
distintas, es decir, palabras con significados diferentes.
Dentro de la ‘homonimia’ se distingue entre homofonía y homografía. Son
homófonas dos o más unidades de idéntica pronunciación pero de distinta
grafía, como pollo/poyo; vaca/baca, y son homógrafas dos unidades de
idéntica grafía, como haya (árbol) y haya del verbo haber, vino (de venir) y
vino (bebida). El inglés, caracterizado por la relación arbitraria entre
ortografía y pronunciación, grafemas y fonemas, es muy pródigo en
‘homófonos’ (/red/ de las palabras red (rojo) y read (leyó), y homógrafos en
lives pronunciado /livz/ (vive) y /laivz/ (vidas). Como se puede apreciar, el
concepto de ‘homógrafo’ no es igual en inglés y en español; en nuestra
lengua son ‘homógrafas’ las palabras de distinta significación que tienen la
misma grafía, mientras que en inglés son palabras que, además de tener la
misma grafía y distinto significado, poseen diferente pronunciación.
Relacionado con la ‘homonimia’ está el fenómeno de la polisemia, la cual se
define como la propiedad universal, esto es, universal semántico, que tienen
las unidades léxicas de transportar varios significados o sentidos en un
mismo significante. Se da una ‘polisemia’ cuando un solo significante puede
tener o transportar un abanico de significados. La mayoría de las entradas
lexicográficas son ‘polisémicas’. En la lingüística estructural, a cada uno de
los sentidos de las unidades léxicas se le llama SEMA. La ‘polisemia’ es uno
de los medios más ricos que se conocen para ampliar el léxico de una
lengua, y es una fértil fuente de ambigüedad en el lenguaje, es decir, es uno
de los muchos recursos de la estilística y también de los chistes (“El hombre
desciende del mono... y el mono desciende del árbol”). El origen de la
mayoría de los términos “polisémicos” reside en una analogía basada en dos
conceptos, analogía que permite que la denominación de uno pase a la del
otro.
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En lexicología no existe una línea de demarcación tajante entre la
‘homonimia’ y la ‘polisemia’. Parece evidente que pata (de silla) y pata
(hembra del pato) son ‘homónimos’, pero ya no está tan claro si una mano
(capa de pintura) y una mano (del brazo) son también ‘homónimos’. Para
algunos, la ‘polisemia’ se diferencia de la ‘homonimia’ en que en la primera
todos los sememas o acepciones tienen algún SEMA o rasgo común o están
vinculados etimológicamente en cierto sentido; las entradas de los
diccionarios están llenas de palabras que tienen algo en común, como a la
(de un pájaro) y a la (de un avión). Para otros es el criterio etimológico el que
sirve. Por ejemplo, casar (una sentencia), derivado del francés casser, y
casar (“Los casó un juez”) son ejemplos claros de homonimia, siento también
válida, a estos efectos, la prueba de los derivados: casación en el primer
caso, y casamiento en el segundo. De todas formas, todos estos criterios son
resbaladizos, porque para otros lingüistas son ‘polisémicas’ las palabras con
más de una acepción, aunque no estén relacionadas entre sí.
En cambio, en la terminología la separación entre la ‘polisemia’ y la
‘homonimia’ es algo más precisa. De acuerdo con Teresa Cabré (1993: 214-
19), el fenómeno de la ‘homonimia’ se da con mucha más frecuencia en la
terminología que en la lexicología, ya que en aquélla se considera cada
campo de especialidad como un dominio cerrado y sólo en su interior los
términos tienen un valor específico. Los términos polo (en matemáticas), polo
(en geografía), polo (en física) serían, por tanto, ‘homónimos’ para la
terminología, y ‘polisémicos’ para la lexicología.»
Los homónimos son palabras que teniendo la misma constitución fonológica
se diferencian por su significado. En este caso, los rasgos de los dos
significados son independientes: un significante como /bála/ se refiere a la
“bala de algodón” como a “bala de fusil”.
25

Los homónimos pueden ser:
a) Homónimos lexicales: los que pertenecen a la misma categoría gramatical:
onda y honda, botar y votar, haya y aya, ojear y hojear, etc.
b) Homónimos gramaticales: los que no pertenecen a la misma categoría
gramatical (cabe, verbo y cabe, preposición), o los que perteneciendo a la
misma categoría gramatical se diferencian por alguna marca morfemática: el
pez – la pez, el orden – la orden.
c) Homónimos léxico-gramaticales: los que se han formado a través de un
cambio de funciones: poder (verbo) – poder (sustantivo).
d) Homónimos morfológicos: cuando se producen diferentes formas de una
sola palabra: decía: primera y tercera personas del imperfecto de indicativo;
salimos: primeras personas del presente y del perfecto de indicativo. O se
dan formas correspondientes de palabras diferentes: fui (de ser y de ir), ve
(de ir y de ver), etc.
Si la homofonía va acompañada de la homografía en cualquiera de los casos
arriba mencionados se puede hablar de homónimos absolutos (“ayuda de
cámara” y “ayuda al prójimo”), cabe (preposición) y cabe (verbo), mientras
que si no, serán homónimos parciales: cave (verbo “caver”) y cabe
(preposición).
La causa principal de la homonimia es la evolución fonética convergente de
palabras distintas procedentes de un período anterior (homónimos
estimológicos). Cuanto más desgaste fónico hayan sufrido las lenguas en su
evolución, y por lo tanto hayan originado palabras muy cortas
26

(monosilábicas), tanto más frecuente será la homonimia; por ejemplo, el
francés o el inglés. EN español, señor evolucionó a través de seor > se hasta
so (que aún queda en la expresión so tonto) y también s u b > so
(preposición). Del mismo modo dominus > don y donu > don.
En las zonas hispánicas donde no se realiza la distinción /θ/ - /s/ aparecen
abundantes homónimos: cebo / sebo, caza / casa, etc. Lo mismo puede
ocurrir en los casos de yeísmo: halla / haya, valla / vaya, olla / hoya, etc.
La homonimia también puede darse ocasionalmente a causa de procesos
fonosintácticos; recuérdese el verso de Góngora: “con dados ganan
condados”, o un novillo / un ovillo, la amiga / la miga, las salas / las alas, etc.
¿Qué soluciones tiene la lengua para evitar los casos de homonimia? En la
mayoría de los casos, es muy difícil que se produzca la homonimia, ya que la
pertenencia de los homónimos a categorías gramaticales diferentes y, por lo
tanto, conmutables sólo en determiandos puntos de la cadena sintagmática,
evitan la confusión; por otra parte, el contexto también resuelve estos casos.
Pero la lengua puede recurrir a determinados procedimientos para evitar los
casos de homonimia.
1. El género gramatical es un elemento eficaz para ello: por ejemplo: el orden
/ la orden, el pez (< lat. piscis) / la pez (< lat. pix, picis), el corte / la corte, el
guía / la guía.
2. Del mismo modo, el número gramatical puede realizar la diferencia: hinojo
(planta) / hinojos, esposa / esposas, grillo / grillos.
3. Por ligera modificación de las formas homonímicas, bien cambiando un
sonido o por introducción de uno nuevo: especie y especia, derivados del
mismo étimo latino s p e c i e s.
27

4. Realizando una modificación preventiva en la evolución de la palabra: la
conservación de la [f-] latina en ciertas palabras ha permitido distinguirlas de
otras en las que se produjo su desaparición: fijo (< f i x u) / hijo [< f i l i u); fiel
(< f i d e l eI / hiel (< f e l). En regiones de Venezuela y Puerto Rico, fojas,
‘hojas de libros’, y hojas, ‘hojas de árboles’.
5. Si la homonimia se llega a producir, la lengua aún dispone del
procedimiento de sustitución de un elemento por otro. El latín o l e u m
evolucionó sólo hasta olio; podía haber seguido hasta ojo, pero para evitar la
colisión con ojo (< lat. o c u l u m) se tomó el arabismo aceite.»
6.3 PARÓNIMOS
Los parónimos son aquellas palabras que tienen entre sí alguna relación o
semejanza (se parecen, pero no son), por su etimología (cálido y caldo) o
solamente por su forma (escritura) o sonido (pronunciación).
Los parónimos por ser muy parecidas en su pronunciación y escritura,
aunque muy diferentes en su significado, se prestan a confusión:
Patrón = el que da trabajo a los obreros
Padrón = nómina o lista de habitantes
Efecto y afecto se pueden confundir en la pronunciación, así como
Absorber absolver
Infligir infringir
Intimar intimidar
Competer competir
Pana, pala y pata son sustantivos parónimos
Caballo y cabello tienen un sentido diferente con una forma muy parecida
28

Etimología popular por atracción paronímica:
“Fenómeno que se produce por la «tendencia a asociar a cada palabra un
sentido determinado. Esta creación de significado manifiesta, en general, o
bien por trastrueque semántico o bien por adaptación fonética de la palabra»
(Wartburg). Se trata, pues, de un cruce basado en imaginarios supuestos
etimológicos. Por ejemplo, el «cerrojo» fue en latín veruculum, que dio en
español antiguo berrojo; pero esta palabra nada decía a la comprensión
popular. Como el instrumento servía para ‘cerrar’, a esta voz se remitió por
falsa etimología la insignificativa palabra berrojo, que así se llenó de
significado: cerrojo, ‘lo que sirve para cerrar’. En este ejemplo se produjo un
cambio fonético, pero la etimología popular (que, como Wartburg ha
señalado, opera entre todos los hablantes, aun en los de mayor cultura)
puede ocasionar incorrecciones en el uso de una palabra, y aun importantes
cambios semánticos. Blondo, por ejemplo, significa ‘rubio’; pero en la mente
de Meléndez Valdés se asoció a blando y onda, pasando a significar
‘ondulado y suave’: Tu vellón nevado / de ricitos lleno / cual de blanda seda /
cuidadoso peino. El fenómeno se denomina también paretimología y
atracción paronímica.” [Lázaro Carreter, F.: Dicc. de térm. filológ., p. 175-176]
Cuando la alteración se origina por asociación entre la pronunciación de una
palabra y la de otra más familiar para el hablante se habla de etimología
popular:
*vagamundo, por vagabundo;
*guardilla, por buhardilla;
*destornillarse de risa, por desternillarse de risa, etc.
Son más abundantes las confusiones denominadas de parónimos entre
29

palabras de parecida pronunciación aunque de significado muy diferente,
cuando se usa una palabra con el sentido de otra que tiene una expresión
semejante:
abertura por apertura
lapidar por dilapidar
actitud por aptitud
ostentar por sustentar
contornearse, por contonearse
cortocircuito, por cortacircuito
trompa de agua, por tromba de agua.
EJEMPLOS
Homónimos > tienen el mismo nombre
Comparten la grafía y la pronunciación
Se diferencian solo por su significado
Banco entidad bancaria, establecimiento público de crédito
asiento en que pueden sentarse varias personas
Cordoba ciudad andaluza
ciudad argentina
Si se escriben igual, son homógrafos y, como suenan igual, son también
homófonos.
Si no se escriben igual son solamente homófonos.
Todos los homónimos son homógrafos y homófonos y todos los
homógrafos son homónimos y homófonos; pero los homófonos
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propiamente dichos no son homógrafos. No existen en español
homógrafos que no sean al mismo tiempo homófonos, como es el caso en
francés: les fils = /fis/ ‘hijos’ y /fil/ ‘hilos’. Pues casos como término,
termino, terminó no son ni homófonos ni homógrafos, y se diferencian por
el acento.
La lengua dispone de varias soluciones para evitar la homonimia:
diferenciación de género y número (puerto – puerta), cambio de artículo (el
frente, la frente), diferenciación entre singular y plural (esposa – esposas),
detención de la evolución fonológica de una palabra (faz – haz, fiel – hiel),
sustitución de un elemento por otro (el latín oleum evolucionó sólo hasta olio;
podría haber seguido hasta ojo, pero para evitar la colisión con ojo, del lat.
oculum, se tomó el arabismo aceite).
capital capital de una nación
dinero para invertir
haya árbol de la familia de las Fagáceas
cazo
presente de subjuntivo del verbo haber
presente de indicativo del verbo cazar
recipiente
Nota: en estos ejemplos quisimos incluir los significados de algunas palabras
pues de nada serviría plantear estos casos de homónimos, homógrafos y
demás sin incluir también lo que estas significan, dando así más claridad a
los ejemplos.
Además podemos notar que hay palabras en los listados casi desconocidas
para nosotros razón de peso para exponer lo que las mismas significan.
31

Homófonos > tienen la misma pronunciación
Comparten la pronunciación: su pronunciación es igual o muy parecida
Se diferencian solo por la grafía y el significado
sabia persona que tiene sabiduría
savia jugo que nutre a las plantas
Votar emitir un voto
Botar echar al agua un buque
Errar cometer un error
Herrar clavar las herraduras a las caballerías
Bello Hermoso
Vello pelo delgado o menudo
Letras homófonas son aquellas que representan un mismo sonido: la c
delante de e/i y la z son letras homófonas.
En los países o regiones hispanohablantes en los que domina el seseo o la
no diferencia entre la c, s y la z, así como de la b y la v, resulta que son
homófonas palabras que propiamente serían parónimas en regiones que no
conocen el seseo: abrazar abrasar, concejo consejo, cazar casar,
casa caza, cocer coser, etc.
6.4 FALSOS AMIGOS / FALSOS PARÓNIMOS / PARÓNIMOS ÍNTER
LINGÜÍSTICOS.
Cuando dos palabras de idiomas diferentes son homónimas, pero no tienen
en ambas lenguas el mismo significado, se habla de falsos amigos. Por
ejemplo en italiano burro significa ‘mantequilla’ y no ‘asno’ como en español.
Falsos amigos parónimos o parónimos ínter lingüísticos son palabras que
32

tienen en una lengua morfología semejante a la de otro de otra lengua, pero
cuyos significados son parcial o totalmente diferentes: ‘verano’ en alemán
Sommer, en inglés summer; el inglés champion ‘campeón’ se parece al
español champiñón ‘seta’; el inglés constipated ‘extreñido’ se parece al
español constipado ‘resfriado’; el inglés library ‘biblioteca’ se parece al
español librería ‘venta de libros’; en portugués ceroulas o ceroilas
‘calconcillos largos’ se parece al español ciruelas.
Luego de explicar la homonimia desde la lingüística pasamos entonces al
nombre y sus características y partes, analizando cada una profundamente.
6.5 HOMONIMIA GESTUAL
A continuación destacaremos apartes de una investigación sobre los
fenómenos lingüísticos que se presentan en el lenguaje de los gestos. Con
estos apartes concluimos entonces todo lo que se entiende como la
homonimia lingüística al haber abordado con éxito una gran cantidad de
casos, incluyendo sus respectivos ejemplos en el idioma hablado, sin dejar
de lado por supuesto el curioso fenómeno que ocurre con los gestos que
será ampliado a continuación.
Definir los fenómenos de polisemia, sinonimia, antonimia y homonimia de los
gestos es tarea sumamente compleja, debido a la escasez de elementos del
lenguaje gestual en comparación con el verbal. Varios son los factores que
determinan la razón de esa escasez, entre los cuales podríamos nombrar los
siguientes: el carácter universal de la estructura del cuerpo humano y de los
rasgos emocionales, independientemente de raza, cultura o lugar de
residencia, el carácter lineal del uso de muchos gestos y la dependencia del
significado de la mayor parte de los gestos del idioma verbal.
33

Los datos obtenidos en los estudios realizados por filólogos, psicólogos y
etnógrafos (que son los que más detalladamente han estudiado el problema)
evidencian que dentro de una misma cultura un gesto puede tener uno varios
significados que, normalmente, tienen un componente semántico común.
Rara vez suele suceder que en el marco de una cultura gestos iguales por su
forma no tengan un componente común en su significado. Conviene señalar,
no obstante que muchas veces se observa coincidencia formal en los gestos
usados en diferentes culturas sin que por ello coincida su semántica. Por
ejemplo, el gesto "pulgar en posición vertical (con la yema hacia adelante o
hacia un lado y los demás dedos cerrados) significa en Rusia estupendo,
muy bien, perfecto; mientras en los EEUU, Inglaterra y muchos países
europeos se utiliza para detener un taxi o un automóvil, haciendo autostop;
en Japón tiene el sentido de hombre, marido, jefe, etc., mientras que en Perú
es utilizado por los conductores de autobuses para indicar que sólo hay
lugares de pie.
Podemos, pues, definir los conceptos de polisemia, sinonimia, antonimia,
paronimia y homonimia de los gestos sobre la base del criterio de la
pertenencia de éstos a una o diferentes culturas.
Calificamos de sinónimos aquellos gestos de una misma cultura diferentes en
su Forma pero semejantes por su significado. Por ejemplo, en España y
muchos países iberoamericanos para expresar gran acumulación o cantidad
de personas y cosas se utilizan los siguientes gestos:
- Las yemas de los dedos de una mano (con las puntas hacia arriba) se unen
en Forma de pera, manteniéndose la mano en esta configuración a unos
quince o Veinte centímetros del pecho.
- La mano, de canto, casi completamente abierta y ligeramente ahuecada,
34

con los dedos separados, la palma orientada hacia el pecho y a unos quince
centímetros del mismo, efectúa varios movimientos lentos de ida y vuelta,
sacudiéndose, con un recorrido de unos diez centímetros, y con articulación
de la muñeca.
- El brazo se levanta hasta que la mano abierta llega, para detenerse
frontalmente, a la altura de la cabeza que, simultáneamente, se levanta,
efectuando una media vuelta lateral., etc.
Se pueden calificar de antónimos aquellos gestos que no coinciden en la
forma, son opuestos en significado y son usados por representantes de una
misma cultura. Por ejemplo, en la mayor parte de los países
hispanoparlantes se utilizan los siguientes gestos antónimos:
- Significado de hambre, apetito: la palma de la mano toca o aprieta el
estómago, mientras por la nariz se inspira aire, enérgica y lentamente.
- Significado harto de comida: el canto de la mano (con los dedos apretados,
la Palma hacia abajo) golpea la frente.
- Significado persona flaca: el índice (con el resto del puño cerrado) se
coloca Verticalmente a unos veinte centímetros del hombro y a la altura del
mismo o de la cara.
- Significado persona gorda: la palma de una mano se apoya horizontalmente
de Canto, contra el dorso de la otra, mientras los brazos forman un círculo
imitando la acción en la que una persona obesa se abraza el vientre, etc.
Gestos de semántica diferente, pero semejantes en la forma y que son
usados por representantes de diferentes culturas o por representantes de
35

una cultura que residen en distintas regiones son gestos parónimos. Así, por
ejemplo, para los rusos rascarse la nuca expresa situación difícil, perplejidad
o indecisión, mientras que para los japoneses es expresión de vergüenza o
incomodidad.
Calificamos de homónimos aquellos gestos que coinciden en la forma, se
distinguen en semántica y son usados por representantes de una misma
cultura. Como ya hemos señalado anteriormente, el fenómeno de la
homonimia de gestos es muy poco frecuente, pero no podemos dejar de
tenerlos en cuenta. En calidad de ejemplo de homonimia de gestos
podríamos señalar un gesto que se usa mucho en España y en la mayor
parte de los países de Iberoamérica y, en dependencia de la situación, puede
significar tanto rabia, irritación como aferrarse a una idea: el puño de la mano
derecha, a una distancia de unos treinta o cuarenta centímetros de la otra
mano (que se halla, con la palma hacia arriba, a unos quince o veinte
centímetros del pecho) da un golpe enérgico contra el cuenco de aquella.
Consideramos polisemánticos aquellos gestos que tienen varios significados
en el marco de la misma cultura y tienen algún componente semántico
común. Por ejemplo, la oscilación de la cabeza, acompañada de una
inclinación del cuello hacia ambos lados, con un movimiento breve y más
bien lento puede tener en Colombia los siguientes significados:
- Duda, reserva.
- Desconocimiento.
- Inhibición.
- Más o menos.
- Regular.
36

Aproximadamente el diez por ciento de los gestos que se usan en la
comunicación.
Hispanohablante son polisemánticos. Las causas de la aparición de
significados.
Adicionales de los gestos son los siguientes:
- Afinidad semántica de los significados.
- Motivación equivalente de fenómenos diferentes. Es decir, cuando a un
gesto.
Le corresponden varios significados, y la forma de este gesto es óptima para
Cada uno de los significados, es decir, todos ellos se reconocen fácilmente,
Distinguiéndolos los comunicantes el uno del otro en dependencia del
Contexto.
- Diferentes fuentes de motivación. En este caso, habitualmente uno de los
Significados es el resultado de la "descripción" gestual de la forma de algún
Fenómeno, y el otro, resultado de la representación del nombre del algún
otro Fenómeno.
- Préstamo de otro significado a un gesto paronímico en otra sociedad de
cultura. Lingüística distinta.
6.6 EL NOMBRE
Podemos decir en términos generales que el nombre está regulado en todo
el mundo de manera similar; que por regla general las personas tienen uno o
dos nombres, dos apellidos registrados y un seudónimo, alias o nombre
37

artístico siendo este ultimo totalmente voluntario y facultativo por parte de la
persona que lo registra, los demás elementos deben registrarse.
6.6.1 Nombre en el derecho romano. Uno de los requerimientos para
conocer y entender una civilización en profundidad es entender como en esta
se nombraran a las personas. Algo que ciertamente nos puede dar muchas
claves y pautas sobre sus costumbres y funcionamiento.
Roma no es la excepción, y la manera en la que los romanos eran
nombrados nos otorga un paneo rico y provechoso sobre su cultura y
costumbres. Por el nombre de un ciudadano Romano no sólo podemos saber
a que familia pertenece, sino que también incluso a que sub rama de dicha
familia éste era perteneciente.
En el siguiente artículo explicaremos de manera simple y entendible el
sistema de nombres Romanos. Para hacerlo más didáctico y entretenido
utilizaremos de ejemplo a Julio César y sus relativos.
6.6.2 Estructura General. La manera en que los Romanos eran nombrados
varió y se transformó a lo largo del tiempo, razón por la que nos es difícil ver
una similitud, más allá del claro elemento Latino de su forma, entre la
estructura de un nombre republicano antiguo y un nombre republicano
moderno.
Pero las estructuras de estos no son en sí las que variaron sino la manera de
utilizarlas y aplicarlas fue la que se vio transformada a lo largo de los siglos.
Para lograr una mejor comprensión primero pasaremos a explicar cada una
de las partes del sistema de nombramiento y luego hablaremos sobre como
se fueron aplicando y variando a lo largo del tiempo.
38

6.6.3 Praenomia. El praenomen equivaldría a un nombre de pila actual y
parezca extraño o no sólo había unas pocas decenas de praenomia -plural
latín de praenomen- en uso.
Algunos ejemplos de praenomen y sus abreviaciones son: Aulus (A.), Gaius
(C.), Gnaeus (Cn.), Sextus (Sex.), Decimus (D.), Quintus (Q.) -aunque estas
abreviaciones no eran exactas y solían variar de un documento a otro-.
Normalmente el praenomen no era utilizado para referirse a la persona. Otro
factor a tener en cuenta es que algunos praenomen eran exclusivos de
ciertas gens y no se utilizaban por otras. Quizá el uso más importante del
praenomen era aclarar el primogénito, quien heredaba el praenomen del
padre.
6.6.4 Nomia. El nomen gentile, o nombre de familia, que como es obvio por
su significado indicaba la gens o familia -es decir el clan- a la que cierta
persona pertenecía.
Ejemplos de nomia son por ejemplo: Julius (Julii) -siendo Julius el singular y
Julli el plural en latín-, Pompeius (Pompeii), Valerius (Valerii), Decius (Decii),
Furia (Furii), etc.
6.6.5 Cognomia. El cognomen, el cual era un segundo nombre familiar,
indica la familia directa a la que se perteneciera dentro de la gens. Por
ejemplo Gaius Julius Caesar y Flavius Julius Valens pertenecían a la misma
gens, la Julius -IVLII-, pero uno pertenecía a la rama de los Caesar y el otro a
la de los Valens.
La particularidad del cognomen es que en la gran mayoría de los casos era
dado por una característica o particularidad del que iniciara esta rama de la
39

familia y era heredado en forma directa a sus descendientes. Por ejemplo el
cognomen Caesar significaba "peludo" -algo irónico y gracioso si tenemos en
cuenta que un gran complejo de César era su calvicie-.
Es difícil saber cuando comenzaron a utilizarse los cognomens socialmente.
De manera formal comienzan a utilizarse en los documentos oficiales y
legales recién en el 100 ac, razón por la que es normal ver anteriormente a
ese período Romanos de mucha importancia sólo llamados por un
Praenomen y nomen, Mientras que los que poseían tres nombres
generalmente era producto de una agnomia y no de un cognomen real. Ya
en la época moderna de la República los Romanos de tres hombres eran
generalmente miembros de la aristocracia, es por esto que hombres
importantísimos como Gaius Marius y Gnaeus Pompeius solo tenían un
praenomen y un nomen. (A pesar de que Marius luego tomara el cognomen
de Caesar) en el derecho romano.
40

CAPITULO II
7. EL PROBLEMA DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL SUJETO
ACTIVO DE LA CONDUCTA PUNIBLE EN EL NUEVO SISTEMA
PENAL ACUSATORIO
Podemos decir a ciencia cierta que el fin último del derecho penal
colombiano y mundial es un ideal de perfección y justicia que a fin de
cuentas se reconoce como utópico. La impunidad es una mancha y
consecuencia directa de la juridicidad misma; el concepto de reglas humanas
e imperfectas, creadas, revisadas y aplicadas también por seres humanos
hace suponer la existencia de su misma imperfección, donde algunos, por no
decir muchos, vencen al sistema por suerte o habilidad.
Del anterior enunciado y siguiendo con su línea, podemos afirmar por mera
deducción que en su eterno afán de ser más efectivos y hacer mejor su
labor, los organismos gubernamentales de todos los países incluyendo
organismos supra-nacionales como la INTERPOL, cometen errores a diario
en contra de los particulares pero en función de su labor.
Nuestro país, rico en crímenes e impunidad pero pobre en recursos no es
ajeno a estos errores, constantes pero bien intencionados, por parte de las
instituciones encargadas de cuidar nuestra seguridad y convivencia.
Si bien nuestro país sufre de una falta de técnica, tecnología y pericia para
poder identificar e individualizar a los delincuentes y peor aun a los que no lo
son, reconocemos a su vez el inmenso esfuerzo que se esta llevando a cabo
para solucionar este problema por parte del gobierno nacional. El caso que
ocupa nuestra atención en este momento toca cada uno de los aspectos de
41

la identificación de las personas; desde el nombre y apellido que parecen tan
sencillos, hasta huellas dactilares precisas, registros dentales y marcas
anatómicas que lleven a quien corresponda identificar si el investigado es
realmente a quien su nombre se liga.
Por otro lado, lo que si nos parece trágico, a diferencia de la situación
expuesta antes, pues la falta de recursos es más que entendible, excusable;
es la falta de textos legales que defiendan a los particulares esta situación. A
diferencia de nuestra falta de tecnología, esto es falta de disposición, de
hacer un ejercicio intelectual que en eso creemos somos ricos, para
ponernos a la par de países de la zona que regulan y se preocupan en
realidad por esta situación tan importante.
Comencemos entonces por definir en términos generales y en la legislación
colombiana quien es en su totalidad el sujeto activo.
7.1 CONCEPTO
Indudablemente, en la comisión de los hechos delictuosos siempre interviene
un sujeto que mediante un hacer o un no hacer, legalmente tipificado, da
lugar a la relación jurídica material y posteriormente a la relación procesal.
Esto no implica necesariamente que, por ese solo hecho, pueda ser
considerado como sujeto activo del delito, pues esta calidad la adquiere
cuando se dicta la resolución judicial condenatoria. No obstante, habrá sido
objeto de los actos y formas del procedimiento, razón por la cual se le debe
calificar, en tal caso, como supuesto sujeto activo, nombre aplicable en
términos generales, sin desconocer las otras denominaciones que adquiera
conforme al momento procedimental de que se trate.
En la actualidad, el hombre es el único autor o posible autor de delitos, pero
42

esto no siempre ha sido igual, antiguamente, entre los árabes y los hebreos,
los animales y los difuntos fueron considerados sujetos autores de delitos. El
ser humano era tan sólo instrumento de investigaciones y material
probatorio. Posteriormente, al adquirir carta de naturalización la declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano, el hombre pasó a ser, en todos
los regímenes democráticos, un sujeto de derechos y obligaciones, y su
calidad de "parte", se acentúa en forma plena en el sistema acusatorio, en el
cual, dentro de la relación jurídico-procesal es la figura principal en torno al
cual, gira todo el proceso.
7.2 TERMINOLOGÍA
Tanto en la doctrina como en la legislación, al supuesto autor del delito se le
han otorgado diversas denominaciones que no necesariamente le
corresponden lo que conduce a la utilización de una terminología carente de
técnica. Para demostrar esta aseveración, baste citar los siguientes nombres:
indiciado, presunto responsable, imputado, Inculpado, encausado,
procesado, Incriminado, presunto culpable, enjuiciado, acusado, condenado,
reo, etc.
El significado de esta terminología es el siguiente:
Indiciado es el sujeto en contra de quien existe sospecha de que cometió
algún delito, porque se le ha señalado como tal, pues la palabra indicio
significa "el dedo que indica".
Presunto responsable es aquel en contra de quien existen datos suficientes
para presumir que ha sido autor de los hechos que se le atribuyen.
Imputado es aquel a quien se atribuye algún delito, inculpado es aquel a
quien se atribuye la comisión o la participación de un hecho delictuoso,
43

Tradicionalmente este término se tomaba como sinónimo de "acusado" y se
aplicaba a quien cometía un delito, desde que se iniciaba el proceso hasta su
terminación. Encausado es el sometido a una causa o proceso.
Procesado es aquel que está sujeto a un proceso; en consecuencia, la
aplicación de tal calificativo dependerá del criterio que
se sustente respecto al momento en que se estime se ha iniciado el proceso.
Incriminado, A este término corresponde la misma significación que
establecimos para imputado e inculpado.
Presunto culpable es aquel en contra de quien existen elementos suficientes
para suponer que, en un momento procesal determinado, será objeto de una
declaración jurídica que lo considere culpable.
Enjuiciado es aquel que es sometido a juicio.
Acusado es aquel en contra de quien se ha formulado una acusación.
Condenado es aquel que está sometido a una pena.
Reo es aquel cuya sentencia ha causado ejecutoria y en consecuencia está
obligado a someterse a la ejecución de la pena por la autoridad
correspondiente. De lo anterior podemos decir sin temor a equivocarnos que
si bien la ley es clara en determinar el momento donde se denomina a la
persona imputado, acusado y demás términos, la amplitud de palabras
aparentemente sinónimas bien justifica haberlas enunciado, para así conocer
a fondo quien es quien no solo en el proceso penal Colombiano sino en los
países que utilizan los demás términos.
44

7.3 NUESTRO PUNTO DE VISTA
Calificar impropiamente al supuesto sujeto activo del delito no sólo es
demostración de un atraso inconcebible en esta materia, sino también,
conduce a situaciones injustas para quien por efecto de la denuncia o de la
querella se ve sujeto a ciertos actos procedimentales, sin que ello signifique
siempre que esté colocado dentro de las normas del Derecho Penal
Sustantivo, porque como acertadamente sostiene Carlos A. Ayarragaray,
"nadie está exento de caer en el Código de Procedimientos Criminales.
Muchos caen bajo este Código, pero pocos bajo el Código Penal".
Con relación a la terminología, es conveniente determinar si debe emplearse
solamente uno de los calificativos mencionados y en tal caso, precisar cuál
sería el indicado; o de lo contrario, si debe utilizarse uno distinto para cada
etapa procedimental.
A nuestro juicio dejó de preverse que, aun proscribiendo la división de las
diversas fases del procedimiento, la situación del supuesto sujeto activo del
delito sigue siendo cambiante, por eso es más técnico, por ejemplo, llamarle
acusado cuando se han formulado conclusiones acusatorias,
independientemente que siga siendo objeto de imputación.
En razón de las distintas etapas del procedimiento penal, y atendiendo a sus
formas y técnica legal, el supuesto sujeto activo del delito se va colocando en
situaciones jurídicas diversas; de tal manera que a ello obedece el que reciba
una denominación específica, correspondiente al momento procedimental de
que se trate.
No se justifica el otorgarle un solo nombre durante todo el procedimiento
debido a que su situación jurídica es variable; por lo tanto nos parece
45

correcto llamarse indiciado durante la investigación previa, por que tal
nombre deriva de "indicio", "dedo que señala" y como existen "indicios" de
que cometió el delito será objeto de tal averiguación.
Tradicionalmente se han reconocido al menos tres tipos de partícipes en el
proceso: en primer lugar, los sujetos procesales, que según el Código de
Procedimiento Penal (CPP) son la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio
Público, el sindicado, el defensor, la parte civil, el tercero incidental y el
tercero civilmente responsable; en segundo lugar, los sujetos de actos
procesales, que actúan en forma esporádica en ciertas diligencias, como los
peritos, los secuestres, los testigos y el vocero; finalmente, existen otras
personas cuya intervención es notoria dentro del trámite pero que no están
incluidas en las categorías anteriores, tales como el juez o el imputado, a
quienes simplemente se denomina intervinientes. Sujetos procesales son
“aquellas personas que intervienen regularmente dentro del trámite del
proceso, o bien representando al Estado, o bien a los diferentes intereses
particulares comprometidos en la definición del mismo”.
Pero su reconocimiento como tal no constituye una simple distinción teórica
sino que reviste profundas implicaciones que se ven reflejadas en diferentes
momentos a lo largo de toda la investigación penal, pues a partir de ella
surgen derechos y obligaciones en virtud de la condición en la que se actúe,
de la cual no es ajena el régimen jurídico vigente. Por otro lado, diferencia al
imputado del sindicado, aún cuando en la práctica se trata de la misma
persona: al imputado se atribuye la autoría o participación en una conducta
punible durante la investigación previa, pero no tiene la calidad de sujeto
procesal sino hasta cuando ha sido vinculado mediante indagatoria o
declarado persona ausente, momento en el cual su denominación cambia a
la de sindicado.
46

7.4 LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 1
La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el
rango de derecho fundamental, por virtud del cual, el acusado no está
obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el
contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración
de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el
inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o
veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la
convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material
probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo
con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho
y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro
reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. La
detención preventiva como medida de aseguramiento, dada su naturaleza
cautelar, “se endereza a asegurar a las personas acusadas de un delito para
evitar su fuga y garantizar así los fines de la instrucción y el cumplimiento de
la pena que, mediante sentencia, llegare a imponerse, una vez desvirtuada
la presunción de inocencia y establecida la responsabilidad penal del
sindicado.”
7.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES
Dentro del proceso, el supuesto sujeto activo del delito tiene un conjunto de
derechos y deberes previstos por las leyes. Entre los primeros podemos citar
el de defensa, con todos los aspectos que entraña.
1 C-774/01 Presunción de inocencia
47

Deberá, asimismo, reparar el daño causado por el delito, pagar el importe de
la sanción pecuniaria y no ejercer derechos políticos, de tutela, curatela,
apoderado, defensor, albacea, perito, interventor judicial, árbitro o
representante.
En nuestro país los deberes se enumeran en el Código de Procedimiento
penal:
Artículo 140. Deberes. Son deberes de las partes e intervinientes:
1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.
2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o en el ejercicio de los derechos
procesales, evitando los planteamientos y maniobras dilatorias,
inconducentes, impertinentes o superfluas.
3. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus intervenciones.
4. Guardar el respeto debido a los servidores judiciales y a los demás
intervinientes en el proceso penal.
5. Comunicar cualquier cambio de domicilio, residencia, lugar o dirección
electrónica señalada para recibir las notificaciones o comunicaciones.
6. Comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las que sean
citados.
7. Abstenerse de tener comunicación privada con el juez que participe en la
actuación, salvo las excepciones previstas en este código.
8. Guardar silencio durante el trámite de las audiencias, excepto cuando les
corresponda intervenir.
9. Entregar a los servidores judiciales correspondientes los objetos y
documentos necesarios para la actuación y los que les fueren requeridos,
salvo las excepciones legales.
48

Artículo 141. Temeridad o mala fe. Se considera que ha existido temeridad o
mala fe, en los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal en la denuncia,
recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la actuación
procesal.
2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
3. Cuando se utilice cualquier actuación procesal para fines claramente
ilegales, dolosos o fraudulentos.
4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas u otra diligencia.
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal de la
actuación procesal.
7.6 LIMITACIONES A LA LIBERTAD
Frente a estos derechos y obligaciones, el sujeto a que nos estamos
refiriendo resulta afectado en un aspecto de mayor trascendencia, en
algunas restricciones a su libertad personal, Estas restricciones tienen un
doble aspecto, como necesidad procesal y como sanción.
a) Razones procesales. En cuanto a lo primero, atendiendo a la naturaleza y
fines del proceso penal, las leyes que lo regulan imponen la necesidad de
restringir la libertad personal porque, si no fuera así, resultaría imposible
asegurar la presencia del supuesto autor del ilícito penal ante el órgano
jurisdiccional, y en consecuencia, el proceso quedaría paralizado.
Por otra parte, es indispensable el aseguramiento de quien ha delinquido,
para con esta medida, auspiciar la tranquilidad necesaria a quien ha sufrido
la violación o a quienes se han enterado de la comisión del delito; además, si
no se adoptara, quizá se destruyeran los vestigios que hubiere dejado el
ilícito penal.
49

Sin la presencia del indiciado ante el órgano jurisdiccional, el carácter
acusatorio del proceso quedaría desvirtuado ya que los actos del Ministerio
Público habrían llegado a darse tan sólo hasta el ejercicio de la acción penal,
en esas condiciones, no seguirían llevándose a cabo durante el proceso.
Los actos de defensa tampoco se realizarían, con lo cual resultaría
desvirtuado el carácter acusatorio mencionado.
b) Carácter preventivo: Las restricciones a la libertad personal, en el orden
indicado, cualquiera que sea el estado del procedimiento en que se ordenen,
tienen un carácter netamente preventivo y no sancionador. Con la prisión
preventiva se logra la custodia del que ha delinquido, pero únicamente por el
tiempo indispensable para su procesamiento.
Pretender considerar tal restricción como una pena, significaría estar
adelantándose a un resultado del proceso que no necesariamente puede
arrojar la declaración de culpabilidad.
c) Su carácter sancionador. En cuanto al carácter sancionador de las
medidas restrictivas de la Libertad la ley penal establece el confinamiento y
la prohibición de ir a lugar determinado.
7.7 LA PARTICIPACIÓN EN EL DELITO EN COLOMBIA
El Código Penal establece dos clases de personas que tienen
responsabilidad criminal por los delitos:
- Autores.
- Cómplices.
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7.7.1 Autorías. El autor de un delito, en sentido estricto de la palabra es la
persona a la que se le puede imputar objetivamente el hecho típico como
suyo. Es la persona que tiene el dominio del hecho. Dentro de este concepto
cabe la persona que ejecuta materialmente el hecho, pero también cabe la
posibilidad de que sea una persona que no ejecuta materialmente el hecho,
pero que tiene el dominio del hecho. El Código Penal establece tres
modalidades de autores:
- Autor material: está definido en el Art. 28, es el que ejecuta el hecho
directamente.
- Coautor: son los que ejecutan conjuntamente el hecho, ninguna de las
personas realiza todo el delito. Si realizan el hecho conjuntamente, es
porque entre ellos existe un acuerdo. A partir de aquí los Tribunales
españoles mantuvieron durante muchos años la teoría del acuerdo
previo. Según esta teoría todas las personas que estaban unidas por
un acuerdo previo se consideran como coautores con independencia
de su intervención en el hecho. Ej. Varias personas que se reúnen y
deciden robar un banco y se reparten distintos papeles, para los
Tribunales todos los implicados serán castigados por un delito de
robo, aunque uno de ellos se quede vigilando por si viene la policía.
Frente a esta teoría se dijo que en verdad no es imprescindible que
haya un acuerdo previo, porque lo que define a la coautoría es que
cada uno de los coautores acepta lo que hacen los demás. Pero ese
acuerdo previo no es suficiente, tiene que haber además actos de
ejecución. Sin embargo cada vez se va abriendo paso a una teoría
intermedia, porque estas teorías presentan problemas Ej. Caso en el
que una banda de delincuentes tiene un jefe que organiza todo, en
ese caso, el jefe envía a los de su banda a ejecutar el delito pero él no
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ealiza actos de ejecución, no se le considera coautor aunque tiene el
dominio funcional del hecho. Según la doctrina intermedia, también
puede considerarse coautor a la persona que no ejecuta el hecho pero
ejecuta partes esenciales del plan de ejecución.
- Autor mediato: es la persona que realiza el hecho utilizando a otro
como instrumento. A no realiza ningún acto de ejecución, pero es
autor. En todos estos caos, el sujeto que actúa como instrumento, lo
hace de forma no dolosa, es decir si ese instrumento sabe lo que está
haciendo ya no hay autoría mediata.
7.7.2 Las formas de participación. La participación es la intervención en
un hecho ajeno. Esto quiere decir, varias cosas:
- El participe no tiene el dominio del hecho (el hecho pertenece al autor).
- El participe no realiza actos de ejecución del tipo, lo que hace el participe es
contribuir a que esa persona ejecute el delito.
- La participación se rige por el principio de accesoriedad, según este
principio, la participación no es un delito independiente, si no que el castigo
de la participación depende siempre de un hecho principal que realiza el
autor.
Hay que tener en cuenta que hoy los Tribunales siguen el criterio de la
accesoriedad media, según el cual para que la participación sea punible, es
preciso que la conducta realizada por el autor sea una conducta típica y
antijurídica (no es preciso que el autor sea culpable). En la práctica eso
significa que por ejemplo una persona que participa en un homicidio
realizado en legítima defensa, queda impune porque el hecho es típico pero
52

no antijurídico. En cambio, en el caso de un homicidio realizado por una
persona que padece una perturbación psíquica muy grave, si alguien le
ayuda, ese partícipe en el homicidio sí podrá tener responsabilidad penal
porque la conducta es típica y antijurídica.
7.8 CONSECUENCIAS
- Si el autor principal no comienza la ejecución del hecho, el partícipe no
tiene responsabilidad penal.
- El participe responde por el mismo título de imputación que el autor
principal, es decir, si el autor principal responde por un homicidio el partícipe
responde como partícipe de un delito de homicidio.
- El partícipe responderá en función del grado de ejecución al que haya
llegado el autor principal Ej. Si el autor ha realizado un homicidio en grado de
tentativa, el otro responderá como partícipe de un homicidio en grado de
tentativa.
7.9 CLASES DE PARTICIPACIÓN
El Código Penal distingue dos posibilidades:
- Modalidades de participación que el legislador considera especialmente
importantes y les impone la misma pena que a los autores (modalidades de
participación equiparadas e pena):
a) Inducción
b) Cooperación necesaria.
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- Modalidad de participación que el legislador considera meno importante y
fija una pena menor que para la autoría:
c) Complicidad.
El Art. 28 dice que “Son autores quienes realizan el hecho por sí solos,
conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.
También serán considerados autores, los que inducen directamente a otro u
otros a ejecutarlo y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual
no se habría efectuado”. es decir según este artículo, no son autores pero
serán considerados como tales los inductores y los cooperadores necesarios.
a) La inducción:
Consiste en determinar en una persona la resolución de cometer un delito.
Dentro de esa definición se pueden ver una serie de aspectos importantes:
Para que exista es necesario que el inductor haya determinado al autor
material, es decir, tiene que haber una relación causal entre la conducta de
inducción y la decisión de delinquir. Esta decisión de delinquir que toma el
inducido tiene que ser una decisión voluntaria. La inducción consiste en dar
razones a una persona para que se decida a cometer un delito.
Ej. Una modalidad de inducción es ofrecer dinero a una persona para que
cometa un delito. También una amenaza de muerte puede ser una inducción,
los Tribunales consideran que una persona que comete un delito bajo una
amenaza de muerte, actúa voluntariamente.
La inducción ha de ser directa, ha de ser hecha a una persona en concreto y
para algún delito concreto. Las inducciones a personas inconcretas no son
inducciones, si no provocaciones para delinquir.
54

La inducción ha de ser dolosa. No existen inducciones por imprudencia, lo
que si puede existir son inducciones a conductas imprudentes.
Sin embargo en la práctica se plantea un problema, ya que se dice que la
inducción tiene un “dolo doble”. Esto significa que en la inducción existe
primero una intención de convencer a otro para que cometa un delito y
después que hay una intención de que se cometa un delito.
Otro problema que se plantea es de los casos de “agente provocador” son
casos en los que una persona induce a otra a que cometa un delito con la
intención de detenerlo (normalmente suelen ser agentes de policía) En estos
supuestos:
- Si la intención del agente provocador es detener a esta persona antes de
que se cometa el delito (se excluya toda posibilidad de que se cometa el
delito) no habría dolo doble, y por tanto no habría inducción.
- Si lo que se quiere es que se cometa el delito, entonces se trata de lo que
se conoce como “casos de delito sin victima” En ellos la conducta del agente
provocador no parece excesivamente grave.
El problema es cuando se trata de auténticos delitos Ej. Cuando se induce a
una persona a cometer un robo. El criterio general es:
- Si el sujeto ya cometía habitualmente por sí mismo ese delito entonces, la
intervención del agente provocador ya no parece decisiva.
- Si alguien se indujese a alguien a cometer un delito, la conducta de ese
agente provocador si sería considerada como inducción.
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- Que existan actos de ejecución del delito inducido; para que se pueda
castigar a alguien como inductor es preciso que el inducido haya realizado
por lo menos algún acto de ejecución.
Si el inducido no ha realizado todavía ningún acto de ejecución no existe
inducción si no que podría ser proposición para delinquir.
- En casos de exceso del inducido el inductor no responde por ese exceso.
Si se induce a una persona a cometer un homicidio y acaba matando a
cuatro personas, el inductor solo responde por el homicidio de esa persona.
b) Cooperación necesaria y complicidad.
Esencialmente son iguales, los dos casos consisten en favorecer la ejecución
del delito por otra persona. En ningún caso realiza actos de ejecución, lo que
hacen es realizar actos que ayudan a que otra persona realice actos de
ejecución.
La diferencia entre cooperación necesaria y complicidad es que en el primer
caso, la ayuda es esencial para la ejecución del delito. En cambio en la
complicidad, no es esencial. Esta diferencia es muy importante porque de
ella depende la diferencia de pena. Es una distinción muy difícil en la
práctica. En líneas generales, en las sentencias de los Tribunales se puede
ver que a veces los Tribunales interpretan literalmente el Código Penal.
Art. 28.
En aquellos casos en los que, sin la aportación del partícipe el delito no se
habría realizado, se considera que existe cooperación necesaria. En otras
ocasiones, los Tribunales utilizan el criterio de la teoría de los “bienes
56

escasos”, existe cooperación necesaria cuando se aporta algo que no
aportaría al ciudadano medio ej. Llevar una pistola los ejemplos típicos son:
vigilar a la víctima, aportar información sobre ella, dar información sobre
datos de un banco... Para que exista la cooperación necesaria es
imprescindible que haya actos de ejecución. En lo que respecta a la
complicidad, la ayuda no es esencial para la ejecución, pero tiene que ser
una ayuda eficaz (que ser útil para el autor del delito). El cómplice tiene una
pena menor que el autor, que según el Art. 63 es una pena inferior en un
grado. La pena del cómplice estará siempre en función de la pena que tenga
el autor.
Antes de entrar de lleno a lo referente al delito, deben destacarse algunos
aspectos inherentes a la materia, como son los sujetos del delito, los objetos
del delito, las formas en que se manifiesta el delito, el desarrollo del delito,
para así tener más nitidez en su comprensión.
7.10 SUJETOS DEL DELITO
En el campo del derecho penal se alude continuamente a dos protagonistas,
que son el sujeto activo y el sujeto pasivo.
7.10.1 Sujeto activo. Es la persona física que comete el delito,
independientemente de su sexo, edad, nacionalidad, etc.
- Sujeto activo: la persona que realiza la conducta típica. Este término hay
que distinguirlo del de “autor del delito” ya que son distintos y no siempre
coinciden. El autor del delito es la persona criminalmente responsable del
delito. Ej. Una persona que da muerte a otra y padece una alteración
psíquica es el sujeto activo, pero no el autor del delito porque no tiene
responsabilidad criminal. Al revés hay personas que son autores del delito y
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no son sujetos activos porque no realizan la conducta típica este es el caso
de los “autores mediatos” que son personas que ejecutan el delito por
medios de otros. El sujeto activo del delito sólo puede serlo una persona
física, no una jurídica. Esto es importante porque hoy a través de entidades
se cometen delitos que tienen una importancia económica enorme. La
responsabilidad penal se puede buscar en los administradores que rigen
esas sociedades el Art. 31 permite establecer la responsabilidad criminal de
los administradores de las personas jurídicas.
7.11 SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y HOMONIMIA EN COLOMBIA
La actualidad de Colombia y el mundo, llama a propios y extraños a la
modernización de sus procesos, ya sean creativos, productivos o
intelectuales, lo bello de lo simple renace de nuevo. Desde la ley antitramites
hasta la nueva cedulación de los habitantes en Colombia, el país
desde sus procedimientos, clama por la eficacia, la celeridad y la certeza en
sus actuaciones, este avance no es ajeno a las ramas del derecho.
El nuevo sistema penal acusatorio, abrió una puerta, que ha mostrado ser
una muy concurrida a la hora de resolver los conflictos penales, toda vez que
los juicios, ya no son esos tediosos y lentos procesos, que muchas veces no
conducían a la justicia real.
Las cosas han cambiado, ahora cada sujeto, puede resolver su situación
pasando por cada etapa del llamado juicio oral, en un periodo de tiempo en
el que antes ni siquiera había culminado la investigación previa realizada por
la fiscalía, eso es eficacia.
. Características del Sistema penal acusatorio:
58

- La ley 906 señala la separación de funciones.
- El fiscal solo estará dedicado a investigar y a acusar y podrá decidir en la
etapa de investigación si no se afectan derechos fundamentales.
- La captura que haga un fiscal se realiza a través de una solicitud a un juez
de garantías y este tomará su decisión.
- Hay audiencias privadas como las de orden de captura, de allanamiento,
interceptación telefónica, registro de correspondencia, entre otras. Las puede
decretar la fiscalía con control posterior del juez. No requiere autorización
para su realización.
- La orden de captura si requiere un control a priori del juez de garantías y
luego de ella se realiza un control para determinar si ella fue legal (control
previo y posterior). Esta es diferente a la detención preventiva.
- La captura en flagrancia tiene control posterior.
- La detención preventiva se presenta cuando se detiene a la persona
mientras se juzga.
- La iniciativa procesal es de las partes, el juez no puede decretar pruebas de
oficio, salvo lo que ha dicho la Corte Suprema en cuanto a la afectación de
derechos fundamentales para la víctima, si puede hacerlo.
- Es una justicia rogada.
- Existe libertad probatoria y se valora por medio de la sana crítica.
- La fiscalía no toma decisiones para notificar, solo toma decisiones
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administrativas.
- Hay tres audiencias: Formulación de acusación, preparatoria y oral. Antes
de ellas hay otras audiencias preliminares y son para resolver asuntos que la
fiscalía solicite a un juez de control de garantías.
- El juez de garantías puede ser cualquiera y el juez de conocimiento es
único.
- Solo el fiscal puede solicitar medida de aseguramiento. Art. 306 ley 906.
- La medida de aseguramiento es con autorización de un juez de garantías.
Art. 308 ibídem.
Ahora bien, en este escrito, enunciaremos las diferentes audiencias que se
llevan a cabo en este sistema, con sus respectivas condiciones y actores,
desde la etapa investigativa hasta la culminación del proceso.
Cabe decir que el sistema penal acusatorio, que aun esta en proceso de
perfeccionamiento mientras esta vigente, aun tiene mucho que mejorar,
según muchos autores, pero es ese proceso de continuo movimiento y
evolución lo que hace de esta rama del derecho una de las más
emocionantes por sus constantes giros y virajes, y este nuevo sistema no es
la excepción.
Previo a las audiencias vamos a repasar muy someramente quienes
intervienen en el proceso en el Sistema penal acusatorio:
7.12 PARTES EN EL PROCESO PENAL
Fiscalía: funciones:
60

- Solicitar el principio de seguridad.
- Ordenar registros y allanamientos.
- Asegurar la evidencia.
- Proteger victimas, testigos, peritos.
- Investigación integral incluso a favor del acusado.
Defensa: ya no hay defensoría de oficio sino la que le asigna la
defensoría pública.
Imputado: se vincula mediante la formulación de imputación o desde
antes. El acto de vinculación es la indagatoria o “reo ausente” cuando
no se ha podido localizar. La búsqueda no debe cesar por parte de la
fiscalía. Debe ser localizado. Por regla general no hay juicio con
declaración de ausencia.
INTERVINIENTES
Victimas: puede solicitar pruebas, hacer alegatos de conclusión.
Ministerio público: interviene solo cuando es necesario aunque su
notificación es obligatoria.
7l.13 ETAPA PREPROCESAL
La indagación es una etapa preprocesal en la que la Fiscalía General de la
Nación, a través de la policía Judicial, averigua sobre los hechos que revisten
características de delito y que han llegado a su conocimiento.
Una vez conocida la noticia criminal, la Policía Judicial realiza:
61

actos urgentes (inspección en el lugar de los hechos, levantamiento
de cadáver, y entrevistas) y presenta informe ejecutivo al Fiscal
delegado.
Asegura, embala, y custodia los elementos materiales probatorios y
los traslada al laboratorio o bodega correspondiente.
El Fiscal delegado evalúa el caso con base en los elementos
materiales probatorios y las actividades realizadas por la Policía
Judicial y determina si al delito se le puede o no aplicar el principio de
oportunidad, de lo contrario ordena a la policía judicial seguir con la
investigación.
7.13.1 Actuaciones de la policía judicial
Sin orden del fiscal: puede realizar
1. Inspecciones:
1.1 Del lugar del hecho (Artículo 213)
1.2 Levantamiento de cadáver (Artículo 214)
1.3 En lugares distintos al del hecho (Artículo 215)
2 Otras diligencias:
2.1 Allanamiento en caso de flagrancia
2.2 Reconocimiento médico legal en caso de lesionados o de
víctimas de agresiones sexuales (Artículo 250)
2.3 Solicitud dictamen pericial (excepto artículos 245 y 249)
2.4 Captura en flagrancia (Artículo 301 y 302).
2.5 Detención Administrativa (Artículo 28 C.N.)
2.6 Verificación de anónimos (Artículo 69 inciso 4)
62

2.7 Entrevistas (Artículo 206)
2.8 Interrogatorio a indiciado
Con orden del fiscal
1. Procedimientos:
1.1 Exhumación (Artículo 217)
1.2 Allanamientos (Articulo 219)
1.3 Reconocimiento por medio de fotografías o videos. (Artículo 252).
1.4 Reconocimiento en fila de personas (Artículo 253).
2. Procedimientos con comunicaciones
2.1 Retención de correspondencia. (Artículo 233)
2.2 Examen y devolución de la correspondencia (Artículo 234)
2.3 Interceptación de comunicaciones telefónicas y similares (Artículo
235)
2.4 Recuperación de información dejada al navegar por Internet u
otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes.
(Artículo 236)
3. Audiencias de control de legalidad posterior
El fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías, dentro de
las treinta y seis (36) horas siguientes al diligenciamiento de las
órdenes de:
Registro y allanamiento
Retención de correspondencia
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Interceptación de comunicaciones
Recuperación de información dejada al navegar por Internet u otros
medios similares.
4. Vigilancias
4.1 Vigilancia y seguimiento de personas (Artículo 239).
4.2 Vigilancia de cosas (Artículo 240)
4.3 Análisis e infiltración de organización criminal (Artículo 241)
4.4 Actuación de agentes encubiertos (Artículo 242)
4.5 Entrega vigilada (Artículo 243)
5. Otros
5.1 Búsqueda selectiva en bases de datos (Artículo 244)
5.2 Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al imputado.
(Artículo 245)
5.3 Inspección corporal (Artículo 247)
5.4 Registro personal (Artículo 248)
5.5 Captura sin orden judicial (Artículo 300)
Con orden del juez:
1. Regla general (Artículo 246)
Las actividades diferentes a las que ordena el fiscal que
impliquen afectación de derechos y garantías fundamentales
(consulta de historia clínica, movimientos bancarios, entre
otros)
2. Obtención de muestras que involucren al imputado. (Artículo 249)
3. Captura. Requisitos (Artículo 297)
64

El fiscal frente a la noticia criminal y a la indagación puede:
1. Extinguir la acción penal en los casos establecidos de manera
taxativa en el código.
2. Archivar las diligencias: cuando en relación con el hecho no
haya motivos o circunstancias o por desistimiento del querellante.
3. Aplicar el principio de oportunidad: causales del art. 324.
4. Formulación de imputación
7.14 AUDIENCIAS EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
7.14.1 Audiencias. El proceso penal en el nuevo sistema penal acusatorio
contiene como audiencias, las siguientes:
-Audiencias preliminares, legalización de la captura
-Audiencia de Formulación de Acusación
-Audiencia Preparatoria
-Audiencia de Juicio Oral
-Audiencia de Incidente de Reparación Integral
-Audiencia de Individualización de Pena y Sentencia
- Audiencias Preliminares:
El artículo 153 en el Código Procesal Penal, define las audiencias
preliminares como aquellas que se adelantan ante un juez de control de
garantías, de manera previa a la formulación de acusación. El objeto de tales
audiencias es ordenar o controlar actuaciones, adoptar medidas restrictivas
de derechos o resolver peticiones.
La asistencia del Ministerio Público no es obligatoria, pero en las mismas
debe estar presente el Procesado o su apoderado; salvo en aquellas
65

actuaciones que por su naturaleza son de carácter Reservado, como las de
control de legalidad sobre interceptación de comunicaciones, seguimientos o
vigilancias de personas y cosas.
-Audiencia de legalización de la captura:
Esta captura como su nombre lo indica parte de dos situaciones claras como
lo son, la flagrancia o también llamado sorprendimiento del artículo 301, y el
aprehendimiento que parte de la orden de captura ya sea indicial o
extrajudicial.
Al decidir si declara legal o ilegal la captura, el juez está decidiendo un
aspecto sustancial, que no es otro que el de impartir legalidad a la actuación
del Estado mediante la cual se afecta el derecho fundamental de la
libertad. El carácter de imputado se adquiere desde la formulación de la
imputación o desde la captura.
En resumen se analiza por redundante que parezca, si el acto o la situación
que culmino con la captura, es legal, cumpliendo con todas las
características y otorgando las garantías necesario a, al capturado con esa
actuación.
En este primer momento del proceso es preciso cotejar los datos del ahora
capturado, con los de la orden de captura para tener la certeza que esta
persona es la misma a la que se le impartió orden de captura. Si la captura
ocurrió por flagrancia o sorprendimiento, es importante tomar aun antes de
esta instancia la impresión decadactilar de la persona así como recopilar sus
datos personales completos. Lo anterior no es más que seguir a cabalidad el
protocolo lo cual a si vez evita en gran medida que se cometa un error en la
66

identificación del aprehendido.
- Audiencia de formulación de acusación:
Con la formulación de acusación se inicia la fase del juicio, se inicia con el
escrito de acusación, como primer requisito, debe el juez máximo a los tres
días siguientes de haber recibido tal escrito, llamar a las partes, el capturado,
el fiscal y el ministerio público, a esta audiencia. Corriendo traslado a las
parte, quienes pueden hacer observaciones, recusaciones y es en esta etapa
donde surgen impedimentos y nulidades frente al escrito. También es aquí
donde se sanea el proceso.
Diligencia en la que el Fiscal del caso formula acusación contra una persona,
en presencia de su defensor y ante el juez que en adelante conocerá del
proceso. Para ello, se requiere que previamente haya presentado el escrito
de acusación. Dicho documento contendrá la individualización concreta
del acusado, con sus datos de identificación y domicilio; una relación
clara y breve de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje
comprensible; el nombre y lugar de citación de su defensor o del designado
por la Defensoría Pública; la lista de bienes y recursos afectados con fines de
comiso y el descubrimiento de los elementos materiales de prueba y
evidencias físicas, para lo cual los relacionará en formato anexo. Durante esa
audiencia, se resolverán las peticiones de nulidad, impedimentos o
recusaciones, así como las observaciones sobre el escrito de acusación.
También se determinará la calidad de víctima y se adoptarán medidas de
protección para esta o los testigos, si la fiscalía lo pide; se aprobarán o
improbarán los acuerdos a que hayan llegado las partes y se cumplirá lo
relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este respecto, la defensa
puede solicitar al juez que ordene a la fiscalía descubrir o dar a conocer un
elemento probatorio específico o una evidencia de la que tenga
67

conocimiento, por ejemplo, un peritazgo sobre ADN recién practicado. A
su vez, el fiscal puede pedir al juez que ordene a la defensa entregar copia
de los elementos materiales de prueba, declaraciones juradas obtenidas de
potenciales testigos o medios probatorios que pretenda hacer valer en el
juicio.
Sumado a esto vamos a citar a continuación artículos del Código de
Procedimiento Penal que citan la identificación personal de quien está siendo
procesado.
Artículo 128. Identificación o individualización. La Fiscalía General de la
Nación estará obligada a verificar la correcta identificación o individualización
del imputado, a fin de prevenir errores judiciales.
Artículo 251. Métodos. Para la identificación de personas se podrán utilizar
los diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte, y que la
criminalística establezca en sus manuales, tales como las características
morfológicas de las huellas digitales, la carta dental y el perfil genético
presente en el ADN, los cuales deberán cumplir con los requisitos del artículo
420 de este código respecto de la prueba pericial.
Igualmente coadyuvarán en esta finalidad otros exámenes de sangre o de
semen; análisis de composición de cabellos, vellos y pelos; caracterización
de voz; comparación sistemática de escritura manual con los grafismos
cuestionados en un documento, o características de redacción y estilo
utilizado en el mismo; por el patrón de conducta delincuencial registrado en
archivos de policía judicial; o por el conjunto de huellas dejadas al caminar o
correr, teniendo en cuenta la línea direccional, de los pasos y de cada
pisada.
68

Artículo 337. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de
acusación deberá contener:
1. La individualización concreta de quiénes son acusados, incluyendo su
nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.
Finalidades
• Escuchar las observaciones de los demás intervinientes sobre el formato de
acusación.
• Permitir que el fiscal delegado exponga oralmente los fundamentos de la
acusación.
• Reconocer la calidad de víctima a quien se constituya como tal y a su
representante legal.
• Disponer, a solicitud del fiscal delegado, medidas de protección integral a
víctimas y testigos.
Es requisito para la validez de la audiencia la asistencia obligatoria del juez
de conocimiento que la preside, el fiscal, el defensor y el acusado privado de
la libertad, a menos que no desee hacerlo o se muestre renuente a su
traslado.
También podrán asistir, sin que sea forzosa su presencia, el acusado no
privado de la libertad, la víctima y el Ministerio Público.
Cabe decir que es aquí donde se descubren algunas pruebas, por así
decirlo, también dictámenes periciales, cabe decir que no pueden llamarse
69

pruebas pues no han sido debatidas aun.
EL juez en esta etapa, y antes de finalizar la audiencia decidirá, incorporar
las correcciones al escrito, aprobará o improbará los acuerdos a los que
hayan llegado las partes. La fiscalía podrá también si lo considera necesario,
adoptar medidas para proteger a víctimas o testigos en cada caso concreto.
Finalizada esta el juez fijara fecha y hora en un término no inferior a quince
días ni superior a treinta, para la audiencia preparatoria.
Como se resalta en negrilla en un párrafo anterior, es aquí donde se
presenta por escrito la plena identificación personal del capturado, donde se
presentan o exige presentación de ciertas pruebas o peritazgos como el
también resaltado. Son situaciones como estas las que llevan a las personas
inmersas en este juicio a solventar el problema de la homonimia en un caso
concreto, solicitando testigos que hayan presenciado el hecho delictivo y que
declaren que la persona que perpetró el delito no es la persona capturada y
juzgada en este proceso. También solicitar la opinión experta de alguien que
pueda desvirtuar por medio de huellas dactilares, que la persona en cuestión
no es el dueño de las huellas encontradas en el lugar del delito, entre otras.
- Audiencia Preparatoria:
Deben asistir a esta, el fiscal, el defensor, el acusado, el ministerio público y
las victimas o su representante. En esta se descubren todas las pruebas o
mejor llamadas elementos de convicción, pues aun no han sido debatidas, se
presentan testigos y dictámenes periciales, para que el juez las ordene; las
que el juez no ordene en esta etapa, ya no se podrán practicar. Es en este
momento donde el acusado manifiesta si acepta o no los cargos, si lo hace,
tendrá entonces el juez que dictar sentencia, obteniendo el acusado una
rebaja de hasta la tercera parte. Se expresa el orden en el que se expondrán
70

las pruebas, fijando también fecha y hora para el juicio.
Constituye la antesala al juicio oral propiamente dicho. Recibe ese nombre
porque en desarrollo de la misma las partes planean, delimitan y determinan
el objeto del debate; es decir, fijan los límites del juzgamiento. Debe
realizarse dentro de los 30 días siguientes a la terminación de la audiencia
de acusación y, para su validez, será indispensable la presencia del juez, el
fiscal y el defensor. En caso de no acontecer, la aceptación de los cargos. El
juez ordenará que continúe el trámite normal; exigirá a la defensa que
descubra sus elementos materiales probatorios si no se le exigió en la
audiencia de acusación; ordenará que fiscalía y defensa enuncien la totalidad
de las pruebas que harán valer en la audiencia de juicio oral y requerirá a las
partes para que expresen si tienen interés en hacer estipulaciones
probatorias, esto es, si existen acuerdos para aceptar como probados
algunos hechos o circunstancias. El juez no podrá decretar pruebas de oficio,
pero admitirá o excluirá las pedidas por las partes, en atención a criterios de
pertinencia, admisibilidad y utilidad y, con exclusión, así mismo, de las
repetitivas, las encaminadas a probar hechos notorios o que no requieran
prueba. También decretará las nulidades a que haya lugar por causales
taxativas, como las derivadas de la prueba ilícita, la incompetencia del juez y
la violación del derecho de defensa o el debido proceso. También se fija
fecha y hora para la audiencia de juicio oral.
-Audiencia del juicio oral:
Es pertinente decir que a lo largo del proceso mencionado en el contenido de
todo este escrito, pueden realizarse acuerdos entre las partes, los cuales
deben ser mencionados al juez, para su conocimiento. Se inicia en la fecha y
hora señalada. El juez verifica al iniciar la audiencia la concurrencia de las
71

partes, si en este momento el acusado se declara culpable, tendrá derecho a
una rebaja de hasta la sexta parte, de su condena, no sin antes concluir el
juez de la voluntad y libertad del acusado al momento de su declaración de
culpabilidad.
Aquí el fiscal debe primero presentar el caso, teniendo también la defensa
derecho a hacerlo. Se presentan las pruebas en el orden señalado en la
Audiencia preparatoria.
Es esta la audiencia más importante en el proceso, pues en ella se
concentran todos los actos de juzgamiento. Durante la misma, las partes
exponen, ante un tercero imparcial juez, su propia teoría del caso, los hechos
y argumentos jurídicos y probatorios con los que pretendan sacar avante sus
tesis. El juez tendrá la mejor oportunidad de adoptar una decisión en
derecho, con apego a las pruebas que tuvo ocasión de apreciar en forma
directa. La audiencia será presidida de manera permanente por el juez de
conocimiento y a ella deben concurrir de manera obligatoria el fiscal y el
defensor. El acusado privado de la libertad puede dejar de asistir a la
audiencia, al igual que aquel que se encuentre en libertad. La presencia del
Ministerio Público y de la víctima también es potestativa de estos. Una vez
instalada la audiencia, el juez informará al acusado presente sobre el
derecho que le asiste a guardar silencio y a no auto incriminarse, para
seguidamente pedirle que manifieste si se declara inocente o culpable. Si la
declaración de culpabilidad es producto de un preacuerdo con la fiscalía, el
fiscal del caso deberá indicar los términos del mismo y exponer su pretensión
punitiva. De aceptarse por el juez el preacuerdo, no podrá imponer una pena
superior a la solicitada por la fiscalía. En la audiencia del juicio oral se
identifican varias etapas o fases. Estas van desde la alegación inicial, la
presentación del caso, el debate probatorio, los alegatos conclusivos de las
partes e intervinientes y la decisión o anunciación del fallo. Es, entonces,
72

cuando el juez al término del debate y escuchados los argumentos de las
partes anuncia si condena o absuelve al acusado. En el evento en que sea
absuelto de los cargos y se encuentre detenido, será puesto inmediatamente
en libertad y se levantarán todas las medidas cautelares impuestas. Si el
acusado no está privado de su libertad, el juez dispondrá que continúe en
ese estado hasta el momento de dictar sentencia.
Es en este momento donde el juez, luego de los alegatos, declara terminado
el debate y puede solicitar una suspensión de hasta dos horas antes de
emitir el sentido del fallo.
Luego de hacer esto último, de modo oral y público, el juez tendrá entonces
10 días para dictar la sentencia.
- Audiencia del incidente de reparación integral:
Emitido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado
y a solicitud directa de la víctima o del fiscal, o del Ministerio Público a
instancia de la misma, el juez abrirá el incidente de reparación integral de los
daños ocasionados con el delito y citará a audiencia dentro de los ocho días
siguientes. Al inicio de la misma, la victima formulará su pretensión,
concretando la forma de reparación a que aspira, así como las pruebas que
hará valer en defensa de su pretensión. Una vez admitida por el juez, se dará
traslado de ella al declarado penalmente responsable. Este tiene la
posibilidad de conciliar con la víctima; en tal caso, lo acordado se incorporará
a la sentencia. No obstante, de fracasar la conciliación el juez convocará a
nueva audiencia dentro de los ocho días siguientes y, de no lograrse el
acuerdo, se procederá a la práctica de las pruebas ofrecidas por las partes;
igualmente, ellas serán escuchadas por el juez. La parte citada que no
comparezca quedará vinculada a los resultados de la decisión del incidente y
73

esta se incorporará a la sentencia de responsabilidad penal.
- Audiencia de individualización de pena y sentencia:
Una vez clausurado el debate, el juez puede decretar un receso de hasta dos
horas para anunciar el sentido del fallo. Al término del mismo, si el fallo es
condenatorio o el juez acepta el acuerdo celebrado entre las partes,
concederá la palabra al fiscal y al defensor para que se refieran a las
condiciones personales del condenado, sus antecedentes de todo orden y la
probable determinación de pena aplicable o concesión de subrogados o
beneficios. Si para individualizar la pena el juez considera insuficiente la
información, puede solicitar a una institución pública o privada la designación
de un experto para que este responda sus inquietudes en el término
improrrogable de 10 días hábiles.
Al término del debate y una vez anunciado el sentido del fallo, el juez puede
optar por fijar fecha y hora de la audiencia para proferir sentencia, que será
realizada en un término no mayor de 15 días calendario y en ella incorporará
la decisión que puso fin al incidente de reparación integral. En virtud del
principio de congruencia, el acusado no podrá ser condenado por hechos
que no consten en la acusación ni por delitos por los cuales no se ha
solicitado condena.
Por último pasamos a citar algunos artículos referentes a la Identificación
Personal:
Artículo 128. Identificación o individualización. La Fiscalía General de la
Nación estará obligada a verificar la correcta identificación o individualización
del imputado, a fin de prevenir errores judiciales.
74

Artículo 251. Métodos. Para la identificación de personas se podrán utilizar
los diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte, y que la
criminalística establezca en sus manuales, tales como las características
morfológicas de las huellas digitales, la carta dental y el perfil genético
presente en el ADN, los cuales deberán cumplir con los requisitos del artículo
420 de este código respecto de la prueba pericial.
Igualmente coadyuvarán en esta finalidad otros exámenes de sangre o de
semen; análisis de composición de cabellos, vellos y pelos; caracterización
de voz; comparación sistemática de escritura manual con los grafismos
cuestionados en un documento, o características de redacción y estilo
utilizado en el mismo; por el patrón de conducta delincuencial registrado en
archivos de policía judicial; o por el conjunto de huellas dejadas al caminar o
correr, teniendo en cuenta la línea direccional, de los pasos y de cada
pisada.
Artículo 337. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de
acusación deberá contener:
1. La individualización concreta de quiénes son acusados, incluyendo su
nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.
CAPITULO III
8. LA HOMONIMIA EN EL DERECHO COMPARADO
En materia de homonimia es muy escaso el material de carácter legal que se
puede encontrar en la actualidad, apartes de artículos relacionados con el
nombre, quizás uno o dos ordinales que hagan referencia a este latente
75

problema. Colombia no es ajena a esta problemática de la falta de
regulación de la homonimia.
De otro lado encontramos países, muy pocos en realidad, que tienen el
problema delimitado y solucionado en jurídicamente, facultando a los
particulares a cambiar sus registros con la única explicación de la
homonimia. Encontramos también países como Perú donde existe una ley
llamada “la ley de homonimia” que denota su profundidad, extensión e
investigación sobre un problema al que este país sí le vio importancia.
Luego de una extensa revisión de las legislaciones de numerosos países y
de algunas traducciones y transcripciones a nuestro idioma, nos disponemos
a arrojar los resultados más relevantes con sus respectivos países de origen.
8.1 ARGENTINA
El país austral presenta algunas dificultades en su estudio y análisis debido a
su estructura y división provincial pero podemos destacar, la ley del nombre
cuyos apartes más importantes se encuentran a continuación.
Buenos Aires; 10 de junio de 1969
Boletín Oficial; 24 de junio de 1969 2
Artículo 3. El derecho de elegir el nombre de pila se ejercerá libremente, con
la salvedad de que no podrán inscribirse:
1. Los nombres que sean extravagantes, ridículos, contrarios a
2 Ley Nº 18.248 de la Provincia de Buenos Aires
76

nuestras costumbres, que expresen o signifiquen tendencias políticas o
ideológicas, o que susciten equívocos respecto del sexo de la persona a
quien se impone.
2. Los nombres extranjeros, salvo los castellanizados por el uso o cuando se
tratare de los nombres de los padres del inscrito, si fuesen de fácil
pronunciación y no tuvieran traducción en el idioma nacional. Queda
exceptuado de esta prohibición el nombre que se quisiera imponer a los hijos
de los funcionarios o empleados extranjeros de las representaciones
diplomáticas o consulares acreditadas ante nuestro país, y de los miembros
de misiones públicas o privadas que tengan residencia transitoria en el
territorio de la República.
3. Los apellidos como nombre.
4. Primeros nombres idénticos a los de hermanos vivos.
5. Más de tres nombres.
Las resoluciones denegatorias del Registro del Estado Civil serán recurribles
ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil dentro de los quince días hábiles
de notificadas.
Artículo 3 bis. Podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces
aborígenes autónomas y latinoamericanas, que no contraríen lo dispuesto
por el artículo 3, inciso quinto, parte final.
Artículo 6. El oficial del Registro del Estado Civil anotar con un apellido
común, al menor no reconocido, salvo que hubiese usado apellido, en cuyo
caso se le impondrá éste.
Si mediare reconocimiento posterior, el apellido se substituirá por el del
progenitor que lo reconociere, en la forma ordenada en el artículo anterior.
77

Si fuese conocido por el apellido inscrito, estar facultado para mantenerlo,
de acuerdo con las reglas del mismo artículo.
Toda persona mayor de dieciocho años que careciere de apellido podrá pedir
ante el Registro del Estado Civil la inscripción del que hubiese usado.
Artículo 7.- Los extranjeros, al solicitar la nacionalización argentina, podrán
pedir a la autoridad que la acuerde, la adaptación gráfica y fonética al
castellano de sus apellidos de difícil pronunciación.
Artículo 13. Cuando se adoptare a un menor de seis años, los adoptantes
podrán pedir el cambio del nombre de pila o la adición de otro. Si fuere de
m s edad, se le podrá agregar otro nombre después del que anteriormente
tenía el adoptado con la limitación del artículo 3, inciso 5.
Artículo 15. después de asentados en la partida de nacimiento el nombre y
apellido, no podrán ser cambiados ni modificados sino por resolución judicial,
cuando mediaren justos motivos.
El director del Registro del Estado Civil podrá disponer de oficio o a pedido
de parte, la corrección de errores u omisiones materiales, que surjan
evidentes del texto de la partida o de su cotejo con otras.
Sus resoluciones ser n recurribles ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil
correspondiente al lugar donde desempeña sus funciones, dentro de los
quince días hábiles de notificadas.
Artículo 16. Ser juez competente el de primera instancia del lugar en que se
encuentra la inscripción original que se pretendiere rectificar, modificar o
cambiar, o el del domicilio del interesado. Las partidas que acreditan la
78

vocación hereditaria podrán rectificarse ante el juez de la sucesión.
Artículo 18. La rectificación de errores de partidas podrá tramitar también
por simple información judicial, con intervención del Ministerio Público y del
director del Registro del Estado Civil.
Artículo 19. Producida la modificación, cambio, adición o rectificación del
nombre o apellido de una persona, se rectificarán simultáneamente las
partidas de los hijos menores y la de matrimonio, si correspondiere.
Artículo 20. La persona a quien le fuere desconocido el uso de su nombre,
podrá demandar su reconocimiento y pedir se prohíba toda futura
impugnación por quien lo negare; podrá ordenarse la publicación de la
sentencia a costa del demandado.
Artículo 21. Si el nombre que pertenece a una persona fuese usado por otra
para su propia designación, ésta podrá ser demandada para que cese en el
uso indebido, sin perjuicio de la reparación de los daños, si los hubiese.
Cuando fuere utilizado maliciosamente para la designación de cosas o
personajes de fantasía y causare perjuicio moral o material, podrá
demandarse el cese del uso y la indemnización de los daños.
En ambos casos, el juez podrá imponer las sanciones que autoriza el artículo
666 bis del Código Civil.
Artículo 22. Las demandas tendientes a la protección del nombre podrán ser
promovidas por el interesado, su cónyuge, ascendientes, descendientes y
hermanos.
79

Artículo 23. Cuando el seudónimo hubiere adquirido notoriedad, goza de la
tutela del nombre.
Estas disposiciones citadas anteriormente, cubren aspectos relativos al
nombre y a su protección, incluida una disposición sobre suplantación. A
continuación citaremos una serie de comentarios a la ley del nombre de la
República Argentina: 3
Estudio Jurídico Eguiazú
Escriben: Alfredo A. Eguiazú y Gustavo D. Eguiazú
“El cambio de nombre procede cuando existe una causa grave que obste a la
utilización del nombre. Es menester también que una vez autorizado el
cambio, se le dé la debida publicidad a efectos de evitar perjuicios a terceros.
"Los justos motivos que permiten la modificación del nombre y el apellido,
pueden interpretarse como aquella causa grave, razonable y poderosa capaz
de violentar el principio de estabilidad del nombre, el cual satisface las
necesidades de orden público. Por consiguiente, se excluye toda razón
frívola, intrascendente, toda justificación que no se funde en hechos que
agravien seriamente los intereses materiales, morales o espirituales del
sujeto que aspira a obtener una modificación de su nombre".
Siguiendo esta línea se autorizo el cambio de nombre cuando el pedido ha
sido motivado en casos de suplantación u homonimia.
Para algunos autores el nombre es un derecho absoluto que todo el mundo
debe reconocer ; el derecho personalísimo que toda persona tiene sobre él la
3 http://www.geocities.com/Athens/Troy/6693/civil102.html
80

autoriza no solamente a servirse de él, sino también a impedir que todo
tercero haga uso injustificado de esa designación ; para otros, sólo es una
institución de policía civil la forma obligatoria de la designación de las
personas ; no es el objeto de un derecho de propiedad ni un derecho
absoluto de los llamados de la personalidad y la protección está dada sólo
como un aspecto de la protección de la misma persona, de modo que si ésta
no tiene interés razonable que invocar no hay acción ; en cambio, otros
sostienen la doctrina del derecho de la personalidad, reputando el del
nombre como tal.
En el primer caso se requiere que el nombre de una persona haya sido
negado o desconocido por el demandado y que el reclamante sea titular del
nombre en cuestión.
En el segundo caso se requiere que alguien haya dado uso de un nombre
que no le pertenece y que es atributo de otra persona. “
8.2 EL SALVADOR
Este país centroamericano incluye dentro de un decreto legislativo de 1990
regulaciones y procedimientos en cuanto al tema de nuestra investigación;
entre ellas el modo de resolver tal situación y el cambio de nombre como
opción válida para garantizar la individualidad de los ciudadanos, un ejemplo
claro del avance de esta Nación en cuanto a la homonimia en particular y a
su preocupación ante este problema que en Colombia no parece tener la
mayor relevancia en el ámbito jurídico.
Luego de la anterior introducción pasemos a ver entonces algunos apartes
de su legislación:
81

8.2.1 Ley del nombre de la persona natural. Decreto Legislativo Nº 450,
del 22 de febrero de 1990, publicado el 4 de mayo de 1990.
CONSIDERANDO
I.- Que el nombre, como atributo de toda persona natural y como medio de
su individualización e identificación debe ser protegido por el Estado, por lo
que el Artículo 36, inciso tercero de la Constitución, expresa que toda
persona tiene derecho a nombre que la identifique, materia que debe ser
Regulada por una ley secundaria;
II.- Que en cumplimiento del principio constitucional indicado, es necesario
crear el estatuto legal,
Estableciendo preceptos que se adapten no sólo a la costumbre, sino a los
principios doctrinarios Universales que deben regir esta materia;
DECRETA
CAMBIO DE NOMBRE PROPIO Y DE APELLIDO
Artículo 23.- En los casos de homonimia, cualquiera de los interesados
tendrá derecho a solicitar que se cambie su nombre propio. También
procederá el cambio del nombre propio o del apellido, por una sola vez,
cuando fuere equívoco respecto del sexo, impropio de persona, lesivo a la
dignidad humana, extranjero que se quisiera castellanizar o sustituir por uno
de uso común.
En los casos de los incisos anteriores, para que la solicitud sea admitida, el
interesado deberá acompañar constancias expedidas por las
82

correspondientes autoridades de que no tienen antecedentes penales.
Al admitir la solicitud, el juez la hará saber mediante edictos que se
publicarán una vez en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional.
Cualquier persona a quien afectare el cambio o modificación podrá presentar
oposición, dentro de los diez días siguientes a la última publicación del
edicto.
Transcurrido el término de la publicación de los edictos, haya oposición o no,
la solicitud se tramitará sumariamente, con noticia del opositor en su caso. El
juez competente será el de primera instancia que conozca de la materia civil,
del domicilio del solicitante.
8.3 PERÚ
Para ser completamente honestos fue aquí, en este país vecino donde
encontramos descanso en cuanto a este tema; una extensa ley, detallada,
que reglamenta casos concretos, un simple procedimiento de cambio de
nombre, que se erige como la solución a este problema, razón de peso para
plasmar en nuestra humilde investigación esta verdadera obra maestra del
derecho contemporánea.
Además del halago anterior, cabe a su vez decir que los países citados
incluido por supuesto la república de Perú no limitan este tema al ámbito
penal o siquiera criminal, sino que lo solucionan en todos los ámbitos de
convivencia interpersonal, donde la homonimia pueda causar confusiones,
esto es digno de admirar
8.3.1 Régimen jurídico para los casos de homonimia. Decreto Supremo
No 035-93. Agosto de 1993.
83

CONSIDERANDO
Que el primer párrafo del Artículo 136 del Código Procesal Penal,
promulgado por el Decreto Legislativo Nº 638, establece que el oficio
mediante el cual se dispone la ejecución de la detención, deberá contener los
datos de identidad personal del requerido;
Que dicha norma debe reglamentarse para evitar detenciones de ciudadanos
ajenos a las requisitorias dictadas por la autoridad competente y cautelar
debidamente el derecho a la libertad personal que ampara la Constitución y
los Tratados sobre derechos humanos aprobados y ratificados por el Perú;
Que en tal sentido, es necesario regular los casos de homonimia y fijar el
procedimiento judicial correspondiente para definir la situación jurídica de
quien pueda resultar privado de su libertad a mérito de una orden judicial;
De conformidad con el inciso 11) del Artículo 211 de la Constitución Política
del Perú;
DECRETA
Artículo 1.- Las órdenes de detención dictadas por los órganos
jurisdiccionales deben contener las generales de ley, documento de identidad
personal u otros datos necesarios para individualizar al requisitoriado. En
caso de que se desconozca sus datos de identidad personal, se comunicará
tal circunstancia a la Policía Nacional.
La autoridad policial debe registrar todos los datos indicados en el párrafo
anterior, bajo responsabilidad.
Artículo 2.- Para detener a una persona requisitoriada, la Policía deberá
84

identificarla fehacientemente y, con intervención del Ministerio Público,
descartar en su caso que pueda tratarse de un homónimo.
Artículo 3.- Existe homonimia cuando una persona detenido o no, tiene los
mismos o similares nombres y apellidos de quien se encuentra requisitoriado
por autoridad competente.
Artículo 4.- El detenido que alegue ser homónimo de un requisitoriado,
deberá ser puesto a disposición del Juez Penal competente, dentro del plazo
+de ley, para que decida si es la persona sujeta a mandamiento de
detención. En este caso la autoridad policial, sin perjuicio de las demás
pruebas que considere pertinente, adjuntará al Parte que elabore el resumen
de los informes de la Dirección de Identificación Policial, de la División de
Requisitoria y del Registro Electoral.
Si la orden de captura se ejecuta en el mismo lugar de la sede del órgano
jurisdiccional que la dictó, será competente el Juez Penal originario, no
obstante que la causa que dio lugar al citado mandato se encuentre en otra
instancia.
En cambio, si la captura se verifica en lugar distinto de la sede judicial que la
emitió, será competente el Juez Penal de turno del lugar de detención.
Artículo 5.- Recibido el parte policial, la autoridad judicial deberá resolver,
bajo responsabilidad, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, la alegación
de homonimia del detenido, lapso en el cual podrá practicar las diligencias
que considere necesarias para el esclarecimiento de tal situación, con
conocimiento del Ministerio Público.
Si ésta decide que el detenido no es la persona a que se contrae la
85

equisitoria, así lo declarará y dispondrá su inmediata libertad, oficiando a la
Dirección de Apoyo a la Justicia para que se anote en los registros
correspondientes.
Si por el contrario, resuelve que el detenido es la persona requerida por la
Justicia, dispondrá que inmediatamente sea puesto a disposición de la
autoridad judicial solicitante.
Artículo 6.- Excepcionalmente y en casos debidamente justificados cuando
no se pueda determinar la homonimia dentro del plazo señalado en el
artículo anterior, el Juez dispondrá la inmediata libertad del detenido, salvo
que se trate de los delitos de terrorismo, traición a la patria, espionaje y
tráfico ilícito de drogas. Decretada la libertad, y en el supuesto del último
párrafo del Artículo 4 del presente Decreto Supremo, deberán remitirse los
actuados al Juez de la causa.
Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio que el Juez
competente practique las diligencias ampliatorias que considere pertinente y
resuelva lo conveniente, dentro del plazo de quince días calendario,
computado desde la fecha de decretada la libertad.
Artículo 7.- El que estando en libertad tenga conocimiento de la existencia
de una posible homonimia respecto a su persona, podrá solicitar al Juez
Penal de su domicilio la declaración de dicha situación, debiendo acompañar
al efecto copia de sus documentos de identidad personal, así como de los
demás que estime conveniente. El Juez practicará las diligencias que
considere necesarias y resolverá dentro del plazo de diez días, aplicando en
lo pertinente, lo dispuesto en los Artículos seis y siete.
Artículo 8.- Las resoluciones que dicte el Juez Penal son apelables ante la
86

Sala Penal Superior respectiva en el plazo de un día de notificada.
Las resoluciones impugnadas sólo se ejecutan cuando ordenen la libertad
del detenido.
Artículo 9.- El Presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministerio
de Justicia y el Ministro del Interior.
Ley Nº 27411 de Enero-/2001(procedimiento en casos de homonimia)
Artículo 1.- Objeto de la ley. La presente Ley tiene por finalidad regular el
procedimiento judicial en los casos de homonimia, cuando quien lo solicita se
encuentra privado de su libertad en mérito de una orden judicial.
Asimismo regula el procedimiento administrativo para quien estando en
libertad quiera desvirtuar la existencia de un posible caso de homonimia
respecto de su persona.
Artículo 2.- Homonimia. Existe homonimia cuando una persona detenida o
no tiene los mismos nombres y apellidos de quien se encuentra
requisitoriado por la autoridad competente.
Artículo 3.- Datos de identidad del requerido.
El mandato de detención dictado por el órgano jurisdiccional deberá
contener, a efecto de individualizar al presunto autor, los siguientes datos del
requerido:
a) Nombres y Apellidos Completos
b) Edad.
c) Sexo.
87

d) Fecha y Lugar de Nacimiento.
e) Documento de Identidad.
f) Domicilio.
g) Fotografía, de ser posible.
h) Características físicas, talla y contextura.
i) Cicatrices, Tatuajes y otras señales particulares.
j) Nombre de los padres.
k) Grado de instrucción.
l) Profesión u ocupación.
m) Estado Civil.
n) Nacionalidad.
En caso de desconocerse alguno de los datos de identidad personal, debe
expresarse esta circunstancia en el mandato de detención, a excepción de
los indicados en los incisos a), b), c) y d) que serán de obligatorio
cumplimiento.
Artículo 4.- De la intervención policial.
Para la detención de una persona requisitoriada, la Policía Nacional deberá
identificarla fehacientemente y verificar los datos de identidad establecidos
en el Artículo 3 y de ser factible acompañar una fotografía, los cuales
deberán estar consignados en el parte o atestado policial elaborado en la
investigación previa al proceso penal, bajo responsabilidad funcional.
Asimismo tomará la identificación dactiloscópica del requisitoriado.
La Policía Nacional solicitará al Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil (RENIEC) que se informe sobre la existencia de personas homónimas al
requisitoriado, sin perjuicio de que posteriormente cuente con acceso directo
a la base de datos que obran en el Registro Único de las Personas Naturales
a cargo del RENIEC.
88

Artículo 5.- De la competencia.
Si la orden de detención se ejecuta en el mismo lugar de la sede del órgano
jurisdiccional que la dictó, será competente el Juez que se encuentre
conociendo el proceso penal.
Si la detención se verifica en lugar distinto a la jurisdicción del juez que emitió
el mandato de detención, será competente el Juez Penal de Turno
Permanente del lugar en el que se produjo la detención, quien deberá
solicitar a la autoridad correspondiente que se le proporcione copia del oficio
que dispone la ejecución de detención del requisitoriado. Dicho documento
deberá consignar debidamente todos los datos a que se refiere el Artículo 3,
pudiendo solicitar las piezas pertinentes al órgano jurisdiccional que viene
conociendo el proceso penal cuando no es suficiente el mandato de
detención expedido por el Juez de origen.
El Juez resolverá la solicitud de homonimia del detenido en el plazo máximo
de 24 horas, bajo responsabilidad, disponiendo las diligencias que considere
necesarias para el esclarecimiento del pedido.
Artículo 6.- Disposición del detenido.
El detenido que alegue ser homónimo de un requisitoriado deberá ser puesto
a disposición del Juez Penal respectivo, dentro de las veinticuatro horas o en
el término de la distancia, a fin de que resuelva si es la persona sujeta a
mandato de detención.
Artículo 7.- Pruebas que sustentan la homonimia.
El detenido que alegue homonimia deberá presentar al Juzgado las pruebas
89

necesarias para acreditar su verdadera identidad, las mismas que se
confrontarán con los datos relativos a la persona requisitoriada. Se podrá
presentar como prueba el cotejo de las impresiones dactiloscópicas del
detenido y del requisitoriado.
Artículo 8.- Coordinación con el Registro Nacional de Requisitorias y
con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
El Juez que tenga a su cargo el proceso de homonimia deberá solicitar la
información necesaria al Registro Nacional de Requisitorias y al Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para resolver la solicitud
de homonimia, la cual deberá ser proporcionada dentro del plazo establecido
en la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la presente
Ley.
Artículo 9.- Declaración fundada de la solicitud de homonimia.
Si el Juez declara fundada la solicitud de homonimia, dispondrá la inmediata
libertad del detenido. Cuando la libertad es ordenada por el Juez distinto al
que emitió el mandato de detención, remitirá el incidente para que se
acumule al principal.
Los procesos en los cuales se declare fundada la solicitud de homonimia no
traen como consecuencia la suspensión del proceso penal, ni afectan la
orden de detención dictada por el Juez de origen.
La resolución que declara fundada la solicitud de homonimia se remitirá a la
Oficina del Registro Nacional de Requisitorias a fin que expida el
correspondiente Certificado de Homonimia en forma gratuita en favor del
interesado.
90

Artículo 10.- Declaración infundada de la solicitud de homonimia
Si el Juez declara infundada la solicitud de homonimia, dispondrá la
prosecución del proceso penal a su cargo o que el detenido sea puesto a
disposición del Juez que emitió el mandato de detención.
Artículo 11.- Apelación de resoluciones.
La resolución que dicte el Juez sobre el pedido de homonimia es apelable en
el plazo máximo de tres días de notificada, la cual será resuelta por el órgano
jurisdiccional superior, en un plazo que no excederá de 24 horas. La
resolución que ordene la libertad del detenido se ejecutará aun cuando se
interponga apelación contra ésta.
Artículo 12.- Libertad sin pronunciamiento.
Excepcionalmente y en casos debidamente justificados, cuando no se
determine la homonimia dentro del plazo señalado en la presente Ley, el
Juez dispondrá la inmediata libertad del detenido, salvo en los casos sobre
delitos de terrorismo, terrorismo especial, traición a la patria, espionaje y
tráfico ilícito de drogas.
Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará sin perjuicio de que el Juez
competente practique las diligencias ampliatorias que considere pertinentes y
resuelva en el plazo de cinco días naturales, computado desde la fecha de
decretada la libertad.
Durante este período, el Juez podrá adoptar las acciones necesarias a fin de
garantizar que la persona no eluda el proceso, pudiendo dictar reglas de
91

conducta, de conformidad con el Artículo 183 del Código Procesal Penal y el
Artículo 64 del Código Penal.
Artículo 13.- Casos especiales.
El plazo establecido en el Artículo 6 no se aplicará en los casos de
terrorismo, terrorismo especial, traición a la patria, espionaje y tráfico ilícito
de drogas, salvo que el Juez Penal respectivo asuma jurisdicción antes de
que venza el plazo de detención preventiva fijado para este tipo de delitos.
Artículo 14.- Solicitud del Certificado de Homonimia.
El ciudadano que tenga conocimiento de la existencia de un posible caso de
homonimia respecto a su persona podrá solicitar el Certificado de Homonimia
al Registro Nacional de Requisitorias del Poder Judicial acompañando los
documentos que acrediten su identidad personal, así como los demás que
estime conveniente para acreditar su pedido.
El pedido del Certificado de Homonimia en libertad es un procedimiento
preventivo que no requiere la existencia de un mandato de detención en
contra de una persona del mismo nombre y apellido, sino que se tramita con
el objeto de garantizar el derecho a la libertad individual y al libre tránsito,
frente a cualquier eventualidad.
La persona que solicite la referida constancia deberá dejar su impresión
dactiloscópica, a fin de que se realice el cotejo respectivo.
Artículo 15.- Plazo para resolver el pedido de homonimia.
El Registro Nacional de Requisitorias resolverá el pedido de homonimia en el
92

plazo de tres días hábiles, basado en los documentos presentados por el
recurrente, la información proporcionada por el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (RENIEC), así como otros que requiera su
pronunciamiento.
La declaración de homonimia deberá ser inscrita en el Registro Nacional de
Requisitorias obligatoriamente.
Artículo 16.- Certificado de Homonimia y validez jurídica.
El Certificado de Homonimia es el único documento público con validez
jurídica, que acredita si una persona registra o no homonimia y es expedido
por el Registro Nacional de Requisitorias.
Artículo 17.- Tasa por servicios administrativos.
La persona que solicita el Certificado de Homonimia expedido por el Registro
Nacional de Requisitorias abonará el pago correspondiente por dicho
concepto.
Disposiciones Complementarias, Transitorias y Finales.
Primera.- De la cooperación institucional. El Poder Judicial, la Policía
Nacional, el Ministerio Público y el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (RENIEC), suscribirán los convenios que correspondan para la
mejor aplicación de la presente Ley.
Segunda.- De los detenidos. Los requisitoriados detenidos sujetos a
procedimiento de homonimia deberán permanecer en los ambientes de la
División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú hasta que el Juez
emita la resolución correspondiente, o disponga alguna otra medida.
93

Tercera.- Transferencia de información. La transferencia de información
requerida para el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 8 de la presente
Ley se efectuará a través de los sistemas de transferencia de información
que se acuerden en los convenios de cooperación institucional.
Cuarta.- De la proporción de información. Todo organismo público o
privado deberá proporcionar y suministrar, en el día, la información necesaria
al Poder Judicial, para el cumplimiento de la presente Ley, bajo
responsabilidad.
Quinta.- De la vigencia de la Ley. La presente Ley entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Sexta.- Deroga normas legales. Deróganse todas aquellas normas legales
que se opongan a la presente Ley.
8.4 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN AMÉRICA LATINA
En los últimos años los crecientes niveles de informatización de los servicios
estatales y privados han llevado a la generación de bases de datos que
incluyen información personal —y en algunos casos datos sensibles.
Simultáneamente varias empresas privadas en América Latina y el Caribe
comenzaron a comercializar datos personales, en casi todos los casos
operando dentro de un vacío legal. Sólo en algunos países las reformas
constitucionales o los procesos legislativos tuvieron en consideración la
problemática desde alguno de los siguientes perfiles: habeas data,
protección de datos personales, acceso a la información gubernamental,
regulación de las empresas que comercializan datos personales y seguridad
de las bases de datos. Un hecho significativo es que ningún país de la región
dispone de leyes que regulen todos estos aspectos en forma coordinada.’ Si
94

ien no existe imposibilidad jurídica de una regulación única o coordinada,
este hecho da la sensación que en la región ha sido imposible conciliar
intereses que naturalmente pujan en este sentido.
El propósito de esta nota es analizar no sólo el marco normativo actual, sino
las causas y consecuencias de proteger los datos personales en América
Latina y el Caribe, y cuál ha sido el juego de intereses o prioridades que
demoran o precipitan esta tipo de legislación.1.’La legislación sobre
protección de los datos personales en América Latina.
8.4.1 La legislación sobre protección de los datos personales en
América Latina. Las recientes reformas constitucionales en América Latina
introdujeron la protección de los datos personales (algunas bajo la forma de
Habeas Data), viz. Brasil (1988) artículo 50 — X, XII y LXXII; artículo 105 1
b); Colombia

A partir de este marco constitucional algunos países han ido legislando
sucesivamente mecanismos de protección de los datos personales:
La Ley Argentina de Protección de Datos Personales, es probablemente la
más cercana al modelo europeo. Argentina es el primer país de América
Latina que recibe una certificación de la Unión Europea como “un nivel
adecuado de protección” (Decisión 2003/490/CE del 30 de junio de 2003),”
que también ha sido conferida a Suiza, Hungría y a la Bailía de Guernsey, e
indirectamente a Estados Unidos y Canadá por medio de la calificación de
“safe harbor” En este mismo sentido es et único país de América Latina que
cuenta con una agencia de protección de datos con alguna similitud a las
europeas. Sin embargo varios articules de la ley han sido vetados por el
Poder Ejecutivo, entre ellos el artículo 47 sobre los historiales crediticios
fundamentando que “el Proyecto de Ley dispone que los bancos de dolos
prestadores de servicios de información crediticia deberán suprimir, a en su
casa, omitir asentar, todo dato referido al incumplimiento o mora en el pago
de una obligación, si ésta hubiere sido cancelada al momento de la entrada
en vigencia de la presente ley Que esta decisión generaría la pérdida de la
información histt4 rica respecto al cumplimiento crediticio de muchos
deudores del sistema, lo que podría producir un encarecimiento de las
operaciones de crédito bancario originado por e! mayor riesgo provocado por
la incertidumbre.
Según el mapa mundial de leyes de protección de datos personales realizado
por David.
La ley chilena sobre Protección de la. Vida Privada (Ley 19.628 del 30 de
agosto de 1999, contiene un capítulo sobre el uso de la información
financiera, comercial y bancaria que en el año 2002 fue parcialmente
modificado por la Ley 19.812; por esta norma “Se exceptúa la información
96

elacionada can ¡os créditos concedidos por el Instituto Nacional de
Desarrollo Agropecuario a sus usuarios” al artículo 17, y además se
establece que “No podrá comunicarse ¡a información relacionada con las
deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen
servicios de electricidad, agua, teléfono y gas” Se modifica el artículo 18 en
el sentido que “En ningún caso pueden comunicarse los datos a que se
refiere el artículo anterior, que se relacionen con una persona identificada o
identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva
obligación se hizo exigible. Tampoco se podrá continuar comunicando los
datos relativos a dicha obligación después de haber sido pagada o haberse
extinguido por otro modo legal”.
Por la misma ley se modifica el artículo 2~ del Código del Trabajo,
estableciendo que ‘Ningún empleador podrá condicionar la contratación de
trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico,
financiera, bancario o comercial que, conforme a la ley, puedan ser
comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos
Artículo 1. A efectos del apartado 2 del artículo 25 de la Directiva 951461CE,
se considera que Argentina garantiza un nivel adecuado de protección por lo
que respecta a los datos personales transferidos desde la Comunicada,
personales; ni exigir para dicho fin declaración ni certificado alguno.
Exceptúanse solamente los trabajadores que tengan poder para representar
al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados,
siempre que, en todos estos casos, estén dotados, a lo menos, de facultades
generales de administración; y los trabajadores que tengan a su cargo la
recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier
naturaleza”.
• En Paraguay la Ley 1.632 del 16 de enero de 2001, delimita los datos
97

sensibles, la acción de habeas dala, y establece (artículo 5) que los datos
financieros podrán ser publicados solamente cuando las personas
concernidas “hubiesen otorgado autorización expresa y por escrito “. Sobre
otro tipo de datos, podrán ser publicados y difundidos (artículo 6) cuando
“los datos que consistan únicamente en nombre y apellido, documento de
identidad, domicilio, edad, fecha y lugar de nacimiento, estado civil,
ocupación o profesión, lugar de trabajo y teléfono ocupacional” y “cuando la
información sea recabada en el ejercicio de sus funciones, por magistrados
fiscales, comisiones parlamentarias o por otras autoridades legalmente
facultadas para ese efecto”.
En Latinoamérica encontramos un escrito sobre la protección de datos
personales que si bien no se enfoca en su totalidad en la homonimia, si
provee una base jurídico-normativa de lo concerniente el nombre y el registro
civil; veamos: 4
En Panamá existen dos normas: la Ley 6 de 22 de enero de 2002 que dicta
normas para la transparencia de la gestión pública, establece la acción de
habeas data y otras disposiciones y la Ley 24 de 22 de mayo de 2002 que
regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los
consumidores o clientes. Se ha incluido en la Ley 6 la acción de habeas
data y una definición de “Información confidencial. Todo tipo de
información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución
pública que tenga relevancia con respecto a los datos médicos y
psicológicos de las personas, la vida íntima de los particulares, incluyendo
sus asuntos familiares, actividades maritales u orientación sexual, su
historia/penal y policivo, su correspondencia y conversaciones telefónicas o
aquellas mantenidas por cualquier otro medio audiovisual o electrónico, así
4 http://www.iijlac.org/docs/juanperez.pdf
98

como la información pertinente a los menores de edad Para efectos de esta
Ley, también se considera como confidencial la información contenida en
los registros individuales o expedientes de personal o de recursos humanos
de los funcionarios “. La ley prevé (artículo 113) “La información definida
por la presente Ley como confidencial no podrá ser divulgada, bajo ninguna
circunstancia, por agentes del Estado. En el caso de que la información de
carácter confidencial sea parte de procesos judiciales, las autoridades
competentes tomarán las provisiones debidas para que dicha información
se mantenga reservada y tengan acceso a ella únicamente las partes
involucradas en el proceso judicial respectivo “.
En Brasil la ley 9.507 del 12 de noviembre de 1997 regula o delito de
acceso a informa e disciplina o rito procesual do habeas data, aquí también
varios artículos de esta ley han sido vetados por el Poder Ejecutivo.
En Colombia por el artículo 15 de la Constitución Política “Todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo,
tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades
públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se
respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son
inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden
judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley “. Una
reciente reforma con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas —
declarada inexequible por la Corte Constitucional— permitía interceptar o
registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada sin
previa orden judicial.
99

• En Ecuador, los artículos 30 a 45 de la Ley de Control Constitucional (18 de
junio de 11997) regulan el habeas dato. El artículo 6 de la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (4 de mayo de 2004)
establece que “Se considera información confidencial aquella información
pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y comprende
aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales,
especialmente aquellos señalados en los artículos 23 y 24 de la Constitución
Política de la República. El uso ilegal que se haga de la información
personal, o su divulgación, dará lugar a las acciones legales pertinentes “.
En Perú el artículo 14 del Código Civil, establece que “La intimidad de la vida
personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el asentimiento de
la persona o si ésta ha muerto, sin el de su cónyuge, descendientes,
ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden”. La ley 27.806
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (13 de julio de 2002) en
el artículo 115 exceptúa del derecho de acceso “La información referida a los
datos personales cuya publicidad constituya una invasión de la intimidad
personal y familiar. La información referida a la salud personal, se considera
comprendida dentro de la intimidad personal En este caso, sólo el juez puede
ordenar la publicación en perjuicio de lo establecido en el inciso 5 del artículo
2 de la Constitución Política de/Estado”.
En Uruguay en la Ley 17.838 de Protección de Datos Personales para ser
utilizados en Informes Comerciales y Acción de Habeas Dato (1 de octubre
de 2004), se exceptúa —en el artículo 2— “el tratamiento de datos que no
sean de carácter comercial como por ejemplo: a) datos de carácter personal
que se originen en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de
informar, así como los relativos a encuestas, estudios de mercado o
semejantes, los que se regularán por las leyes especiales que les conciernan
100

y que al efecto se dicten; y b) datos sensibles sobre la privacidad de las
personas, entendiéndose por éstos, aquellos datos referentes al origen racial
y étnico de las personas, así como sus preferencias políticas, convicciones
religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical o información referente a
su salud física o a su sexualidad y toda otra zona reservada a la libertad
individual “, pero se establece que para “Para la obtención y tratamiento de
datos que no sean de carácter comercial se requerirá expresa y previa
conformidad de los titulares, luego de informados de/fin y alcance del registro
en cuestión “.
En México no existe legislación federal de protección de datos personales,
excepto en algunos aspectos regulados por la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental (111 de junio de
2002) y la Ley para regular las Sociedades.
De Información Crediticia (15 de enero de 2002). Algunas leyes estatales de
acceso a la información, como las de Guanajuato, Michoacán de Ocampo y
Sinaloa contienen un capítulo dedicado a la protección de datos personales,
las tres leyes contienen la obligación de declarar explícitamente la finalidad
de las bases de datos generadas y difundidas por los órganos del gobierno,
norma que no existe en ninguna otra legislación latinoamericana.”
En otros países existen leyes de acceso con algunas consideraciones sobre
datos personales: Trinidad & Tobago.
8.4.2 Desarrollo de leyes que contemplan la protección de datos desde
una visión sectorial:
Argentina: Ley 25.392 de Creación del Registro Nacional de Donantes de
101

Células.
Progenitoras Hematopoyéticas (30 de noviembre de 2000); Ley 6.879 de la
Provincia de Mendoza sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
(26 de febrero de 2001 );12 Ley 23.798 de Prevención y Lucha contra el
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (20 de septiembre de
1990);
Colombia: El artículo 38 de la Ley 23 de 1981 regula los datos de la historia
clínica (bajo la forma de revelación de secreto del profesional médico); la
Circular 004 de 2003 del Archivo General de la Nación regula “Los espacios
destinados al archivo de Historias Laborales, deben ser de acceso restringido
y con las medidas de seguridad y condiciones medioambientales que
garanticen la integridad y conservación física de los documentos “;
Costa Rica: Ley General sobre el VIH – SIDA (Artículo 43).
Chile: Ley sobre cambio de Nombres y Apellidos.
En Panamá el proyecto de ley 2004-A-067 para modificar la ley 24 de 2002
explicitaría (artículo 4-A) las “Finalidades de la base de datos. Los datos
sobre historial de créditos de los consumidores o clientes suministrados por
los agentes econó0micos a las agencias de información de datos, solo será
empleada para:
- Conocer el historial de crédito de los clientes o consumidores, en el preciso
momento que estos realicen transacciones bancarias, económicas,
financieras, comerciales o industriales, y siempre que medie autorización
escrita del cliente o consumidor.
102

- Reflejar el movimiento de pagos, abonos y cancelaciones de las
obligaciones que mantienen los clientes o consumidores con los agentes
económicos.
- Servir de referencia crediticia, en cualquier momento, cuando el cliente o
consumidor autorice al respectivo agente económico a obtener la información
contenida en la base de datos para el propósito especificado en la
autorización de que se trate. 4. Reflejar al estado de las deudas morosas por
más de tres meses de los clientes o consumidores cuyo pago le hubiere sido
exigido por el departamento de cobros del respectivo agente económico, y
que le haya sido debidamente notificado. 5. Reflejar el estado de las deudas
morosas de los clientes o consumidores exigidas por vía de mandamiento de
pago judicialmente decretado o por medio de sentencia en firme proferida en
proceso ordinario.
Ecuador: Ley Reformatoria a la Ley de Discapacidades [artículo 14 sobre el
Registro Nacional de Discapacidades, reglamentado provisoriamente por el
Reglamento General de la Ley sobre Discapacidades del 4 de febrero de
1994, ver artículos 51 y 52];
Guyana: Domestic Violence Act (31 de diciembre de 1996) §43.(3); y
Occupational Safety and Health Act (9 de diciembre de 1997) §47.(m).
Paraguay: Ley sobre información de Carácter Privado.
Perú: Normas reglamentarias para los casos de homonimia.
Trinidad & Tobago: DNA Idenfication Act [sections 39 & 40];
Uruguay: Código de la Niñez y la Adolescencia (14 de septiembre de 2004)
103

artículos 218 a 222 sobre el registro de información de niños y adolescentes.
Venezuela: Ley de Transfusión y Bancos de Sangre [artículo 44]; Ley sobre
Protección a la Privacidad de las Comunicaciones
La jurisprudencia ha tenido la carga de llenar imprecisiones y los yacios
normativos. Algunos ejemplos de casos decididos por los más altos
tribunales latinoamericanos son:
En Argentina: Dirección General Impositiva vs. Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, 1996 (información personal que figura en los
registros, archivos y bancos de datos computarizados); Ponzetti de Balbín,
Indalia vs. Editorial Atlántida, SA. 1984 (derecho a la intimidad —personas
voluntariamente públicas); Granada, Jorge Horacio vs. Diarios y Noticias SA.
1993 (responsabilidad por datos erróneos); Urteaga vs. Estado Nacional
1998 (acceso a la información); Ganora vs. Estado Nacional 1999 (Habeas
data puede ser usado para todas las bases de datos gubernamentales);
Lascano Quintana Vs. Veraz S.A. 2001 (información crediticia).
En Chile: Bohme Bascuñán, Manuel vs. Clínica Alemana, 1992 (filmaciones
no autorizadas) y CC)DEPU vs. Gendarmería de Chile, 1995 (micrófonos en
cárceles).
En Costa Rica: C A., E. vs. Aludel Ltda., 2000 (información crediticia) y M M,
C. VS. Aludel Ltda., 2002 (exactitud de la información).
En Colombia In re Manuel Cifuentes, 2000 (Habeas data y principio de
finalidad).
En Panamá: Guillermo Cochez vs. Ministro de Relaciones Exteriores 2002
104

(la planilla de una institución gubernamental no es de carácter reservado) y
Aluminio Estructural y otros vs. Director General de Ingresos, 2002 (la
información acopiada en ejercicio de la función fiscalizadora es de acceso
restringido). En Venezuela: N. A. y otros, 1998 (datos sensibles, infección
VIH), R. C. My otros vs. Consejo Nacional Electoral, 2000 (acceso a los
padrones electorales) y G. B., X vs. Juzgado de Protección del Niño y del
Adolescente del Estado Lara, 2002 (redacción de sentencias judiciales); y
casos sobre passagemt en Brasil.
CAPITULO IV
9. TRATAMIENTO DEL FENÓMENO DE LA HOMONIMIA EN EL
DERECHO COLOMBIANO
De la República de Colombia tristemente debemos enunciar, que leyes en sí
mismas, no existen; salvo el decenas de veces enunciado decreto 1260 de
1970 que si bien recoge el registro y enuncia el procedimiento a la hora de
ser víctima de una homonimia o usurpación de nombre, está lejos de resolver
el problema del registro y la homonimia. Sin embargo existen sentencias y
decisiones de tribunales departamentales que citan y en casos concretos
resuelven muy someramente, al fenómeno de la homonimia.
Vamos a comenzar por el área civil para poder determinarlo mejor, para
luego pasar al derecho penal y los apartes importantes del código penal y de
procedimiento penal.
105

DECRETO 1260 DE 1970
(Julio 27)
Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las
personas 5
ARTICULO 4o. . La persona a quien se
discuta el derecho al uso de su propio nombre, o que pueda sufrir quebranto
por el uso que otra haga de él, puede demandar judicialmente que cese la
perturbación y se le dé seguridad contra un temor fundado, así como la
indemnización de los daños a los bienes de su personalidad y del daño moral
que haya sufrido.
A falta de aquella persona, la acción podrá proponerse por quien demuestre
un legítimo interés, fundado en razones familiares dignas de protección.
Solo podemos citar entre sus líneas, la palabra homonimia que se esconde
en sus innumerables paginas. Pero de aquí surge la pregunta, ¿es esto
suficiente para erigir un capítulo entero? ¿Será siquiera suficiente para
determinar a Colombia como un país que legisla la homonimia? De esta
pregunta proviene entonces nuestro dilema. A esta altura del trabajo de
grado; podemos nombrar ejemplos, casos, nombres sin dar respuesta alguna
a este capítulo, o podemos además de lo anterior aplicar legislaciones
extranjeras avanzadas y altamente preocupadas por este latente y creciente
problema, con miras de hacer de este trabajo una opción de solución
mediante un trabajo investigativo y aplicativo más que un simple relato
histórico y comparativo que a nuestro modo de ver, no plantea mas
5 DECRETO 1260 DE 1970
106

soluciones que la espera, al funcionamiento ampliamente reactivo de las
leyes y sus creadores.
En materia penal podemos encontrar algunos artículos para solucionar las
confusiones basados en los registros existentes en la Registraduría Nacional
del Estaco Civil: 6
ARTÍCULO 128. IDENTIFICACIÓN O INDIVIDUALIZACIÓN. La Fiscalía
General de la Nación estará obligada a verificar la correcta identificación o
individualización del imputado, a fin de prevenir errores judiciales.
En los eventos en que el capturado no presente documento
de identidad, la policía judicial tomará el registro decadactilar y lo remitirá
inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de que
expida en forma inmediata copia de la fotocédula. En caso de no aparecer
registrada la persona en sus archivos, la Registraduría Nacional del Estado
Civil lo registrará con el nombre que se identificó inicialmente y procederá a
asignarle un cupo numérico.
Esta situación previene una suplantación por parte del sujeto activo de la
supuesta conducta delictiva, cuando no puede probar su identidad así se
sabe con prontitud el nombre real de la persona, lo cual evita confusiones y
por supuesto la homonimia.
6 Código de Procedimiento Penal
107

Métodos de identificación:
Artículo 251. Métodos. Para la identificación de personas se podrán utilizar
los diferentes métodos que el estado de la ciencia aporte, y que la
criminalística establezca en sus manuales, tales como las características
morfológicas de las huellas digitales, la carta dental y el perfil genético
presente en el ADN, los cuales deberán cumplir con los requisitos del artículo
420 de este código respecto de la prueba pericial.
Igualmente coadyuvarán en esta finalidad otros exámenes de sangre o de
semen; análisis de composición de cabellos, vellos y pelos; caracterización
de voz; comparación sistemática de escritura manual con los grafismos
cuestionados en un documento, o características de redacción y estilo
utilizado en el mismo; por el patrón de conducta delincuencial registrado en
archivos de policía judicial; o por el conjunto de huellas dejadas al caminar o
correr, teniendo en cuenta la línea direccional, de los pasos y de cada
pisada.
El único modo de lograr encontrar una base o una tendencia en el tema que
nos compete es realizar un rastreo a modo de línea jurisprudencial de un
tema que se enuncia pero cuyo contenido no existe, a modo de concluir
deductivamente que opinan o que deciden las altas cortes y los tribunales
colombianos acerca de este problema, por esa razón la presentación del
presente capitulo es mucho más difusa que la de los anteriores, pero esto
tiene como fin, dejar en claro lo difuso del tema tratado, resaltando a su vez
la labor deductiva de nuestro grupo para dar respuesta y opciones jurídicas
para dar buen fin al tema de la homonimia.
Sólo la séptima parte de las cédulas que circulan en Colombia son seguras.
Más de 24 millones de documentos no ofrecen suficientes garantías.
108

El enunciado anterior sirve de abrebocas para enunciar nuestra precaria
situación en cuestión de documentos de identificación, pero concluye a su
vez con la esperanza que plantea la campaña de la Registraduría General de
la Nación para acabar con este problema. Tomando como ejemplo y a modo
de historia es común encontrar en Bogotá, y por el céntrico sector de San
Victorino a los traficantes de la ilegalidad. "Chapas, le tengo la chapa en una
hora", es pertinente aclarar que el término “chapa” se refiere a la cedula y es
de este modo que se ofrecen sus servicios: con sólo una fotografía en blanco
y negro y no más de $20.000, esa persona tendrá 60 minutos después una
cédula de ciudadanía -'chapas', les dicen en el bajo mundo- cuya ilegalidad
sólo podrían detectar los expertos.
Así, sin mayores problemas, se puede obtener una nueva identidad en
cualquier ciudad del país. De las 28'461.354 cédulas que están vigentes
según la Registraduría Nacional del Estado Civil, sólo 4.500.000 son
documentos seguros porque fueron hechos siguiendo los parámetros
internacionales. Los otros 24 millones son falsificables y, en palabras del
Ministro del Interior, Fernando Londoño, constituyen "una amenaza para la
seguridad nacional".
Razones de más para que, por mandato de ley, en tres años todos los
documentos expedidos antes de 1999 queden sin validez. Las redes de
falsificadores de documentos están conectadas con casi todos los delitos que
se cometen en Colombia. "No hay un delincuente avezado que no tenga
cuatro o cinco cedulas falsas encima", explica un experto del DAS.
Desde estafadores que suplantan personas en negocios notariales hasta
simples atracadores, pasando por narcotraficantes y guerrilleros y
paramilitares, lo cierto es que la posibilidad de tener más de una identidad es
109

vital para los delincuentes. Y como la cédula de ciudadanía que aún tienen la
mayoría de los colombianos no ofrece mayores condiciones de seguridad, la
adulteración se realiza hasta en tipografías de barrio.
El saldo que deja esta situación, que no es para nada hipotética es la
facilidad de evadir la acción de las autoridades por parte de los delincuentes;
porque han suplantado la identidad de ciudadanos que no tienen
antecedentes judiciales. Sumado a esto están las personas “temporales” por
así decirlo; fraudes millonarios contra compañías de seguros y empresas de
salud; cuentas bancarias abiertas por personas que no existen y que sólo
funcionan por semanas, mientras a través de ellas se lavan millones de
pesos; y hasta elecciones fraudulentas. La adulteración de las cédulas es la
manifestación más visible de un problema de fondo: las debilidades del
sistema de identificación colombiano, que en muchos aspectos permanece
todavía en el siglo pasado. La información básica de más de 20 millones de
personas permanece aún en centenares de archivadores y la confrontación
de datos se hace manualmente.
De esos archivos, precisamente, era usual que se 'evaporaran' las tarjetas
decadactilares de los cabecillas de las organizaciones delincuenciales, cuya
primera precaución era precisamente borrar su historia de los archivos
oficiales.
De cualquier manera, los organismos de seguridad tienen copia de las
tarjetas de los criminales más reconocidos del país.
Los 'huecos' del sistema se dan desde el mismo registro civil de los recién
nacidos: "mientras en otros países a los niños se les da un código de
identidad desde que nacen en los hospitales, acá pueden pasar meses o
años sin que un menor sea registrado", señalan las autoridades.
110

Además, la primera identificación no utiliza las huellas de las manos sino las
de los pies, "algo que dificulta mucho el trabajo, porque mientras la
dactiloscopia tiene totalmente descifrada las huellas de las manos, no pasa
lo mismo con las de los pies".
“La expedición de cédulas por primera vez a quienes cumplen la mayoría de
edad, señala el coronel (r ) Bernardo Maldonado, director de Identificación de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, es un proceso esencialmente
seguro para el Estado.
Pero la Ley permite, por ejemplo, que una persona se cedule a cualquier
edad, tan sólo con la presentación de un registro civil y de dos testigos que
den fe de que la conocen.
Por eso es usual que en ciudades como Riohacha o Maicao aparezcan
'ciudadanos' colombianos que no hablan ni entienden español sino árabe,
porque en realidad son libaneses o sirios.
En virtud de todo lo anterior daremos paso a exponer el nuevo proceso de
cedulación en Colombia, que ofrece seguridad y esperanza a la hora de la
identificación de los ciudadanos además de la certeza de tener bases de
datos más concisas haciendo que todos los errores y problemas planteados
en este trabajo, se diluyan en nuestro precario pasado: 7
7 Conpes 3323. Rergistraduría Nacional del Estado Civil
111

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL DE LA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Registraduría Nacional del Estado Civil
INTRODUCCIÓN
Este documento somete a consideración del CONPES, el Programa
“Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de identificación
y registro civil de la Registraduría.
Nacional del Estado Civil”, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-
2006 “Hacia un Estado Comunitario”. El Programa se enmarca dentro de los
objetivos de fortalecimiento institucional incluidos en la Política de Seguridad
Democrática y dentro de los propósitos de impulsar una mayor transparencia
y eficiencia en la gestión estatal.
Para ello, este documento, previa una presentación sintética de los
antecedentes y la justificación, presenta con detalle el desarrollo del
Programa.
Cabe señalar que, dada la importancia del Programa para el logro de los
objetivos de política del gobierno nacional, es necesario que el CONPES lo
declare de importancia estratégica. De tal forma, que sea posible autorizar la
asunción de compromisos con cargo apropiaciones de vigencias futuras que
superen el presente período de gobierno (2002-2006).
112

I. ANTECEDENTES
La Registraduría Nacional del Estado Civil –RNEC- es la entidad del Estado
que por mandato constitucional y legal tiene la misión de registrar e
identificar eficiente y confiablemente la vida civil de los colombianos,
organizar y realizar los comicios electorales, y propiciar las diferentes formas
de participación ciudadana.
Para cumplir estas funciones, la Registraduría ha impulsado desde 1984
algunas iniciativas para fortalecer la identificación de los colombianos
(registro civil e identificación ciudadana). Dos décadas después, algunas de
estas propuestas se han materializado parcialmente con la aplicación del
Plan Integral de Modernización Tecnológica de la Registraduría pero es
necesario culminar su ejecución. Este Plan comprendía tres fases:
I FASE: Programa de Modernización Tecnológica (PMT)
II FASE: Programa de Renovación de Documentos (PRD)
III FASE: Dirigida a la modernización de los procesos electorales (MPE)
Sistema de Registro Civil y tarjeta de identidad.
La Registraduría comparte la función de expedir el registro civil con las
notarías. Por tal motivo tramita el 42% de los registros civiles que se
producen en el país. En la actualidad, la base de datos de la Dirección
Nacional de Registro Civil contiene 42.825.000 registros de nacimiento,
matrimonio y defunción, que corresponden a la totalidad del archivo físico.
.
El proceso de automatización del registro civil que fue concebido con el PMT
supone dos actividades paralelas: la digitalización del registro de imágenes.
113

y la grabación de los datos de texto (archivo de texto). En la actualidad, la
RNEC se encuentra adelantando un plan piloto de conexión directa de 22
notarias y 20 hospitales a la base de datos de registro civil de la entidad, en
forma gratuita.
Por otro lado, del total de oficinas de la Registraduría a nivel municipal (1.098
oficinas), sólo 940 expiden de manera sistematizada el registro civil. Además,
de éstas, sólo 300 se encuentran conectadas en línea. Las demás actualizan
la base de datos a través de acceso telefónico o medio magnético.
Cédula de ciudadanía
El programa desarrollado a través del PMT comprendía la adquisición y
suministro de infraestructura tecnológica para cada uno de los municipios
(recursos informáticos y de comunicaciones) y el desarrollo, a nivel central,
de un sistema de producción de cédulas totalmente sistematizado con altos
estándares de seguridad y eficiencia.
Respecto a la automatización del sistema de clasificación dactilar de huellas,
se utilizó la tecnología AFIS (Sistema Automatizado de Identificación
Dactilar). Esta tecnología permite, a través de medios ópticos, el
almacenamiento de las tarjetas dactilares y la clasificación,
comparación y codificación automática de las huellas digitales.
. Además, ofrece una alta disponibilidad para el acceso al archivo de los
organismos judiciales y de seguridad.
.
En la actualidad, la Registraduría cuenta con un Sistema AFIS civil con
capacidad de 10 millones de registros, de los cuales se han utilizado 7.2
millones. Es decir que, existe una capacidad disponible para
114

almacenamiento de 2.8 millones de registros, espacio que no es suficiente
para incluir las huellas de la totalidad de la población colombiana Por otro
lado, la institución cuenta con un sistema de producción de documentos
automatizado que permite el procesamiento de 12 mil transacciones por día y
la impresión de 20 mil documentos diarios. Además, se han instalado 37
centros de acopio en todo el país, donde se recibe la información de
solicitudes generadas en los municipios y se trasladan al Sistema Central de
Información.
A pesar de la existencia de un sistema de producción de documentos
automatizado, no ha sido posible que toda la información sobre la cédula de
ciudadanía de los colombianos se encuentre en una sola base de datos. Hoy
en día coexisten 4 bases de datos que no están interconectadas:
- El AFIS civil .
- La Rockola, que es una base de datos que contiene la información de los
ciudadanos que sacaron la cédula anterior a la actual –segunda generación-,
y que ya contenía algunas de las características de seguridad de la cédula
actual.
- El Archivo Nacional de Identificación (ANI), donde se encuentra la
información biográfica de todos los colombianos, en un sistema desarrollado
en una plataforma tecnológica en COBOL. Este proceso de verificación es
manual, dado que no existe una interface que realice esta operación en
forma automática.
- El archivo manual decadactilar.
115

II. JUSTIFICACION
El funcionamiento de un Estado de derecho se basa en la certeza de la
identidad de las personas. De allí que, la identificación se convierta en un
asunto estratégico que incide en todos los sectores del Estado y de la
Sociedad. Los procesos de registro civil e identificación ciudadana, tienen un
alto impacto en las actividades y decisiones de los diferentes sectores
gubernamentales y en el accionar de todos los colombianos. Esto quiere
decir que, la carencia de sistemas de identificación confiables, seguros y
oportunos, puede acarrear numerosos costos económicos, sociales, políticos,
entre otros.
En el marco de esta problemática, la Registraduría Nacional del Estado Civil
emprendió oportunamente un proceso de modernización tecnológica. Este
debe culminarse adecuadamente por razones de orden estratégico y
normativo.
En primer lugar, para cumplir los objetivos inicialmente propuestos, los cuales
vuelven prioritarias las funciones de identificación y registro que le competen
a la Registraduría, como parte fundamental de las metas propuestas por el
Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”.
En segundo lugar, para impulsar y fortalecer las medidas que desde el
gobierno nacional se vienen aplicando en los temas de seguridad,
transparencia y eficiencia del Estado colombiano. En tercer lugar, por
mandato de la Ley 757 de julio de 2002, la Registraduría está obligada a
adelantar un proceso de renovación de la cédula de todos los colombianos.
Para que la Registraduría Nacional del Estado Civil pueda llevar a cabo la
renovación y expedición de la cédula de aproximadamente 30 millones de
ciudadanos, sin desatender el proceso normal de producción de documentos
de identificación, requiere adelantar acciones a la mayor brevedad para
116

econfigurar, modernizar y fortalecer sus sistemas de identificación y registro
civil.
. Tal proceso, que debe tener cobertura nacional, debería estar concluido a
más tardar el primero (1º) de enero del año 2006. Por razones técnicas y
financieras, tal fecha límite deberá ser modificada.
.
Adicional a esto, y dado el pronunciamiento de la Corte Constitucional ya
señalado el Estado debe asumir el costo de la renovación del documento de
identificación y no podrá trasladar estos gastos al ciudadano, situación que
obliga al gobierno nacional a definir prioridades de gasto y posibles fuentes
de financiación.
Por último, vale la pena mencionar que el Programa ya fue aprobado por el
Comité Técnico de Política Nacional de Información, requisito indispensable
para iniciar su ejecución.
. Sistema de Identificación
Teniendo en cuenta que los procedimientos que requieren de mayor
concentración son los relacionados con la reseña, validación y producción de
las solicitudes de cédulas de ciudadanía, se deben considerar los siguientes
procesos:
1.1. Digitalización del archivo decadactilar de la Dirección Nacional de
Identificación.
1.1.1. Digitalización.
El archivo decadactilar de la Dirección Nacional de Identificación está
117

compuesto por 30 millones de tarjetas que deben digitalizarse. El proceso se
realizará en las instalaciones de la Registraduría Nacional, bajo estrictos
mecanismos de control de calidad y exigentes medidas de seguridad,
velocidad y fiabilidad. La actividad se divide en tres fases:
Primera fase: preparación del sitio y definición de procedimientos para la
conversión física de las tarjetas.
Segunda fase: digitalización de las tarjetas decadactilares de hombres y
mujeres.
Tercera fase: migración o conversión, codificación y clasificación de las
imágenes digitalizadas para ser reinsertadas a la base de datos AFIS.
. Sistema de Registro Civil y tarjeta de identidad
2.1. Digitalización y Grabación de Registros
Esta estrategia comprende:
Digitalización y conversión de 41.2 millones de registros en papel.
Digitalización y grabación de 11.9 millones de registros.
Ampliación de la capacidad del Sistema de Gestión Electrónica de
Documentos (GED), acorde con el volumen de producción esperado.
Soporte y administración para el montaje y ejecución del sistema de
conversión de registros civiles.
2.2. Conexión de 900 puntos de atención adicionales al Registro Civil
118

Esta actividad pretende:
• Conexión en línea de 900 oficinas adicionales entre notarías, hospitales y/o
las que la Registraduría designe.
• Repotencialización de la configuración actual de servidores a nivel central y
de los Servicios de Acceso Remoto, RAS, de comunicaciones a nivel
departamental a fin de soportar las nuevas estaciones.
2.3. Actualización de las bases de datos locales o municipales de registro
civil.
Las principales actividades a ejecutarse en este componente son:
Sincronización de las bases de datos de las oficinas locales y la central.
Actualización mensual de las bases de datos locales.
Desarrollo de nuevas aplicaciones y generación de un software de
instalación.
Envío del software de instalación a las oficinas.
Automatización del cotejo de información de los datos de defunción y cédulas
expedidas con el sistema de registro civil y el AFIS
2.4. Ajustes al sistema de registro civil
Esta estrategia comprende:
119

Adaptación de la aplicación CIU (Sistema de Captura de Identificación del
Ciudadano) en la totalidad de las oficinas informatizadas.
Asignación de un código especial para la unidad móvil, por medio del cual
habilite la asignación automática del NUIP (Número Único de Identificación
Personal) Adecuación del módulo de correspondencia, para incluir criterios
adicionales de búsqueda.
Extracción de datos para oficinas externas.
IMPACTOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
A continuación se describen los principales beneficios que se obtendrán con
la ejecución del Proyecto:
En el Sector Institucional .
Institucionalmente el proyecto reportará los siguientes beneficios:
En el Sistema de identificación:
Automatización de la función de cotejo dactiloscópico de la Registraduría
Nacional, a través del sistema AFIS.
Simplificación de la función de cotejo de las solicitudes de Cédula de
Ciudadanía, que actualmente implica la consulta manual de 4 tipos
diferentes de archivos independientes entre sí, pues la información quedará
integrada en una sola herramienta de consulta.
Automatización del proceso de reseña, toda vez que los nuevos procesos de
120

enrolamiento para la expedición de la cédula de ciudadanía, se realizarán “en
vivo” a través de un equipos ópticos que evitarán, en los sitios de mayor
demanda y producción, el uso de las tarjetas decadactilares en papel y de la
tinta para la impresión.
Disminución de la vulnerabilidad actual del archivo en papel.
Disminución del porcentaje de rechazo por mala reseña.
Dotación de un sistema automatizado de producción de documentos de
identificación seguro y eficiente.
Producción de un documento de identidad que cumple con todos los
estándares internacionales de diseño, seguridad y normatividad ISO 7810 y
10373.
Autenticación de cada ciudadano que se presente a reclamar la respectiva
cédula de ciudadanía, realizándose la confrontación de su huella dactilar con
la información incluida en el código de barras bidimensional disponible en
cada documento, a través de equipos lectores.
Disminución en los costos operacionales.
Mejor control sobre la identidad de los menores, por la posibilidad de expedir
una tarjeta de identidad con elementos de seguridad.
Ampliación de la cobertura del registro de nacimiento, por la posibilidad de
conectar en línea la base de datos de registro civil con las notarías y centros
de atención hospitalaria.
121

Disponibilidad de una base de datos actualizada y completa con la
información del estado civil, los datos biográficos y dactiloscópicos de los
colombianos, reduciendo el tiempo en las consultas de organismos de
seguridad y justicia.
Conectividad con otros ambientes informáticos para facilitar el acceso a las
bases de datos por parte de los organismos de seguridad, judiciales,
financieros y de asistencia social.
Disposición de los medios para consulta en tiempo real a las bases de datos
desde cualquier punto del territorio nacional, haciendo uso de la red
corporativa de la RNEC.
Reducción de los tiempos de preparación y entrega de los documentos de
Identificación.
Minimización de la posibilidad de falsificaciones o adulteraciones de
documentos de identidad.
Facilidad para la verificación de la legitimidad del documento de identificación
y la correspondencia de éste con el portador.
Prevención de ilícitos derivados de uso indebido de documentos de
identificación falsos o pertenecientes a otros ciudadanos.
En tres años, por mandato de ley, todos los colombianos deberán haber
renovado su cédula de ciudadanía. El nuevo documento, que se viene
expidiendo desde diciembre de 1999 es virtualmente inalterable y está
soportado en una red tecnológica a la que el Gobierno pretende inyectarle
cien millones de dólares para que pueda cumplir su cometido.
122

"La información de las nuevas cédulas y de los duplicados es enviada en
discos ópticos por las Registraduría de cada municipio a 37 centros de
acopio en todo el país, y después se centraliza en Bogotá. El banco de datos
electrónico -Afis- contiene toda la información de los ciudadanos que tienen
la nueva cédula y es prácticamente inaccesible, salvo para los funcionarios
autorizados y plenamente identificados. De esta manera se reduce
prácticamente a cero la posibilidad de algún fraude", destaca Maldonado.
El cambio de cédulas implicará también una depuración del registro de
identificación de los colombianos, en el que aún figuran vigentes las cédulas
de al menos dos millones de personas fallecidas.
“A ese respecto, el Ex-ministro Fernando Londoño destaca que "en Colombia
a los muertos no los dejan descansar, sobre todo en época de elecciones".
Desde 1952 se han expedido 31 millones 232.448 cédulas, y del sistema
sólo han sido retiradas por fallecimiento 2 millones 771.097."
Es así como desde el 1 de enero de 2006, el único documento de
identificación válido será la nueva cédula. Pero quedan aún tres años
durante los cuales sobre la identificación plena de la mayoría de los
colombianos seguirá pesando un manto de duda. Bajo estrictas medidas de
seguridad, durante ocho horas diarias, se producen quince mil cédulas,
aunque la capacidad deberá cuadruplicarse.
- Aunque cada vez los casos son menos, hay cédulas que tienen datos falsos
pero han sido expedidas por la vía legal, con la colaboración de algunos
empleados oficiales. Las autoridades las conocen como 'falsificaciones
ideológicas' y son virtualmente indetectables.
123

- La seguridad de las cédulas antiguas se limitaba al sello metálico y a
algunas características de ubicación de la información, así como a la
distribución de números dependiendo de la región del país que expedía el
documento. La nueva cédula cuenta con hologramas tridimensionales,
microimpresiones, huella mucho más nítida, fotografía a color y un cuerpo
que no permite la separación de la lámina de protección.
- Tiene, además, un código de barras que contiene toda la información del
ciudadano y que puede ser consultado por los sistemas de la Fiscalía, la
Policía Nacional, el DAS y Medicina Legal.
9.1 EL NOMBRE EN EL DERECHO COLOMBIANO
Nuestro país no es ajeno a esta situación, regulando en su ordenamiento
materias similares a las demás legislaciones. El decreto 1260 de 1970 es el
que regula el nombre de las personas en Colombia:
DECRETO 1260 DE 1970
(Julio 27)
Diario Oficial No. 33.118, del 5 de agosto de 1970
Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las
personas.
TITULO II.
DEL DERECHO AL NOMBRE Y SU TUTELA
ARTICULO 3o. . Toda persona tiene derecho a su individualidad,
y por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre
comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo.
124

No se admitirán cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino en
las circunstancias y con las formalidades señaladas en la ley.
El juez, en caso de homonimia, podrá tomar las medidas que estime
pertinentes para evitar confusiones.
ARTICULO 4o. . La persona a quien se
discuta el derecho al uso de su propio nombre, o que pueda sufrir quebranto
por el uso que otra haga de él, puede demandar judicialmente que cese la
perturbación y se le dé seguridad contra un temor fundado, así como la
indemnización de los daños a los bienes de su personalidad y del daño moral
que haya sufrido.
A falta de aquella persona, la acción podrá proponerse por quien demuestre
un legítimo interés, fundado en razones familiares dignas de protección
ARTICULO 53. . En el registro
de nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito, el primero del padre
seguido del primero de la madre, si fuere hijo legítimo o extramatrimonial
reconocido o con paternidad judicialmente declarada; en caso contrario, se le
asignarán los apellidos de la madre.
PARAGRAFO. Las personas que al entrar en vigencia esta Ley estén
inscritas con un solo apellido podrán adicionar su nombre con un segundo
apellido, en la oportunidad y mediante el procedimiento señalado en el
artículo 94, inciso 1o, del Decreto 999 de 1988.
Como es sabido, el nombre que comprende tanto el nombre.
125

Propio -prenomen de los romanos o de pila de los católicos-, como también
de los apellidos -nomen o patronímico, que es el nombre familiar- sirve para
identificar o individualizar a las personas naturales dentro de la sociedad y la
familia y es así como el artículo 3º del Decreto-ley 1260 de 1970 lo considera
como un derecho de la individualidad al estatuir que "toda persona tiene
derecho a su individualidad, y por consiguiente, al nombre que por ley le
corresponde".
Ahora bien, existen diferentes teorías sobre la naturaleza jurídica del nombre
y, en efecto, Aubry y Rau consideran que es una propiedad; Colin y Capitant
estiman que el nombre es una marca distintiva de la filiación; Planiol sostiene
que es una institución de policía civil, y finalmente Saleilles, Perreau y
Josserand dicen que es un atributo de la personalidad. La Jurisprudencia y
doctrina colombianas lo han considerado como un atributo de la persona
junto con el domicilio, el estado civil, etc. Sobre estas teorías vamos a
profundizar más adelante.
La Constitución Nacional no consagra disposición alguna que regule aspecto
relativo al nombre de las personas, sin embargo en el artículo 50 autoriza al
legislador, ya sea ordinario o extraordinario, para determinar lo atinente al
"estado civil de las personas, y los consiguientes derechos y deberes" y
aunque ciertamente el nombre no hace parte del estado civil, sí está
íntimamente relacionado con él, pues el estado civil es una situación jurídica
que cabalmente se puede identificar o individualizar por virtud del nombre,
razón por la cual en el estatuto del registro del estado civil de las personas,
se consagran diferentes normas sobre el nombre de las personas naturales.
126

9.2 EL NOMBRE COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD
Ahora bien, debemos aclarar que el nombre en Colombia es un atributo de la
personalidad, lo que quiere decir que es un atributo inherente a su naturaleza
humana. “Con el nombre de persona se designa a todo ser capaz de adquirir
derechos y contraer obligaciones”. Por lo tanto, sin distinguir condición, todos
las personas nacen con ciertos derechos que les deben acompañar durante
toda su vida puesto que les sirven para identificarse a sí mismos, con
relación a los demás y como individuos pertenecientes a determinado
Estado. Los atributos de la personalidad son derechos personales que nacen
y mueren con la persona y que no se gastan, ni se venden, ni se transmiten.
Los atributos de la personalidad hacen posible que el ser humano se
reconozca como un ser único e irrepetible en la sociedad. En este sentido los
atributos que le son útiles para establecer una identidad son los atributos que
le son útiles al ser humano para determinar su relación con los demás que
son los de capacidad y de estado civil. Así mismo, el ser humano puede
identificar a partir de los atributos de la personalidad el rol que desempeña
en su nación al ser él el sujeto que ejerce derechos y que contrae
obligaciones. Es así como los atributos de la personalidad referentes a la
nacionalidad y el patrimonio le ayuda a entender la relación que tiene con su
nación.
Los atributos de la personalidad son aquellas cualidades que le son
inherentes a cada persona, es decir, aquellas propiedades que le
corresponden por el simple hecho de ser tal. No se puede concebir una
persona que no tenga tales cualidades. Estos atributos son la capacidad de
goce, la nacionalidad, el estado civil, el domicilio, el nombre y el patrimonio.
“La persona es un sujeto de derechos y de obligaciones”. Según la teoría
Kantiana, la escolástica y la filosofía de la ilustración, todo hombre es
127

persona y por esto es originario de derecho. Por otro lado, Kelsen asegura
que ciertos hombres carecen de personalidad, porque ésta es una condición
atribuida y no consustancial. Aún así, para el derecho internacional el ser
humano significa ser persona y, por tanto, tener los llamados atributos de la
personalidad.
Del nombre en concreto podemos decir que es una palabra que se da a las
personas para hacerlos conocer y distinguirlo de los otros. En el artículo 3
del decreto 1260 de 1970 se le otorga el derecho a todas las personas a
tener un nombre y un apellido.
El nombre es para todas las legislaciones un atributo de la personalidad que
si bien puede ser cambiado o enmendado, esto no supone que se pueda
disponer de él. Podemos decir esto pues sin importar cuán maleable por la
voluntad del propietario del nombre por llamarlo de algún modo, este, el
propietario, no puede renunciar a tener uno nombre, pues perdería su
identidad y el recurso de individualización y autodeterminación dado por el
estado para diferenciarnos a todos.
9.2.1 El Nombre. Es la designación con que se individualiza a una persona
haciéndola fácilmente distinguible de las demás. El nombre se forma con las
palabras que sirven para distinguir a una persona de las demás.
El nombre se compone del nombre individual, de pila o praenomen
(prenombre) y los nombres patronímicos, de familia o apellidos. El apellido,
sirve para determinar la familia a que pertenece cada individuo, mientras que
el nombre de pila permite individualizar a los distintos miembros de una
misma familia.
A nuestro entender, cuando la legislación se refiere al nombre de un modo
128

genérico, alude al nombre completo esto es al complejo de palabras que
comprende dentro de sí tanto al nombre de pila como a los apellidos.
Además del nombre en la forma como lo hemos definido, se reconoce
también la existencia del seudónimo, "nombre imaginario que
voluntariamente adopta una persona para esconder o caracterizar su
verdadera personalidad en una actividad determinada", y cuyo tratamiento
para los efectos de la propiedad de las obras intelectuales dadas a la
publicidad bajo seudónimo se haya descrito en la ley de propiedad
intelectual, razón por la cual este seudónimo puede ser inscrito en registro y
en algunos casos, patentado.
9.2.2 Características del nombre
- Incomerciable.
- No es susceptible de una cesión entre vivos, ni transmisible por causa
de muerte; Inembargable.
- Imprescriptible.
- Uno e indivisible.
- Permanente, por regla general.
9.2.3 Teorías en cuanto a la naturaleza jurídica del nombre.
9.2.3.1 Teoría de la propiedad. Sostenida principalmente por Aubry y Rau,
se estima que la persona ejerce sobre su propio nombre una especie de
propiedad. Si bien es cierto que el nombre es mío, por así decirlo, solo puedo
cambiarlo con autorización legal, además no puedo negociarlo ni cederlo, ni
siquiera renunciar a él, que es una facultad inherente a casi todos los
derechos; yo puedo renunciar a cobrar unos intereses moratorios o al pago
de una obligación natural, pero dejar de tener un nombre no es posible
129

legalmente. Se critica entonces de esta teoría que mientras las cosas que se
tienen dominio como bienes que son susceptibles de ser enajenables y
prescriptibles, en el caso del nombre esto no puede predicarse por lo cual, el
nombre no es un bien en sí mismo, sino más bien un derecho inalienable
para diferenciarme de otros, para perpetuar mis raíces que no es cesible y
además es imprescriptible.
9.2.3.2 Teoría de la marca distintiva de filiación. Según esta doctrina el
nombre es una forma de identificar el origen y la filiación de una persona,
sirviendo en consecuencia, para saber a que familia pertenece cada uno.
Esta teoría nos muestra la cara tradicional del nombre, como modo de
perpetuar situaciones familiares y vínculos entre ascendientes y
descendientes. Así pues, aquí se plantea a la familia como ese núcleo ideal
entre una pareja de esposos y sus hijos, donde es el nombre que se otorga a
los hijos un rasgo de carácter familiar, usualmente de la familia del padre
para conservar una tradición familiar y seguir con una línea de descendientes
del mismo linaje.
Esta situación se vuelve facultativa en cuanto al nombre, pues yo elijo o no
llamar a mi hijo de igual manera que yo, quien fui llamado así por mi padre,
quien fue llamado por mi abuelo, etc. En el apellido del padre que aparece de
un modo aun machista a nuestro sentir como primero en el registro, este se
perpetúa automáticamente, perdiéndose esa línea simplemente por una falta
de reconocimiento en un caso de un hijo extramatrimonial. Se critica esta
teoría pues hay personas cuya filiación puede o no estar determinada
respecto de ninguno de sus padres y aun así tener que ser inscrito con un
apellido, cuando menos. En la actualidad, el Omán de las persona opta por
crear núcleos familiares menos convencionales, donde la formalidad del
matrimonio otras tradiciones se han ido fracturando y el valor de esta teoría
se va diluyendo con el avance de las relaciones interpersonales.
130

9.2.3.3 Teoría del atributo de la personalidad.
Josserand, Saleilles y otros ven en el nombre el signo distintivo y revelador
de la personalidad.
Se entiende que el nombre es un atributo de la personalidad pues es preciso
que todas las personas tengan una denominación que los identifique y que
por lo demás se entiende pertenecerles de manera exclusiva. El nombre es
así quizá la más importante de las formas como una persona es conocida en
el entorno social, de lo cual se sigue que se le brinde una protección jurídica
especial. Pero no en consideración al sino en consideración a que tal
denominación representa socialmente al titular del nombre.
En Colombia es posible cambiar el nombre cuando éste parece ridículo,
causa incomodidad o existen muchos homónimos. Sin embargo, esto no
significa que se pierdan los vínculos familiares. El Código Civil establece que
para los hijos matrimoniales los apellidos son primero el del padre y después
el de la madre; para los hijos extramatrimoniales se inscribirán los apellidos
de la madre a menos que el padre lo reconozca; y, para los hijos adoptados
se deben tener en cuenta cuatro hipótesis que dependen de si la adopción
fue antes o después de la entrada en vigencia del Código del Menor y de la
clase de adopción que se efectúe.
De igual manera, se autoriza la utilización de un seudónimo que es un
nombre falso y que generalmente los escritores y artistas utilizan para evitar
confusiones y proteger los derechos de autor. Este nombre falso se debe
inscribir en el Libro de Registro de Varios que llevan los encargados del
registro del estado civil.
131

9.2.4 Apellido. El apellido tiene su origen en la familia matrimonial o extra
matrimonial, no se puede cambiar sin razón pues determina la relación de
filiación de la persona. Cuando el apellido causa incomodidad a la persona,
es ridículo o existen muchos homónimos, se permite el cambio pues la
modificación queda registrada en la escritura pública1 Es importante
mencionar que el cambio de ésta no hace que la persona pierda su vínculo
familiar. En Colombia por costumbre se lleva primero el apellido del padre y
después el de la madre, en otros países pueden llevar primero el apellido de
la madre y después el del padre.
En la legislación civil se establece que para los hijos matrimoniales los
apellidos son primero el del padre y después el de la madre. En el caso de
hijos extra matrimoniales esta ley estipula que se le inscribirán los apellidos
de la madre a esta persona a menos que el padre lo reconozca. Existe la
posibilidad de que la persona sea reconocida después y de esta forma puede
cambiar sus apellidos y pasar a tenerlos como un hijo matrimonial.
9.2.5 Seudónimo. “El seudónimo es un nombre falso que el individuo se
pone a sí mismo a pesar de que ya está registrado con otro. La ley
colombiana estipula que el uso y la ostentación de un seudónimo nacen en el
instante mismo en que se registra o inscribe ese seudónimo en el Libro de
Registro de Varios que deben llevar los encargados del registro del estado
civil, según perpetúa el art. 1 del decr. 2158 de 1970”Artistas, escritores,
periodistas lo usan para evitar la confusión y proteger los derechos de autor.
Esta protección jurídica se manifiesta de diversas maneras entre las cuales
encontramos las siguientes:
1. El artículo 214 del Código Penal sanciona la usurpación del nombre
de otro.
132

2. La ley de propiedad industrial prohíbe usar como marca comercial el
nombre. El retrato, seudónimo o la firma de una persona cualquiera,
salvo el caso de consentimiento expreso dado por ella o por sus
herederos si hubiere fallecido.
Lo que se ha analizado corresponde al nombre vistos en forma legal, en
nuestra legislación ya que se parte del presupuesto de que la persona tiene
que haber nacido para adquirir tal nombre.
Lo que no se ha analizado es el seudo nombre que también según muchos
autores correspondería a un atributo de la personalidad y que también se
puede analizar desde el punto de vista del concebido ya que este
generalmente se le conoce con un seudo nombre, seudónimo o apodo y que
también constituiría a nuestro juicio un nombre como característica de la
persona, y que si bien, su registro es facultativo se torna tan importante como
el nombre mismo, en el caso de artistas y escritores.
Por lo tanto el apodo que también constituye un atributo perteneciente al
nombre es plenamente verificable.
9.3 LA IMPOSICIÓN Y EL CAMBIO DE NOMBRE
Y es así como en el Decreto-ley 1260 de 1970 se dispuso en el artículo 94
que el propio inscrito podía modificar el registro para sustituir los nombres
propios extravagantes o ridículos que le hubieran sido asignados, lo que
requería un proceso de jurisdicción voluntaria ante los jueces civiles
competentes. Este precepto fue modificado por el artículo 6º del Decreto-ley
999 de 1988, parcialmente acusado en este proceso, en el sentido de dejar a
133

voluntad del propio inscrita la modificación del registro para sustituir su
nombre, por una sola vez, mediante escritura pública ante Notario, sin
exigirse condición alguna.
Pues bien, como se puede apreciar, a partir de la vigencia del Decreto 999
de 1988, quien desee cambiar su nombre por cualquier motivo, lo puede
hacer por una sola vez, acudiendo ante Notario Público quien procederá a
elaborar una escritura pública en donde conste tal hecho. Este documento
debe remitirse al encargado del registro civil respectivo, para que haga la
anotación correspondiente en el registro de nacimiento del interesado, tal
como lo ordena el mismo artículo 6º en concordancia con el 7º del mismo
ordenamiento.
Sin perjuicio de lo anterior, la propia ley impide de un modo no muy claro que
se imponga al recién nacido un nombre ridículo o extravagante, impropio de
personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje. .
9.4 FENÓMENO CULTURAL
Dejando un poco de lado la situación jurídica que regula al nombre, pasamos
ahora las causas sociales y culturales que dan origen a la homonimia en
Colombia.
Nuestro país, que fue objeto de un censo reciente entre el 22 de mayo de
2005 y el 22 de mayo del año 2006. En el año de 1993 se realizo otro censo
que arrojo datos sobre los nombres que a continuación mencionaremos
como los 10 más usados en hombre y mujeres en Colombia, revelando que
el 34% de la población colombiana en ese censo, el de 1993 tenían como
nombre de pila o primer nombre alguno de los 20 nombres del siguiente
listado, dando origen al primer ingrediente de la homonimia en Colombia:
134

Dice el Departamento Nacional de Estadística:
Estos son los diez nombres de hombre más habituales de Colombia por
orden de más común a menos común:
1. JUAN CARLOS
2. CARLOS ALBERTO
3. ALEXANDER
4. ANDRES FELIPE
5. LUIS FERNANDO
6. DIEGO FERNANDO
7. JHON JAIRO
8. CARLOS ANDRES
9. ALEJANDRO
10. JUAN DAVID
Estos son los diez nombres de mujer más habituales de Colombia por orden
de más común a menos común:
1. SANDRA MILENA
2. LUZ MARINA
3. CAROLINA
4. PAULA ANDREA
5. CLAUDIA PATRICIA
6. MARIA EUGENIA
7. PAOLA ANDREA
8. DANIELA
9. LILIANA
10. MARTHA CECILIA
135

(Fuente: I.N.E. - Instituto Nacional de Estadística)
En el caso colombiano vemos entonces que una de cada tres personas esta
en este listado, mostrando este porcentaje en sí mismo el primer punto de
este fenómeno cultural.
Colombia, un país en otrora profundamente costumbrista, xenófobo en
algunos casos, y cerrado en su cultura, muestra un cambio en la concepción
general dando paso en el caso de los nombres a ALEXANDER y JHON
puestos 3 y 7 en esta lista, lo cual dice para algunos lo mucho que ha
cambiado nuestra cultura.
En la actualidad es muy común encontrarnos a diario con nombres
norteamericanos, o americanizados a nuestro modo más en mujeres que en
hombres, pero en un margen no muy amplio; La proliferación de Miladis,
Michael, Yuranys y demás adaptaciones criollas al común del pueblo
colombiano es en sí mismo un fenómeno cultural digno de estudiar.
Ahora bien, cuando de apellidos se trata el análisis se hace aun mas difícil;
cada región del país tiene unos apellidos casi propios de la región lo que
hace muy complejo determinar que tan comunes son en comparación a todo
el territorio nacional.
Cabe anotar que en el caso de los apellidos que no son facultativos por parte
de los padres sino que son impuestos por ley, la situación se hace estática.
Si un apellido es más común en una región, la situación tiende casi
seguramente a permanecer así, pues los apellidos no dependen de modas ni
costumbres sino de cuan grandes son las familias y sus ramas, por lo que la
situación seguirá entonces su curso natural.
Por ejemplo, en el caso de Cundinamarca incluyendo por supuesto a Bogotá,
136

se dice que los apellido RODRIGUEZ y LOPEZ de origen español son los
más comunes en la región, seguido por VERGARA y otros más. En Antioquia
sin embargo predominan otros apellidos también de origen español como
ALVAREZ y GONZALEZ podemos destacar también a JARAMILLO y
RESTREPO, formando estos cuatro algunos de los apellidos más comunes y
autóctonos por así decirlo, de esta región.
Destacamos por ultimo y para dar fe de lo común de este fenómeno, el
programa SEPTIMO DIA del canal Caracol que realizo una labor investigativa
impecable al tratar el caso del Señor RAMIRO MATHEUS quien se encuentra
en la Cárcel y quien alega ser inocente alegando la homonimia en su caso
particular, un doble homicidio.
Ojala que este programa alerte la conciencia colectiva y nos lleve a realizar
un trabajo más certero en materia penal e investigativa.
Además a continuación citaremos el aparte de un artículo del diario EL PAIS
donde se hace referencia al fenómeno tratado en esta investigación
9.5 LINEA JURISPRUDENCIAL
PRINCIPIO DE LA IDENTIDAD (art. 28, 29 y 30 de la C. P.)
La construcción de una línea jurisprudencial que permita deducir la sub-regla
frente al principio constitucional de la identidad ofrece problemas al momento
de establecer una teoría jurídica integral o narración de los pronunciamientos
relevantes sobre el tema, en la medida en que no se trata propiamente de
una regla de derecho en sentido estricto, sino de un principio general del
Derecho que es tomado por el constituyente y elevado a la categoría de
137

Principio Constitucional con carácter obligatorio y de aplicación general al
sistema.
El principio aparece desarrollado de manera directa en veinticinco (25)
sentencias constitucionales, que abarcan el periodo comprendido entre Junio
de 1.995 y Agosto de 2.008. Sentencias que estudiadas analizan problemas
de exequibilidad o inexequibilidad de normas, es decir Sentencias Tipo C,
sentencias de unificación de jurisprudencia o Sentencias Tipo Su, y el resto
sentencias que resuelven problemas específicos relativos a la protección de
derechos fundamentales vía acción de Tutela, es decir, Sentencias Tipo T.
Junto a estos fallos de aplicación directa del principio, se encuentran
referencias indirectas y esporádicas en múltiples sentencias que se remiten
al principio de la identidad personal para resolver problemas diversos.
En este orden de ideas, el panorama y espectro de análisis es sumamente
amplio, pues además de las consideraciones anteriores, es importante
resaltar que el contenido temático de los fallos estudiados es tan
heterogéneo, que obliga al intérprete a tener que ubicar elementos comunes,
tanto desde el punto de vista teórico-jurídico, como desde el punto de vista
fáctico, identidad que no siempre permite resolver la búsqueda de la línea en
una sub-regla concreta y clara que responda a una pregunta o problema
jurídico bien definido.
Se trata entonces de hacer un seguimiento de los diferentes fallos, sin caer
en un conceptualismo que busque dar respuesta al significado de la
homonimia o suplantación como Derecho; sino por el contrario definir las
diversas líneas jurisprudenciales que con carácter autónomo se reconocen
en las sentencias enunciadas.
Bajo el esquema atrás esbozado, hemos encontrado que en el caso concreto
138

de los artículos 28, 29 y 30 de la Carta política, se puede deducir una sola
línea jurisprudencial claramente estructurada:
Esta línea hace referencia a la certeza sobre la identidad del imputado, la
cual se reitera de que es un principio de rango constitucional Sentencia T-
749/99. Asimismo se reitera esta posición en la sentencia T-744/02.
9.5.1 Derechos fundamentales y homonimia. En relación con los
derechos a la identidad, a la honra y al buen nombre la Corte en fallo de
tutela T-744/2002 se ha pronunciado de la siguiente manera:
- Sobre el derecho a la identidad, en la sentencia T-090/96 dijo:
"La consideración conjunta de los artículos 14 y 16 de la C.P., obligan a
concluir que la personalidad a que aluden ambos es una personalidad
diferenciada - desde luego, sin perjuicio de que el derecho en sí mismo sea
abstracto y universal -, en el sentido de que ella no es ajena a las
características físicas, sociales y a los demás elementos relevantes que son
distintivos y propios de un individuo y que objetivamente son susceptibles de
ser reconocidos y apreciados en su medio. Las dos disposiciones, una en
sentido estructural y la otra en sentido funcional y dinámico, amparan el
derecho a la propia identidad y la consiguiente facultad de obrar contra su
injusto falseamiento. Igualmente, el interés en la verdad biográfica, puede en
ciertos eventos preservarse a través del ejercicio del derecho de rectificación
de informaciones falsas, inexactas o imparciales (C.P., art. 20), lo que
demuestra que la autenticidad personal (lo mismo que la necesidad social de
conocer a la persona tal cual es) corresponde a una pretensión que tiene
relevancia constitucional y que ésta es indisociable de la particular
concepción del sujeto que alienta toda la Constitución".
139

- En la sentencia SU-082/95, manifestó en relación con el buen nombre:
“El nombre es, según una de las acepciones del Diccionario de la Lengua
Española, "fama, opinión, reputación o crédito". Es, en consecuencia, el
resultado del comportamiento en sociedad. Tiene buen nombre quien lo ha
adquirido merced a su buena conducta, pues él no se recibe gratuitamente
de los demás. Y la buena fama, la buena opinión que los demás tengan de
alguien, es el resultado de la buena conducta que observan en él”.
“El buen nombre se tiene o no se tiene, según sea la conducta social. Es, por
lo mismo, objetivo, en la medida en que lo configuran los hechos o actos de
la persona de quien se trata”.
“El derecho al buen nombre no es una abstracción, algo que pueda atribuirse
indiscriminadamente a todas las personas. En los casos concretos habrá que
ver sin quien alega que se le ha vulnerado, lo tiene realmente. Al respecto,
esta Corte ha señalado:
"’El buen nombre alude al concepto que del individuo tienen los demás
miembros de la sociedad en relación con su comportamiento, honestidad,
decoro, calidades, condiciones humanas y profesionales, antecedentes y
ejecutorias. Representa uno de los más valiosos elementos del patrimonio
moral y social de la persona y constituye factor indispensable de la dignidad
que a cada uno debe ser reconocida’”.
"’Se atenta contra este derecho cuando, sin justificación ni causa cierta y
real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público - en forma
directa y personal, ya a través de los medios de comunicación de masasinformaciones
falsas o erróneas o especies que distorsionan el concepto
público que se tiene del individuo y que, por lo tanto, tienden a socavar el
140

prestigio y la confianza de los que disfruta en el entorno social en cuyo medio
actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para
desdibujar su imagen’”.
"’Pero el derecho al buen nombre no es gratuito. Por su misma naturaleza,
exige como presupuesto indispensable el mérito, esto es, la conducta
irreprochable de quien aspira a ser su titular y el reconocimiento social del
mismo. En otros términos, el buen nombre se adquiere gracias al adecuado
comportamiento del individuo, debidamente apreciado en sus
manifestaciones externas por la colectividad….’ (Cfr. Corte Constitucional.
Sentencia T-229 de 1994. Magistrado Ponente Dr. José Gregorio
Hernández)”
- En la sentencia T-411/95 la Corte expresó, respecto de los derechos a la
honra y al buen nombre:
“El art. 21 de la C.P. consagra específicamente la protección del derecho a la
honra, entendiendo por ella, la estimación o deferencia con la que cada
persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le
conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Es por consiguiente, un
derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor
intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y
garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de
la colectividad.
“Tradicionalmente esta Corte ha sostenido, que los derechos al buen nombre
y a la honra son derechos que se ganan de acuerdo a las acciones
realizadas por el individuo, sea que en virtud de ellas pueda gozar del
respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta
intachable, o sea que, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en
141

azón a su indebido comportamiento social. En este último caso difícilmente
se puede considerar violado el derecho a la honra de una persona, cuando
es ella misma quien le ha imprimido el desvalor a sus conductas y ha
perturbado su imagen ante la colectividad. Por esta razón, la Corte ha
señalado en oportunidades anteriores, que "no se viola el derecho al buen
nombre y a la honra, si es la misma persona la que con sus acciones lo está
pisoteando y por consiguiente perdiendo el prestigio que hubiera
conservado" si hubiera realizado el más severo cumplimiento de sus deberes
respecto del prójimo y respecto de sí mismo.”
DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE
“La defensa del derecho a la dignidad, por otra parte, involucra varios
aspectos de la reputación de las personas que determinan necesariamente
una estrecha vinculación y conexidad con el derecho al "buen nombre"
consagrado en el art. 15 de la C.P. Doctrinariamente el "derecho al buen
nombre" se define, como la buena opinión o fama adquirida por un individuo
en razón a la virtud y al mérito, como consecuencia necesaria de la acciones
protagonizadas por él”.
“En el mismo sentido, se ha considerado que "el derecho al buen nombre no
es gratuito. Por su misma naturaleza exige como presupuesto indispensable
el mérito, esto es, la conducta irreprochable de quien aspira a ser su titular y
el reconocimiento social del mismo. En otros términos, el buen nombre se
adquiere gracias al adecuado comportamiento del individuo, debidamente
apreciado en sus manifestaciones externas por la colectividad.”
“Al analizar este derecho en el caso concreto, deben evaluarse entonces las
situaciones particulares de quien lo alega, para determinar, dado su carácter
142

subjetivo, si existe o no una violación que perturbe la imagen de la persona,
con el fin de determinar si puede ser objeto entonces de protección legal”.
“Son atentados al derecho al buen nombre entonces, todas aquéllas
informaciones que contrarias a la verdad, distorsionen el prestigio social que
tienen una persona, sin justificación alguna. Al respecto esta Corte ha
señalado que se atenta contra este derecho, cuando sin justificación ni causa
cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien sea
de forma directa o personal, o a través de los medios de comunicación de
masas - informaciones falsas o erróneas o especies que distorsionen el
concepto público que se tiene del individuo y que por lo tanto, tienden a
socavar el prestigio o la confianza de los que disfruta del entorno social en
cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión
general para desdibujar su imagen”. 8
CASO DE HOMONIMIA No 1
En relación con los derechos a la identidad, a la honra y al buen nombre la
Corte se ha pronunciado de la siguiente manera:
- Sobre el derecho a la identidad, en la sentencia T-090/96 dijo:
"La consideración conjunta de los artículos 14 y 16 de la C.P., obligan a
concluir que la personalidad a que aluden ambos es una personalidad
diferenciada - desde luego, sin perjuicio de que el derecho en sí mismo sea
abstracto y universal -, en el sentido de que ella no es ajena a las
8 Parra Benítez, Jorge. Derecho Civil General Y De Las Personas
143

características físicas, sociales y a los demás elementos relevantes que son
distintivos y propios de un individuo y que objetivamente son susceptibles de
ser reconocidos y apreciados en su medio. Las dos disposiciones, una en
sentido estructural y la otra en sentido funcional y dinámico, amparan el
derecho a la propia identidad y la consiguiente facultad de obrar contra su
injusto falseamiento. Igualmente, el interés en la verdad biográfica, puede en
ciertos eventos preservarse a través del ejercicio del derecho de rectificación
de informaciones falsas, inexactas o imparciales (C.P., art. 20), lo que
demuestra que la autenticidad personal (lo mismo que la necesidad social de
conocer a la persona tal cual es) corresponde a una pretensión que tiene
relevancia constitucional y que ésta es indisociable de la particular
concepción del sujeto que alienta toda la Constitución".
- En la sentencia T-411/95 la Corte expresó, respecto de los derechos a la
honra y al buen nombre:
“El art. 21 de la C.P. consagra específicamente la protección del derecho a la
honra, entendiendo por ella, la estimación o deferencia con la que cada
persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le
conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Es por consiguiente, un
derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor
intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y
garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de
la colectividad.
“Tradicionalmente esta Corte ha sostenido, que los derechos al buen nombre
y a la honra son derechos que se ganan de acuerdo a las acciones
realizadas por el individuo, sea que en virtud de ellas pueda gozar del
respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta
intachable, o sea que, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en
144

azón a su indebido comportamiento social. En este último caso difícilmente
se puede considerar violado el derecho a la honra de una persona, cuando
es ella misma quien le ha imprimido el desvalor a sus conductas y ha
perturbado su imagen ante la colectividad. Por esta razón, la Corte ha
señalado en oportunidades anteriores, que "no se viola el derecho al buen
nombre y a la honra, si es la misma persona la que con sus acciones lo está
pisoteando y por consiguiente perdiendo el prestigio que hubiera
conservado" si hubiera realizado el más severo cumplimiento de sus deberes
respecto del prójimo y respecto de sí mismo.”
En un caso fallado con anterioridad por esta Corporación, de similares
supuestos y en donde se concluyó que la homonimia perjudicó a una
persona en sus antecedentes judiciales, su honra y buen nombre, la Corte
sostuvo:
Las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva, tienen
la calidad de antecedentes penales. Esta norma se erige en una garantía
efectiva para la preservación del buen nombre y la honra de las personas, y
complementa el reconocimiento constitucional del derecho al debido
proceso, en la medida en que la observancia de éste es condición para
registrar antecedentes penales en cabeza de las personas.
“Los registros de antecedentes criminales, aparte de las afectaciones al buen
nombre y a la honra de las personas, pueden generar igualmente
consecuencias adversas cuando se trata de valorar en un proceso penal la
buena conducta anterior, o dosificar la pena, pues es indudable el efecto
negativo que para la persona tiene el que se le considere reincidente en la
comisión de delitos. En tal virtud, si el registro de antecedentes constituye
problema grave y trascendental para quien realmente lo merece, con mayor
razón ha de ocasionar perjuicios o lesionar a quien habiendo sido víctima del
145

uso de su nombre por persona distinta, con fines ilícitos, debe cargar injusta
e ilegítimamente con las consecuencias de tal registro.”
Por ello considera esta Sala que al igual que el anterior, en este caso,
también le asiste razón al demandante, cuando se queja de la afectación de
su hoja de identidad o antecedentes en el DAS, con la inserción o la
posibilidad de incorporación a ella de antecedentes de un sujeto, distinto a él,
que ha sido objeto de sentencia condenatoria. A pesar de que al momento
actual la pena se encuentra prescrita figuran las anotaciones respectivas
ante las autoridades competentes en contra del accionante, lo que genera
perjuicio en sus derechos a la honra y al buen nombre.
En conclusión, habrá de prosperar las tutelas que se impetren para
asegurar el efectivo goce de los derechos fundamentales relacionados que
se lesionen y que potencialmente se puedan seguir afectando, en tanto no
existe un mecanismo judicial alternativo para remediar la situación.
Ahora bien, en la medida en que la tutela se dirige a ofrecer la seguridad de
que al accionante no se le continúe confundiendo con la otra persona que
usa su nombre e identidad y en aras de que la medida que se adopte sea
definitiva y permanente, se tutelará igualmente como garantía efectiva de los
referidos derechos el del habeas data, “entendiendo éste como el derecho
que en el caso concreto le asiste al demandante para rectificar la
información errada o confusa que sobre él existe en los bancos de datos
oficiales que llevan los registros de antecedentes de las personas.
146

CASO DE ANALISIS DE HOMONIMIA No2
Antecedentes.
El demandante se encuentra recluido en la Cárcel del Distrito Judicial de
Medellín (Bellavista), condenado a la pena principal de 42 años de prisión,
por el delito de homicidio que, según él, cometió otra persona, que tiene sus
mismos nombres y apellidos. Es decir, se trata de un caso de homonimia.
Por esta razón, presentó ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura, acción de tutela, el 17 de junio de 1999, contra la
sentencia del Tribunal Nacional, de fecha 30 de diciembre de 1998, que lo
condenó, sin que previamente se hubiera despejado el mencionado asunto
de la homonimia. A continuación exponemos los hechos que dieron lugar a
esta situación.
Para mayor comprensión del asunto, se tratará de hacer un resumen de los
hechos que propiciaron esta situación.
a) Hechos:
El 21 de febrero de 1994, en la ciudad de Medellín, fue asesinado Yeison
Martín Castaño Sánchez, por un grupo de encapuchados, que pertenecían a
las denominadas milicias populares bolivarianas, que operan en el barrio
Villa del Socorro de Medellín.
En providencia de apertura de instrucción, fueron vinculados por este delito,
John Fernando García Gómez, alias Plástico; Libier de Jesús Arias Tabares,
alias Boliqueso; Gustavo Adolfo Montoya, alias Tamba; y, Carlos Arturo
Restrepo Hernández, alias Carlitos, a quienes, algunos testigos de los
hechos, los reconocieron (por sus voces, o porque a uno de los
147

encapuchados, precisamente, a Restrepo Hernández, le fue quitada tal
capucha), y así lo expusieron ante las autoridades, pues se trata de personas
que viven o han vivido en el barrio El Socorro.
La Fiscal Seccional, el 27 de junio de 1994, solicitó a la Registraduría del
Estado Civil la remisión de copias auténticas del documento de identificación
de Carlos Arturo Restrepo Hernández.
La Registraduría envió el documento pedido, con la siguiente información:
Apellidos: Restrepo Hernández
Nombres: Carlos Arturo
Cédula: 71.705.935. Fecha: 03 Marzo1987.
Fecha de nacimiento: 23 febrero 1969
Nacido en: Medellín
Depto. Antioquia
Lee y escribe: Sí. Estatura: 1.78
Profesión u oficio: Albañil.
Señales visibles: Ninguna
Dirección: Barrio La Cima, carrera 34 #91-32
A través de la apertura de instrucción, se ordenó la captura de Restrepo
Hernández, el 9 de agosto de 1994, acompañándola de los anteriores datos
(aunque con un error en la dirección, pues se invirtieron los números de su
residencia, en lugar de carrera 34, se informó carrera 43, según consta en
folios 35, 36 y otros, del cuaderno mencionado).
El 8 de septiembre de 1994, el jefe de capturas de Sijin, le informó a la
Fiscalía que no había sido posible la retención pedida.
148

Posteriormente, quedó vinculado Restrepo Hernández, como persona
ausente, por no haber sido capturado y, por medio de indagatoria, los demás
sindicados: Jhon Fernando García, Libier de Jesús Arias y Gustavo Adolfo
Montoya, a quienes se les resolvió la situación, con medida de
aseguramiento, consistente en detención preventiva, sin excarcelación.
Agotada la fase de instrucción, se dictó resolución de acusación, de fecha 23
de agosto de 1996, contra la cual se interpuso recurso de apelación, que fue
desatado por la Fiscalía Delegada, ante el Tribunal Nacional, siendo
confirmado el 13 de diciembre de ese mismo año.
Pasados más de dos años de ocurridos los hechos, el 15 de agosto de 1997,
fue capturado Carlos Arturo Restrepo Hernández. En la indagatoria que
rindió el 18 de septiembre de ese año, manifestó que se trata de un error,
que se está ante un caso de homonimia, pues, él nunca ha vivido en el barrio
en donde se cometió el homicidio, siempre ha vivido en el barrio San José de
la Cima de Medellín. Está casado y tiene 5 hijos. Sus padres son Carlos
Arturo Retrepo y Alicia Hernández (no son pues ni Eduardo ni Gladys).
Nunca ha pertenecido a las milicias bolivarianas. Su oficio es la albañilería.
Es ampliamente conocido en el barrio, en donde siempre ha vivido. Solicitó
que se practicaran pruebas, para establecer el error que existe.
En escrito aparte, a continuación de la indagatoria, solicitó la práctica de
pruebas encaminadas a demostrar que él no es la persona a la que se le
atribuye el homicidio de Yeison Castaño. Para ello solicitó el reconocimiento
por parte de los testigos que lo señalan como el Carlos Arturo Restrepo
Hernández responsable del delito. Que se oficie a las autoridades para
comprobar que no se moviliza en una determinada moto. Que se le haga un
reconocimiento por Medicina Legal, para que establezca que no ha sido
herido por arma de fuego, y se determinen sus características físicas. Se
149

evalúe su registro civil, con verificación de su nombre y apellidos, y los
nombres de sus padres.
A este escrito, el encartado acompañó certificaciones de las personas que lo
conocen y en donde ha trabajado, su partida de bautismo. Cabe señalar que
acompañó, además, una certificación, de fecha 22 de agosto de 1997,
acompañada de las firmas de 190 personas, identificadas con sus cédulas de
ciudadanía, en la que dice lo siguiente:
"Los abajo firmantes certificamos que el señor Carlos Arturo Restrepo
Hernández con c.c. # 71.705.935 de Medellín, lo conocemos en su gran
mayoría desde la infancia y ha sido una persona honorable, decente,
respetuosa de las buenas costumbres y trabajador. Es una persona con vida
social activa en lo que respecta a sus vecinos y amigos. Por lo tanto,
rechazamos todo cargo judicial impuesto, ya que su comportamiento,
conocido durante tanto tiempo, no es compatible con las características que
tendría una persona de dicha reputación."
El 14 de enero de 1998, el apoderado de Restrepo Hernández dirigió al juez
regional un memorial insistiendo en la práctica de las pruebas pedidas por el
sindicado. Estas fueron ordenadas y practicadas.
El 3 de marzo de 1998, se realizó la diligencia de reconocimiento en fila de
personas. La señora María del Carmen Sánchez, madre del joven asesinado,
actuó como testigo. Obra en la diligencia la descripción física que la señora
hace de quien cometió el homicidio, y que ella identifica con el nombre de
Carlos Arturo Restrepo Hernández, alias Carlitos. En cuanto al
reconocimiento, obra en la diligencia lo siguiente:
"Acto seguido se procede a conformar una fila de siete personas dentro de
150

las cuales se encuentra el señor CARLOS ARTURO RESTREPO
HERNANDEZ, las demás personas de contextura física similar a la del
procesado, y se le hace saber al mismo que puede ubicarse en cualquier
lugar dentro de la fila, quien se ubica en el último lugar de derecha a
izquierda; (...). Luego de y una vez conformada la fila se le solicita a la testigo
MARIA DEL CARMEN DE JESUS SANCHEZ, que pase a la sala de
reconocimiento y el señor Procurador Judicial le manifiesta que diga si dentro
de la fila de personas que tiene de presente se encuentra alguna de las
personas que le dieron muerte a su hijo YEISON MARTIN CASTAÑO
SANCHEZ, y observando detenidamente la fila MANIFESTO: que el tercero
que está de derecha a izquierda se me parece un poco, pero no es. A esta
persona se le indicó que diera un paso adelante y en voz alta diera su
nombre y respondió ME LLAMO JHON FREDY GARCIA. El despacho deja
constancia que este señor es uno de los que colaboraron con la
conformación del grupo de personas." (Folios 955 y 956 del Cuaderno
original 2).
Las demás pruebas pedidas: examen de medicina legal y si está a su
nombre una moto de determinada marca, fueron practicadas.
Sobre a cuál Carlos Arturo Restrepo Hernández se le imputa el homicidio,
además de la prueba anterior, hay que mencionar lo siguiente:
La madre del joven asesinado, desde el principio de la investigación, en la
declaración rendida ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, el
28 de febrero de 1994, dijo: "(...) y a CARLITOS, en el intercambio de
disparos, mi hijo le mandó la mano y le quitó la capucha y vi que era él.”. En
la misma declaración, lo describió así: "CARLOS es moreno, bajito, tendrá
por ahí unos 30 años, se motila mucho calvito, se rapa mucho."
151

En la ampliación de declaración, la madre del joven señaló como uno de los
responsables a Carlos Arturo Restrepo Hernández, quien, al decir de la
señora, vive en el sector donde ocurrió el hecho, y que días antes había
estado buscando a su hijo. Sobre el nombre de estas personas, dijo la
señora: CARLOS HERNANDEZ, ALIAS CARLITOS le dicen, claro que el
primer apellido es RESTREPO, entonces es CARLOS RESTREPO
HERNANDEZ" .Al ser preguntada por las razones para conocer a las
personas que asesinaron al joven, dijo: "Porque estaban junto a mí y yo los
distingo a ellos, toda la vida en el barrio y estudiaron con mi hijo y todo." En
esta misma diligencia, al ser preguntada por los nombres y filiación de
quienes participaron en la muerte de su hijo, señaló: el otro es CARLOS
RESTREPO HERNANDEZ él fue el que mató a mi hijo, lo acabó de matar
cuando vio que estaban heridos los dos pelados, éste es hijo de Gladys no
se más. CARLITOS o CARLOS no está detenido en este momento, no se
donde se localiza en este momento.
También obra la declaración, de la hermana del joven asesinado. Es una
menor de edad, que dice que sí ha vuelto a ver a las personas que dieron
muerte a su hermano. Dice la menor: "Nosotros cuando mi hermanito y yo
subimos para el colegio y yo para la escuela, CARLITOS más que todo nos
mira y se toca aquí (la menor señala la cintura), pero no nos han llego a decir
nada.
Ante la Fiscalía Regional, se recibió declaración de un testigo bajo reserva
de identidad, que dijo sobre el homicidio de Yeison Castaño, que identificó la
voz de Carlos Arturo Restrepo Hernández: "por que yo vivo en el sector y
muchas veces lo vi con el occiso Yeison Martín Castaño." Describió a
Restrepo Hernández así: "Es más o menos bajito, morenito, de pelo muy
corto color negro rapado, no tiene boso (sic), tiene de unos 27 años o más,
no tiene cicatrices visibles, dentadura normal, se mantiene en el sector en la
152

cancha de Villa del Socorro."
El anterior recuento de las declaraciones, se hace para establecer que los
testigos conocían, de tiempo atrás, al Carlos Arturo Restrepo Hernández,
que señalan como uno de los responsables del homicidio, por vivir en el
barrio El Socorro, en donde los testigos también viven.
Posteriormente, el Juzgado Regional de Medellín, profirió sentencia, en la
que ordenó cesar procedimiento en favor del coprocesado Carlos Arturo
Restrepo Hernández y, en relación con Jhon Fernando García Gómez y
Gustavo Alonso Montoya, se les absolvió de los delitos por los que estaban
siendo enjuiciados.
Para el caso que interesa a esta tutela, en esta providencia se describe la
filiación de Restrepo Hernández, así: "CARLOS ARTURO RESTREPO
HERNANDEZ, con C. de C. Nro. 71.705.935 de Medellín (A). Hijo de
Eduardo y Alicia, natural y con residencia en esta ciudad, de 26 años de
edad, soltero, alfabeta y de oficio albañil." Y sobre las razones para ordenar
el cese de procedimiento, el juez menciona el alegato de conclusión del
apoderado de Restrepo Hernández, en el que señala que su representado no
es la persona que cometió el delito que se le imputa. El juez dice que
comparte las razones expresadas por los respectivos apoderados y el
concepto del procurador judicial, en los que solicitan absolver a los
procesados de los cargos imputados, porque las pruebas que existen en el
proceso, crean dudas para determinar, a ciencia cierta, quiénes fueron los
autores de los homicidios que se investigaron. El juez, al valorar los distintos
testimonios, consideró que existen contradicciones por parte de los
declarantes. En cuanto a Restrepo Hernández, dice la sentencia: "se debe
favorecer con cesación de procedimiento, ya que él no cometió los delitos
esgrimidos en dicha resolución de acusación, tal como fuera solicitado por su
153

defensor contractual."
En esta decisión, el juez regional pone de presente que la sentencia, no
obstante que favorece a los procesados, éstos no tienen derecho al beneficio
de libertad provisional, ya que sólo quedará ejecutoriada, cuando se cumpla
el grado jurisdiccional de consulta, ante el Tribunal Nacional.
Surtida la consulta, el Tribunal, en sentencia resolvió revocar la decisión del
Juez Regional, y, en su lugar, condenar a los enjuiciados Jhon Fernando
García Gómez, Gustavo Adolfo Montoya y Carlos Arturo Restrepo
Hernández, a la pena principal de 42 años de prisión, "por los delitos de
homicidio calificado consumado en la persona de Yeison Martín Castaño y
concierto para delinquir en la modalidad contemplada por el artículo 2 del
decreto 1194 de 1989, según hechos sucedidos en la ciudad de Medellín .
También fueron condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos
y funciones públicas por el término de 10 años.
En sus consideraciones, dice el Tribunal que no existe ninguna duda "en
cuanto a la ocurrencia de los aludidos implicados al teatro de los
acontecimientos, y menos en cuanto a su activa participación como parte del
organizado grupo que a modo de un comando de asalto se tomó
violentamente el lugar, ingresando hasta el dormitorio que ocupaba la víctima
donde lo sorprendieron y lo masacraron en la forma como se conoce. (...) Y
son esos mismos medios de prueba los que de igual manera conducen al
grado de convicción necesarios para predicar la responsabilidad de los
encartados (...) y Carlos Arturo Restrepo (...)"
Esta decisión del Tribunal tiene un salvamento parcial de voto. En opinión del
magistrado que se apartó de la sentencia, ésta está viciada, pues no
existieron alegatos de conclusión por parte de la Fiscalía Regional.
154

Considera que se debió subsanar esta nulidad, para que el proceso no se
caiga en casación.
Contra esta decisión del Tribunal Regional está dirigida la presente acción de
tutela, presentada por Restrepo Hernández a través de un defensor de la
Dirección Regional de la Defensoría Pública.
El demandante considera que la sentencia del Tribunal es una vía de hecho,
que violó los derechos fundamentales a la libertad personal y al debido
proceso, pues, en la decisión, se pasó por alto verificar la certeza sobre la
persona condenada, es decir, individualizarla e identificarla. El demandante,
pese a tener los mismos nombres y apellidos, no corresponde a la persona a
la que se le endilga la comisión de delitos. El asunto de la homonimia, que
desde su captura, Restrepo Hernández ha puesto de presente, no se analizó.
Si el Tribunal conoció en consulta de la sentencia del juez regional, que
había sido favorable para el demandante, era, por consiguiente, necesario,
en respeto de las formas procesales, que el ad quem motivara su decisión, y
se refiriera a este asunto, tal como lo dispone el art. 180, numeral 4 del C.de
P.P.
El apoderado, en el escrito de tutela, puso de presente que contra esta
decisión se interpuso, oportunamente, recurso de casación, recurso que para
la fecha de la presentación de la tutela, está a la espera de que sea realizada
la notificación de su concesión.
Sin embargo, dice el demandante, que a pesar de que existe otro medio de
defensa judicial, el recurso de casación, que precisamente tiene como objeto
la reparación del agravio sufrido por el demandante, como consecuencia del
error judicial existente, en el presente caso, el error es de tal entidad, que,
ante la injusta privación de la libertad, el recurso de casación no es un medio
155

eficaz para la protección de sus derechos fundamentales, al tener que
esperar un trámite procesal, que puede superar, fácilmente, los 3 años.
Al escrito de tutela, el demandante acompañó unas pruebas extraprocesales,
que, en su opinión, sólo contribuyen a la demostración del error judicial,
pues, considera que las pruebas que obraban en el expediente eran
suficientes para que el fallador reconociera la homonimia, y se pronunciara
sobre ella. Estas nuevas pruebas son:
- Declaración de la señora María del Carmen de Jesús Sánchez, con
presencia de la Procuraduría Departamental, en la cárcel de Bellavista, en
donde ella señala que el Carlos Arturo Restrepo no es el mismo a quien ella
sindica de la muerte de su hijo.
- Oficio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigido a la
Procuraduría Departamental, en el que se informa que con el nombre de
Carlos Arturo Restrepo Hernández se hallaron homónimos.
- Acta de visita de empleados de la Procuraduría al expediente.
- Informe de la visita de las profesionales de la Procuraduría, dirigido a la
Procuradora Departamental, en que presentan sus conclusiones sobre el
proceso. En este informe se recomienda presentar acción de tutela, dadas
las irregularidades encontradas en el proceso. Explican las acciones que ha
desarrollado la Procuraduría, en colaboración con la Defensoría Pública,
para que se enmiende este error judicial.
- Un casete de video, del programa Séptimo Día, donde aparece un relato
periodístico de este caso.
156

) Sentencia que se revisa.
En sentencia la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santafé de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, denegó la tutela pedida. La
razón principal en que basó esta negativa, radica en la existencia de otro
medio de defensa judicial: el recurso de casación interpuesto.
En cuanto al hecho de que el demandante cuestione la eficacia del recurso,
al señalar que puede demorar el trámite hasta 3 años, manifestó que "sin
embargo el juez de tutela no puede amparar desde ya derechos que en el
futuro pueden resultar vulnerados, pues para ello se requiere que el perjuicio
sea actual e inminente, empero, puede acudir nuevamente a la acción de
tutela para que se le administre justicia sin dilaciones injustificadas o con
observancia de los términos judiciales (sentencia C-543 del 1 de octubre de
1992)."
También consideró el Consejo Seccional que el recurso de casación no es el
único con el que cuenta el demandante, pues puede interponer la acción de
revisión.
9.6 CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Lo que se debate:
Lo que se debate en el presente caso consiste en determinar si la sentencia
del Tribunal Nacional, es una vía de hecho, por haber omitido pronunciarse
sobre la homonimia que desde que fue capturado, ha alegado el
demandante de esta tutela. Asunto que reviste la mayor trascendencia para
quien se encuentra recluido en la Cárcel de Bellavista de Medellín,
condenado a 42 años de prisión.
157

Una vez despejado este asunto, se examinará la procedencia de la acción
de tutela frente a la existencia de otros medios de defensa judicial. También
se analizará, para el caso concreto, los efectos de la ley 504 de 1999, que
creó la justicia especializada, frente a la situación de quien fue instruido y
juzgado bajo los parámetros de la justicia regional, ahora desaparecida.
¿La sentencia del Tribunal Nacional, al omitir pronunciarse sobre la
homonimia, constituyó una vía de hecho?
En primer lugar, debe señalarse que el presente examen se hará sólo en lo
que se relaciona con la situación del demandante y la posible situación de
homonimia. Se excluirá, el estudio integral de las providencias, en que se
resuelven las situaciones de los demás procesados en el delito de homicidio.
Se recuerda que el origen de la sentencia del Tribunal Nacional
controvertida, se encuentra en la del juez regional, de fecha 18 de agosto de
1998. En ella, si bien se ordenó el cese del procedimiento a favor de
Restrepo Hernández, no se hizo un pronunciamiento de fondo sobre el
posible error de identidad, alegado por el interesado. Tanto es así, que en la
identificación del procesado Restrepo Hernández, se registraron,
simplemente, los datos de quien tal situación controvertía. Las
consideraciones del juez regional, se centraron en señalar que se absolvía a
los responsables de los cargos imputados por la Fiscalía Delegada Regional,
porque las pruebas obrantes en el proceso, creaban dudas para determinar,
a ciencia cierta, quién o quiénes fueron los autores del homicidio cometido.
El juez regional advirtió que a pesar de que en esta sentencia se favoreció a
los enjuiciados, sólo podrían gozar del beneficio de libertad cuando la
sentencia quedara ejecutoriada, es decir, cuando se surtiera la consulta,
ordenada en el artículo 206 del C. de P.P.
El Tribunal, al conocer en consulta esta sentencia del juez regional, decidió
158

evocarla, y, en su lugar, condenar a los enjuiciados, entre ellos, Restrepo
Hernández, a la pena principal de 42 años de prisión. Para imponer la
condena, consideró el Tribunal que no existe ninguna duda "en cuanto a la
ocurrencia de los aludidos implicados al teatro de los acontecimientos, y
menos en cuanto a su activa participación como parte del organizado grupo
que a modo de un comando de asalto se tomó violentamente el lugar,
ingresando hasta el dormitorio que ocupaba la víctima donde lo
sorprendieron y lo masacraron en la forma como se conoce. (...) Y son esos
mismos medios de prueba los que de igual manera conducen al grado de
convicción necesarios para predicar la responsabilidad de los encartados (...)
y Carlos Arturo Restrepo (...)"
Sin embargo, en esta decisión, no se hizo la menor mención de la presencia
de la homonimia alegada por Restrepo Hernández.
GRADO DE CONSULTA EN LA HOMONIMIA
En el grado de consulta, el superior no tiene límites al entrar a examinar el
proceso objeto de la misma. El artículo 217 del Código de Procedimiento
Penal dispone lo siguiente:
"Artículo 217. Competencia del superior. Modificado por la ley 81/93,
artículo 34. Competencia del superior. La consulta permite al superior decidir
sin limitación sobre la providencia o la parte pertinente de ella;
Resulta pertinente recordar que la expresión "sin limitación" fue objeto de
examen constitucional por parte de esta Corporación, en la sentencia C-583
de 1997. En esa oportunidad, la Corte, al declarar exequible esta expresión,
señaló que el superior tiene capacidad para revisar la sentencia
íntegramente. Dijo la providencia, en lo pertinente: "la autorización que se
159

otorga en el precepto demandado al superior para que al decidir la consulta
se pronuncie "sin limitación" alguna sobre la providencia dictada por el
inferior, no lesiona la Ley Suprema, pues de su propia esencia se deriva la
capacidad del funcionario de segunda instancia para revisar íntegramente la
providencia consultada con el único objetivo de corregir los errores en que
haya podido incurrir el fallador de primera instancia. De esta manera se
busca evitar que se profieran decisiones violatorias no sólo de derechos
fundamentales sino de cualquier otro precepto constitucional o legal, en
detrimento del procesado o de la sociedad misma como sujeto perjudicado
con el delito. En otras palabras, el propósito de la consulta es lograr que se
dicten decisiones justas. Y la justicia, conforme al artículo 2o. de la Carta, es
fin esencial del Estado." (Sentencia C-583 de 1997, M.P., doctor Carlos
Gaviria Díaz)
Entendido de esta forma el profundo significado de la competencia que tiene
el superior, en el grado de consulta, resulta a todas luces inadmisible el
hecho de que el Tribunal Nacional no se hubiera pronunciado sobre el
aspecto fundamental en que ha basado su defensa el actor, desde que fue
capturado: no ser él la persona a la que se le endilga la comisión del delito
de homicidio, pues el error surge de la existencia de otra persona con sus
mismos nombres y apellidos.
En relación con este punto, la Sala recuerda que es de la esencia misma del
proceso penal, la certeza sobre la identidad del imputado. Este principio, de
rango constitucional (arts. 28, 29 y 30), está desarrollado en el C. de P. P.,
en las distintas normas que consagran lo que deben contener las
providencias emanadas de las autoridades judiciales. Para los efectos de la
sentencia controvertida en esta acción, la del Tribunal Nacional, conviene
recordar el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, que dice:
160

"Artículo 180. Redacción de la sentencia. Toda sentencia
contendrá:
"1. Un resumen de hechos investigados.
"2. La identidad o individualización del procesado.
"3. Un resumen de la acusación y de los alegatos presentados por los
sujetos procesales.
"4. El análisis de los alegatos y la valoración jurídica de las pruebas en
que ha de fundarse las decisión.
"5. La calificación jurídica de los hechos y de la situación del
procesado.
"6. Los fundamentos jurídicos relacionados con la indemnización de
perjuicios.
"7. La condena a las penas principal y accesorias que correspondan, a
la absolución.
"8. La condena en concreto al pago de perjuicios si a ello hubiere lugar.
"9. La suspensión condicional de la sentencia, si hubiere procedencia.
"La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las
siguientes palabras: Administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley."
161

En el presente caso, en la sentencia del Tribunal, y aun en la del juez
regional, se incumplió lo dispuesto en el numeral 2º del citado artículo.
No es posible argumentar que no hubo tal incumplimiento, ya que en la
parte correspondiente a la identificación del enjuiciado, se citaron los
datos de la Registraduría, pues, precisamente, éste es el punto que
controvierte el procesado.
Tampoco podría decir el Tribunal que no había en el expediente pruebas
suficientes que permitieran valorar la posible homonimia que se alegaba.
Basta enumerar algunas, de ellas:
a) En la orden de captura la identificación de Restrepo Hernández se señala
que el nombre de su padre es Eduardo. En la sentencia del juez regional, en
los datos correspondientes a la filiación, se dice hijo de Eduardo y Alicia. Y la
madre del joven asesinado menciona que quien le dio muerte, es hijo de
Gladys.
El registro civil de nacimiento y la partida de bautismo dicen que el
demandante es hijo de Carlos Arturo y Alicia.
b) En la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía aparece como
fecha de expedición, el 3 de marzo de 1987, y dirección "Barrio la Cima,
carrera 34 # 91-32" (folio 20 cuaderno original 1). Cabe anotar que en esta
dirección fue donde se capturó a Restrepo Hernández. Asunto que tiene
significado pues quiere decir que, al menos, desde 1987 ha vivido en el
barrio La Cima y no en El Socorro. Recuérdese, que los testigos, incluida la
madre del joven asesinado, siempre han señalado que el Carlos Arturo que
responsabilizan del delito, ha vivido en el barrio El Socorro.
c) Además, existen en el expediente numerosos testimonios de la
162

vinculación, desde la infancia del actor, al barrio La Cima. Hay certificaciones
en este sentido, especialmente, a la que se hizo referencia en los
antecedentes de esta providencia, acompañada de 190 firmas y con sus
respectivas cédulas de ciudadanía, de personas de este barrio.
d) Dentro del proceso obra la diligencia de reconocimiento, en fila de
detenidos, en la que la madre del occiso no reconoció al imputado. En los
antecedentes se describe cómo se realizó esta diligencia.
Estas y otras pruebas existen en el expediente, pero el Tribunal no se
pronunció sobre ellas.
A lo anterior, hay que mencionar que el defensor del demandante de esta
tutela acompañó otras pruebas que se realizaron con posterioridad a la
sentencia del Tribunal, que si bien, no podían ser tenidas en cuenta, no se
descarta que hubieran podido ser ordenadas y practicas por el Tribunal,
antes de pronunciar su sentencia del 30 de diciembre de 1998. Estas
pruebas nuevas son:
- Declaración de la señora Sánchez, con presencia de la Procuraduría
Departamental, en la cárcel de Bellavista, en donde ella señala que el Carlos
Arturo Restrepo no es el mismo a quien ella sindica de la muerte de su hijo.
- Oficio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dirigido a la
Procuraduría Departamental, en el que se informa que con el nombre de
Carlos Arturo Restrepo Hernández se hallaron homónimos.
Informe de la visita de las profesionales de la Procuraduría a la Procuradora
Departamental, en que exponen sus conclusiones sobre el proceso. En este
informe se recomienda presentar acción de tutela, dadas las irregularidades
163

encontradas en el proceso. Explican las acciones que ha iniciado la
Procuraduría, en colaboración con la Defensoría Pública, para que se
enmiende este error judicial. Dentro de estas acciones está reunir las
pruebas para presentar esta acción de tutela.
- Un casete de video, del programa Séptimo Día, donde aparece un relato
periodístico de este caso.
En conclusión, en el presente caso, con la apariencia del estricto
cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley para dictar
sentencia, se incurrió en una omisión de tal índole, que configuró una vía de
hecho (causales genéricas de procedibilidad). Vía de hecho que no es de
poca monta, pues significó para el afectado pasar de ser beneficiado con la
cesación del procedimiento ha condenado a 42 años de prisión.
Establecida así, la vía de hecho en que incurrió el Tribunal, es pertinente
estudiar la procedencia de la acción de tutela, existiendo otro medio de
defensa judicial.
En conclusión, para este caso en concreto, en el que se está discutiendo el
punto de la identidad del condenado, porque existen dudas razonables
sobre este aspecto, la tutela se constituye en el único medio de defensa
judicial para lograr la protección del derecho fundamental a la libertad
personal, si realmente se comprueba el error de identidad.
En este caso se reiterará la sentencia SU-542 de 1999, en la que se dijo que
dado el carácter subsidiario de la acción, ésta no procede cuando el actor ha
interpuesto el recurso extraordinario de casación, aduciendo los mismos
motivos que presenta ante el juez constitucional, y el recurso está pendiente
de solución. Pero, la Corte ha hecho una salvedad, que es la que expone en
164

la sentencia T-627 de 1999, y consiste en que cuando, a través de la tutela,
es posible proteger la libertad personal del condenado, es posible, según el
caso concreto, proteger este derecho a través de la acción de tutela. Se
transcribe lo dicho, en lo pertinente, en esta última sentencia:
"Armando Holguín fue condenado por un Juzgado Regional de Cali, apeló
esa sentencia ante el Tribunal Nacional y, contra la decisión de este último,
interpuso el recurso extraordinario de casación, y la acción de tutela; el
motivo que le llevó a incoar ésta (que el Tribunal Nacional le hubiera
aumentado la pena privativa de la libertad siendo apelante único), coincide
con uno de los que alegó en la demanda de casación y aún no ha sido objeto
de pronunciamiento por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia. Además, en este caso no hay un perjuicio irremediable que se
pueda evitar concediendo el amparo -en caso de que este fuera procedente-,
pues el actor no recobraría su libertad, así fuera temporalmente en virtud de
esa hipotética tutela. Por tanto, es claro que en este caso debe aplicarse la
jurisprudencia reiterada y unificada de esta Corporación, y confirmar la
sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual
se denegó la tutela a Armando Holguín, por razones similares a las aquí
expuestas." (Sentencia T-627 de 1999, M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz).
Por todas las razones expuestas la tutela resulta procedente, pues, como se
vio, existió una vía de hecho (causales genéricas de procedibilidad) en la
sentencia del Tribunal Nacional al no haberse pronunciado sobre la identidad
del procesado, y tal omisión le está produciendo al afectado, un perjuicio
irremediable. Perjuicio que, contrario a lo sostenido en la sentencia de tutela
que se revisa, sí es actual e inminente.
En otras oportunidades, cuando el juez de tutela determina, como en este
caso, cuál es el acto o providencia que debe ser corregido, el camino que la
165

Corte ha señalado, consiste en ordenar al funcionario responsable del acto
perturbador, que dicte el acto o providencia pertinente, con el fin de corregir
o enderezar la acción u omisión. De esta manera, el juez constitucional no
se inmiscuye en los asuntos propios de las autoridades y se conserva así el
curso natural de los procesos. Siguiendo esta regla, lo procedente sería
ordenarle al Tribunal Nacional que complemente la sentencia del 30 de
diciembre de 1998, y se pronuncie sobre la identidad de quien está recluido
en la cárcel.
Sin embargo, surge la dificultad de que con la expedición de la ley 504 del
25 de junio de 1999, se creó la justicia especializada, que entró en vigencia
a partir del 1º de julio de 1999 (art. 53), no es posible ordenar al Tribunal
Nacional que complete la sentencia del 30 de diciembre de 1998, porque tal
Tribunal ya no existe.
En esta ley no se menciona en forma alguna el grado de consulta del artículo
29 de la ley 81/93, para los delitos de que conocían los fiscales y jueces
regionales. Pero, el artículo 37 transitorio de la ley 504 establece:
"Artículo 37. Transitorio. Adscríbase a la Sala Penal del Tribunal Superior de
Santafé de Bogotá, el conocimiento de los procesos de que actualmente
conoce el Tribunal Nacional, y de los que conozca hasta el 1º de julio de
1999. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá
crear una sala especial de descongestión, conforme al artículo 63 de la ley
270 de 1996, para efectos del conocimiento de los procesos a que se refiere
el artículo 5º de la presente ley."
Para que la tutela que se concede, pueda ser efectivamente cumplida, y
para que una circunstancia totalmente ajena al demandante de esta acción,
como es el cambio de legislación, no resulte en su perjuicio, la Corte
166

ordenará que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá sea la que dicte
una sentencia complementaria a la proferida por el Tribunal Nacional, en la
que se pronuncie sobre la identidad del condenado y la posible presencia de
una homonimia.
Es claro que la orden que se imparte al Tribunal Superior no significa que
contra ella se haya fallado esta tutela. Sólo quiere decir que ante la
imposibilidad de que el ente tutelado cumpla lo ordenado, lo haga el que, por
disposición de la ley, entró a conocer los procesos no concluidos.
Si la Sala Penal concluye que se trata de un homónimo, ordenará la libertad
inmediata del condenado, y ordenará, si así lo considera, la captura del
verdadero responsable del delito.
Decisión
Por todas las razones expuestas, la Corte Constitucional revocará la
sentencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Santafé de Bogotá,
Cundinamarca y Amazonas, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que denegó la
presente acción, y, en su lugar se concederá el amparo pedido.
Es claro, que si la Sala Penal del Tribunal concluye que efectivamente se
trata de un homónimo, en la sentencia correspondiente se debe ordenar la
libertad inmediata del Carlos Arturo Restrepo Hernández que se encuentra
condenado en la cárcel de Bellavista, en la ciudad de Medellín.
- Sobre el derecho a la identidad, en la sentencia T-090/96 dijo:
"La consideración conjunta de los artículos 14 y 16 de la C.P., obligan a
concluir que la personalidad a que aluden ambos es una personalidad
167

diferenciada - desde luego, sin perjuicio de que el derecho en sí mismo sea
abstracto y universal, en el sentido de que ella no es ajena a las
características físicas, sociales y a los demás elementos relevantes que son
distintivos y propios de un individuo y que objetivamente son susceptibles de
ser reconocidos y apreciados en su medio. Las dos disposiciones, una en
sentido estructural y la otra en sentido funcional y dinámico, amparan el
derecho a la propia identidad y la consiguiente facultad de obrar contra su
injusto falseamiento. Igualmente, el interés en la verdad biográfica, puede en
ciertos eventos preservarse a través del ejercicio del derecho de rectificación
de informaciones falsas, inexactas o imparciales (C.P., art. 20), lo que
demuestra que la autenticidad personal (lo mismo que la necesidad social de
conocer a la persona tal cual es) corresponde a una pretensión que tiene
relevancia constitucional y que ésta es indisociable de la particular
concepción del sujeto que alienta toda la Constitución".
168

10. REFERENCIA LINEA JURISPRUDENCIAL
A continuación se referencian sentencias proferidas por la Corte
Constitucional en su orden cronológico que aducen a los posibles
casos de homonimia o suplantación. Asimismo aquellas que tienen una
relación directa e inmediata con el tema materia de estudio:
T - 462/95 T – 1110/2005
C - 488/96 T – 897A/2006
T – 455/98 T – 247/2007
T – 171/2000 T – 442/2007
T – 526/2001 T – 558/2007
T – 744/2002 T – 781/2007
C – 100/2003 T -835/2007
T – 949/2003 T – 962/2007
C - 284/2004
T – 540/2004
T – 066/2005
T – 168/2005
C – 591/2005
T – 625/2005
C – 425 2008
169

CONCLUSIONES
La homonimia es un fenómeno que se vuelve cada vez más
frecuente, al igual que la preocupación por resolverlo.
Gran cantidad de países están conscientes de este fenómeno y
poseen mecanismos y leyes que buscan identificar mejor a las personas y
dar solución a este problema.
Utilizando todas las herramientas existentes, sumado al uso de
nuevas tecnologías podemos hacer de estos errores, situaciones
excepcionales.
Colombia, si bien no tiene todos los mecanismos, posee herramientas
y métodos para evitar que esta situación termine en injusticias.
Por razones culturales y por las mismas tradiciones de los pueblos
latinoamericanos, sabemos de la presencia de este fenómeno y también
sabemos que Colombia no es ajena a este problema y si bien es cierto
existen algunos mecanismos jurídicos que ayudan a solucionar las posibles
injusticias que puedan cometer los operadores judiciales en los casos de
homonimia, si creemos, que se debe establecer un verdadero estatuto de
protección a la identidad y al nombre de las personas, que podría ser similar
al que existe en el Perú.
Después de que una persona permanezca privada de su libertad, sin
justa causa y como consecuencia de un problema de esta índole, no habrá
dinero en el mundo con que resarcir los daños materiales y morales que
170

sufra esta persona y su familia y si bien es cierto existe la posibilidad de
demandar ante lo contencioso administrativo por la figura del llamado “erro
judicial”, no menos cierto es que esa justicia es una de las más lentas y
congestionadas del país, convirtiéndose estos casos en flagrantes
violaciones del derecho a la protección del nombre de las personas y del
derecho constitucional a la libre locomoción.
Con nuestro trabajo, simplemente buscamos alertar a la sociedad
colombiana en general sobre el problema que se viene presentando y que
nuestros legisladores tomen conciencia del grave problema que se viene
presentado en el país, para que de manera responsable presente un
proyecto de ley, tendiente a solucionar estas injusticias.
171

BIBLIOGRAFIA
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http://www.identidad.name/notas-prensa-identidad.php#noti2
172