código de justicia para menores infractores en el estado de durango ...

Instituto de Investigaciones, Estudios Legislativos
y Asesoría Jurídica
CÓDIGO DE JUSTICIA PARA MENORES INFRACTORES
EN EL ESTADO DE DURANGO
VIGENTE A PARTIR DE LAS 00:00 HRS. DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2009
ULTIMA ACTUALIZACION:
17 DE FEBRERO DE 2011
XIV. Promover entre las partes la celebración de los medios alternos de justicia que establece que
este Código, y
XV. Las demás que determinen este Código, los reglamentos, y el Presidente del Tribunal.
Artículo 384. Para el control de la ejecución, cumplimiento y seguimiento de las medidas para
menores, los jueces de ejecución, tendrán los siguientes deberes y atribuciones:
I. Apegarse en el ejercicio de sus funciones a los principios, derechos y demás lineamientos
previstos en este Código, en aras del interés superior del menor;
II. Controlar la ejecución de las medidas impuestas al menor y resolver sobre las los incidentes y
recursos que se susciten durante la misma;
III. Vigilar en todo momento el respeto, integridad, dignidad y el estricto cumplimiento de los
derechos de los menores sujeto a medidas, especialmente de los privados de la libertad, de
conformidad con la Constitución Federal, los Tratados Internacionales aprobados por el
Senado de la República, la Constitución Local, este Código y demás ordenamientos
aplicables;
IV. Aprobar el plan individual de ejecución, que para su efecto presente la Unidad de Diagnostico.
V. Garantizar que durante la ejecución de la medida privativa de la libertad, los menores tengan
acceso en todo momento a los servicios de salud, educativos y recreativos; así como derecho
a recibir formación educativa; a que se respete su libertad de culto; a tener contacto con su
familia y a recibir información sobre la ejecución de su medida;
VI. Garantizar que los programas individualizados de ejecución de medidas se sujeten
plenamente a los derechos de los menores, de modo que en ningún caso, en nombre del
programa de ejecución o de su finalidad, se conculquen éstos o se limiten sus garantías;
VII. Garantizar que los menores privados de su libertad permanezcan en el Centro, y que en
ningún momento sean trasladados a los Centros penitenciarios para adultos;
VIII. Evaluar, por lo menos cada tres meses, las medidas privativas de la libertad, pudiendo ordenar
su conmutación por otra medida más benévola;
IX. Dictar resolución mediante la cual se dé por cumplida la medida impuesta, así como la libertad
total y definitiva del menor;
X. Revocar o sustituir las medidas impuestas si considera que ésta ya produjo sus efectos, es
innecesaria o afecta gravemente el desarrollo, la dignidad o la reintegración social del menor;
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