El régimen jurídico de las tierras con vocación agraria en ... - Ulpiano

372 Luis Alfonso Herrera Orellana
sus fines, se creó una modalidad distinta a las adjudicaciones previstas
en los artículos anulados del Decreto con Fuerza de Ley de 2001,
para colocar a los beneficiarios del texto legislativo en posesión de las
tierras con vocación agraria propiedad del Instituto Nacional de Tierras,
denominadas ‘cartas agrarias’, destinadas únicamente a certificar
la ocupación de aquellas agrupaciones campesinas -no contempla
ocupaciones particulares- que manifiesten su voluntad de organizarse
con fines productivos y proceder en forma inmediata al cultivo y aprovechamiento
de dichas tierras.
Tan delicado como lo anterior, fue la reedición en el artículo 5 del Decreto
2.292, -pero con mucha mayor discrecionalidad- del anulado por
inconstitucional artículo 89 del Decreto con Fuerza de Ley de 2001, el
cual ordena al Instituto Nacional de Tierras adoptar, en forma inmediata,
todas las medidas que estime necesarias para la transformación de
las tierras objeto en unidades económicas productivas y a fomentar y
permitir la participación de las comunidades organizadas de campesinos
en el cultivo de las tierras de su propiedad y de la República “mientras
se realizan los trámites tendientes a determinar la procedencia de la
adjudicación permanente de las tierras ocupadas”, por cuanto esta disposición
de rango sub-legal desacató el pronunciamiento de la jurisdicción
constitucional en materia de protección de derechos constitucionales,
y fue interpretada y aplicada por las autoridades de la Administración
agraria, antes de la reforma de mayo de 2005, como una vía jurídica
para proceder a intervenir, ocupar y rescatar tierras con vocación agraria,
como se realizaban tales actividades antes de la declaratoria de nulidad
del artículo 89 del Decreto con Fuerza de Ley de 200172.
12 Sobre la inconstitucionalidad de las cartas agrarias y del procedimiento establecido en el
artículo 5 del Decreto N° 2.292, véase Román José Duque Corredor “La afectación de tierras
privadas según el Decreto...”, en Op. Cit., pp. 569 y ss. Sobre la problemática deriva de su
otorgamiento, se indicó en la prensa nacional lo siguiente: “Ante las dificultades para ordenar
la tenencia de la tierra, el Gobierno ideó la entrega de cartas agrarias, especie de documentos
que aunque no es un título de propiedad de los predios agrícolas, sirve de aval a los campesinos
que ocupan zonas propiedad del Estado”. Sobre los conflictos desatados por la aplicación
de este Decreto y en general por el Decreto-Ley, como la contradictoria proporción
existente entre el estímulo a la producción nacional y las importaciones de rubros agrarios, ver
Katiuska Hernández, Revolución agraria chavista aumentó importaciones y estimuló
invasiones, en “El Nacional”, 06.09.04, Caracas, A /14.