código de justicia para menores infractores en el estado de durango ...

Instituto de Investigaciones, Estudios Legislativos
y Asesoría Jurídica
procedentes de conformidad con las disposiciones de este código.
CÓDIGO DE JUSTICIA PARA MENORES INFRACTORES
EN EL ESTADO DE DURANGO
VIGENTE A PARTIR DE LAS 00:00 HRS. DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2009
ULTIMA ACTUALIZACION:
17 DE FEBRERO DE 2011
Artículo 13. En lo no previsto por este Código se aplicará la Ley de Justicia Alternativa del Estado de
Durango, el Código Penal y el Código Procesal Penal, en todo cuanto no se oponga a este
ordenamiento y a las normas mencionadas por el siguiente artículo.
Artículo 14. La interpretación y aplicación de las disposiciones de este Código, deberán hacerse en
armonía con sus principios rectores, los principios generales del derecho, particularmente del derecho
penal y procesal penal y con la doctrina en materia de derecho minoril, en la forma que mejor
garanticen los derechos establecidos en la Constitución Federal y las leyes que de ella deriven, en los
tratados internacionales y en la Constitución Local.
Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten o restrinjan de cualquier
forma, incluso cautelarmente, la libertad personal, limiten el ejercicio de un derecho conferido a los
sujetos del proceso, establezcan sanciones procesales o exclusiones probatorias. En estos casos se
prohíbe la interpretación por analogía y mayoría de razón.
La analogía y mayoría de razón podrán aplicarse cuando favorezcan un derecho o el ejercicio de una
facultad conferida a quienes intervienen, siempre y cuando no provoque desigualdad procesal.
CAPITULO II
DE LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS DEL
PROCEDIMIENTO DE MENORES INFRACTORES
Artículo 15. Son principios rectores del procedimiento para menores los siguientes:
I. Interés superior del menor: Es el dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos sus
derechos y garantías procesales;
II. Transversalidad: Es el que exige que tanto en la interpretación y aplicación del presente
ordenamiento, se tomen en cuenta la totalidad de los derechos inherentes al menor,
considerando su condición de indígena, mujer, discapacitado, paciente, trabajador, o
cualquiera otra que resulte contingente en el momento en el que se aplica el sistema de
justicia de menores en cualquiera de sus fases;
III. Certeza jurídica: Es el que restringe la discrecionalidad de las decisiones de todas las
autoridades del sistema, remitiéndolas al marco estricto de la Ley;
IV. Mínima intervención: Es el que exige en todo momento que se busque que la intervención
del Estado para privar o limitar derechos a los menores a través del sistema de justicia de
menores se limite al máximo posible;
V. Subsidiariedad: Es el que reduce la acción del Estado a lo que la sociedad civil no puede
alcanzar por sí misma;
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