Año 3. Número 6. Primer semestre de 2012. - Academia Parlamentaria

programa responde indicando que ha tomado conocimiento del Oficio N° 508
e informa las medidas que estarían implementado para dar cumplimiento a lo
requerido.
El día 5 de noviembre de 2007, el jefe gabinete del Subsecretario del
Interior, a través de un Oficio reservado manifiesta a la directora del programa que
se encuentra en “manifiesto incumplimiento” en relación a los hallazgos y en la
implementación de las recomendaciones consignadas en el informe de auditoría y
solicita remitir la respuesta al informe de la auditoria, lo cual debía ser enviado en el
plazo de 3 días. Transcurridos 4 días, la encargada del programa, a través del Oficio N°
2.101, consigna que, la información ya fue entregada a través del Oficio N° 1.209. No
existe información adicional de acciones ejecutadas al respecto ni del cumplimiento
de medidas solicitadas o de la realización de sumarios para determinar algún tipo de
responsabilidad administrativa.
En este ámbito, si bien el Subsecretario del Interior de la época, jefe del
servicio, realizó esfuerzos tendientes a mejorar el procedimiento de calificación de
exonerados políticos, no constan de los antecedentes otorgados a esta Comisión, la
toma de acciones de tipo administrativo o disciplinarios, lo que haría presumir una
falta al deber de control jerárquico permanente del funcionamiento del organismo y
de la actuación del personal de su dependencia como tampoco, de control tanto en
la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos y en la
legalidad y oportunidad de las actuaciones (artículo 11 de la Ley de Bases Generales
de la Administración del Estado).
De acuerdo al artículo 10 de la ley 19.234, la calificación de exonerado político
es una facultad “privativa” del Presidente de la República, a través del Ministerio del
Interior. Por ser esta facultad privativa no puede ser objeto de revisión por parte de
la Contraloría General de la República. En consecuencia, “la formación de convicción
y la calificación que hace el Presidente de la República no puede ser revisado por
la Contraloría, sin perjuicio de que en lo que dice relación con el otorgamiento de
beneficios, esta entidad de control pueda revisar que se cumplan los requisitos
objetivos que establece la ley, en todo lo que dice relación con el gasto publico que
lleva envuelto la decisión administrativo”. 3
Desde el momento que se dictó esta ley la facultad de calificación y de
conceder beneficios ha sido delegada por medio de diversos decretos supremos.
- D.S N° 1.694, de 1993, faculta al Ministerio del Interior para firmar, por
orden del Presidente de la República, la calificación de exonerados políticos ocurridos
entre 11 septiembre 1973 y 10 de marzo 1990 y el otorgamiento de los beneficios de
cargo fiscal.
- D.S N° 2.635, de 1995, se dispone que la facultad conferida en el señor
Subsecretario del Interior también se le confiere al señor jefe de la División Económica
del Servicio de Secretaria y Administración General del Ministerio del Interior.
3 Es necesario precisar que existen dos fases en el proceso de calificación y otorgamiento de beneficios:
la primera, la calificación de exonerado y el otorgamiento del beneficio y, en segundo lugar, la aplicación
del beneficio por parte del INP, hoy IPS. La resolución que emite el INP para aplicar el beneficio es la
que está sujeta a toma de razón por parte de la CGR, y por consiguiente, donde la Contraloría revisa los
requisitos objetivos contemplados en la Ley 19.234.
164