Libre Pensamiento nº 54 (en PDF)

vierten en el único medio, o casi. La globalización acentúa
todos los efectos especulativos de la marea de ladrillos,
haciendo entrar en juego la demanda europea y la
oferta internacional de crédito hipotecario. En algunos
pueblos cercanos a la costa y particularmente en las
islas, los compradores extranjeros han conseguido desplazar
a la población autóctona. Los precios se triplican
estimulando la compra de casas como inversión, dadas
las fuertes plusvalías obtenidas en poco tiempo, y se
produce la paradoja de que por una parte existe en
España una vivienda por cada dos habitantes (o sea,
veinte millones) y de que por otra, debido a los precios
inabordables, la mitad de la población está empeñada y
más de un cuarto no tiene acceso a un habitáculo digno.
Son los “sin crédito”, jóvenes, inmigrantes, jubilados, y, en
general, gente sin recursos. España posee el parque de
viviendas más numeroso de Europa, pero la vivienda es
el mayor problema para la inmensa mayoría de sus habitantes.
Mientras muchos viven en condiciones lamentables,
hay cinco millones de viviendas vacías y se construyen
cientos de miles al año (más de 800.000 en
2005). La llamada burbuja inmobiliaria es en realidad un
atraco descomunal que ha transferido un tercio de la
riqueza de los españoles a los bancos, promotores, constructores,
especuladores y políticos.
La promoción, el negocio inmobiliario y su financiación
han creado una nueva clase dirigente parasitaria y
una nueva manera de hacer política identificada con la
urbanización generalizada (hay 44.000 nuevas fortunas
achacables al negocio inmobiliario). Privatización de los
cargos públicos y del ejercicio político, directamente
traducible en dinero. Es algo más que corrupción. Es la
corrupción como rasgo esencial de la política; si se
investigaran las variaciones patrimoniales de los concejales
y alcaldes, con harta facilidad se descubrirían
miles de casos, que de todas formas son vox populi. Pero
la destrucción del territorio y la suburbialización de las
ciudades son hechos perfectamente legales que deben
poco a los corruptos. La corrupción es sólo un agravante;
obedece fundamentalmente a que muchos cargos
electos son a su vez promotores o están relacionados
con el negocio, a que los partidos financian una parte
de su organización con favores pagados, a que circula
mucho dinero “sin lavar” y a que la firma de un edil
puede suponer millones de euros para las constructoras.
Sin embargo, la mayoría de operaciones no son
“pelotazos”, sino suculentos negocios amparados por la
ley. La especulación puede ser una práctica moralmente
reprobable pero la legislación la estimula y protege.
Se apoya en la plusvalía generada por el simple hecho
legal de la recalificación (el precio del terreno se multiplica
por treinta), en los permisos discrecionales de
mayor edificabilidad y en la autonomía de los municipios
para aprobar planes generales o parciales (los
PGOU, los PAI) y para establecer directamente convenios
urbanísticos con empresas. Los gobiernos autonómicos,
a quienes compete el control del proceso urbanizador
aprobado por los ayuntamientos, son partidarios
de la intemperie urbanizadora porque es el “futuro”.
Este futuro conlleva la motorización general; las
autopistas, variantes, rondas y accesos son elementos
determinantes de la ordenación territorial y, por lo
tanto, de la especulación.
LOS POLITICOS LOCALES COBRAN COMISIONES, LOS
BANCOS RECOGEN INTERESES CREDITICIOS Y LOS
TRAFICANTES BLANQUEAN SUS GANANCIAS. TODOS
SE LUCRAN O CONSIGUEN TRABAJO GRACIAS A LA
ESPECULACION Y AL CEMENTO
DOSSIER
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LP