Año 3. Número 6. Primer semestre de 2012. - Academia Parlamentaria

difícil y extenuante para muchos exonerados el poder acreditar dicha calidad. Por
ello, la ley permitió la certificación de autoridades para tal efecto.
La Comisión, en la sesión celebrada el 12 de diciembre de 2011, recibió
nuevamente al señor Subsecretario del Interior, don Rodrigo Ubilla Mackenney,
quien profundizó y actualizó la información entregada anteriormente, haciendo
presente, sucintamente, que el Consejo de Defensa del Estado ha detectado 52 casos
de exonerados políticos que presentan irregularidades en su génesis, en donde es
posible invalidar o anular los beneficios previsionales de que actualmente gozan.
Asimismo, manifestó que hasta ese momento se habían revisado 9.704
carpetas, que equivalen al 19.4% de un total de 50.000. De las 5.704, adicionales a las
4.000 ya revisadas, el resultado arroja que existen 1.742 casos con irregularidades.
De ellos, 1.095 contienen certificados de autoridades políticas, la mayoría de ellas
parlamentarios. Por el contrario, de los 3.962 casos sin irregularidades evidentes,
sólo hay 130 que contienen certificados de autoridades, lo que permite establecer,
a su juicio, que existe una fuerte correlación entre la presencia de certificados de
autoridades políticas, con expedientes que presentan irregularidades.
Se refirió, asimismo, el señor Subsecretario, entre otras materias, al
informe que Auditoría Interna del Ministerio realizó al Programa en julio de 2006,
el que detectó diversas falencias tanto en la organización y funcionamiento de dicho
Programa, como también al cumplimiento de dictámenes de la Contraloría General
de la República y del ex Instituto de Normalización Previsional.
Posteriormente, el día 20 de diciembre de 2011, la Comisión recibió al señor
Contralor General de la República, don Ramiro Mendoza Zúñiga. Su presentación se
centró, resumidamente, en la historia de la ley; la normativa relevante al caso; la
calificación de exonerado político; estadísticas relevantes en el período de examen, y
algunas conclusiones, a su juicio, relevantes al trabajo de la Comisión.
Refiriéndose al otorgamiento de certificados por parlamentarios, señaló que
ese organismo contralor debió abstenerse de dar curso a muchas resoluciones que
concedían beneficios a exonerados porque ellos sólo se generaban o decían relación
con la convicción política que pudiera formarse el Presidente de la República de que
dicha exoneración obedecía a motivaciones políticas, pero que de suyo no produce
una convicción de que efectivamente había que pagar o se hubiera generado un
determinado beneficio de carácter previsional.
Hizo presente que, a su juicio, hay irregularidades administrativas, como en
toda la administración, y que los informes de auditoría, tienen el mérito de mostrar
que son los ambientes de control interno donde se presentan las debilidades
esenciales en el funcionamiento de las instituciones, particularmente cuando se
trata de instituciones que atienden una cantidad excesiva e importante de beneficios
respecto de organizaciones que no están hechas para atender tales requerimientos.
Tal es el caso, añadió, de una institución como el Ministerio del Interior que no tiene
musculatura para el ejercicio de estas facultades.
Al concluir su presentación, el señor Contralor se refirió al tema de la
responsabilidad sobre la delegación de firmas, haciendo presente que ella está
tratada en el artículo 41 de la ley Nº 18.575, por lo que, en general, en la delegación
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