EXP. CDHEH/112/99. - Comisión de Derechos Humanos del Estado ...

G) Oficio suscrito por los quejosos en el cual niegan lo manifestado por la
autoridad involucrada, anexando cuarenta y un impresiones fotográficas en
donde constan sus lesiones; así como tres copias simples de recetas médicas
expedidas por el doctor EDGAR BENJAMÍN MENDOZA AZPEITIA (fojas 77 a
101);
H) Audiencia celebrada con JOSÉ MANUEL ACOSTA SÁNCHEZ, FRANCISCO
JAVIER ACOSTA REYES, JOSÉ ISABEL HERNÁNDEZ GARIVALDI y CIRO
GUZMÁN CAMPOS, jefe de grupo y elementos, respectivamente, de la
Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Molango de
Escamilla, Hidalgo (fojas 104 a 112).
V A L O R A C I Ó N J U R Í D I C A
I.- Una vez establecida la competencia de este organismo público defensor
de los derechos humanos, con fundamento en los artículos 9° bis de la Constitución
Política del Estado de Hidalgo; así como los numerales 8° fracción VII, 21 fracción
III, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos; 5°, 82 y 84 del
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo,
se han examinado los hechos manifestados por ENRIQUE MEJÍA ZARATE Y
CARLOS ISRAEL MEJÍA HERNÁNDEZ, en relación directa con los elementos
probatorios que integran el expediente a estudio, a la luz de las disposiciones
constitucionales, legales y de instrumentos internacionales aplicables al caso y,
vistas las violaciones a los derechos humanos deducidas de los hechos expuestos, en
aplicación a los criterios de la lógica, la sana critica y la experiencia; en concepto de
este organismo, se tienen suficientes evidencias para sostener que el Director y
oficiales de seguridad pública municipal de Molango, Hidalgo, conculcaron los
derechos humanos de los quejosos.
Al respecto, en primer término es importante anotar que la detención
arbitraria, desde la perspectiva de los derechos humanos, se caracteriza por la
acción que tiene como resultado la privación de la libertad, realizada por una
autoridad o servidor público, sin que exista orden de aprehensión girada por Juez
competente, u orden de detención expedida por el Ministerio Público, en caso de
urgencia o en caso de flagrancia en la comisión de algún delito. Dicha consideración
se funda en las disposiciones siguientes:
Artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos: “Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento”
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