procedimiento

comunidades de práctica
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conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las
garantías y requisitos exigidos por ésta u otras Leyes.
Por lo demás, las cuestiones concretas en relación con el procedimiento electrónico se encuentran
ya reguladas en la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los
Servicios Públicos, 2 que más que sustituir a la Ley 30/92, la “complementa” en este sentido.
Con todo, la Ley 30/92 se convirtió en una importante declaración de principios, si bien su
ejecución exigía un desarrollo que costó en arrancar, puesto que nuestras administraciones,
por diferentes motivos, estaban lejos de poder acometer esta ingente tarea.
El siguiente paso importante se corresponde con el Real Decreto 263/1996, que regulaba la
utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General
del Estado. El rumbo estaba ya marcado pero se había hecho evidente que la prioridad
era regular el elemento validador por excelencia del documento electrónico: la �irma electrónica.
3 Por otro lado, como la transacción documental requiere varios agentes, una cuestión
básica era la extensión de la práctica electrónica a todos los niveles sociales, lo cual se
consigue con la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico. A partir de entonces la legislación ha ido matizando y desarrollando cuestiones
que en términos generales se habían planteado en las normas anteriores. En este contexto
se aprueban el Real Decreto 209/2003, con el que se regulan los registros y noti�icaciones
telemáticas, y la Ley 59/2003, sobre �irma electrónica, que deroga el Real Decreto de 1999
en busca de una mayor con�ianza en el sistema de transacciones electrónicas que requieran
la validación e identi�icación del emisor y del receptor.
Del mismo año es la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización
del Gobierno Local, que suele pasar desapercibida en esta materia pero que sin embargo es
capital, pues “adelanta” para la Administración local la obligación que años después establece
más claramente la Ley 11/2007, de la cual se puede considerar su antecedente:
... las Entidades Locales, y especialmente los municipios, deberán impulsar la utilización
interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación
y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la
realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.
Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios
que, por su insu�iciente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar
en grado su�iciente el deber establecido en este apartado. 4
No obstante, el año 2007 es sin duda alguna el punto de in�lexión normativo en el desarrollo
de la e-Administración por el conjunto de normas que se aprobaron:
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Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información y el desarrollo
de la Ley de Protección de Datos (Real Decreto 1720/2007).
Todas estas normas se engloban dentro de una tendencia general, no ya sólo en España sino
en Europa, del reconocimiento legal de la realidad social que supone el uso de las nuevas
tecnologías.
2 En adelante, LAECSP.
3 Real Decreto Ley 14/1999.
4 Art. 70.bis.3.º de la LBRL (en su redacción dada por la Ley 57/2003).