derecho procesal penal y de procedimientos penales - Facultad de ...

Unidad 06 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Unidad 07 

INCIDENTES 

Unidad 08 

EJECUCIÓN 

Unidad 09 

NUEVO PROCESO PENAL 

ACUSATORIO Y ORAL 

GLOSARIO 

BIBLIOGRAFIA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

DERECHO PROCESAL PENAL 

Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

ACADEMIA DE DERECHO PROCESAL PENAL 


239 

267 

289 

299 

338 

340 

3




B) Conceptos y Tópicos a revisar en las Lecturas. 

ACCION 

• Concepto de Acción. 

• Las pretensiones y su diferencia con la Acción. 

• Titulares de la Acción. 

• El Ministerio Público en México. 

• La figura del Defensor en nuestro País. 

JURISDICCIÓN 

• Concepto de Jurisdicción 

• La Competencia y su diferencia con jurisdicción. 

• Jurisdicción en Litigios Penales. 

• Clases de Jurisdicción. 

PROCESO 

• Concepto de Proceso. 

C) Actividades de Aprendizaje. 

Con base en las lecturas recomendadas y dentro del FORO DE DISCUSIÓN 

“PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCESO”, participe con nosotros en las 

actividades siguientes: 

1.- Aporte sus propios conceptos de ACCION, JURISDICCIÓN Y PROCESO. 

Explicando la importancia que tiene para el Proceso Penal. 

2.- Exprese con un ejemplo práctico, cuando estamos en presencia de una 

Acción y de una o varias Pretensiones. 

3.- Señale quiénes pueden ser los Titulares de una Acción en el Proceso Penal 

Mexicano. 

4.- Explique qué se entiende por Interés Jurídico en una Acción. 

5.- Determine cuál es la Función del Ministerio Público en nuestro País dentro 

del Proceso Penal. 



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• Concepto de Acción Penal. 

• Naturaleza jurídica. 

• Características. 

• Titularidad. 

• Presupuestos. 

• Formas de Extinción. 

• Acción de Reparación de Daño. 

C) Actividades de Aprendizaje. 

Previo el análisis de las Lecturas Recomendadas, y siguiendo las reglas de la 

primera actividad de aprendizaje, las personas que conformen la 2/3 parte del total 

de alumnos, es decir el EQUIPO 02, deberá realizar las actividades siguientes: 

1. Aporten su concepto de ACCION PENAL. 

2. Señalen la Naturaleza y características de la Acción penal. 

3. Determinen con exactitud quien es el Titular de la Acción Penal. 

4. Expliquen por que razones se puede extinguir La Acción Penal. 

5. Todo el equipo, con las debidas precauciones, trasládense a las 

Agencias del Ministerio Público de la ciudad, para verificar que lo 

analizado teóricamente, tiene aplicación práctica, es decir, pregunten 

a las autoridades: 

a) Quién es el titular de la acción penal. 

b) Cómo explica la autoridad el concepto de Acción Penal y si esta se 

ejercita cotidianamente. 

c) Si existe algún impedimento para ejercitar la acción penal. 

6.- TODA LA INFORMACIÓN RECABADA, COMPÁRTANLA CON 

NOSOTROS EN CLAS, expresando: 

1.- Cuáles fueron sus experiencias. 

2.- Dudas. 

3.- La importancia del Tema. 

4.- Sus Aportaciones. 

Tema 2.3. Inicio, Desarrollo y Conclusión de la Averiguación Previa Penal. 

A) Lecturas Recomendadas. 

a) HERNÁNDEZ PLIEGO, Julio A. Op. Cit. Pp. 85-125. 

b) SILVA SILVA, Jorge Alberto. Op. Cit. Pp. 249-260. 

c) CONSTITUCION. (Art. 16-21) 



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b) ARILLA BAS, Fernando. Op. Cit. Pp. 96-112. 

c) CONSTITUCION POLITICA ( Art. 19) 

d) C. FEDERAL DE P.P. ( 161-167) 

e) C. DE P.P. DEL ESTADO DE MICHOACÁN ( Arts. 244-249) 

B) Conceptos y Tópicos. 

• Auto de Formal Prisión y sus efectos. 

• Auto de Sujeción a Proceso y sus Efectos. 

• Auto de Libertad por Falta de Méritos o Elementos para Procesar y sus 

Efectos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 03. PERIODO DE 

PREPARACION DEL PROCESO. 

Previa Discusión Grupal de las Lecturas Recomendadas y dentro del FORO DE 

DISCUSIÓN denominado “Periodo de Preparación del Proceso”, aporten de 

manera organizada y en forma individual las conclusiones a que llegó todo el 

grupo, al momento de establecer cuáles eran las explicaciones más adecuadas 

desde su punto de vista, respecto de los conceptos o tópicos siguientes: 

1.- Concepto de Radicación. 

2.- Diferencia entre Radicación Con Detenido o Sin Detenido. 

3.- Cuál es la razón por la que se dice que la Pre-Instrucción se le puede llamar 

también periodo de Preparación del Proceso o Término Constitucional. 

4.- La etapa de Pre-Instrucción, es un verdadero periodo del proceso, sí o no, y 

por qué. 

5.- Cuál es la Principal Obligación del Organo Jurisdiccional, cuando el Ministerio 

Público le Consigna una Averiguación Previa Penal con Detenido. 

6.- Por cuánto tiempo puede estar detenido un inculpado bajo el dominio del 

órgano Jurisdiccional. 

7.- Señale los Requisitos Constitucionales para que el Organo Jurisdiccional 

pueda Autorizar o ratificar: 

a) Detenciones a cargo del Ministerio Público. 

b) Ordenes de Aprehensión o Reaprehensión. 

c) Orden de Comparecencia. 

d) Orden de Cateo. 

e) Orden de Intervención de Comunicaciones. 



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• Procedimiento de Extradición. 

Tema 4.2. Instrucción. 


a) HERNÁNDEZ PLIEGO, Julio A. Op.cit. Pp. 165-235. 


c) C. FEDERAL DE P.P. (Arts. 206-290) 

d) C. DE P.P. DEL ESTADO DE MICHOACÁN ( Arts. 250-233) 


• Concepto de Instrucción. 

• Concepto y Elementos de la Prueba a) Objeto. B) Organo. C) Medio. 

• Carga de la prueba. 

• Ofrecimiento, Admisión y Desahogo de prueba. 

• Medios de Prueba: Confesión, Inspección, Peritajes, Testimonios, 

• 

Confrontación, Careos, Documentos Públicos y Privados.. 

Valor o Apreciación Jurídico de las Pruebas. 

• Cierre de Instrucción y sus efectos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 04. INTRUCCION 

Previo el análisis de las Lecturas Recomendadas, todo el grupo divídase en DOS 

EQUIPOS DE TRABAJO, los cuales llevarán a cabo las acciones siguientes: 

PRIMERA ACCION. 

EQUIPO NUMERO 01. 

Jurídicamente aporte y explique los conceptos y tópicos siguientes: 

1.- Qué se entiende por Periodo de Instrucción. 

2.- Qué se entiende por Prueba. 

3.- En un Proceso Penal, quiénes están obligados a Probar. 

4.- Los Momentos y los Términos para acreditar algún Hecho o Circunstancia, son 

los mismos en los Procesos Ordinarios y Sumarios ¿Por qué? 

5.- ¿Cuáles son las Causas por las que puede darse origen a un Proceso 

Sumario? 

6.- Todos los procedimientos son iguales en todos los Procesos Sumarios? Por 

qué? 

7.- Brevemente explique en qué consiste un Proceso: 

a) Ante Jurado Popular. Y si todavía se practica. 

b) Ante un Juez Municipal o de Paz. 

8.- Señale los pasos a seguir en un Procedimiento Penal, seguido a Menores e 

Inimputables. 



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9.- Señale brevemente los pasos a seguir en un PROCEDIMIENTO DE 

EXTRADICIÓN. 

EQUIPO NUMERO 02. 

Jurídicamente aporte y explique los conceptos y tópicos siguientes: 

1.- Indique los mecanismos para ofrecer, Admitir y Desahogar una Prueba. 

2.- Aporte los CONCEPTOS Y REQUISITOS fundamentales que son necesarios, 

para que sean apreciados plenamente en un Proceso Penal , los siguientes 

Medios de Prueba: 

2.1.- LA CONFESIÓN. 

2.2.- INSPECCION. 

2.3.- PERITAJE. 

2.4.- TESTIMONIOS. 

2.5.- CONFRONTACIÓN. 

2.6.- CAREOS. 

2.7.- DOCUMENTOS. 

3.- Cuáles son las formalidades para decretar el cierre de Instrucción y cuáles son 

sus efectos legales. 

SEGUNDA ACCION. 

EQUIPO 01. VISITA A JUZGADOS PENALES DE PRIMERA INSTANCIA. 

EQUIPO 02. VISITA A DESPACHOS JURÍDICOS EN MATERIA PENAL. 

Ambos equipos con las debidas precauciones y las más adecuada cortesías , 

visiten los lugares asignados para cada equipo, con el propósito de verificar la 

práctica de los conocimientos teóricos manejados en esta Unidad, formulando 

para el efecto, preguntas como: 

1.- En la práctica procesal penal, qué tipo de proceso es más seguido por las 

partes, el Proceso Ordinario o el Sumario. Por qué? 

2.- Cuáles son los medios de prueba más utilizados al momento de acreditar un 

hecho o circunstancia de índole penal, ante el Organo Jurisdiccional. 

3.- Qué tipo de prueba resulta más complicado llevarla a la práctica. Por qué? 

4.- Cuál es la prueba más contundente y la menos complicada para desahogarla. 

5.- Qué tan costoso resulta para las partes el comprobar algún hecho o 

circunstancia penal. 

NOTA: La preguntas son opcionales, ya que pueden mejorarse, modificarse o 

aumentarse. Lo importante, es que confirmen la teoría con la práctica, en su 

medio. 

TERCERA ACCION. 

Una vez realizadas todas las investigaciones pertinentes por el grupo, dentro de la 

sesión de clases, de forma concreta aporte: 



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B) Conceptos y Tópicos a Revisar en las Lecturas. 

• Conclusiones del Ministerio Público, momento de formulación, requisitos, 

clases y efectos. 

• Conclusiones del Procesado o Defensor. Momento de formulación, 

requisitos, clases y efectos. 

Tema 5.2. Audiencia Final o de Vista del Proceso. 




c) SILVA SILVA, Jorge Alberto. Op. Cit. Pp. 365-370. 

d) C. FEDERAL DE P.P. ( Arts. 305-307) 

e) C. DE P.P. DEL ESTADO DE MICHOACÁN ( Arts. 342-346) 


• Concepto de Audiencia Final. 

• Procedimiento seguido en la Audiencia Final. 

• Importancia, realidad y efectos legales de la Audiencia Final. 

5.3. Sentencia PENAL. 




c) SILVA SILVA, Jorge Alberto. Op. Cit. Pp 370-380. 

d) CONSTITUCION POLITICA. (Arts. 13,14,20 Fracción VIII, 21 Primer 

Párrafo, 22 Primer párrafo, 23 y 104 Fracción I-A). 

e) C. FEDERAL DE P.P. (Art. 360) 



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2.- Cuáles son los Requisitos de Fondo y Forma que deber reunir las 

Conclusiones ACUSATORIAS DEL MINISTERIO PUBLICO. 

3.- El Procesado en qué momento debe presentar sus conclusiones y, de cuántas 

clases pueden ser. 

4.- Redacte los pasos seguidos de principio a fin, en la AUDIENCIA FINAL o de 

Vista del Proceso. 

5.- En la Práctica Procesal Penal, que tan frecuente es que una Audiencia Final, 

sea eminentemente de ORAL y, cuál es la razón? 

6.- Explique lo que debe tomar en cuenta el Juez al momento de dictar Sentencia 

Definitiva en el Proceso Penal de Primera Instancia? 

7.- Cuáles son las partes en que se divide una Sentencia Penal. 

8.- En forma concreta, explique en qué consiste el SOBRESEIMIENTO, de un 

Proceso Penal y cuáles son sus causas. 

9.- De cuántas formas puede resolverse un Proceso Penal y, cuáles son los 

efectos jurídicos para el Procesado. 

10.- Desde su particular punto de vista, cuáles deben ser las características 

personales de un Juez. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA 

En forma individual 

Tomando como referencia una nota periodística, un reportaje o un documental 

sobre un hecho criminal que le llame la atención, elabore un PROYECTO DE 

SENTENCIA PENAL, donde hagan uso de su imaginación, basada en la Lógica 

Jurídica, donde se detalle con claridad: 

1.- LOS RESULTANDOS. 

2.- LOS CONSIDERANDOS. 

3.- LOS PUNTOS RESOLUTIVOS. 

Para el caso que se trate. 

Nota importante: Debe abarcar en su trabajo, tanto la postura del acusador, de la 

defensa y obviamente del Organo Jurisdiccional, fundamentándolo en leyes y 

Jurisprudencia y motivándolo con las pruebas que el caso amerite. 

LA JUSTICIA DEBE SER TAL, QUE LA CLARIDAD Y FIRMEZA CON LA QUE 

SE IMPARTA, SEA REFLEJO ABSOLUTO DEL SER HUMANO QUE LA VIVE. 



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UNIDAD 06. 


OBJETIVOS 

Al finalizar esta Unidad el estudiante 

• Explicará la importancia que tiene la Segunda Instancia en el 

Proceso Penal. 

• Identificará los Medios de Impugnación o Recursos en el 

Proceso Penal, precisando su procedencia, tramitología y 

efectos. 

TEMARIO 

6.1.- APELACIÓN 

6.2.- DENEGADA APELACION 

6.3.- REVISIÓN. 

6.4.- REVOCACIÓN. 

Tema 6.1. Apelación, Denegada Apelación. 


a) HERNÁNDEZ PLIEGO. Julio A. Op. Cit. 265-270 y 276-291. 

b) ARILLA BAS. Fernando. Op. Cit. Pp. 193-206. 

c) C. FEDERAL DE P.P. ( Arts. 363-398) 

d) C. DE P.P. DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ( Art. 443-446 y 449-485) 



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• Concepto de Medios de Impugnación. 

• Concepto de Apelación. 

• Resoluciones Apelables. 

• Quiénes Pueden Apelar. 

• Efectos Suspensivos y Devolutivo. 

• Tramitación Legal. 

• Concepto de Agravios y Momentos Oportunos para su Expresión. 

• Las Pruebas en Segunda Instancia. 

• Resolución y sus Efectos. 

• Procedencia de la Reposición del Procedimiento. 

6.2. Otros Medios de Impugnación. 


a) HERNÁNDEZ PLIEGO, Julio A. Op. Cit. 274-275. 

b) C. FEDERAL DE P.P. ( Arts. 361-362) 

c) C. DE P.P. DEL ESTADO DE MICHOACÁN ( Arts. 447-448 y 486-492) 

B) Conceptos y Tópicos a Revisar en las Lecturas. 

• Concepto, Procedencia y Tramitología del Recurso de REVOCACIÓN. 

• Concepto, Procedencia y Tramitología del Recurso de REVISIÓN. 



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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD O6. 

MEDIOS DE IMPUGNACION. 

Con base en las Lecturas Recomendadas, todo el grupo, forme parejas, donde 

analicen y discutan para después aportar dentro de clases, sus propios conceptos 

o explicaciones a los siguientes términos o tópicos que elijan de la lista siguiente: 

1.- Qué debe entenderse por medio de impugnación. 

2.- Es verdaderamente útil la existencia de una Segunda Instancia. Por qué. 

3.- Señale los casos precisos por los que puede interponerse los Recursos de 

Apelación y Revisión. 

4.- Desarrolle el Trámite seguido en la Interposición del Recurso de Apelación. 

5.- Qué debe entenderse por agravio y, como y cuando deben expresarse. 

6.- Señale ejemplos de apelaciones en efectos Devolutivos y Suspensivos, y por 

qué? 

7.- Señale los casos cuando procede la Reposición de Procedimiento. 

8 Quiénes conocen del Recurso de Apelación en el Orden Federal y quiénes en el 

Orden Común o Estatal. Investigando además, el tiempo real de su duración. 

ACTIVIDAD INTEGRADORA 

En forma individual 

Elabore un Cuadro Comparativo entre la PRIMERA Y LA SEGUNDA INSTANCIA. 

Señalando las similitudes y/o Diferencias que le resulten de su análisis. 



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OBJETIVOS 

Al finalizar esta Unidad el estudiante: 

UNIDAD 07 

INCIDENTES 

TEMA UNICO. INCIDENTES EN GENERAL. 

7.1.- INCIDENTES DE LIBERTAD. 

7.3.- INCIDENTES VARIOS. 

7.4.- INCIDENTES NO ESPECIFICADOS. 

• Explicará la naturaleza, procedencia y efectos 

jurídicos de cada uno de los Procedimientos 

Incidentales, reconocidos por la Legislación 

Procesal Mexicana. 


a) ARILLA BAS, Fernando, Op. Cit. 207-228. 

b) HERNÁNDEZ PLIEGO, Julio A. Op. Cit. 299-320. 

c) C. FEDERAL DE P.P. ( Arts. 399-494) 

d) C. DE P.P. DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ( Arts. 493-583) 


• Concepto y características del Incidente. 

• Incidente de Libertad Provisional Bajo Caución. 

• I. de Libertad Provisional Bajo Protesta. 

• I. de L. Por Desvanecimientos de Datos. 

• I. de Substanciación de Competencias 

• I. de Conflicto de Jurisdicción. 

• I. sobre Impedimentos, excusas y recusaciones. 

• I. de Acumulación y Separación de Procesos. 

• I. de Reparación de Daños, exigibles a personas 

distintas del Inculpado. 



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Grado, Jerarquía o 

Instancia 




1ª Instancia 

2ª Instancia 

Materia Penal Federal 

Penal local 

Gravedad de la pena Penas leves o levísimas penas graves 

Territorio 

Circuitos 

Distritos o partidos 

Municipios 

Turno Numéricos 

Cronológicos 

Atractividad o atracción Cualidad competencial, por la que el juez de 

atribución principal adquiere facultades para 

conocer de otros juicios. 

Prevención Que el juez que primero conozca del asunto sea, 

es el que determina a su favor la competencia 

excluyendo a los restantes 

Elección Una de las partes en el proceso es el que 

decide, agotada la prevención, cual es el órgano 

competente. 

Jurisdicción en litigios penales. 

Manzini, refiere la jurisdicción es la función soberana que tiene por objeto 

establecer, a demanda de quien tenga deber o interés en ello, si en el caso 

concreto es o no aplicable una determinada norma jurídica y puede darse o no 

ejecución a la voluntad manifestada por ella, función cuyo ejercicio, en las materia 

penales, esta exclusivamente reservada a órganos del Estado instituidas con las 



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Sin embargo, la doctrina dominante establece que la averiguación previa se 

integra con los siguientes actos procedí mentales: a) Los requisitos de 

procedibilidad, entre los que se cuenta la denuncia, la querella y algunos otros de 

significación procesal similar como la autorización, la declaratoria de perjuicios y la 

declaratoria de procedencia, esta última que, como veremos, podría que dar 

incluida en la autorización misma; b) La actividad investigatoria, y c) La resolución 

que dice el Ministerio Público, que puede ser de consignación o ejercicio de la 

acción penal; no ejercicio de la acción penal o archivo. 

Denuncia 

La denuncia, constituye la llamada noticia criminis, que es la forma más usual por 

la que llega a conocimiento del Ministerio Público, la existencia de un hecho 

posiblemente delictivo, cuya investigación oficiosa, entonces, se vuelve obligatoria. 

Por excepción, cuando las circunstancias del casi impidan su formulación ante 

dicha autoridad, en materia federal, se faculta a la policía ministerial a recibirla. 

Puede expresarla oralmente y por escrito cualquier persona perteneciente a 

cualquier raza, sexo, credo político o religioso, sea particular o servidor público, 

nacional o extranjero, recluso o persona en libertad caucional, etc., se contraerá a 

describir los hechos que se estimen delictuosos, sin calificarlos jurídicamente, al 

denunciante se le tomara previamente protesta para conducirse con verdad, se le 

informara acerca de las penas en que incurren los falsos declarantes, sin que se 

puedan formular denuncias por medio de apoderado legal, a menos de que se 

trate de personas morales que podrán actuar por apoderado para pleitos y 

cobranzas. 

La denuncia, así, es el acto procesal por el que cualquier persona, 

verdaderamente Público (o ante la policía dependiente de él, en materia federal) 

relata hechos posiblemente constitutivos de delito perseguible oficiosamente. 

Como la ley establece la obligación de denunciar, a todo aquel que tenga 

conocimiento de la existencia de un posible delito, perseguible de oficio , surge la 

interrogante sobre si el incumplimiento de dicha obligación, acarrea la comisión, 

acarrea la comisión de algún hecho delictivo, acaso el de encubrimiento, por no 

procurar, por los medios lícitos al alcance, impedir la comisión de los delitos que 

sabe van a cometerse o están cometiendo. 

La incertidumbre de la respuesta ha sido propiciada por la errática interpretación 

que sobre el caso ha hecho la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales 

Colegiados: “ENCUBRIMIENTO, DELITO DE. Caso en que no se configura… La 

apreciación de la Sala responsable en el sentido de que el quejoso estuvo en 

condiciones de denunciar telefónicamente a su cuñado y que al no hacerlo 

contribuyó para que éste continuará distribuyendo cocaína entre la sociedad, es 



90




El párrafo cuarto del artículo 111 C., establece la forma de remover la inmunidad, 

señalando que sólo podrá ser acusado por la Cámara de Diputados (en caso de 

traición a la patria y delitos graves del orden común) ante la de Senadores, que 

resolverá con base en la legislación penal aplicable. 

Inmunidad de otros servidores públicos. Se contiene en el artículo 111 C., al 

expresar que para proceder penalmente en contra de los Diputados y Senadores 

al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los 

Jefes de Departamento Administrativo, los Representantes a la Asamblea del 

Distrito Federal, el titular del órgano de autorización para el juzgamiento deberá 

otorgarse por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal o por el Procurador 

de Justicia que corresponda. 

Curiosamente, en materia federal, no se otorga la inmunidad a Magistrados de 

Circuito y Jueces de Distrito como un requisito de procedibilidad, es decir, como 

condición para que el Ministerio Público inicie o continúe una averiguación previa 

en contra de aquéllos, ya que señalan como requisito previo indispensable, la 

suspensión en sus cargos que en su caso provea el Consejo de la Judicatura 

Federal, a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal 

que se siga en su contra, pero solamente para su aprehensión y enjuiciamiento. 

No sobra subrayar que el artículo 148 y III CPF, establece como delito la infracción 

legal de la inviolabilidad y de las inmunidades de cualquier tipo. 

Finalmente, hay que señalar que los plazos para la prescripción de la acción penal 

que señala el CP, se interrumpen en tanto el servidor público desempeñe el cargo 

del que deriva su inmunidad. 

Pues bien, la autorización es precisamente el acto por el cual se remueven 

legalmente las inmunidades. 

Si hemos dichos que la inmunidad constituye un impedimento transitorio para la 

aplicación de la ley, sólo puede removerse (si no es por renuncia, destitución o por 

fenecer el término que dure la función que desempeña el favorecido con ella y que 

genera la inmunidad o fuero), por la citada autorización que se otorgue, en cada 

caso por el órgano competente, de modo que removido el impedimento, cobrará 

plena aplicabilidad la ley, pues abrase cumplido con el requisito de procesabilidad 

correspondiente. 

La declaratoria de perjuicios 

En tratándose de delitos fiscales como el contrabando o el encubrimiento de 

contrabando, el Código Fiscal de la Federación señala como requisito para su 



96




del expediente en que se actúa, cuyo efecto es posponer el trámite de la misma, 

hasta que desaparézcale obstáculo que impide momentáneamente su 

prosecución, tampoco pone fin al procedimiento penal de averiguación previa que 

analizamos. 

El desolador panorama planteado, de no contarse con una forma legal para 

terminar la averiguación previa, sólo es uno más de los dislates que resultaron 

creados por el legislador ordinario, al reglamentar este procedimiento penal, 

abandonando los cauces democráticos que enarboló el constituyente de 

Querétaro y permitiendo que el sumario (léase la averiguación previa) fuera 

adjudicado por cuanto a su titularidad, a un órgano Ejecutivo que no obstante, 

realiza, como quiera que se le vea, actos de jurisdicción, el más ostensible de 

ellos, consistente en determinar si ejercita o no la acción penal. 

Si alguna duda quedara y solo como un anecdótico corolario que confirma lo 

expuesto, recordemos que en una reciente comparecencia del Procurador General 

de Justicia del Distrito Federal, ante la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, aquél señaló que en la Procuraduría se iniciaba diariamente un promedio 

de 452 averiguaciones previas, de las cuales muchas se acumulaban en espera 

de ser desahogadas, o se integraban al rezago de un millón y medio, que ya 

existía cuando tomó el cargo, y que sólo tres de cada diez eran resueltas,… “Hoy, 

lo son prácticamente la mitad… Hemos abatido más de la mitad del rezago en 

averiguaciones previas. Aún así, tenemos 670 mil averiguaciones rezagadas e 

igual sucede con 19,547 órdenes de aprehensión no cumplidas…. Estamos 

resolviendo 450 delitos de cada mil… no estoy hablando de que hayamos 

incrementado escandalosamente el nivel de consignaciones. Puedo afirmarles que 

lo que más ha crecido es el de la conciliación y en consecuencia, los no ejercicios 

de la acción penal…” No queda duda de que el Procurador resuelve 

jurisdiccionalmente más casos que los sesenta y seis jueces penales del Distrito 

Federal juntos. 

Ejercicio de la acción penal. 

Hablaremos primero del ejercicio de la acción penal. Ya hemos establecido que 

por imperativo del artículo 21 C., el Ministerio Público es el órgano encargado de 

la investigación y persecución de los delitos, teniendo bajo su autoridad y mando 

directo a la policía. Pues bien, la forma en que cumple con el mandato 

constitucional, es a través del ejercicio de la acción penal, es decir, el Ministerio 

Público, órgano persecutor de los delitos, vale decir de quienes los cometen, al 

consignar la averiguación previa ante el juez, está ejercitando ese poder deber 

que le impone la norma suprema del país. 

Sin embargo, la acción penal no debe ser ejercitada de manera caprichosa o 

arbitraria por su titular, porque existe una normatividad a la que debe sujetar su 



106




3) Que esos delitos tengan señalada en la ley cuando menos pena 

privativa de libertad. 

4) Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito; y, 

5) Que existan datos que hagan probable la responsabilidad del indicado. 

Al requerirse en la norma constitucional que el delito tenga señalada en la ley 

“cuando menos pena privativa de libertad”, lo que hace es reconocer que existen 

penas más graves y menos graves que aquélla, atendiendo a los bienes jurídicos 

en cada caso tutelados por la ley penal. 

Este requisito del artículo 16 C., se debe entender en el sentido de que, 

para estar el Ministerio Público en condiciones de ejercitar la acción penal, en 

solicitud de una orden de aprehensión, el delito que se atribuya al inculpado 

deberá tener señalada pena privativa de libertad, cuando menos, es decir, que 

“cuando más, igualmente podría solicitarla, verbigracia, si el delito se sancionara 

con la pena de muerte, aún cuando ninguna de las legislaciones penales de la 

República Mexicana contempla actualmente esta sanción, pero sin desconocer 

que el artículo 22 C. abre esa posibilidad. 

Habrá que aclarar que si el delito tuviera señalada en la ley una pena alternativa, 

es decir; prisión o multa, o bien una pena distinta de la privativa de libertad, eso no 

seria obstáculo para que el Ministerio Público ejercitará la acción pena, sólo que al 

consignar ante el juez los hechos, solicitaría en vez de libramiento de una orden 

de aprehensión, una orden de comparecencia que por definición, no amerita la 

privación de la libertad del indiciado. 

En otras palabras, la consignación del Ministerio Público con solicitud de orden de 

aprehensión y la que realiza con petición de orden de comparecencia, deben 

reunir similares requisitos. La diferencia es que, respecto de la primera, el delito 

materia de la consignación deberá tener señalada en la ley, cuando menos, pena 

privativa de libertad y, en la otra, pena alternativa o diferente a la de prisión. 

Cabe también hacer notar que los presupuestos generales de la acción a que nos 

estamos refiriendo y que constituyen la condición para que el Ministerio Público 

esté en aptitud de ejercitar la acción penal, son los mismos que, en su momento, 

deberá constatar el juez que están probados para determinar si libra o no, la orden 

de aprehensión o de comparecencia, en su caso, que le solicite el Ministerio 

Público, o para resolver sobre la formal prisión o sujeción a proceso, en la 

oportunidad procesal de esta forma, nos remitimos a lo que ahí se expresa sobre 

este punto. 

Consignación con detenido. Flagrante delito y casos urgentes. La 

cuasiflagrancia. La consignación con detenido la realiza el Ministerio Público 



108




Sobra decir que si en ese tiempo no se integra la averiguación previa, el Ministerio 

Público tendrá que ordenar la libertad del detenido. 

En ese caso, el órgano de la acusación podrá optar entre proseguir la 

averiguación previa, sin detenido y por tanto sin limitación por cuanto al tiempo, o 

bien solicitar el arraigo del indiciado. 

El artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, publicada en el 

Diario Oficial de 7 de noviembre de 1996, define y extiende el concepto de 

delincuencia organizada, así: “Cuando tres o más personas acuerden organizarse 

o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por 

sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los 

delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la 

delincuencia organizada: I. Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafo primero; 

contra la salud, previsto en los artículo 194 y 195, párrafo primero; falsificación o 

alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 bis, todos del Código 

Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República 

en Materia de Fuero Federal; II. Acopio y tráfico de armas, previstos en los 

artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; III. Tráfico 

de Indocumentados, previsto en el artículo 138 de la Ley General de Población; IV. 

Tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General 

de Salud, y V. Asalto, previsto en los artículos 286 y 287; secuestro, previsto en el 

artículo 366; tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter, y robo de 

vehículos, previsto en el artículo 381 bis del Código Penal para el Distrito Federal 

en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero 

Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales 

estatales.” 

Es oportuno indicar que conforme al artículo 3º de esta ley, la investigación, 

persecución, procesamiento y sanción de los delitos señalados en las fracciones I 

a IV del artículo anterior, quedan sustraídos de la legislación procesal para regirse 

sólo por aquella legislación y en cuanto a los señalados en la V sólo se regularán 

por la ley especial (LFCDO) si, además de cometerse por un miembro de la 

delincuencia organizada, el Ministerio Público Federal ejerce la facultad de 

atracción, en cuyo caso, éste y las autoridades judiciales federales serán las 

competentes para conocer de esos delitos. 

El artículo 12 de la LFCDO, se refiere a la institución del arraigo de esta manera: 

“El juez podrá dictar, a solicitud del Ministerio Público de la Federación y tomando 

en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales 

del inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización 

señalados en la solicitud, con vigilancia de la autoridad la que ejercerá el 

Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, mismo que se prolongará por 



116




el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la 

averiguación de que se trate, sin que exceda de noventa días, con el objeto de 

que el afectado participe en la aclaración de los hechos que se le imputan y pueda 

abreviarse el tiempo de arraigo. Debe recordarse que esta norma sólo regula 

casos de delincuencia organizada, aunque su manifiesta inconstitucionalidad al no 

establecerse la previa audiencia del afectado con el arraigo, además de constituir 

no sólo un acto de afectación de la libertad ambulatoria del arraigado, sino una 

verdadera restricción a la libertad en términos generales, con infracción del 

artículo 11 C, ha sido declarada por la jurisprudencia de la Suprema Corte. 

Pues bien, para ponerse a tono con esta disposición, con fecha 8 de febrero de 

1999, se publicó el decreto que reforma el artículo 133 bis del Código Federal de 

Procedimientos Penales en lo referente al arraigo. De acuerdo con la nueva 

disposición, la autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el 

arraigo domiciliario o imponer la prohibición de abandonar una demarcación 

geográfica sin su autorización, por el tiempo estrictamente indispensable – no 

excediendo de treinta días naturales en el primer caso, ni de sesenta en el otro - a 

la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal, siempre y 

cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia. Si el 

afectad solicita que queden sin efecto el levantamiento del arraigo o la prohibición 

de abandonar una demarcación geográfica la autoridad judicial decidirá, 

escuchando al Ministerio Público y al afectado, sobre si deben o no mantenerse. 

Como se advierte, aparte de que ahora se niega la audiencia al afectado antes de 

decretarse el acto autoritario – garantía que sí contemplaba la norma reformada – 

se crea además, como una nueva medida cautelar, la prohibición de que 

abandone una demarcación geográfica sin autorización judicial, ello solamente 

condicionado a que exista riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la 

justicia y eliminando la obligación, que se establecía en la disposición reformada, 

de que el Ministerio Público fundará y motivará su petición y de que tomara en 

cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales del 

inculpado. 

De igual manera, en el nuevo artículo se alude al arraigo y a la prohibición de 

abandonar una demarcación geográfica, sin mencionar la teleología que la anima, 

a la que sí hacía referencia la anterior disposición, cuando señalaba como término 

del arraigo el estrictamente indispensable para la debida integración de la 

averiguación de que se trate. 

Con mayor tino, el CDF en su artículo 270 bis, reglamenta el arraigo de esta 

manera: “Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público 

estime necesario el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características 

del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrirá al órgano 

jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para que éste, oyendo al indicado 



117




conocido criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que 

nos remitimos; sin embargo, no podríamos negar su definitividad en el caso de 

que se decretara el archivo por estar evidenciada alguna causa de extinción de la 

acción penal, pues en las otras hipótesis arriba citadas, siempre quedará la 

posibilidad de que se encuentren por el Ministerio Público elementos de prueba 

para volver a actuar en la averiguación previa, de donde se sigue la precariedad 

de la determinación de no ejercicio, en esos casos. 

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 139 CFPP, la determinación de archivo 

necesariamente tendrá que ser definitiva, lo que significa que producirá el efecto 

de impedir cabalmente el ejercicio de la acción penal respecto de los hechos que 

la motiven, si se dictare en los casos a que aluden los artículos 137 y 138 de la 

misma ley, los que expresan: “El Ministerio Público no ejercerá la acción penal: I. 

Cuando la conducta o los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito, 

conforme a la descripción típica contenida en la Ley Penal; II. Cuando se acredite 

penalmente que el inculpado no tuvo participación en la conducta o en los hechos 

punibles, y sólo por lo que respecta a aquél; III. Cuando, aun pudiendo ser 

delictivos la conducta o los hechos de que se trate, resulte imposible la prueba de 

su existencia por obstáculo material insuperable; IV. Cuando la responsabilidad 

penal se halla extinguido legalmente, en los términos del CP; y V. Cuando de las 

diligencias practicadas se desprenda plenamente que el inculpado actuó en 

circunstancias que excluyen la responsabilidad penal”. 

El otro artículo reza: “El Ministerio Público promoverá el sobreseimiento y la 

libertad absoluta del inculpado, cuando durante el proceso aparezca que la 

conducta o los hechos no son constitutivos de delito, conforme a la descripción 

típica contenida en la ley penal; que el inculpado no tuvo participación en el delito 

que se persigue; que la pretensión punitiva está legalmente extinguida, o que 

existe a favor del inculpado una causa excluyente de responsabilidad. También se 

sobreseerán los procedimientos concernientes a delitos culposos que sólo 

produzcan daño en propiedad ajena y/o lesiones de las comprendidas en los 

artículos 289 y 290 CPF, si se cubre la reparación del daño causado a la víctima u 

ofendido y el inculpado no hubiere abandonado a aquellas ni actuando hallándose 

en estado de ebriedad o bajo el efecto de estupefacientes o psicotrópicos. Lo 

anterior no se concederá cuando se trate de culpa que se califique de grave 

conforme a la parte conducente del artículo 60 CPF. 

Conforme al artículo 7º Fracción III del Código de Procedimientos Penales del 

Estado procede el Archivo o No ejercicio de la Acción penal, previa autorización 

del Subprocurador respectivo, en los siguientes casos: 

a) Cuando la conducta materia de la indagatoria no sea constitutiva de delito, de 

conformidad a la descripción típica contenida en la Ley Penal; 



120

OBJETIVOS: 




UNIDAD 03 

PERIODO DE PREPARACION DEL PROCESO 

(De la Iniciación del Proceso al Auto de Formal Prisión) 


• Comprenderá los efectos del ejercicio de la Acción Penal 

ante el Órgano Jurisdiccional. 

• Determinará cuando, cómo y por qué razones se da el 

inicio de un Proceso Penal. 

• Explicará el por qué sin la existencia de este periodo, 

actualmente, no se puede abrir un Proceso Penal. 

TEMARIO 

3.1. CONSIGNACION CON DETENIDO Y SIN DETENIDO, Y SUS 

EFECTOS PROCESALES. 

3.2. DECLARACIÓN PREPARATORIA DEL INCULPADO Y SUS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES. 

3.3. RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. 



128




3.1. Consignación con Detenido y sin Detenido. Auto de 

Radicación. 

Auto de radicación 

Concepto de radicación 

El ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, obliga al órgano 

jurisdiccional a resolver sobre la petición que aquel deduce. Al recibir el juez la 

consignación, dictará auto de radicación, en el que resolverá si el ejercicio de la 

acción penal reúne o no los requisitos del artículo 16 constitucional. 

Este auto sujeta a las partes y a los terceros al órgano jurisdiccional e inicia el 

periodo de preparación del proceso. A partir del momento en que se reciba la 

consignación con detenido, el juez dispone de 48 horas para tomar, la declaración 

preparatoria del consignado, y cuenta con otro termino de 72 horas para resolver 

si se decreta la formal prisión o la libertad de aquel. 

Radicación con detenido y sus efectos 

El juez examinará si la consignación reúne los requisitos del 16 constitucional y en 

caso afirmativo decretará la detención del consignado, se dice que se decretará a 

pesar de que este ya esta privado de la libertad, porque la única decisión que 

justifica esa privación de la libertad y crea el estado jurídico respectivo, es el auto 

del juez. Si no están reunidos los requisitos constitucionales, el juez decretará la 

inmediata libertad del consignado. 

Radicación sin detenido y sus efectos 

Si el Ministerio Público consigna sin detenido, pero pide la detención o 

comparecencia del sujeto pasivo de la acción penal, el juez decidirá para 

concederlas o negarlas, en sus respectivos casos, si la consignación reúne o no 

los requisitos del artículo 16 constitucional. 

Requisitos Constitucionales y Reglamentarias para la Autorización o 

ratificación de: 

Orden de Aprehensión o Reaprehensión 

De acuerdo al artículo 16 Constitucional “. . .no podrá librarse orden de 

aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de 

un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena 



129




A partir de ahora, todos los actos, incluyendo dicho auto de inicio, serán presididos 

por la autoridad jurisdiccional. El auto de inicio (mal llamado por algunos auto 

cabeza de proceso, como si la sentencia fuera la cola del mismo) constituye una 

resolución judicial que no tiene una forma sacramental de expresarse, pero que 

habrá de dictar el juez, en el orden común, inmediatamente después de recibida la 

consignación, a menos que se trate de delito grave, pues entonces deberá dictarlo 

de inmediato, como también habrá de hacerlo de inmediato, si la consignación se 

hizo con detenido (artículo 134 párrafo segundo CFPP). El incumplimiento, da 

derecho al Ministerio Público para formular queja ante el superior jerárquico del 

juez remiso. 

Efectos del auto de radicación. Entre otros, son: desde luego, inicia el 

procedimiento penal de preinstrucción; fija la jurisdicción el juez, que se traduce en 

el poder deber, de que ante él se siga el proceso; vincula también a las partes con 

juez, para que de manera obligatoria, realicen ante él los actos característicos de 

acusación y defensa y a partir de dicho auto. El ministerio Público perderá su 

carácter de autoridad, para convertirse sólo en una parte procesal. 

Otros efectos del auto de radicación, se producirán según que la consignación que 

la consignación se haya hecho con o sin detenido. 

Consignación con Detenido 

En la consignación con detenido, el juez tendrá que dictar de inmediato auto de 

radicación y el inculpado quedará a su disposición, para todos los efectos 

constitucionales y legales (fundamentalmente para el cómputo del término 

constitucional) desde el momento mismo en que el Ministerio Público lo interne en 

el reclusorio o centro de salud que corresponda, dejando constancia de que quedó 

el detenido a disposición de la autoridad judicial, y entregará copia de ella al 

encargado del reclusorio o centro de salud, quien asentará el día y hora de 

recepción. 197 párrafo segundo CFPP 

El párrafo sexto del artículo 16 C., ordena como un acto crucial, que al recibir la 

consignación con detenido, el juez ratifique la detención que ordenó el Ministerio 

Público, si ésta fue realizada en flagrancia o caso urgente, conforme a la ley; en 

caso contrario, debe decretar la libertad del detenido, con las reservas de ley 

(artículos 134 párrafo tercero y 268 bis infine CDF). 

Si la detención que realizó el Ministerio Público, excedió los plazos establecidos 

en el artículo 16 C., se presumirá que el inculpado estuvo incomunicado, y 

carecerán por ello de validez, las declaraciones que haya emitido. 

(134 párrafo segundo CDF y 134 párrafo cuarto CFPP). 



135




veinticuatro horas contadas también a partir de la radicación. (142 párrafo tercero 

CFPP y 286 bis in fine CDF) 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA OBSEQUIAR LA ORDEN DE 

APREHENSIÓN, EN LAS CONSIGNACIONES SIN DETENIDO Conforme hemos 

visto con anterioridad el artículo 16 C, regula lo que la doctrina denomina 

presupuestos generales de la acción penal, y que se traducen en los requisitos 

que deberá satisfacer el Ministerio Público, para estar en aptitud legal de ejercitar 

la acción penal: 

A) La existencia de una denuncia o querella ; 

B) Que esa denuncia o querella, se refieran a hechos señalados en la ley 

como delitos ; 

C) Que la pena con la que se sancionen, sea cuando menos la privativa de 

libertad ; 

D) Que existan datos que acreditan el cuerpo del delito; y 

E) Que existan datos que acrediten la probable responsabilidad del indiciado. 

Pues bien, estos son los mismos requisitos que habrá de satisfacer el juez, para el 

dictado de la orden de aprehensión. 

Como ya hicimos referencia a algunos de estos presupuestos de la acción al 

hablar de la averiguación es la oportunidad para aludir a los restantes. 

En efecto, la denuncia o la querella que antes nos detuvimos a explicar, deben 

referirse a hechos que se estimen como delictivos por quien los relata. Por eso, 

quien reciba la denuncia o querella, deberá prevenir a su autor para que se ajuste 

a ellos. 

Además. Los hechos relatados en la denuncia o querella, deben tener un 

señalamiento en la ley, como delitos. 

Esta constatación corresponde establecerla al Ministerio Público que, como 

órgano especializado en la investigación y persecución de los delitos, habrá de 

determinar si los hechos cuyo relato recibió del denunciante o querellante, 

efectivamente constituyen la conducta o el resultado de ésta, que la ley tipifica 

como delito. 

También, el delito deberá tener señalada en la ley cuando menos pena privativa 

de libertad, lo que alude a que existen penas más graves y menos graves que 

aquella, atendiendo a los bienes jurídicos en cada caso tutelados por la ley penal, 

aunque ya aclaramos que para el caso de que el delito tenga señalada en la ley 

una pena alternativa (prisión o multa) o una distinta de la privación de la libertad, el 

requisito o presupuesto dela acción se cumplirá, solicitando de la autoridad 

judicial, el libramiento de una orden de comparecencia, la cual permite la 



137




comprobarlo como requisito indispensable para dar cumplimiento a la norma 

constitucional. 

De un lado, en materia del fuero federal, el artículo 168 CFPP lo entiende como un 

conjunto integrado por los elementos, materiales, objetivos o externos del tipo y 

los elementos normativos si se requieren. 

De otro lado, en materia del fuero común, el artículo 122 CDF lo concibe integrado 

por los elementos objetivos, pero también por los subjetivos o normativos, según 

sea el caso y si la ley los incorpora a la descripción de la conducta prevista como 

delito. 

No obstante, como apunta con todo tino Raúl González-Salas, en realidad todos 

los tipos penales se integran con elementos objetivos y subjetivos, debiendo 

acreditarse estos últimos por el Ministerio Público como condición para el ejercicio 

de la acción penal, o por el juez para ordenar una aprehensión, decretar formal 

prisión, sujeción a proceso o bien para dictar sentencia de condena, supuesto que 

el artículo 8° CP señala que “las acciones u omisiones delictivas solamente 

pueden realizarse dolosa o culposamente ”. 

Los artículos 180 CFPP y 124 CDF, establece que para la comprobación del 

cuerpo del delito- y la probable o plena responsabilidad del inculpado, según el 

caso-, el Ministerio Público y el juez gozarán de la acción más amplia para 

emplear los medios de prueba que estimen conducentes, para el esclarecimiento 

de la verdad histórica, aunque no sean de los que define y detalla la ley, con tal 

que ésta no los repruebe. 

Sobre el punto que estudiamos el artículo 134 CFPP dice: “ en cuanto aparezca de 

la averiguación previa que se han acreditado el cuerpo del delito y la probable 

responsabilidad del indicado, en los términos del artículo 168, el Ministerio Público 

ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará, sin necesidad de 

acreditarlo plenamente la forma de realización de la conducta, los elementos 

subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las demás 

circunstancias que la ley prevea. 

No obstante lo dispuesto por la fracción II del artículo 15 CPF, el Ministerio Público 

podrá ejercitar la acción penal en los términos del párrafo procedente y en su 

caso, las excluyentes del delito que se actualicen por falta de elementos subjetivos 

del tipo, serán analizados por el juzgador después de que se haya dictado el auto 

de formal prisión o de sujeción a proceso según corresponda, sin perjuicio del 

derecho del inculpado de acreditar ante el propio Ministerio Público la inexistencia 

de los mencionados elementos subjetivos del tipo. Para el libramiento de la orden 

en el segundo párrafo del artículo 16 C. y en el 195 del presente código. 



141




El último presupuesto de la acción, cuya prueba tendrá que efectuar el Ministerio 

Público para poder establecer si ejercita la acción penal, es el concerniente a la 

demostración de la probable responsabilidad del indicado. 

La probable responsabilidad consiste en la existencia de indicios que permitan, 

fundadamente, suponer que alguien, tuvo intención culpable en el hecho delictivo. 

Suena incorrecto decir que hay probable responsabilidad cuando alguien participó 

o tuvo intervención en el delito, por que puede ser que hay probable 

responsabilidad cuando alguien participó o tuvo intervención en el delito, porque 

puede ser que efectivamente se haya intervenido o participado en el delito, sin que 

eso necesariamente determine la probable responsabilidad en su comisión, 

verbigracia, cuando esa intervención está amparada por una causa excluyente del 


El artículo 16 C. Se refiere ahora, a “probable” y no a “presunta” responsabilidad, 

seguramente para evitar la confusión que pudiera producirse al utilizar esta última 

expresión que admite múltiples acepciones. 

Es menester manejar con sumo cuidado este presupuesto de la acción, para no 

causar afectaciones innecesarias, por que la Norma Suprema no quiere que al 

concepto de la probable responsabilidad, se llegue a través de conjeturas, 

sospechas o ficciones impropias, sino precisamente por indicios, de los que se 

deduzca la culpable intervención probable del indicado. 

Tampoco habla la C. De una “posible” responsabilidad, porque aun cuando a 

primera vista pudiera entenderse que es lo mismo, lo cierto es que lo “probable” se 

halla más cerca que lo posible. Por ejemplo, es posible que reciba una herencia en 

breve, pero desgraciadamente resulta ser improbable. 

Podemos decir que lo probable, es lo posible próximo o al revés, lo posible, es lo 

probable remoto. 

En relación con estas cuestiones, resulta oportuno transcribir la jurisprudencia 

consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales 

Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo VII, página 152 : “ AUTO DE 

FORMAL PRISIÓN. LA RESPONSABILIDAD DEL IMPUTADO DEBE SER 

PROBABLE Y NO PRESUNTA. El artículo 19 constitucional exige como requisito 

de fondo que los datos que arroje la averiguación previa sean suficientes para 

hacer probable la responsabilidad del inculpado, por lo que es indebido utilizar el 

vocablo ‘presunta’, ya que esta expresión contradice abiertamente el texto de la 

norma fundamental, pues deviene en un problema de principios y no meramente 

terminológico, porque probable proviene del latín probabilis y significa aquello de 

lo que hay buenas para creer, lo que es verosímil, lo que se funda en razón 



142




comunicará la detención sin demora al superior respectivo. Finalmente, para la 

presión de funcionarios federales o locales se procederá conforme a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y las leyes orgánicas y 

reglamentarias respectivas, evitando que se sustraigan a la acción de la justicia. 

201 a 504 CFPP. 

LO ANTERIO, SE ENCUENTRA PREVISTO EN LOS ARTICULOS DEL 219 AL 

229 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE 

MICHOACAN. 

3.2. Declaración Preparatoria del Inculpado y sus Derechos 

Constitucionales. 

Concepto de Declaración Preparatoria 

Dentro de las 48 horas, contadas desde que un detenido ha quedado a disposición 

de la autoridad judicial encargada de practicar instrucción, se procederá a tomarle 

su declaración preparatoria. El objeto de la declaración preparatoria lo define la 

fracción III del artículo 20 Constitucional y es que el acusado conozca bien el 

hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo. 

El juez tiene la obligación de hacer saber al detenido en este acto: 

I. El nombre de su acusador si lo hubiere, el de los testigos que declaren en su 

contra, la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho 

punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo. 

II. La garantía de la libertad caucional en los casos en que proceda y el 

procedimiento para obtenerla. 

III. El derecho que tiene para defenderse por sí mismo o para nombrar persona de 

su confianza que lo defienda, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrara 

un defensor de oficio 

En caso de que el sujeto consignado no este en aptitud de rendir la declaración 

preparatoria se pueden considerar dos soluciones practicas, entender que se 

suspende el termino de 48 horas que señala el 20 constitucional, y por lo tanto se 

difiere la recepción de la preparatoria hasta en tanto el detenido se encuentre en 

estado de rendirla, decretar dentro del término de 72 horas, su libertad, junto con 

su detención, si están reunidos los requisitos del artículo 16 constitucional. 



145




Cuando el juez estime que el indiciado sufre de algún trastorno mental que lo 

incapacite para declarar, por la conducta que observa al practicarse la diligencia, 

determinará que el secretario haga constar dicho comportamiento; ordenará la 

suspensión de la actuación observando los lineamientos del artículo 71, y 

procederá con arreglo a lo dispuesto por los artículos 440 ó 578 según el caso. 

Si el delito no tiene señalada pena de prisión o es alternativa, a solicitud del 

Ministerio Público se librará orden de comparecencia contra el indiciado para 

tomarle declaración preparatoria, siempre que haya elementos que permitan 

presumir la existencia del delito y la probable responsabilidad del indiciado. 

Si no se atiende la orden, se hará uso de la fuerza pública para que lo presente en 

calidad de libre, es decir, sin restricción de su libertad personal, el día y hora en 

que deba practicarse la diligencia. 

Nombramiento de Defensor 

De acuerdo al artículo 238 del código del Estado, se hará saber luego, si la 

persona designada está presente, o se le mandará notificar en el domicilio que 

señale el indiciado, para que en el acto o dentro de las 24 horas siguientes, 

manifieste si acepta o no el cargo. 

En el primer caso, el defensor protestará desempeñarlo fielmente y con arreglo a 

las leyes; pero si no acepta o no comparece dentro de dicho plazo, se informará al 

indiciado con objeto de que designe otra persona. 

Cuando el indiciado no tenga persona que lo defienda o se rehuse a designar 

defensor, el juez le nombrará al de oficio adscrito al tribunal; pero si en el lugar del 

proceso no lo hay, hará recaer el nombramiento en persona idónea. 

Cuando el indiciado nombre varios defensores, procederán unidos y elegirán un 

representante para que con él se entiendan las diligencias; si no hubiere acuerdo, 

el Tribunal conferirá el cargo al primero de los señalados por el indiciado; todos 

podrán intervenir uno cada vez que corresponda oír a la defensa (143). 

El defensor puede promover todas las diligencias e intentar todos los recursos 

legales que creyere convenientes, pero no podrá desistirse de las diligencias que 

promueva ni de los recursos que interponga, sin consentimiento expreso del 

inculpado. 

Cuando no exista incompatibilidad en la defensa de varios inculpados, pueden 

tener todos un solo defensor. 



148




IV. Que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la 

probable responsabilidad del indiciado. 

4. Explica la orden de comparecencia 

El. articulo 220 del Código de Procedimientos Penales del Estado dice “si el 

Ministerio Público al promover la acción penal solicita orden de aprehensión o de 

comparecencia, el titular del órgano jurisdiccional dictará auto de inicio teniendo en 

cuenta lo establecido por las fracciones I (Iniciar el proceso inmediatamente que 

reciba la consignación) y III (Acordar se practiquen las diligencias procedentes que 

oportunamente soliciten las partes y el defensor, así como las que estime 

pertinentes para la prosecución del proceso) del artículo 219, y por separado 

resolverá si decreta o no las órdenes, en el término señalado en el artículo 158. 

Si el juez niega la orden de aprehensión o de comparecencia solicitada, el 

Ministerio Público podrá ofrecer pruebas en el proceso para satisfacer dichos 

requisitos. 

5. Explica la detención a cargo del Ministerio Publico 

Solo en casos urgentes. 

Cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de 

que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no 

se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o 

circunstancia, podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y 

expresando los indicios que motiven su proceder, así lo señala el párrafo 5° del 

artículo 16 constitucional 

6. Expón brevemente como se desarrolla el cateo. 

La orden de cateo: 

• Solo podrá ser expedida por la autoridad judicial 

• Será escrita. 

• Se expresara el lugar que ha de inspeccionarse. 

• La persona o personas que hayan de aprehenderse 

• Los objetos que se buscan. 

• A lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 

• Levantar al concluir, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos 

propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, 

por la autoridad que practique la diligencia. 

7. ¿Cuándo procede el arraigo? 



160




Procede, en la averiguación previa (por el tiempo estrictamente indispensable para 

la debida integración de la indagatoria sin exceder de treinta días prorrogables), o 

en el desarrollo del proceso penal, cuando el imputado no deba ser internado en 

prisión preventiva y se estime que existen elementos para suponer que podrá 

sustraerse a la acción de la justicia, tomando en cuenta, además, las 

características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél, el 

Ministerio Público fundada y motivadamente podrá ocurrir por escrito al órgano 

jurisdiccional solicitando el arraigo del indiciado o inculpado, según el caso; el 

tribunal resolverá en el término de veinticuatro horas sobre la medida precautoria 

requerida, y si se decreta el arraigo, éste se llevará a cabo con la vigilancia del 

Ministerio Público y sus auxiliares. 

8. Explica la finalidad del embargo precautorio. 

Para garantizar la reparación del daño. El tribunal que conozca del proceso 

ordenará el embargo precautorio de los bienes del inculpado en que pueda 

hacerse efectiva la reparación de daños y perjuicios, sin exigir caución, y fijará la 

cuantía por la que haya de practicarse la diligencia, teniendo en cuenta las 

constancias procesales. 

9. ¿Cómo se desarrolla la Declaración preparatoria? 

Se tomará dentro de las 48 horas, contadas desde que un detenido ha quedado a 

disposición de la autoridad judicial. Para que el acusado conozca bien el hecho 


El juez tiene la obligación de hacer saber al detenido en este acto: 

I. El nombre de su acusador si lo hubiere, el de los testigos que declaren en su 

contra, la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho 


II. La garantía de la libertad caucional en los casos en que proceda y el 

procedimiento para obtenerla. 

III. El derecho que tiene para defenderse por sí mismo o para nombrar persona de 

su confianza que lo defienda, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrara 

un defensor de oficio 

10. ¿Cuáles son los requisitos para dictar Auto de formal prisión? 

I. Que estén comprobados los elementos de un tipo que tenga señalada pena 

corporal.. 



161




Inicia al dictar formal prisión o sujeción a proceso, si el juez estima que se 

justifican las hipótesis mencionadas en el párrafo anterior, de oficio declarará 

abierto el procedimiento sumario y lo hará saber a las partes y al defensor por 

medio de la notificación personal de la resolución del término constitucional. 

Sin embargo, en el auto de formal prisión necesariamente se revocará la 

declaración de apertura del procedimiento sumario, para seguir el ordinario 

cuando así lo soliciten el inculpado o su defensor, en este caso con ratificación del 

primero, dentro de los 3 días siguientes de notificado el auto relativo, que incluirá 

la información del derecho aquí consignado. 

El periodo de instrucción se dará si no hay oposición para el seguimiento del juicio 

sumario, las partes y el defensor dispondrán de 3 días comunes, contados desde 

el vencimiento del plazo señalado en el párrafo anterior, para proponer pruebas 

que se desahogarán en la audiencia principal. 

En el auto que resuelva sobre la admisión de pruebas se señalará fecha para la 

celebración de la audiencia, la cual se realizará dentro de los 5 días hábiles 

siguientes. 

En la audiencia se seguirá el procedimiento de estilo y se llevará a cabo la 

recepción de pruebas; una vez terminada ésta, las partes y el defensor deberán 

formular verbalmente sus conclusiones, cuyos puntos esenciales se harán constar 

en el acta de audiencia. 

El Juez podrá dictar sentencia en la misma audiencia o disponer de un término de 

tres días. 

Al procedimiento sumario son aplicables, en lo conducente, las normas del 

proceso ordinario previstas y en general, las disposiciones del Código del estado. 

Procesos Especiales 

Jurado Popular 

Tiene la misión de resolver por medio de su veredicto, las cuestiones de hecho 

que con arreglo a la ley le someta el juez del proceso. 

El jurado se compondrá de siete individuos en la capital y de cinco en los distritos. 

La competencia del jurado, conocerá de los delitos cometidos por medio de la 

prensa contra el orden público o la seguridad interior del Estado. 



165




En los procesos de competencia de los jueces municipales, el término probatorio 

será de treinta días hábiles improrrogables, y empezará a correr un día después 

de que se notifique el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si antes el 

juez estima que se encuentran reunidos los elementos probatorios necesarios 

para dictar sentencia, dará vista al Ministerio Público para que formule 

conclusiones. 

Los relativo a las secciones de conclusiones y audiencia final, para los tribunales 

de primera instancia, son aplicables al proceso penal en los juzgados municipales; 

pero los plazos para formular conclusiones concedidos a las partes y a la defensa, 

serán de cinco días, plazo que será común para el acusado y su defensor y la 

audiencia final deberá concluir el mismo día en que se inicie. 

Celebrada la audiencia final, el juez dictará sentencia dentro del plazo de diez 

días, independientemente de las, fojas de que conste el expediente. 

Contra los autos de los jueces municipales, sólo procede el recurso de revocación, 

con excepción de los autos de formal prisión, de sujeción a proceso, de libertad 

por falta de pruebas para procesar, los que concedan o nieguen la libertad por 

desvanecimiento de datos y sentencias, respecto de los cuales no es admisible 

ningún recurso. 

Menores e Inimputables 

Comprobación del trastorno mental. Si el inculpado en el momento de ejecutar un 

hecho o de incurrir en una omisión calificados como delito, sufría de trastorno 

mental suficiente para ser considerado causa de inimputabilidad, y continua ese 

estado al tramitarse el proceso, el tribunal ordenará inmediatamente que se 

examine al afectado por peritos médicos, sin suspender la tramitación del proceso. 

Si existe motivo fundado, se dispondrá la internación provisional del inculpado, en 

lugar o institución adecuada. 

Si con el dictamen de los peritos y las demás pruebas que existan en el proceso, 

se acredita que el inculpado al momento de la perpetración del injusto penal sufría 

trastorno mental y que éste es causa de inimputabilidad, el tribunal dictará auto de 

sobreseimiento. 

Cuando se compruebe la infracción a la ley penal y que en ella participó el 

enfermo mental, previa solicitud del Ministerio Público y con audiencia de éste, del 

defensor y del representante legal, si los tuviere, el tribunal resolverá el, caso con 

arreglo a lo dispuesto por los artículos 23 fracción XV, 66 y 69 del Código Penal 

del Estado 



167




ellos recae esa carga. Los hechos afirmados por el ofendido por el delito, no 

deben ser probados por éste sino por el Ministerio Público. En la reparación del 

daño exigible a terceras personas distintas del procesado, en los que se reclama 

responsabilidad civil, la carga de la prueba recae íntegramente sobre el actor. 

En consecuencia si el Ministerio Público nada prueba, el procesado debe ser 

absuelto, aunque no se haya defendido. 

Ofrecimiento, Admisión y Desahogo de prueba 

En la instrucción, se ofrecerán las pruebas, se admitirán por el órgano 

jurisdiccional y se procederá a su desahogo en el proceso, pudiendo realizarse 

esa actividad en un tiempo breve o en uno mayor; según se tramite el juicio de 

manera sumaria u ordinaria. 

La aceptación de de pruebas corresponde al órgano jurisdiccional. 

Son admisibles todo tipo de pruebas, aunque no estén reguladas por la ley 

siempre y cuando no sean contrarias a derecho. El juez no debe rechazar los 

medios probatorios que aporten las partes ya que la fracción V del artículo 20 

constitucional es clara en cuanto a que nos señala condición alguna para la 

aceptación de pruebas. 

De acuerdo con el Código de Michoacán en su articulo 259 el término probatorio 

consiste: en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, se ordenará poner 

la causa a la vista de las partes y la defensa en una audiencia que se celebrará 

dentro de los quince días siguientes a la notificación de dichos autos, para que 

propongan las pruebas que estimen pertinentes, las que admitidas se 

desahogarán en los treinta días posteriores. 

4.3. Medios de Prueba. 

Confesión 

Confesar es admitir las propias culpas. 

Jurídicamente la confesión es el reconocimiento de haber participado en alguna 

forma, en la comisión de un hecho delictivo. 12 Nuestra legislación estatal la define: 

la confesión es la declaración voluntaria hecha por persona mayor de dieciséis 

12 Julio A. Hernández Pliego, Programa de Derecho Procesal Penal, Edit. Porrua, México 1998, Pág. 184 



170




años, en pleno uso de sus facultades mentales, rendida ante el Ministerio Público, 

el juez o tribunal de la causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo delictivo 

materia de la imputación, emitida con las formalidades señaladas por el artículo 20 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El articulo mencionado con anterioridad (habla de las garantías del procesado) en 

su fracción II, reconoce la de que no se le podrá obligar a declarar, prohibiendo 

toda comunicación, intimidación o tortura, que serán sancionadas por la ley penal 

y establece categóricamente que la confesión rendida ante cualquier autoridad del 

Ministerio Público o del juez, o ante estos sin asistencia del defensor, carecerá de 

todo valor probatorio 

La confesión judicial se admitirá en cualquier estado del proceso penal, hasta 

antes de que se pronuncie sentencia que cause ejecutoria. 

Confesión calificada: La clasificación de la confesión por la autoridad ante quien se 

emite sería: 

1. La judicial, que es la rendida ante el órgano jurisdiccional 

2. La ministerial o extrajudicial, que recibe el órgano de la acusación 

durante la averiguación previa. 

También se hace la distinción entre: 

a) La confesión lisa o llana, en la que el inculpado formula un reconocimiento 

incondicionado de su culpabilidad. 

b) La confesión calificada, en la que su autor, acerca a la confesión, alguna 

causa que excluye el delito o bien alguna circunstancia que atempera la 

pena. Por ejemplo cuando una persona priva de la vida a otra en legítima 

defensa esta sería una circunstancia excluyente de delito. 

La confesión calificada también se puede clasificar en: 

a) Divisible, cuando el inculpado no prueba la causa excluyente del delito. La 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia permite que la autoridad al 

valorar la prueba, tome en cuenta solamente la parte de de la confesión que 

perjudica a su autor. 

b) Indivisible, se da cuando el inculpado acredita la parte que añadió a su 

confesión para calificarla, es decir deberá probar que el delito lo cometió en 

legítima defensa. 

Confesión ficta: Esta confesión es mas propia del juicio civil se manifiesta como “el 

que calla otorga” y tiene lugar cuando no se obtiene respuesta del demandado. 



171




Por definición legal la confesión en materia penal debe ser expresa acatando el 

principio de inocencia reconocido universalmente, deberá estimársele inocente 

mientras no se le pruebe culpabilidad. 

Retractación: Significa el desconocimiento de la inicial declaración. 

Las declaraciones iniciales del inculpado, revisten mayor fuerza probatoria que las 

ulteriores, esencialmente por estar mas próximas a los hechos, y por estimarse 

rendidas sin tiempo suficiente para aleccionamientos o reflexiones defensistas. 

Es posible reconocer valor probatorio a la retractación siempre y cuando se le 

reconozca valor probatorio, acorde al criterio de la Suprema Corte de Justicia, se 

acredite: 

El motivo alegado para retractarse 

La nueva versión que sustituye a la inicial confesión. 

Inspección 

Se puede definir como la percepción, examen y descripción directamente por parte 

de la autoridad, de personas, cosas, lugares, huellas y otros efectos materiales del 

delito, considerando que la ley procesal autoriza inspeccionar todo aquello que 

pueda ser apreciado por la autoridad que conozca del caso. 13 

Si el delito deja huellas materiales, se procederá a inspeccionar el lugar en que se 

cometió, el instrumento empleado y los demás objetos y lugares que puedan tener 

importancia para el esclarecimiento de los hechos. 

El tribunal, cuando lo considere útil, podrá proceder a la inspección corporal del 

inculpado, cuidando de que el pudor de la persona sea respetado, dentro de los 

límites de lo posible. Podrá efectuar la inspección corporal de otra persona en los 

casos de grave y fundada sospecha o de absoluta necesidad, siempre con la 

limitación expresada. En tales casos, se permitirá que asista a la inspección una 

persona de confianza de quien sea sometido a ella, cuando éste lo solicite. 

La inspección judicial podrá practicarse de oficio, a petición de las partes o del 

defensor. Podrán concurrir a ella los interesados y hacer las observaciones que 

estimen convenientes. Además, el juez procurará auxiliarse de peritos, siempre 

que sea necesario dictaminar sobre las personas, lugares u objetos que se vayan 

a inspeccionar. 

13 Idem. Pág. 221 



172




El juez, a propuesta de las partes y del defensor, nombrará los peritos. Serán dos 

o más, pero bastará uno si no hay otros que puedan ser designados, o cuando el 

caso sea urgente. 

Las partes y el defensor tienen derecho a solicitar del juez la prueba pericial y a 

formular a los peritos las preguntas que sean pertinentes. 

Requisitos de los peritos. Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte 

relativo al punto sobre el cual dictaminarán, si el ejercicio de su profesión está 

reglamentado; de lo contrario, podrán nombrarse prácticos en la materia, mayores 

de veinticinco años. 

Cuando el inculpado pertenezca a un grupo étnico indígena, podrán ser peritos 

prácticos, personas que pertenezcan a dicho grupo étnico indígena. Además, el 

tribunal procurará allegarse dictámenes periciales a fin de ahondar en el 

conocimiento de su personalidad para captar su diferencia cultural respecto a la 

cultura media nacional. 

Peritos prácticos. Cuando no haya peritos con título oficial en el lugar en que se 

siga el proceso, se conferirá el cargo a prácticos; pero en tal caso, si el ejercicio de 

la profesión está reglamentado, se librará exhorto al tribunal del lugar en que 

exista, para que en vista del dictamen emitido y demás constancias que se envíen, 

expresen los titulados su opinión. 

Si no hubiere peritos oficiales, preferentemente se nombrarán de entre las 

personas idóneas que presten servicios al Estado, a los municipios o a 

organismos descentralizados. Si no hubiere personas idóneas, el juez podrá 

nombrar otra a propuesta de las partes y el defensor. 

No pueden ser peritos: 

Las personas que hayan intervenido en el procedimiento como testigos e 

intérpretes 

Los que deban guardar secreto profesional de carácter científico o 

intelectual 

Las condenadas por delitos contra el patrimonio 

Cualquier delito que este tipificado contra la administración de la justicia 

No tendrán valor legal los dictámenes de los peritos que no sean oficiales o 

prácticos. 

Los peritos, al aceptar el cargo, tienen obligación de protestar su fiel desempeño, 

excepto los oficiales. En casos urgentes lo harán al producir o ratificar su 

dictamen. 



175




El tribunal fijará a los peritos el tiempo en que deban cumplir su cometido. Si 

transcurrido ese tiempo no presentan su dictamen, se hará uso de los medios de 

apremio. Si aún así no lo emite, se informará al Ministerio Público para que 

proceda como corresponda (147 del Código Penal). 

Siempre que los lesionados sean atendidos en hospitales públicos, los médicos de 

éstos se tendrán por nombrados peritos oficiales. Sin embargo, la autoridad podrá 

designar otros para que hagan la descripción y clasificación legal de las lesiones. 

La necropsia de los cadáveres de personas que hayan fallecido en un hospital 

público, a causa de delito, será practicada por los médicos del establecimiento. No 

obstante, la autoridad podrá nombrar otros si lo juzga conveniente. 

El juez, cuando considere útil, podrá asistir al trabajo de los peritos, hacer a éstos 

las preguntas que estime procedentes y autorizarlos para que examinen el 

proceso, asistan a la declaración del inculpado y a la de los testigos. 

Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte 

le sugiera, y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a 

su dictamen. 

Los peritos emitirán su dictamen por escrito, y lo ratificarán ante el juez del 

proceso cuando éste lo estime pertinente. 

Si el tribunal ordena que los peritos psiquiatras examinen al inculpado, siempre les 

preguntará si éste tenía capacidad de entender y de querer cuando cometió el 

hecho tipificado como delito, y si el enfermo es socialmente peligroso. En esta 

diligencia el juez, las partes y el defensor podrán formular preguntas a los peritos. 

Cuando se niegue o ponga en duda la autenticidad de un documento, podrá 

decretarse el cotejo de firmas, letras o huellas a través de peritos. 

Se consideran indubitados para el cotejo: los documentos que las partes 

reconozcan como tales, de común acuerdo; los documentos cuya letra, firma o 

huella digital haya sido reconocida en juicio; el escrito impugnado, en la parte en 

que reconozca la letra como suya aquél a quién perjudique; las firmas o huellas 

digitales puestas en actuaciones judiciales y ante cualquier funcionario investido 

de fe pública; y las muestras escritúrales que sean tomadas por los peritos 

directamente a quien se atribuya su autoría. 

El tribunal podrá ordenar que se le remitan los documentos que estén en poder de 

funcionarios públicos, o que se muestren a los peritos para que éstos puedan 

examinarlos. Si los documentos se encuentran en poder de un particular, el 



176

Confrontación 




Es una prueba auxiliar que permite la identificación, no sólo por su nombre, sino 

físicamente, de los participantes en el proceso penal para descubrir si realmente 

se les conoce o no. 15 

Procede cuando el que declare no pueda dar noticia exacta de la persona a quién 

se refiera, pero exprese que podrá reconocerla si se le presenta, o asegura 

conocer a una persona y existan motivos para sospechar que no la conoce. 

Antes de realizarla se deberán tomar las siguientes medidas: 

I. Que la persona objeto de la confrontación no se disfrace, ni se 

desfigure, ni borre las huellas o señales que puedan servir al que 

tiene que señalarla. 

II. Que esté acompañada de otras vestidas con ropas semejantes y 

aún con las mismas señas si fuere posible. 

III. Que los individuos que acompañen a la persona que va a 

confrontarse, sean de clase análoga, teniendo en cuenta su 

educación y circunstancias especiales. 

El que deba ser confrontado podrá elegir el sitio en que quiera colocarse con 

relación a los que lo acompañen, y pedir que se excluya del grupo, a cualquier 

persona que le parezca sospechosa, pero el tribunal podrá limitar prudentemente 

el uso de este derecho cuando lo estime malicioso. 

Forma de la confrontación. 

Se colocará en una fila de cuando menos seis personas, a aquella que será 

confrontada. Se tomará al declarante la protesta de decir verdad y se le 

interrogará: 

I. Si persiste en su declaración anterior. 

II. Si conoció a la persona a quien atribuye el hecho, en el momento de 

ejecutar éste, o si la conoció con anterioridad. 

III. Si después de la ejecución del hecho la ha visto, en qué lugar, porqué 

motivo y con qué fin. 

Se conducirá al declarante frente a las personas que formen la fila; se le permitirá 

verlas detenidamente y se le prevendrá que toque con la mano a la que 

reconozca, manifestando las diferencias o semejanzas que advierta entre su 

15 Idem., Pág. 209 



179




Los tribunales deberán valorar las pruebas separadamente y examinar su 

concordancia, tomando en consideración los principios de la sana crítica, y 

expondrán en sus resoluciones los razonamientos que hayan tenido en cuenta 

para hacer la valoración. 

Documentos públicos. 

Los documentos públicos hacen prueba plena, salvo el derecho de las partes para 

objetarlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con los originales 

existentes en los archivos. 

Documentos privados. 

Los documentos privados hacen prueba plena contra su autor, cuando los 

reconozca ante la autoridad; si no los objeta a pesar de saber que obran en el 

proceso; o cuando no justifique la objeción que oponga si ésta no consiste en el 

desconocimiento absoluto del documento. Los provenientes de un tercero serán 

estimados como indicios, siempre y cuando no sean objetados fundada y 

motivadamente. 

Inspección y careos. 

La inspección y el resultado de los careos, harán prueba plena siempre que se 

practiquen con los requisitos legales. 

En el momento procesal oportuno el tribunal valorará los resultados de la 

reconstrucción de hechos, y bajo su prudente criterio le concederá o negará 

fundadamente eficacia legal. 

Confesión. 

La confesión ante el Ministerio Público y ante el juez hará prueba plena si se 

reúnen los siguientes requisitos: 

I. Que esté plenamente probada la existencia del delito; 

II. Que sea hecha por persona mayor de dieciséis años, con pleno conocimiento y 

sin coacción ni violencia; 

III. Que sea hecha ante el Ministerio Público o el tribunal de la causa y en 

presencia de defensor o persona de su confianza, pero no podrá producir ni 

inducir las respuestas de su asistido; 

IV. Que el inculpado esté debidamente enterado del procedimiento y del proceso. 

No podrá consignarse a ninguna persona, si existe como única prueba la 

confesión. La Policía Ministerial podrá rendir informes, pero no obtener 

confesiones; si lo hace, éstas carecerán de todo valor probatorio; y, 

V. Que no haya datos que la hagan inverosímil, a juicio del tribunal. 



183




Confesión calificada. 

Hará prueba plena si no es inverosímil o si no existen otros medios de convicción 

que justifiquen lo contrario. 

Si existen pruebas que afecten la credibilidad de la confesión calificada, el 

inculpado deberá acreditar las circunstancias que alegue, pues en caso contrario 

se podrá tener por cierto únicamente lo que le perjudique. 

Testigos. 

Para valorar las declaraciones de los testigos se tomará en consideración: 

I. Que por su edad, capacidad e instrucción, tengan el criterio necesario para 

juzgar del acto. 

II. Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes 

personales, tengan completa imparcialidad. 

III. Que el hecho de que se trate sea susceptible de ser conocido por medio de los 

sentidos y que los testigos lo conozcan por sí mismos, especialmente por haberlo 

visto u oído. 

IV. Que las declaraciones sean claras y precisas, sin dudas ni reticencias, ya 

sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus accidentes. 

V. Que no hayan sido obligados a declarar por fuerza o miedo, ni impulsados por 

engaño, error o soborno. 

Retractaciones. 

Para que tengan eficacia legal las retractaciones del ofendido, inculpado y de los 

testigos, será necesario que estén justificados los motivos en que se funden. 

Prueba pericial. 

Se concederá eficacia legal a los dictámenes periciales cuando justifiquen los 

requisitos procesales. 

Cierre de Instrucción y sus efectos 

Concluidos los plazos señalados con anterioridad para el termino probatorio, o 

antes si estuviesen reunidos todos los medios de convicción, el juez dará por 

finalizado el término probatorio y requerirá a las partes y al defensor para que en 

el plazo de tres días manifiesten si tienen alguna prueba más que ofrecer. 

Si las partes y el defensor al contestar el requerimiento ofrecieren pruebas, 

determinarán éstas de modo preciso, y el juez, si las estima pertinentes, 

concederá un plazo adicional no mayor de diez días para recibirlas. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 04. 

INSTRUCCIÓN O PERIODO PROBATORIO. 



184

5.1. CONCLUSIONES. 




Son las que formula una vez terminada la instrucción en el proceso penal, para 

establecer su posición definitiva respecto a la existencia, clasificación del delito, 

así como en relación con la responsabilidad del inculpado; las que deben de servir 

de base a la resolución del juzgador. 

El ordenamiento jurídico mexicano se apoya en la interpretación legislativa y 

jurisprudencia del artículo 21 de la Constitución, sobre el monopolio del ejercicio 

de la acción penal. Las conclusiones asumen particular importancia al cerrarse la 

instrucción en el proceso penal, ya que de acuerdo con ellas debe de resolver el 

Tribunal. 

El Ministerio Público puede adoptar dos posiciones diversas, es decir, puede 

presentar conclusiones ACUSATORIAS, o NO ACUSATORIAS, pero en las dos 

hipótesis debe hacer una exposición sucinta y metódica de los hechos 

conducentes e invocar las disposiciones leales y doctrinales aplicables. 

En el supuesto de que las conclusiones sean de no acusación, o tratándose de 

aquellas que en opinión del tribunal sean contrarias a las constancias de autos, el 

mismo juzgador debe de dar vista al Procurador General de Justicia respectivo, a 

fin de que, en su calidad de Jefe del ministerio Público y oyendo el parecer de sus 

agentes, determine si se confirman o modifican las conclusiones presentadas por 

aquél que intervino en el proceso respectivo 

Si el citado Procurador confirma las conclusiones no acusatorias, las que 

equivalen a un desistimiento, el Juez debe de sobreseer el proceso y ordena la 

libertad definitiva del inculpado, ya que dicha resolución tiene efectos de una 

sentencia absolutoria firme. 

Si las conclusiones son acusatorias, el Ministerio Público debe determinar las 

proposiciones concretas relativas a los hechos punibles que atribuye al inculpado, 

señalando los elementos constitutivos del delito y las circunstancias que deben 

tomarse en cuenta para la imposición de las sanciones correspondientes, 

incluyendo la reparación del daño cuando proceda, además de indicar en sus 

conclusiones acusatorias los elementos necesarios para la individualización de la 

pena. 

En las propias conclusiones el Ministerio Público fija de manera definitiva los 

términos de la acusación, con la facultad de reclasificar la tipificación de los 

hechos delictuosos de acuerdo con los resultados de la instrucción, siempre que 

no altere los mismos hechos por lo que el Juez debe circunscribirse a los límites 



188




RUTA DE SEGUIMIENTO DE CONCLUSIONES EN LA PRIMERA 

INSTANCIA 

CONCLUSIONES DE 

LA INSTRUCCIÓN 

¿Son acusatorias o 

No acusatorias? 

SI 

NOTIFICACIÓN Y 

TRASLADO A LA 

DEFENSA 



Apertura del proceso principal 

y traslado al MP para que 

presente conclusiones. 

El M.P. 

No 

Presentó 

Envío al procurador 

para suplir deficiencia 

Revisión 

Y corrección 

Por 

PROCURADURIA 

192




Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretaria: Gloria Rancel del Valle. 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: V, Enero de 1997 

Tesis: VI.2º.J/86 

Página: 397 

VIOLACIÓN, ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE. Los elementos que 

constituyen el delito de violación lo son: a)La cópula, que es cualquier forma de ayuntamiento 

carnal o conjunción sexual, con eyaculación o sin ella, y sin importar el sexo; b) Empleo de 

violencia física que es la fuerza material en el cuerpo del ofendido que anula su resistencia, 

tales como golpes, heridas, ataduras o sujeción por terceros u otras acciones de tal ímpetu 

material que obligan a la víctima, contra su voluntad, a dejar copularse; o bien de violencia 

moral, que no es otra cosa mas que el empleo de amagos o amenazas de males graves que, 

por la intimidación que producen, impiden resistir el ayuntamiento; y c) Ausencia de voluntad 

del ofendido, es decir, la falta de consentimiento del agraviado para el ayuntamiento carnal. 

Por otro lado, lo anterior se robustece con el testimonio de los testigos de cargo que 

vertieron su declaración ante el agente del ministerio Público Investigador sobre la manera por 

la cual se dieron cuenta de cómo sucedieron los hechos delictivos que se le imputan al 

Acusado, testimoniales que se les debe dar pleno valor probatorio, ya que provienen de 

personas que por su capacidad e instrucción tiene el criterio suficiente para juzgar el acto, los 

cuales declarar de viva voz en forma clara sin dudas ni reticencias, sobre el tiempo, lugar y 

modo de comisión del delito y además se aprecia que se condujeron con absoluta verdad, 

advirtiéndose que no fueron obligadas a declarar por fuerza o miedo, ni impulsadas por engaño 

error o soborno y además por su independencia posición y antec4edentes penales se aprecia 

que se condujeron con absoluta imparcialidad y que el hecho de que se trata es susceptible de 

ser conocido mediante los sentidos especialmente por haberlo visto u oído, esto tal y como lo 

establece el artículo 331 del Código de Procedimientos Penales del Estado; sustentándose la 

siguiente jurisprudencial primero citado en la tesis número 325 que se consulta en la página 

195 del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo II en matera penal 

que a la letra dice: TESTIGOS, APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las 

declaraciones de quienes atestigüen en proceso penal deben valorarse por la autoridad 

jurisdiccional teniendo en cuenta los elementos de interpretación concretamente especificados 

en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias 

objetivas y subjetivas que mediante un proceso lógico y correcto raciocinio, conduzca a 

determinar la mendacidad o veracidad del testimonio subjudice. Con lo anterior se encuentra 

debidamente acreditada la plena responsabilidad penal del acusado EMILIO--------, en la 

comisión de delito de VIOLACIÓN cometido en perjuicio de la menor ERNESTINA -------. 

TERCERA.- Habiéndose acreditado tanto el cuerpo del delito de VIOLACIÓN, así como la 

plena Responsabilidad Penal de EMILIO ----------------, en la comisión de dicho delito cometido 

en perjuicio de la menor ERNESTINA-----------, solicito a usted, C. JUEZ imponga al acusado 

de referencia la pena prevista y sancionada por el artículo 240 del Código Penal del Estado de 

Michoacán. 

CUARTA.- Solicito a su señoría que al momento de dictar sentencia dentro de la presente 

causa penal, tome en cuenta la peligrosidad del acusado ya que de autos se desprende que es 

una persona altamente peligrosa, por lo que a continuación se describen las características y 

antecedentes del inculpado: EMILIO -------- ser de 37 años de edad, unión libre, si sabe leer y 

escribir, ayudante de albañil, se ingiere bebidas embriagantes, no pertenece a ningún grupo 

étnico, profesa la religión católica, de nacionalidad mexicana y habla el castellano. 



196




La Audiencia Final, desde la Perspectiva del Código de 

Procedimientos Penales del Estado de Michoacán (Arts. 342-346). 

Citación a la Audiencia Final. 

Un día después de que se presenten las últimas, o cuando se tengan formuladas 

las de inculpabilidad, tanto del acusado como de la defensa, se ordenara citar al 

Ministerio Publico, al propio acusado y a su defensor, para la audiencia final, la 

cual deberá celebrarse dentro de los cinco días hábiles siguientes. La audiencia 

final se llevará a cabo siempre con la asistencia del Ministerio Público y del 

defensor, comparezca o no el acusado. Cuando el defensor no pueda asistir, lo 

hará saber al juez oportunamente; de lo contrario, se le pondrá multa por diez días 

de salario mínimo vigente, y si es el de oficio, además se comunicara el hecho a 

su superior inmediato. 

Celebración de la Audiencia Final. 

Constituido el tribunal en audiencia pública, se levantará el acta de la audiencia en 

la que siempre se expresaran la fecha, el nombre y apellidos de quienes tomen 

parte en ella y sus intervenciones; además, se hará constar la suspensión de la 

audiencia, cuando la haya, y la hora para continuarla. A solicitud de la parte 

interesada se desahogaran las pruebas que se hayan ofrecido oportunamente y 

no se hubieren recibido por cualquier motivo, así como las que se refieran a 

causas supervinientes, siempre que sean necesarias a criterio del juez y sea 

posible recibirlas en el mismo lugar en que se verifique la audiencia. 

Recibidas las pruebas se dará lectura a las constancias procesales que señalen 

las partes y el defensor; enseguida, el juez, el Ministerio Publico y la defensa, 

podrán interrogar al acusado, pero no estará constreñido a responder; y en 

cambio, sin estar sujeto a interrogatorio, podrá manifestar lo que a sus intereses 

convenga. Acto continúo formularán sus alegatos las partes y su defensor, 

después de lo cual el juez dará por concluida la audiencia. 

Si no es posible recibir todas las pruebas el día señalado para la audiencia, esta 

deberá suspenderse, y se reanudará el día siguiente hábil, a la hora que señale el 

juez. La audiencia solo podrá suspenderse dos veces. Debe de aclararse que a 

nivel Federal, según el artículo 306 del CFPP, sólo se podrá suspender una sola 

ocasión. 



207




ley penal, atribuyendo la responsabilidad del mismo al procesado, e imponiéndole 

la pena o medida de seguridad a que se haya hecho acreedor. 

Chiovenda dice que una vez formada la relación procesal, el juez no puede 

negarse a dictar la sentencia de fondo, sentencia que define como un acto 

mediante el cual, el órgano judicial da cumplimiento y al propio tiempo consuma, la 

obligación que nace para él con la demanda. 

Algunos autores encuentran el origen de la palabra sentencia en la expresión 

latina sentire, sentir, que es la consideración que alguien se forma de algo, 

acepción que la ley emplea para aludir a un acto de decisión, ciertamente la 

decisión última y más importante dentro del proceso, que demás, finaliza la 

instancia. 

Gonzalez Bustamante deriva la expresión del término latino sentiendo, “por que el 

tribunal declara lo que siente, según lo que resuelve en el proceso. En la acepción 

de la ley, sentencia es la decisión final del proceso que se realiza al concluir la 

instancia. Como el objeto del proceso penal se divide en principal y accesorio, 

debe ser en la sentencia donde se resuelvan las cuestiones planteadas en lo que 

se refiere a la imposición de las sanciones, como relación de derecho público o en 

lo que respecta al resarcimiento del daño que el delito hubiese causado, que 

puede ser consecuencia de una relación de derecho público o una relación de 

Derecho privado de índole puramente patrimonial”. 

Esta resolución que es al acto procesal por excelencia, representa a no dudarlo, la 

forma en que el juez ejerce cabalmente la potestad con que el estado lo ha 

ungido, pues a través de la sentencia concluye la controversia con arreglo a la 

ley, pronunciándose acerca del fondo y de los problemas accesorios que le han 

sido planteados, para tutelar el interés que la norma del derecho objetivo 

considera relevante. 

La manera en que normalmente concluye el proceso es por medio de la sentencia, 

que dirime con fuerza vinculatoria y de manera definitiva, la controversia sometida 

al conocimiento de juez penal de primer grado, contiene la condena o absolución 

del enjuiciamiento y al permitir la aplicación de la norma abstracta al caso 

concreto, dice el derecho, o sea, determina la procedencia o improcedencia de la 

pretensión punitiva estatal. 

Jorge Alberto Silva Silva estima que la sentencia es el acto y la decisión 

pronunciada por el tribunal mediante la cual da la solución al fondo controvertido. 

Es una forma compositiva del litigio. Sentencia proviene del latín sentencia, que 

significa opinión, veredicto, decisión. 



212




Según Escriche, deriva de sentiendo: lo que siente. Según las partidas, la 

sentencia es “la decisión legítima del juez sobre la causa controvertida en su 

tribunal”. La sentencia resuelve sólo el fondo controvertido, de aquí que las 

conocidas como “sentencias interlocutorias”, no sean propiamente sentencias. A 

estas interlocutorias, Fix Zamudio prefiere asignarles la naturaleza jurídica de 

autos. 

Se ha dicho que la sentencia contiene un acto de voluntad del juzgador. Otros 

autores afirman que no es acto de voluntad, si no un juicio lógico mediante el cual 

se aplica la norma general al caso concreto. Sea cual fuere la naturaleza jurídica 

(acto de voluntad o juicio lógico), la sentencia se diferencia de cualquier decisión 

de un particular, en que proviene de un órgano del Estado provisto de la específica 

facultad de decidir controversias y de la eficacia jurídica. La sentencia es un acto 

del Estado, como también lo es el legislar o ejecutar; por tanto, los particulares no 

están llamados a sentenciar. No se olvide que para poderse dictar la sentencia 

penal, deben haberse resuelto todas las cuestiones prejudiciales que se hubieren 

planteado. 

Naturaleza Jurídica de la Sentencia. 

Toda sentencia implica un juicio en el sentido de que el juez elige la solución 

correcta y que reputa por eso la justa, entre la pretensión punitiva deducida por el 

M.P y los razonamientos de la defensa. Alguna parte de la doctrina, estimada 

como la más tradicional y conservadora, considera a la sentencia solamente como 

un silogismo lógico en que la premisa mayor es la ley, la menor está representada 

por el hecho a juzgar y la conclusión, el fallo, esto es, la aplicación de la ley al 

hecho. Puede afirmarse que la sentencia está regida en un alto porcentaje por una 

operación lógica, pero también desempeña un significado papel el proceso crítico 

que ha de realizar el juez con su experiencia, para determinar el derecho aplicable 

y obtener la conclusión condigna. 

La naturaleza de la sentencia penal es mixta. Como la acción penal, es en 

términos generales, de condena, pero, al propio tiempo, declarativa, puesto que 

declara la responsabilidad penal, que es, en definitiva, el antecedente de la 

condena, es decir, de la actualización de la conminación penal sobre el sujeto 

pasivo de la acción. 

La sentencia es el acto decisorio culminante de la actividad del órgano 

jurisdiccional, el cual resuelve si actualiza o no sobre el sujeto pasivo de la acción 

penal la conminación penal establecida por la ley. La sentencia es el resultado de 

tres momentos: de crítica, de juicio y de decisión. El momento de crítica, de 

carácter, eminentemente filosófico, consiste en la operación que realiza el juez 



213




puede declarar que no se concretizó el delito. El problema de la congruencia con 

la pretensión del acusador se agrava, sobre todo cuando tenemos escritores que 

sostienen que el tribunal en sentencia sí puede ir más allá de lo pedido e incluso 

en contra de lo pedido. Al lado de la congruencia que la sentencia ha de guardar 

con elementos externos a ella (hechos, calificaciones, pretensiones) también debe 

de ser congruente consigo misma. 

Exhaustividad. Una sentencia es exhaustiva, en cuanto haya tratado todas y cada 

una de las cuestiones planteadas por las partes, sin dejar de considerar ninguna. 

La exhaustividad consiste en la obligación del juzgador de examinar todas y cada 

una de las pretensiones formuladas por las partes, es decir, todos los aspectos de 

la controversia planteada por las mismas. La exhaustividad, no puesta en 

discusión, implica que sean o no procedentes las pretensiones de las partes, 

deben estas ser examinadas. Si el defensor pretende se declare la legítima 

defensa, el tribunal, aun cuando la desestime debe, con base en la exhaustividad, 

analizarla y no omitir su estudio. 

El Código de Procedimientos Penales del Estado, menciona en sus respectivos 

artículos (156 fracc.III en adelante, 157, y 159) que las sentencias deben contener 

los siguientes apartados: 

Respecto del contenido de la sentencia (Art. 156,fracc.III en adelante) señala que 

contendrá un apartado de “resultandos”, desarrollando en uno o varios párrafos 

numerados, en los que se hará una reseña cronológica de las principales 

constancias que integren el proceso penal, con un breve extracto de las mismas, 

tales constancias deberán permitir al lector de la sentencia tener una visión 

compacta, pero completa, del contenido substancial del proceso. Las constancias 

a que debe hacerse mérito serán cuando menos, las siguientes: 

a) Fecha del auto de avocamiento con sus datos esenciales 

b) Fecha de expedición y sentido de la orden de aprehensión o 

comparecencia, si la consignación de la indagatoria fue sin detenido y su 

fecha de cumplimiento o de la comparecencia voluntaria del indiciado; 

c) Fecha de la sujeción al término constitucional; 

d) Fecha y sentido de la resolución del auto constitucional; 

e) Pruebas ofrecidas y desahogadas durante el proceso; 

f) Fecha del auto en que se declaró finalizado el tiempo útil probatorio; 

g) Fecha y sentido en que fueron emitidas las conclusiones acusatorias y 

aquellas a cargo del acusado y su defensor; y, 

h) Fecha de celebración de la audiencia final. 

Un apartado de “considerandos” que constituye la parte medular de la sentencia, 

dividido en diversos párrafos numerados, en los que, previo estudio, análisis y 

valoración de todos y cada uno de los medios de prueba relacionados con los 

diferentes temas a resolver, que a continuación se mencionan, se llegará a una 



217




determinación que se plasmará a una conclusión debidamente motivada y 

fundada. 

Los diferentes capítulos versarán sobre: 

a) La competencia del tribunal para resolver el negocio de que se trate; 

b) La comprobación o la falta de configuración de los elementos constitutivos 

del tipo penal; 

c) La demostración de la plena responsabilidad penal del acusado en la 

comisión del ilícito imputado o de su inocencia; 

d) La individualización de las penas correspondientes aplicables o la 

absolución que proceda; 

e) La determinación sobre la reparación del daño; 

f) La declaración relativa al decomiso de los instrumentos y cosas que sean 

objeto del delito, o a su devolución; 

g) La determinación sobre la concesión del beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la sanción, o en su caso, la procedencia de 

la concesión del beneficio de la conmutación de la pena corporal, si 

proceden, precisando los casos en que podrá ser revocado el primer 

beneficio mencionado; y el monto de la garantía o el de la multa 

conmutativa, para que tengan efectos el beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la sanción, o el de la conmutación de la pena 

corporal, aplicando en lo conducente las reglas del art. 549 de este Código; 

y, 

Los puntos resolutivos que procedan. 

Por su parte el Código Federal de Procedimientos Penales, expresa en su 

artículo 95, que las sentencias contendrán: 

I. El lugar en que se pronuncien; 

II. La designación del Tribunal que las dicte; 

III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de 

nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al 

que pertenece, idioma, residencia o domicilio, ocupación, oficio o profesión; 

IV. Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos 

resolutivos del auto o sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria 

de constancias; 

V. Las consideraciones, fundamentaciones y motivaciones legales de la sentencia. 

VI. La Condenación o absolución que proceda, y los demás puntos resolutivos 

correspondientes. 

Clasificación de Las sentencia. 

Las sentencias condenatorias, previa declaración de la comprobación del cuerpo 

del delito y la responsabilidad actualizan sobre el sujeto pasivo de la acción penal, 

la conminación penal establecida por la ley. Las absolutorias, por no estar 



218




También pueden clasificarse las sentencias en definitivas y firmes o ejecutorias. 

Definitivas son las que resuelven –definen- el asunto principal controvertido, y los 

accesorios a él, condenando o absolviendo al acusado y finalizando así la 

instancia. Las sentencias firmes, ejecutorias, poseen autoridad de cosa juzgada, 

res iudicata, es decir, son aquellas que fueron consentidas por las partes, o bien 

contra las que no concede la ley ningún recurso ordinario o, las sentencias 

dictadas en segunda instancia. Cosa juzgada, se refiere a la decisión inmutable e 

irrevocable; significa la inmutabilidad del mando que nace de la sentencia. 

La sentencia debe dictarse por el delito o delitos por que se haya seguido el 

proceso, es decir, por él o los señalados en el auto de formal prisión. El cambio 

de clasificación deberá sujetarse a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 160 

de la Ley de Amparo. Se sostiene, por otra parte, que el juzgador no puede 

rebasar la acusación del Ministerio Público, toda vez que rebasarla sería tanto 

como substituirle en la función persecutoria, que sólo a él compete, pero este 

criterio, aceptable en principio, debe armonizarse con el contenido del precepto de 

la Ley de Amparo, anteriormente invocado. La sentencia debe dejar abierto el 

procedimiento respecto de los procesados que, en su caso, se hubieren sustraído 

a la acción de la justicia 

Otros autores, hablan de Especie de sentencias penales. Estas pueden ser 

desestimatorias y estimatorias. La sentencia penal solo puede condenar, constituir 

o absolver. La sentencia, así, solamente puede ser condenatoria, constitutiva o 

absolutoria. Las sentencias absolutorias entran en el género de sentencias 

desestimatorias. Las sentencias condenatorias y las constitutivas son las 

estimatorias. 

Sentencias Desestimatorias y Absolutorias. El término absolutorio proviene del 

latín absolvo, absolvere, absolvi, absolutum, que significa liberar, descargar. Las 

sentencias absolutorias de la pretensión punitiva son también sentencias 

declarativas: se declara o reconoce que no existió o que el acusado no es 

responsable. 

Las sentencias absolutorias pueden ser de dos tipos: absolución plena- también 

llamada absolución definitiva, es decir, que absuelve del cargo- y absolución de la 

instancia, absolución de la demanda, absolución por insuficiencia de pruebas, 

también llamad sentencia dubitativa. En la absolución plena se desestima todo 

derecho aducido por el demandante y se provoca una liberación total del cargo; es 

decir, de lo pretendido. En la absolución de la instancia se absuelve, pero con 

fórmula dubitativa. Sobre el demandado queda pendiente la duda de si fue o no 

responsable. No es una absolución plena, equivale a una absolución de la 

demanda, pero no del cargo. Para que se de la absolución de la instancia, 

requiérase la concurrencia de dos características. La primera relativa a la 

resolución propiamente dicha y la segunda, a los efectos que produce tal 



220




nuevas pruebas que demuestren que el sentenciado fue el responsable; aun 

cuando esta confiese ser el responsable. En este caso, no podrá ser procesado de 

nueva cuenta. Se trata aquí de la absolución del culpable. No está por demás 

recordar que en algunos países es permisible la revisión de sentencia absolutoria. 

En caso de que la sentencia hubiere sido condenatoria, puede ocurrir que luego 

de la sentencia se demuestre que el sancionado era inocente (condena del 

inocente), o que las nuevas pruebas de muestren una modalidad atenuada 

(agravación injusta), o que las nuevas pruebas demuestren una modalidad 

agravada (atenuación injusta). 

En el caso de condena del inocente, la ficción de verdad legal sólo puede dar pie 

en nuestro sistema a la nulidad de sentencia. En el caso de condena del inocente, 

la ficción de verdad legal sólo puede dar pie en nuestro sistema a la nulidad de 

sentencia reconocimiento de la inocencia del sentenciado). En el caso de 

agravación injusta, en nuestro orden jurídico no tenemos remedio legal, y cuando 

se trate de la actuación injusta, la justicia también sale burlada. 

Este principio de política procesal establece la prohibición de enjuiciar de nueva 

cuenta in idem; es decir, por lo mismo. 

Para aducir el non bis in idem se debe partir del supuesto de que existió un 

enjuiciamiento anterior, que coincide con el presente en la identidad del sujeto y 

en la identidad de la causa pretendi, por lo menos. 

FORMATO 

Sentencia absolutoria (por no haberse comprobado el cuerpo del delito) 

En la cuidad de México, a los 7 días del mes de octubre de 2004. 

Visto para resolver en sentencia definitiva el proceso numero _____ instruido por el delito de 

_________________, en contra de ___________________________, quien dijo ser originario 

de_______________, de ___ años de edad, de estado civil ___________, con domicilio en 

___________________________________, de profesión (u oficio)_______________________; y 

que actualmente se encuentra privado de su libertad, sujeto a prisión preventiva en 

_______________________ (o en su caso en libertad provisional); y 

RESULTANDO: 

1º. Que en fecha_____________________, formulo denuncia (querella) ante el Ciudadano Agente 

Investigador del Ministerio Publico, misma que aparece a fojas_________ y en la cual, en síntesis, 

señalo:________________________________________________________. 

2º. Que en la secuela de la averiguación previa compareció____________________, quien en 

relación a los hechos denunciados, a fojas_________ 

expreso:_________________________________ 



225

3º. Idem. 





5º. Que el agente investigador del ministerio publico solicito (fojas____) la intervención de peritos 

en materia de ______________________ y los peritos__________y _________________ 

(fojas________) emitieron dictamen sobre la cuestión planteada por el agente investigador del 

ministerio publico en los siguientes términos:___________(síntesis del dictamen y, literalmente, las 

condiciones de los 

peritos)_______________________________________________________________. 

6º. Que el agente investigador del ministerio publico recibió prueba documental privada, que obra a 

fojas________, consistente en ____________________________ que fue exhibida por 

________________________________________mismas que fue puesta a la vista de su 

autor__________________________quien reconoció su contenido y la firma que en el aparece 

como puesta de su puño y letra; 

7º. Que se recibió en el periódico de la averiguación previa la prueba documental publica consiste 

en________________________________________, instrumento que corre agregado a los autos, 

a fojas________; 

8º. Que en fecha__________________________________, el ministerio publico ejercito acción 

penal en contra de______________________________________. 

9º. Que en fecha_______________________________, en cumplimiento de lo ordenado por la 

fracción III del articulo 20 constitucional, el imputado________________________ emitió su 

declaración preparatoria, misma que consta por escrito a fojas_______, y en la cual se produjo en 

los siguientes términos: -____________________(literalmente solo la esencia de la declaración 

preparatoria)___________________; 

10º. Que en fecha____________________________este órgano jurisdiccional dicto la resolución a 

que alude el articulo 19 de la constitución politica de los estados unidos mexicanos, en la cual se 

contienen los siguientes puntos 

resolutivos______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

11º. Que en fecha________________________, este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo 

dispuesto por el articulo 298 del código de procedimientos penales para el distrito federal, ordeno 

se identificara el inculpado y se solicito informes a la secretaria general de la dirección general de 

reclusorios y centros de rehabilitación social del departamento del distrito federal, respecto de los 

ingresos anteriores a la prisión de ______________________, y la citada dependencia dio 

respuesta afirmativa precisando que:______________________(aquí se detallan los 

antecedentes)_________________________________________________________. 

Visto el informe, este órgano jurisdiccional, por conducta de la secretaria de acuerdos del juzgado, 

certifico en los juzgados correspondientes los ingresos de 

____________________________________________ (fojas______); 

12º. Que en fecha_______________________, se celebro careo procesal (fojas_____), entre 

_________________________________ y ___________________, del cual resulto: 

___________________________________________________________________; 




226




Causan ejecutoria las sentencias definitivas: 

• Cuando sean consentidas expresamente por las partes y el defensor. 

• Si dentro del Plazo que la ley señala, no se interpone el recurso de 

apelación. 

• Cuando se haya desistido del recurso de apelación, y 

• Cuando se declare sin materia el recurso impuesto (Art. 357 CPPEM) 

Por su parte, el CFPP, en su artículo 360, señala: 

• Las sentencia son irrevocables y causan ejecutoria cuando, las sentencias 

pronunciadas en primera instancia y cuando se hayan consentido 

expresamente o cuando, concluido el término que la ley señala para 

interponer algún recurso, no se haya interpuesto; y 

• Cuando las sentencias contra las cuales no dé la ley recurso alguno. 

Con la sentencia ejecutoriada, el acusado asume el carácter de sentenciado, sin 

que lo pierda, para recuperar el anterior, en el caso de que solicite amparo directo. 

La suspensión de la ejecución de la sentencia, en los términos de la Ley 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, veda únicamente la 

ejecución del acto, pero no ejerce influencia alguna sobre la situación jurídica. 

Ejecución de sentencias. 

Conforme al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que: sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar 

a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la 

extinción de las penas y estarán completamente separados… Los gobiernos de la 

Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas 

jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la 

educación como medio para la readaptación social del delincuente. Las mujeres 

compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres 

para tal efecto. 

La ejecución de las sentencias ejecutoriadas en materia penal, corresponde a la 

Dirección General de Prevención y Readaptación Social o a la Coordinación 

Federal. Esta designará los lugares en que los reos deban extinguir las sanciones 

privativas de libertad, ejercerá todas las funciones que le señalen las leyes y 

reglamentos, practicará todas las diligencias para que las sentencias se cumplan 

estrictamente y reprimirá todos los abusos que cometan sus subalternos. 



229




constituye la declaración final y solemne que pronuncia el Tribunal en vista de 

todos los elementos debatidos y previos todos los tramites necesarios, 

absolviendo o condenando al inculpado, pero cuando desde antes de esa 

decisión aparece palpablemente la inutilidad o la imposibilidad de todo debate por 

falta de materia delictuosa o de persona con quien debatirla; es claro que ya tiene 

para que haber fallo, y simplemente se sobresee por resolución incidental o de 

plano limitándose a exponer el motivo de improcedencia de la continuación del 

proceso y a darlo por terminado. 

Además del repetido caso de la no acusación del Ministerio Público al fin de la 

instrucción, el sobreseimiento ocurre siempre que aparecen circunstancias 

extintivas de acción penal, o remisivas de la pena, plenamente acreditadas en el 

curso de la averiguación. Si por ejemplo muere el reo durante el proceso o se 

casa con la presente estuprada o se comprueba que esta prescrito el delito, 

bastara cualquiera de tales excepciones para quitar objeto a la prosecución de 

actuaciones. De nada servirá calificar las pruebas de la imputación y discutir la 

procedencia de tal o cual pena, si esta de ninguna manera se habría de aplicar a 

un en caso de imputabilidad. Se acaba pues el proceso sin que en realidad, el 

proceso haya juzgado, pero si declarado definitivamente libre. Se discute sin 

embargo a veces la convivencia de reservar algunas de estas cuestiones para el 

fallo, en lugar de permitir su anticipada resolución incidental. 

Todos los casos anteriores se refieren a un proceso con reo, ¿Puede haber 

también sobreseimiento en las investigaciones que tan frecuentemente se inician y 

se siguen en virtud de la consignación respectiva sin que llegue a haber ningún 

presunto responsable a disposición del juzgado? 

Estos procesos sin reo o averiguaciones previas como se denominan en el ramo 

militar, pueden tener lugar o por que se desconozca al inculpable o por que no se 

haya logrado su captura o por que no se reúnan ni si quiera datos bastantes para 

comprobar la delictuosidad del hecho denunciado ni la probable culpabilidad de 

nadie. 

En los primeros casos es claro que no puede haber sobreseimiento legal por que 

aunque no se sepa quien cometió determinado delito o no se obtenga la captura 

del delincuente, el proceso tiene que seguir abierto dada la transgresión y aunque 

tales o cuales diligencias no puedan practicarse subsiste la posibilidad de 

prosecución por el descubrimiento del inculpado y por su aprehensión. 

Solo cuando no aparecen para nada los méritos de punibilidad o de 

responsabilidad que autoricen ni una primera orden restrictiva de la libertad, puede 

y debe buscarse una conclusión práctica y diversa. Se puede y se necesita definir 

en muchas ocasiones el resultado del asunto por que una parte no se tiene ya 

nada que guardare no estándose en espera de ninguna captura ni descubrimiento 

si ya se aclararon los hechos y por otra parte el requerimiento de los interesados y 

el mismo interés publico puede exigir una solución. Los casos mas frecuentes son 



232




VI.- Cuando resulte evidente que se sigue proceso contra determinado inculpado 

por error de persona; 

VII.- Cuando exista sentencia ejecutoria en relación a los mismos hechos; 

VIII.- Cuando, observándose lo dispuesto por el ultimo párrafo del art.249, se halla 

decretado la libertad por falta de pruebas para procesar o por desvanecimiento de 

datos; 

IX.- Cuando este plenamente probada a favor del inculpado alguna causa 

excluyente de incriminación; 

X.- Cuando este debidamente acreditada en autos alguna otra causa de 

inimputabilidad a favor del procesado. 

El sobreseimiento puede decretarse de oficio, a petición de parte o del defensor. 

Se podrá dictar auto de sobreseimiento, mientras no se haya pronunciado 

sentencia ejecutoria. 

No se requerirá tramitación para decretar el sobreseimiento de oficio o a solicitud 

del Ministerio Publico. En los demás casos se tramitara conforme a las reglas para 

los incidentes no especificados. 

El auto de sobreseimiento que haya acusado, surtirá los efectos de una sentencia 

absolutoria con valor de cosa juzgada, con relación al delito por el que se decrete. 

Cesaran los efectos del auto de sobreseimiento y se ordenara la reanudación del 

proceso: 

I.- Cuando la muerte del inculpado haya sido declarada erróneamente; 

II.- Si se declara la nulidad del matrimonio que se hubiese contraído el acusado de 

rapto y estupro. 

PERIODO PREPATATORIO DE JUICIO 

. 

CONCLUSIONES DEL 

CONCLUSIONES DEL 

ACUSADO Y/O DEFENSA 

MINISTERIO PUBLICO 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

EN AUDIENCIA, 

RECEPCION DE 

PRUEBAS 



235




9. El contenido de una Sentencia es: preámbulo, resultandos, considerandos y 

puntos resolutivos……………………………………………………………..( ) 

10. Una causa de sobreseimiento de un proceso, es la falta de formulación de 

conclusiones acusatorias por parte del Ministerio Público, con autorización 

expresa del subprocurador de justicia o procurador respectivo………….( ) 

RESPUESTAS: 1-F, 2-F, 3-V, 4-F, 5-F, 6-V, 7-F, 8-F, 9-V Y 10-V 



238

OBJETIVOS: 




UNIDAD 06. 



• Explicará la importancia que tiene la Segunda Instancia en el 

Proceso Penal. 

• Identificará los Medios de Impugnación o Recursos en el 

Proceso Penal, precisando su procedencia, tramitología y 

efectos. 

TEMARIO: 

6.1. -APELACIÓN. 

6.2.- DENEGADA APELACION. 

6.3.- REVISION. 

6.4.- REVOCACIÓN. 



239




pero que se exterioriza en la vía de impugnación ante quien esta facultado para 

derogar el fallo que le incomoda o le perjudica, es decir, ante el ad quem. De esta 

manera, jurídicamente se elimina la posibilidad de regresar a la justicia de propia 

mano y, asimismo, se robustece la confianza en la jurisdicción del Estado, 

delegada, para revisar estos casos, en un tribunal superior. 

Desde luego, dicha revisión del tribunal superior debe recaer únicamente en los 

errores cometidos por el a quo en la parte correspondiente de la sentencia 

apelada; esto es, el análisis del superior no puede hacerse in genere a toda la 

sentencia, si así no lo solicitara expresamente el apelante al interponer el recurso. 

Por otra parte, otra de las reglas básicas de la apelación es que dentro de esta no 

se deben alegar o tramitar supuestas violaciones, pretensiones o excepciones que 

no hubieran sido materia de la primera instancia vertida en la sentencia definitiva; 

el tribunal superior solo considerara, en la operación de revisión de la apelación, 

las actuaciones y reclamos que hubieran sido materia de la primera instancia y 

sentencia definitiva que correspondan. 

En el procedimiento penal de segunda instancia, atento a los valores y bienes de 

la vida que en el se discuten, los documentos pueden presentarse como prueba 

de la expresión de agravios o bien hasta antes que se declare “vista” la causa; por 

lo común los documentos que se ofrezcan deben ser no conocidos antes o de 

imposible adquisición oportuna en la primera instancia y, además, normalmente, 

correr traslado de ellos a la parte contraria para que alegue a lo que a su derecho 

convenga. 

Respecto de los otros medios de prueba se requiere que se relacionen con hechos 

que no hubieran sido conocidos en la primera instancia y asimismo que sean de 

relevancia para el proceso, pero sin llegar al extremo de incluir hechos que deban 

ser materia de una nueva consignación o imputación. 

Efectos en que procede. 

El momento procedimental en que se determina el efecto en que procede la 

apelación, es llamado “calificación del grado”, y esto compete al juez, quien una 

vez sabedor de la inconformidad del interesado lo señalara. 

Al dictarse un sentencia que condena al procesado a determinada pena privativa 

de la libertad y se interpone al recurso de apelación en su contra, tal impugnación 

se admite en ambos efectos, o sea, en el efecto suspensivo, lo que significa que el 

Juez de primera instancia o a quo, suspende la ejecución de la resolución 

combatida y remite el proceso original al superior jerárquico, sea tribunal unitario 



244




ARTICULO 454.- APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO.- SON APELABLES SIN EFECTO 

SUSPENSIVO: 

I.- LAS SENTENCIAS ABSOLUTORIAS; 

II.- LOS AUTOS EN QUE SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO, EXCEPTO EN LOS CASOS DE 

LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 359, Y AQUELLOS EN QUE SE NIEGUE EL 

SOBRESEIMIENTO: 

III.- LOS AUTOS EN QUE SE CONCEDA O NIEGUE LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO 

PENAL; LOS QUE DECRETEN O NIEGUEN LA ACUMULACION DE AUTOS; LOS QUE 

DECRETEN O NIEGUEN LA SEPARACION DE AUTOS; LOS QUE CONCEDAN O NIEGUEN LA 

RECUSACION; Y LOS AUTOS QUE RATIFIQUEN LA DETENCION O DECRETEN LA LIBERTAD 

A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEXTO DEL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL; 

IV.- LOS AUTOS DE FORMAL PRISION, LOS DE SUJECION A PROCESO Y LOS DE LIBERTAD 

POR FALTA DE PRUEBAS PARA PROCESAR; 

V.- LOS AUTOS EN QUE SE CONCEDA O NIEGUE LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO 

CAUCION O BAJO PROTESTA; LOS QUE CONCEDAN O NIEGUEN LA LIBERTAD POR 

DESVANECIMIENTO DE DATOS, Y LOS QUE RESUELVAN ALGUN INCIDENTE NO 

ESPECIFICADO; 

VI.- LOS AUTOS EN QUE SE NIEGUEN LAS ORDENES DE APREHENSION Y LOS QUE 

NIEGUEN LA CITACION PARA TOMAR DECLARACION PREPARATORIA. ESTOS AUTOS 

SOLO SON APELABLES POR EL MINISTERIO PUBLICO; 

VII.- LOS AUTOS EN QUE UN TRIBUNAL SE NIEGUE A DECLARAR SU INCOMPETENCIA POR 

DECLINATORIA O A LIBRAR EL OFICIO INHIBITORIO; 

VIII.- LAS RESOLUCIONES QUE ORDENEN O NIEGUEN LA INTERNACION DE LOS CIEGOS, 

SORDOMUDOS O DE QUIENES SUFRAN TRASTORNO MENTAL; LAS RELATIVAS AL 

ESTABLECIMIENTO DE LA INTERNACION Y LAS QUE NIEGUEN LA REVOCACION DE LA 

MEDIDA DE SEGURIDAD; 

IX.- LOS AUTOS QUE NIEGUEN EL ARRAIGO DEL INDICIADO O INCULPADO, SEGUN EL 

CASO; LOS QUE NIEGUEN EL CATEO; LOS QUE NIEGUEN LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS 

DE CARACTER PATRIMONIAL; 

X.- LAS DEMAS RESOLUCIONES QUE SEÑALA LA LEY. 

ARTICULO 455.- ADMISION O RECHAZAMIENTO DEL RECURSO.- INTERPUESTO EL 

RECURSO DENTRO DEL TERMINO LEGAL, EL JUEZ QUE DICTO LA RESOLUCION APELADA, 

LO ADMITIRA O LO DESECHARA SIN NINGUN TRAMITE. 

CONTRA EL AUTO QUE ADMITE LA APELACION NO PROCEDE RECURSO, PERO LAS 

PARTES Y EL DEFENSOR PODRAN HACER USO DEL DERECHO QUE LES CONCEDE EL 

ARTICULO 463 



252




II.- CUANDO EN EL PROCESO HAYA CAMBIO DE SITUACION JURIDICA DEL INCULPADO, EN 

VIRTUD DE RESOLUCION POSTERIOR AL AUTO DE FORMAL PRISION O DE SUJECION A 

PROCESO; 

III.- SI DESPUES DE QUE SE HAYA ADMITIDO EL RECURSO DE APELACION CONTRA EL 

AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE PRUEBAS PARA PROCESAR, EL JUEZ DECRETA EL 

SOBRESEIMIENTO DEL PROCESO, Y DICHO AUTO CAUSE ESTADO; Y, IV.- CUANDO POR 

VIRTUD DE CUALQUIER OTRO CAMBIO DE SITUACION JURIDICA EN EL PROCEDIMIENTO 

PENAL, A CAUSA DE UNA RESOLUCION POSTERIOR, DEBAN CONSIDERARSE 

CONSUMADAS IRREPARABLEMENTE LAS VIOLACIONES QUE PUDIERAN HABERSE 

COMETIDO AL DICTAR EL AUTO APELADO. 

SI EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA NO COMUNICA AL TRIBUNAL DE APELACION EL 

CAMBIO DE SITUACION JURIDICA, SE LE IMPONDRA MULTA HASTA POR QUINCE DIAS DE 

SALARIO MINIMO VIGENTE. 

ARTICULO 463.- IMPUGNACION DEL RECURSO.- RECIBIDO EL PROCESO, EL DUPLICADO O 

EL TESTIMONIO, EL MAGISTRADO DICTARA AUTO PONIENDOLO A LA VISTA DE LAS 

PARTES Y DEL DEFENSOR POR EL PLAZO DE TRES DIAS, PARA QUE LOS INCONFORMES 

PUEDAN IMPUGNAR LA ADMISION DEL RECURSO. 

SI SE IMPUGNA LA ADMISION DEL RECURSO, SE CORRERA TRASLADO DEL ESCRITO, 

POR TRES DIAS A QUIENES NO LA REFUTEN, Y SE RESOLVERA LO QUE PROCEDA 

DENTRO DE IGUAL PLAZO. 

ARTICULO 464.- DECLARACION DE OFICIO.- EL MAGISTRADO PODRA, EN CUALQUIER 

MOMENTO, AUN ANTES DE DICTAR SENTENCIA, DECLARAR MAL ADMITIDA LA 

APELACION, SI NO SE HUBIERE IMPUGNADO LA ADMISION DEL RECURSO EN TERMINOS 

DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 463. 

ARTICULO 465.- EFECTOS DE LA DECLARACION.- SI SE DECLARA INADMISIBLE LA 

APELACION, SE DEVOLVERA EL PROCESO AL JUZGADO QUE LO REMITIO. 

SI LA APELACION SE ADMITIO SIN EFECTO SUSPENSIVO Y LA SALA RESUELVE QUE 

PROCEDE CON DICHO EFECTO, ORDENARA AL JUZGADO QUE EMITE EL PROCESO AL 

PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL PARA LA SUBSTANCIACION DEL RECURSO. 

SI EL RECURSO FUE ADMITIDO CON EFECTO SUSPENSIVO Y SE DECLARA PROCEDENTE 

SIN TAL EFECTO, SE DEVOLVERA EL PROCESO AL JUZGADO PARA QUE REMITA EL 

DUPLICADO O EL TESTIMONIO RESPECTIVO AL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL. 

ARTICULO 466.- PLAZOS PARA OFRECER Y PARA RENDIR PRUEBAS.- SI NO SE IMPUGNA 

LA ADMISION DEL RECURSO, SI ESTE SE DECLARA BIEN ADMITIDO O LUEGO QUE EL 

JUEZ REMITA EL EXPEDIENTE, CONFORME A LO QUE SE ORDENE AL RESOLVER LA 

IMPUGNACION, SE CONCEDERAN CINCO DIAS A LAS PARTES Y AL DEFENSOR PARA 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. 

AL OFRECERLAS SE EXPRESARA LA NATURALEZA Y OBJETO DE LAS MISMAS; SI SE 

PROPONE LA DECLARACION DE TESTIGOS QUE NO FUERON OFRECIDOS EN PRIMERA 

INSTANCIA, EL PROMOVENTE PRECISARA LOS HECHOS SOBRE LOS CUALES PRETENDA 

QUE SEAN EXAMINADOS, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN 



254




PRIMERA INSTANCIA NO FUERON MATERIA DEL EXAMEN DE OTROS TESTIGOS. SI EL 

PROMOVENTE FALTA A LA VERDAD Y SE RECIBEN LAS DECLARACIONES, ESTAS NO 

TENDRAN VALOR JURIDICO. 

CUANDO SE ADMITAN LAS PRUEBAS, SE CONCEDERA UN PLAZO HASTA DE TREINTA 

DIAS SI LAS DILIGENCIAS TIENEN QUE PRACTICARSE EN DONDE RESIDA EL TRIBUNAL DE 

LA APELACION, O EL QUE ESTE JUZGUE PRUDENTE CUANDO TENGAN QUE EFECTUARSE 

EN LUGAR DISTINTO. 

ARTICULO 467.- LIMITACIONES A LAS PRUEBAS EN LOS CASOS DE APELACION.- EN LOS 

CASOS DE APELACION CONTRA AUTOS EN QUE SE NIEGUE ORDEN DE APREHENSION, 

SE ORDENE LA LIBERTAD. LAS APELACIONES INTERPUESTAS CONTRA LA FORMAL 

PRISION POR FALTA DE PRUEBAS PARA PROCESAR O SE CONCEDA O NIEGUE LA O 

SUJECION A PROCESO, DEBEN SER RESUELTAS POR EL TRIBUNAL DE LIBERTAD POR 

DESVANECIMIENTO DE DATOS, NO SE ADMITIRAN APELACION ANTES DE QUE SE DICTE 

LA SENTENCIA DE PRIMERA PRUEBAS POSTERIORES A LA RESOLUCION IMPUGNADA. 

INSTANCIA. 

TRATANDOSE DE APELACIONES RESPECTO DE LOS AUTOS DE FORMAL PRISION O DE 

SUJECION A PROCESO, EL TRIBUNAL PODRA ORDENAR EL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS 

QUE NO SE HUBIEREN PRACTICADO EN LA PRIMERA INSTANCIA, SI EL INCULPADO O EL 

DEFENSOR LAS PROMUEVEN. 

ARTICULO 468.- INSTRUMENTOS PUBLICOS.- EN LA SEGUNDA INSTANCIA LOS 

INSTRUMENTOS PUBLICOS PODRAN SER PRESENTADOS EN CUALQUIER TIEMPO, HASTA 

LA AUDIENCIA FINAL. 

ARTICULO 469.- PRUEBAS RELATIVAS A LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION 

DE LA SANCION Y A LA CONCESION DEL BENEFICIO DE LA CONMUTACION DE LA PENA 

CORPORAL.- EL TRIBUNAL DE APELACION ESTA FACULTADO PARA ADMITIR LAS 

PRUEBAS QUE NO SE HAYAN OFRECIDO O RECIBIDO EN LA PRIMERA INSTANCIA, PARA 

JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DE LA CONCESION DE LOS BENEFICIOS DE LA 

SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA SANCION Y DE LA CONMUTACION 

DE LA PENA CORPORAL, AUN CUANDO NO HAYA SIDO MOTIVO DE AGRAVIO EL NO 

CONCEDERSE ESOS BENEFICIOS EN LA PRIMERA INSTANCIA 

ARTICULO 470.- DEBERES DEL MAGISTRADO CON RELACION A LA PRUEBA.- EL 

MAGISTRADO QUE CONOZCA DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL 

INCULPADO O SU DEFENSOR CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA, DEBERA 

PRACTICAR O ENCOMENDAR A LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE PUEDA HACERLO, LAS 

DILIGENCIAS DE PRUEBA OFRECIDAS LEGALMENTE POR EL PROPIO INCULPADO O SU 

DEFENSOR EN LA PRIMERA INSTANCIA Y QUE NO SE HAYAN EFECTUADO, ASI COMO LOS 

CAREOS OMITIDOS. ARTICULO 

471.- CITACION PARA LA AUDIENCIA FINAL.- SI NO SE OFRECEN PRUEBAS O 

TRANSCURRIDO EL TERMINO SEÑALADO PARA PRACTICAR LAS DILIGENCIAS 

RESPECTIVAS, SE CITARA A LAS PARTES Y AL DEFENSOR, PARA LA AUDIENCIA FINAL DE 

SEGUNDA INSTANCIA, QUE SE EFECTUARA DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS. 

ARTICULO 472.- AUDIENCIA FINAL.- LA AUDIENCIA FINAL DEBERA EFECTUARSE SIEMPRE 

CON ASISTENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO Y DEL DEFENSOR, ESTE PRESENTE O NO EL 



255




ARTICULO 481.- CUANDO PROCEDE EL RECURSO DE DENEGADA APELACION.- EL 

RECURSO DE DENEGADA APELACION PROCEDE EN CASO DE QUE LA APELACION SE 

HAYA RECHAZADO, AUN POR EL MOTIVO DE QUE NO SE CONSIDERE PARTE AL QUE LO 

HIZO VALER 

ARTICULO 482.- FORMA DE INTERPONER EL RECURSO.- EL RECURSO DE DENEGADA 

APELACION PODRA INTERPONERSE DE PALABRA O POR ESCRITO, DENTRO DE LOS DOS 

DIAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL AUTO QUE DESECHO LA APELACIÓN 

ARTICULO 483.- REMISION DE CONSTANCIAS.- INTERPUESTO EL RECURSO, EL JUEZ 

ACORDARA QUE EL SECRETARIO EXPIDA UN CERTIFICADO EN EL QUE SE DIGA QUIENES 

SON PARTES EN EL PROCESO, NUMERO DE ESTE Y DELITO POR EL QUE SE SIGA 

CONTRA EL INCULPADO; ADEMAS, EN EL DOCUMENTO SE INSERTARAN LA RESOLUCION 

APELADA, EL AUTO QUE DESECHO EL RECURSO DE APELACION Y LAS CONSTANCIAS 

QUE SEÑALE EL PROPIO JUEZ, QUIEN LO REMITIRA AL PRESIDENTE DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL 

ACUERDO. 

ARTICULO 484.- OMISION DEL ENVIO DE CONSTANCIAS.- CUANDO EL JUEZ NO CUMPLA 

CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 483, EL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA, A SOLICITUD DEL APELANTE, LE ORDENARA QUE REMITA EL CERTIFICADO 

DENTRO DE DOS DIAS E INFORME PORQUE RAZON NO LO ENVIO OPORTUNAMENTE. SI 

NO EXISTE MOTIVO JUSTIFICADO, LE IMPONDRA AMONESTACION O MULTA DE TRES A 

DIEZ DIAS DE SALARIO. 

ARTICULO 485.- RESOLUCION DEL RECURSO.- RECIBIDO EL CERTIFICADO, SE REMITIRA A 

LA SALA QUE DEBA CONOCER DEL RECURSO, PARA QUE PRONUNCIE RESOLUCION 

DENTRO DE CINCO DIAS. 

SI LA APELACION SE DECLARA ADMISIBLE, EL MAGISTRADO ORDENARA AL JUEZ QUE 

ENVIE AL PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EL PROCESO, EL 

DUPLICADO O EL TESTIMONIO, SEGUN PROCEDA, A FIN DE QUE SE TRAMITE EL 

RECURSO. 

6.3. REVISION. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza y protege en 

sus primeros 29 artículos los derechos fundamentales del ser humano. El artículo 

primero de la Constitución declara: “En los Estados Unidos Mexicanos todo 

individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no 

podrán suspenderse, ni restringirse sino en los casos y con las condiciones que 

ella misma establece”. Este artículo garantiza la igualdad de los individuos para 

ser protegidos por la ley. 



259




Aunque demasiado tardío no fue si no hasta 1983 y luego en 1990 cuando 

legislativamente (en lo federal) se trato con autonomía a la revisión de sentencia, 

malamente llamada indulto necesario. Esta diferenciación seguramente hubiera 

ocurrido desde antes si tenemos en cuenta que el código de 1984 reguló por 

separado el indulto necesario y al indulto por gracia, y que después 

desafortunadamente fue refundido en un solo capitulo, como si se tratase de lo 

mismo. 

NATURALEZA JURIDICA 

Por lo que hace a su naturaleza jurídica, la cuestión que se plantea es saber si se 

trata de un recurso extraordinario o de un juicio autónomo. Aunque la generalidad 

de los procesalitas, entre los cuales encontramos a Sergio García Ramírez 

sostiene que se trata de un verdadero recurso extraordinario, también advertimos 

que con posterioridad, el propio García Ramírez cambio a la afirmación de que se 

trata de un nuevo juicio. En una obra posterior el autor llego a afirmar que 

“constituye un medio de impugnación de este ultimo genero (revisión 

extraordinaria) y da lugar a un nuevo juicio posterior a aquel que se cerro con la 

sentencia firme… existe contradicción y resulta natural que resurjan las figuras 

procesales con cuya intención se llevara adelante este proceso, se trata, dice en 

otro apartado, de un tramite sumario, que apareja el ejercicio de la acción 

constitutiva de un proceso penal. De prosperar la acción se crea un nuevo estado 

jurídico a favor del recurrente. Remata este procedimiento, pues en una verdadera 

sentencia….En fin en atención a la forma y regulación legal, creemos que mas que 

tratarse de un juicio o proceso autónomo de impugnación como ocurre en el caso 

de amparo, se trata de un verdadero recurso extraordinario, dada la existencia de 

la autoridad de la cosa juzgada. 

RESTRICCION PROBATORIA. 

En la regulación mexicana es factible una fase instructora para demostrar la 

injusticia de la condena injusta, no obstante, opera una verdadera restricción 

probatoria, toda vez que no cualquier medio de prueba podrá ser admisible. Solo 

es posible la admisión de la llamada prueba documental, salvo que se trata de 

demostrar que el supuesto muerto en la condena de homicidio, aun vive, en caso 

en que es factible otro u otros medios de confirmación. 

SUPUESTOS. 

Los motivos o supuestos de procedencia para la anulación de sentencia se 

encuentran establecidos en la ley. Ellos aluden a verdaderos errores judiciales: 

condenar con base en pruebas falsas, invalidación de pruebas, condenar por 

homicidio inexistente, condenar a dos sujetos por el mismo delito cuando uno 

pudo haber sido, condenar dos veces a una persona y por el mismo delito etc. 



261




Aunque se trata de errores judiciales, solo algunos de estos son aceptables, por lo 

que puede decirse que la petición de revisión y anulación de sentencia 

ejecutoriada se funda en la tutela de interés superior jurídico de legalidad, que 

esta por encima de la propia sentencia. 

En otros lugares la revisión procede: A) cuando aparezcan documentos 

desconocidos B). cuando se demuestre la falsedad de un documento o un 

testimonio C) cuando se demuestre cohecho, prevaricato o maquinación 

fraudulenta para obtener sentencia E) cuando los hechos sean contrarios a los 

expuestos en la sentencia E) cuando sobrevengan nuevos hechos no 

contemplados en la sentencia. F). para aplica retroactivamente una ley, en 

especial si es una benigna, G) cuando varié la interpretación judicial de la ley aun 

punto mas favorable etc. 

INDULTO NECESARIO.- Es el nombre con el cual se designa en la legislación 

mexicana al recurso de revisión contra las sentencias penales firmes y con 

autoridad de cosa juzgada, cuando con posterioridad se descubran o produzcan 

determinados hechos o elementos de convicción que hagan necesario un nuevo 

examen del proceso en el cual se haya dictado el fallo respectivo. 

La doctrina mexicana había señalado que dicha denominación era incorrecta, 

puesto que el indulto constituye una concesión otorgada por el organismo 

ejecutivo y la institución que examinamos implica el nuevo examen judicial de un 

proceso ya concluido. El legislador tomo en cuenta estos argumentos y, en las 

reformas promulgadas en diciembre de 1983, al CP y al CFPP respectivamente, 

se sustituyó dicha expresión incorrecta por la más adecuada de reconocimiento de 

la inocencia del sentenciado. 

El texto actual del articulo 96 del CP dispone que, cuando aparezca que el 

sentenciado es inocente, se procederá al reconocimiento de su inocencia, en los 

términos previstos por el CP aplicable y de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 

49 del propio código, que se refiere a la publicación de la sentencia a titulo de 

reparación y a petición del interesado, cuando este fuere absuelto. 

Por lo que se refiere a los motivos por los cuales puede solicitar se da el citado 

reconocimiento de la inocencia del sentenciado, los CPP y CFPP disponen: A) 

Cuando la sentencia se funde en documentos o declaraciones de testigos que 

después de dictada fueren declarados falsos en juicio; B) cuando después de la 

sentencia aparecieren documentos que invalidan aquella o los presentados al 

jurado, y que sirvieron de base para la acusación para el veredicto; C) cuando sea 

condenada una persona por el homicidio de otra que hubiere desaparecido, y se 

presentare esta o alguna prueba irrefutable de que vive; D) Cuando el reo hubiere 



262




El recurso de revocación podrá interponerse en el acto de la notificación o al día 

siguiente hábil. El tribunal lo resolverá sin trámites, si estima que no es necesario 

oír a las partes y al defensor; de lo contrario, admitirá las pruebas que procedan, y 

citará a las partes y a la defensa a una audiencia verbal que se efectuará dentro 

de las 48 horas hábiles siguientes, para que se desahoguen las probanzas 

admitidas, formulen sus alegatos; y en el término de 2 días pronunciará el auto 

relativo, el cual no será recurrible. 

El juez podrá convocar, por una sola vez, a otra audiencia, si en la primera no 

hubiere concluido el desahogo de pruebas. 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 06. 

MEDIOS DE IMPUGNACION. 

Con base en la lectura, todo el grupo, forme parejas, donde analicen y discutan 

para después aportar dentro de clases, sus propios conceptos o explicaciones a 

los siguientes términos o tópicos que elijan de la lista siguiente: 

1.- Qué debe entenderse por medio de impugnación. 

2.- Es verdaderamente útil la existencia de una Segunda Instancia. Por qué. 

3.- Señale los casos precisos por los que puede interponerse los Recursos de 

Apelación y Revisión. 

4.- Desarrolle el Trámite seguido en la Interposición del Recurso de Apelación. 

5.- Qué debe entenderse por agravio y, como y cuando deben expresarse. 

6.- Señale ejemplos de apelaciones en efectos Devolutivos y Suspensivos, y por 

qué? 

7.- Señale los casos cuando procede la Reposición de Procedimiento. 

8.- Qué se entiende por Denegada Apelación y cómo se debe de Tramitar. 

9.- Qué se entiende por Queja y por Revocación y cuál es su tramitología. 

10. Quiénes conocen del Recurso de Apelación en el Orden Federal y quiénes en 

el Orden Común o Estatal. Investigando además, el tiempo real de su duración. 



266




INCIDENTES EN GENERAL 

Concepto y características del Incidente. 

En su origen etimológico incidente, posee una doble acepción, proviene de incide, 

incidiere, que significa cortar, interrumpir, suspender, y por el otro de in y cadere o 

caedere: lo que sobreviene accesoriamente en un asunto o negocio. 

Se puede decir que el incidente consiste en una cuestión que se plantea durante 

el curso de un proceso que esta relacionada con la marcha normal de este; es 

decir, con la validez de los actos procesales. O en otras palabras sobreviene 

cuando se cuestiona la normalidad o presunta normalidad al tratar el objeto básico 

o principal del proceso, procurando evitar una crisis procesal. 

Libertad provisional bajo Caución 

Descripción: Es el beneficio que la ley concede a quienes se encuentran privados 

de su libertad a disposición del Agente del Ministerio Público o de un Juez, para 

que mediante una garantía, pueda gozar de libertad. 

A quien está destinado: A aquellas personas que se encuentran detenidas por la 

posible comisión de un delito no grave. 

En que consiste el trámite: En acudir ante la autoridad a disposición de la cual se 

encuentre detenido, para solicitarle le conceda la libertad provisional bajo caución. 

Requisitos: Para que el detenido pueda obtener este beneficio es necesario: 

1. Que el delito que se le impute tenga una penalidad no grave así considerado 

por la ley. 

2. Que el inculpado o un tercero otorguen la garantía económica fijada por el 

Juez para garantizar que aquél no se va a sustraer de la acción de la justicia. 

3. Que también se garantice el pago de la probable reparación del daño que en 

su caso podría imponérsele. 

4. Que se garantice el pago de la multa que pueda aplicársele 



268




• Parricidio 

• Filicidio 

• Robo calificado, en algunos supuestos. 

• Abigeato 

• Despojo cometido por dos o más personas, 

únicamente por lo que respecta a los autores 

intelectuales y a quienes dirijan la ejecución del 


• Daño en las cosas por incendio, inundación o 

explosión 

Requisitos para poder gozar de la libertad provisional bajo caución 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 493 del Código de Procedimientos 

Penales vigente del Estado, los requisitos con los que el inculpado debe cumplir 

para poder gozar de la libertad provisional bajo caución, son los siguientes: 

Que garantice el monto estimado de la reparación del daño. 

Que garantice la multa que el delito contemple como sanción. 

Que garantice la cantidad que como fianza determine el juez, ya sea en efectivo o 

mediante bienes raíces. 

Al gozar del beneficio de la libertad provisional se adquiere la obligación 

principalmente de presentarse periódicamente ante el juzgado y cuantas veces 

éste lo requiera. 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

La libertad bajo caución se encuentra contemplada constitucionalmente en el 

artículo 20 párrafo primero en donde a la letra dice: 

... I.- Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional 

bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la 

ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, 

a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando 

el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado 

como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez 

para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta 

precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo 

para el ofendido o para la sociedad. 

El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el 

inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá 

modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la 



271




es muy ambiguo el termino felicidad, si este no era debidamente delimitado, mas 

sin embargo se puede apreciar en la mayoría de constitucionalistas que la libertad 

en concepto es que la libertad proviene de los derechos conocidos como de 

libertades clásicas de primera generación y según TARCISO NAVARRETE en 

relación de que las libertades clásicas son aquellas que se conocen como: 

1. Libertad de expresión 

2. Libertad de reunión 

3. Libertad de derechos políticos 

Y según el autor la libertad se contempla. en los artículos 

16,7,3,11,24,123,27,5,9,35 de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos, como podemos apreciar no se encuentra el 20 constitucional pero 

porque?. Si tomamos en cuenta lo que refiere el articulo 7 de la CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS .- toda persona tiene derecho a la 

libertad y a la seguridad personales , nadie puede ser privado de su libertad física 

,salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano en la constitución 

política de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a estas. 

De lo anterior podemos decir que en efecto al mencionar la libertad física creemos 

que habilita la hipótesis de que dentro de las garantías de libertad se encuentra la 

libertad bajo caución y esto es robustecido por el articulo 9 del PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, el cual refiere como 

condición sine qua non para ser privado de la libertad física el estar arreglado el 

proceso conforme a las leyes procésales. 

Pero existe normatividad internacional que refiera sobre la caución en específico. 

El articulo 4 del citado PACTO INTERNACIONAL refiere las reglas mínimas para 

llevar acabo una defensa pero tenemos un problemas mas, en relación de que 

estos pactos internacionales y estas leyes internacionales, que pasa si se 

contradicen con las normas internas, una gran parte de la comunidad jurídica 

mexicana aun piensa que los tratados internacionales se ven condicionados a lo 

que acentúa el articulo 133 constitucional en relación con lo anterior tendremos 

que recurrir al criterio de la corte: 

Séptima Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 

Tomo: 151-156 Sexta Parte 

Página: 195 

TRATADOS INTERNACIONALES. EL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL, 

ULTIMA PARTE, NO ESTABLECE SU OBSERVANCIA PREFERENTE SOBRE 

LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNION EMANADAS DE LA 

CONSTITUCION FEDERAL. La última parte del artículo 133 constitucional 



273




I.- Los antecedentes del inculpado. 

II.- La gravedad y circunstancias del delito imputado. 

III.- El mayor o menor interés que pueda tener el inculpado en substraerse a la 

acción de la justicia. 

IV.- Las condiciones económicas del inculpado. 

V.- La naturaleza de la garantía que se ofrezca. (DR)IJ 

La naturaleza de la caución quedará a elección del inculpado, no hagan la 

manifestación mencionada, el tribunal fijará las cantidades que correspondan a 

cada una de las formas de la caución. 

Depósito en efectivo. 

- Se hará por el inculpado o por terceras personas en la institución de crédito 

autorizada. 

- El certificado correspondiente se depositará en la caja de valores del 

tribunal, asentándose constancia de ello en autos. 

- Cuando por razón de la hora o por ser día inhábil no pueda constituirse el 

depósito directamente en la institución mencionada, el tribunal recibirá la 

cantidad exhibida y la mandará depositar en aquélla el primer día hábil. 

Cuando el inculpado no pueda efectuar el pago de una sola exhibición, el juez 

podrá autorizar para que lo efectúe en parcialidades, de acuerdo a lo siguiente: 

I.- Que tenga cuando menos un año de residencia en el lugar en que se siga el 

proceso, y demuestre estar desempeñando empleo, profesión u ocupación lícitos 

que le provean medios de subsistencia. 

II.- Que tenga fiador personal que, solvente e idóneo y dicho fiador proteste 

hacerse cargo de las exhibiciones no efectuadas por el inculpado. 

III.- La primera exhibición no podrá ser inferior al quince por ciento del monto total 

de la caución fijada, efectuarse antes de que se obtenga la libertad provisional 

obligándose a efectuar las exhibiciones por los montos y en los plazos que le fije el 

juez. 

La garantía en hipoteca. 

- El inmueble no deberá tener gravamen alguno 

- Su valor fiscal no deberá ser menor que la suma fijada como caución 

La garantía en Prenda 

Su valor de mercado será, cuando menos, de dos veces el monto de la suma 

fijada como caución. 

El tribunal expedirá el certificado de depósito correspondiente. 



277




Si la resolución fuere sosteniendo su competencias, remitirá el incidente al tribunal 

de competencias comunicando este trámite al requirente para que a su vez remita 

sus actuaciones al tribunal que deba decidir la controversia. (DR)IJ 

El tribunal de competencia cuando resulta por declinatoria o inhibitoria, dará vista 

al Ministerio Público por el término de seis días y resolverá lo que corresponda 

dentro de los quince días siguientes, remitiendo las actuaciones al tribunal que 

declare competente. 

Lo actuado por un tribunal incompetente será válido si se tratare de tribunal del 

mismo fuero. Si se tratare de distinto fuero, el tribunal federal dictará auto 

declarando que queda abierta la instrucción para que las partes promuevan las 

diligencias de prueba que estimen convenientes. 

En caso de que la competencia se resuelva en favor del fuero que haya conocido 

del asunto, el tribunal de competencias se limitará a devolver las actuaciones al 

tribunal que las haya remitido. 

Impedimentos, Excusas y Recusaciones 

De acuerdo con el C.F.P.P. articulo 444 los magistrados y jueces deben excusarse 

en los asunto en que intervengan, por cualquiera de las causas de impedimento 

que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

J 

Las causas de impedimento no pueden dispensarse por voluntad de las partes. 

El impedimento se calificará por el superior a quien correspondería juzgar de una 

recusación, en vista del informe que, dentro de tres días, rinda el juez o 

magistrado. Contra la resolución que se dicte no habrá recurso alguno. 

Recusación 

Conforme con el C.F.P.P. al artículo 447 cuando un juez o magistrado no se 

excuse va pesar de tener algún impedimento, procederá la recusación. 

No son admisibles las recusaciones sin causa. En todo caso se expresará 

concreta y claramente la que exista, y siendo varias se propondrán al mismo 

tiempo, salvo que se trate de alguna superveniente, la que se propondrá cuando 

ocurra. 

El artículo 448 del mismo código, señala que no son admisibles las recusaciones 

sin causa. En yodo caso se expresará concreta y claramente la que exista, siendo 

varias se propondrán al mismo tiempo, salvo que se trate de alguna 

superveniente, la que se propondrá cuando ocurra. 



283




Se puede interponer en cualquier tiempo, pero no después de que se haya citado 

para sentencia de primera instancia o para la vista en los tribunales superiores, y 

la promovida no suspenderá la instrucción ni la tramitación del recurso pendiente. 

Si se interpusiere en contra de un juez o magistrado, se suspenderá la celebración 

del juicio y, en su caso, la audiencia para la resolución del asunto en los tribunales 

superiores. 

Toda recusación que no fuere promovida en tiempo y forma, será desechada de 

plano. 

Cuando el juez o magistrado estimen cierta y legal la causa de recusación, sin 

audiencia de las partes se declararán inhibidos y mandarán que pase el asunto a 

quien corresponda. ( 

J 

Cuando estimen que no es cierta o que no es legal la causa alegada, señalarán al 

recusante el término de cuarenta y ocho horas para que ocurra ante el superior 

que deba conocer de la recusación. 

Interpuesta la recusación: 

- El recusado deberá dirigir oficio al superior que deba calificar aquélla. 

- Con inserción del escrito en que se haya promovido, del proveído 

correspondiente y de las constancias que sean indispensables, a juicio del 

mismo recusado, y de las que señalare el recusante. 

Si la resolución fuere afirmativa y la causa se hubiere fundado en hechos que no 

estuvieren justificados, se abrirá el incidente a prueba por un término que no 

excederá de diez días. 

Concluído el término probatorio, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 

se pronunciará la resolución contra la que no habrá recurso alguno. 

Cuando se deseche la recusación se impondrá al recusante una multa de diez a 

cien pesos. 

No procede la recusación: 

I.- Al cumplimentar exhortos. 

II.- En los incidentes de competencia. 

III.- En la calificación de los impedimentos o recusaciones. 

Excusas 

Conforme al C.F.P.P. artículos 466 y 467 las excusas de los defensores de oficio 

serán calificadas por el tribunal que conozca del asunto. Las excusas voluntarias 



284




ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. UNIDAD 07. 

INCIDENTES. 

Con base en la lectura, construyamos entre todos, los conceptos y explicaciones 

del grupo, respecto de los términos y tópicos siguientes: 

1.- Que se entiende por Incidente. 

2.- Identifique cuál es el punto de coincidencia entre los incidentes de Libertad 

Provisional Bajo Caución y el de Libertad Provisional Bajo Protesta. 

3.- En qué momento procede un Incidente de Libertad por Desvanecimiento de 

Datos. 

4.- De todos los incidentes materia de esta Unidad, señale la ruta procedimental 

que es semejante en todos ellos. 

5.- Qué Incidente considera usted sea el más importante de todos los estudiados, 

y por qué? 



288




Al hacer la solicitud, podrá nombrar defensor, conforme a las disposiciones 

conducentes de C.F.P.P., para que lo patrocine durante la substanciación del 

indulto, hasta su resolución definitiva. 

Solicitados y recibidos el proceso o procesos y, en su caso, las pruebas del 

promoverte se pasará el asunto al Ministerio Publico, por el termino de cinco días 

para que pida lo que a su representación convenga. 

Devuelto el expediente por el Ministerio Público, se pondrá a la vista del reo y de 

su defensor por el término de tres días, para que se impongan de él y formulen 

sus alegatos por escrito. Transcurrido el término a que se refiere el artículo 

anterior, se fallará el asunto declarando fundada o no la solicitud, dentro de los 

diez días siguientes. 

Si se declara fundada, se remitirá original el expediente al Ejecutivo de la Unión 

por conducto de la Secretaría de Gobernación, para que, sin más trámite, 

reconozca la inocencia del sentenciado. De lo contrario, la Suprema Corte 

mandará archivar el expediente, haciéndolo saber a las partes. 

Todas las resoluciones en que se conceda indulto se publicarán en el Diario Oficial 

de la Federación y se comunicarán al tribunal que hubiere dictado la sentencia, 

para que se haga la anotación respectiva en el expediente del caso. 

Las resoluciones relativas al reconocimiento de la inocencia se comunicarán al 

tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva 

en el expediente del caso. A petición del interesado, también se publicarán en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Prescripción y extinción de las sanciones 

Es autoridad competente para declara prescritas las sanciones quien las haya 

impuesto. El que solicite la declaración de que determinada la pena ha prescrito, 

acompaña a su promoción copia autorizada de la ejecutoria o mencionara el 

archivo en el que se encuentre el proceso en el cual se dicto la resolución. 

En el mismo escrito nombrar un defensor o se le otorgará uno de oficio recibido el 

proceso se concederá un plazo no mayor de 30 días para presentar pruebas si lo 

solicita el sentenciado o su defensor. 

Obtenidas las pruebas el tribual dará vista al Ministerio Público, al sentenciado y a 

su defensor por tres días comunes para formular alegatos y concluido se dictara 

resolución dentro de igual termino. 



297




reformado. Queda ahora al Senado de la República la responsabilidad de analizar esa supresión y 

pronunciarse al respecto. 

Tercera.- Las opciones tomadas de la parte correspondiente del inciso e) del artículo 72 

constitucional, aplicado en forma análoga para una reforma de orden constitucional, son las 

siguientes a partir de una observancia estricta de los supuestos que prevé dicha disposición: 

A.-Coincidir con la Cámara de Diputados en la pertinencia de eliminar el párrafo que se ha citado y 

aprobar el Proyecto de Decreto en los términos recibidos el pasado 26 de febrero para continuar 

con la fase de sanción por las Legislaturas de los Estados. 

B.- El Senado tiene también la opción, prevista en el texto constitucional, de insistir en la 

permanencia del párrafo que determinó eliminar la Cámara de Diputados. De ser así, el destino de 

todo el proyecto sería la interrupción del procedimiento de aprobación para dejar que hasta el 

siguiente período de sesiones se pueda abordar nuevamente para su análisis y discusión. 

C.- Desechar, en esa segunda revisión, lo reformado -en este caso la supresión de un párrafo- y 

dejar que sólo los artículos y los párrafos que ya han sido plenamente aprobados por ambas 

Cámaras, sean los que conformen el proyecto de reformas que deberá enviarse para sanción de 

las legislaturas estatales. 

Cuarta.- Cabe destacar que la última parte de la segunda opción no es definitiva, ya que el texto 

del artículo 72 que regula la devolución de un proyecto modificado de la Cámara de Origen a la 

Cámara Revisora abre una vía de solución que exige que "ambas Cámaras acuerden, por la 

mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos 

aprobados". 

Quinta.- Si bien esta cámara revisora consideró importante que nuestra Constitución se actualizara 

y ajustara a la tesis jurisprudencial 21/2007intitulada "INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN 

DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. EFICACIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y DE LAS 

PRUEBAS OBTENIDAS, CUANDO ES MOTIVADA POR LA COMISIÓN DE UN DELITO EN 

FLAGRANCIA", misma que determina que en casos de delito flagrante y cuando la demora en el 

acceso a la vivienda ponga en riesgo o incremente el mismo, respecto de bienes jurídicos de 

mayor jerarquía, es procedente que aún sin consentimiento de los poseedores, la policía ingrese al 

domicilio, sin orden judicial, en razón de que se debe privilegiar el interés general de hacer cesar la 

comisión de delitos de los que la autoridad tenga conocimiento, desde luego que sancionándose 

severamente cualquier exceso, por las vías administrativa y penal; también es cierto que voces 

provenientes de la sociedad, de la academia y en el propio Congreso, manifestaron su 

preocupación porque la facultad otorgada en el párrafo suprimido, pudiera ejercerse de manera 

excesiva por los cuerpos policíacos, lesionando con ello derechos fundamentales de las personas. 

Sexta.- Es por ello que atendiendo a ese reclamo social y respondiendo al mandato democrático 

que nos ha sido encomendado, estas comisiones unidas coinciden con la Colegisladora en la 

conveniencia de desechar de la Minuta Proyecto de Decreto del artículo 16 constitucional el 

párrafo que debería identificarse como decimoprimero en su orden de prelación y que en la versión 

aprobada por el Senado de la República el 13 de diciembre de 2007 a la letra decía: 

"La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o 

inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia 

cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este 

artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente." 



302




comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia 

organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. 

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada 

se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las 

comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo 

el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren 

internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran 

medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. 

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos 

horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de 

vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 

circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que 

la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en 

su comisión. 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas 

cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el 

desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así 

como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la 

comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de 

delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios 

violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la 

seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos 

vinculados a proceso. 

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del 

indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será 

sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre 

internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de 

vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo 

constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de 

concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, 

pondrá al indiciado en libertad. 

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de 

vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito 

distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que 

después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. 

Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el 

inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el 

extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. 

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo 

legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 

reprimidos por las autoridades. 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 



311




Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no 

podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los 

reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, 

en los supuestos y condiciones que fije la ley. 

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción 

de la Corte Penal Internacional. 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 

los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 

hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, 

en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 

Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse 

entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 

certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo 

de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de 

seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no 

ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos 

de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad 

pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las 

entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los 

azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y 

cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito 

que sancione y al bien jurídico afectado. 

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada 

para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de 

responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el 

decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los 

términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen 



315




abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se 

declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento 

que se regirá por las siguientes reglas: 

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; 

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de 

vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes: 

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la 

sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para 

determinar que el hecho ilícito sucedió. 

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados 

o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los 

extremos del inciso anterior. 

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño 

tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. 

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para 

determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado 

por estos delitos se comporte como dueño. 

III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para 

demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba 

impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

I. a XX. ... 

XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos 

deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada. 

... 

... 

XXII. ... 

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las 

instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21 de esta Constitución. 

XXIV. a XXX. ... 

Artículo 115. ... 

I. a VI. ... 



316




VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le 

transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 

público. 

... 

VIII. ... 

... 

IX. y X. ... 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 

trabajo, las cuales regirán: 

Apartado A... 

Apartado B... 

I. a XII. ... 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y 

los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos 

si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para 

permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a 

pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 

proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de 

defensa que se hubiere promovido. 

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el 

fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las 

corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 

instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 

prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y 

a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas 

instituciones. 

XIII bis. y XIV. ... 



317




de cada localidad. Tampoco debemos dejar de menciona, que la Federación, aún 

no emite su Código Federal de Procedimientos Penales, quizás en espera de 

errores y aciertos que reporten las experiencias vividas en la provincia. 

Nota importante. A continuación solo se hace mención de los tópicos o rubros reformados, derogados o adicionados. Al 

lector se le sugiere efectuar una lectura completa de todas las disposiciones, a efecto de no perder ningún detalle. 

ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL 

ANTES DE 2008 A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2008 

Párrafo Inexistente…. Segundo Párrafo 

• PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES, AL ACCESO, 

RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 

DE LOS MISMOS. (Reforma efectuada 

Segundo Párrafo 

• CUERPO DEL DELITO 

Segundo Párrafo. 

• PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL 

INDICIADO. 

Cuarto Párrafo 

• SOLO MENCIONA DELITO 

FLAGRANTE 

en el año 2009) 

Tercer Párrafo. 

• DATOS DE QUE SE COMETIO UN 

HECHO DELICTUOSOS 

Tercer Párrafo. 

• PROBABILIDAD DE QUE EL 

INDICIADO LO COMETIO O 

PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN 

Quinto Párrafo. 

• ESTABLECE EL CONCEPTO DE 

FLAGRANCIA Y CUASIFLAGRANCIA. 

Párrafo Inexistente….. Quinto Párrafo. 

• EXISTIRÁ UN REGISTRO INMEDIATO 

DE LA DETENCIÓN. 

Párrafo Inexistente… Octavo Párrafo. 

• SE ESTABLECE EL ARRAIGO, 

CAUSAS, REQUISITOS, 

AUTORIDADES Y ESPECIALMENTE 

CONTRA LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA. 

Párrafo Inexistente… Noveno Párrafo. 

• INCORPORA DEFINICIÓN DE 

Décimo Párrafo. 

• Toda ORDEN DE CATEO, que sólo la 

autoridad judicial podrá expedir y que 

será ESCRITA… 

Onceavo Párrafo. 

• INVIOLABILIDAD DE 

COMUNICACIONES PRIVADAS. 

DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

Onceavo Párrafo. 

• En toda ORDEN DE CATEO, que sólo 

la autoridad judicial podrá expedir, A 

SOLICITUD DEL MINISTERIO 

PUBLICO…..(Desaparece que el 

requisito que sea escrita) 

Doceavo Párrafo. 

• Se adicionan EXCEPCIONES A LA 

INVIOLABILIDAD DE LAS 

COMUNICACIONES PRIVADAS…SE 



321




• RESTRINGIENDO COMUNICACIÓN 

CON TERCEROS. 

• MEDIDAS QUE SE PODRÁN APLICAR 

A INTERNOS QUE REQUIERAN 

MEDIDAS ESPECIALES. 

ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL 

ANTES DE 2008 A PARTIR DEL 18 DE JUNIO DE 2008 

Primer Párrafo. 

• AUTO DE FORMAL PRISIÓN 

• DATOS QUE ARROJE LA 

AVERIGUACION PREVIA. 

• CUERPO DEL DELITO. 

• PROBABLE RESPONSABILIDAD. 

Primer Párrafo. 

• AUTO DE VINCULACIÓN A 

PROCESO. 

• DESAPARECE EL TÉRMINO DE 

AVERIGUACIÓN PREVIA. 

• COMO SE HABÍA DICHO, CAMBIA 

CUERPO DEL DELITO 

POR…HECHOS SEÑALADOS COMO 

DELITOS. 

• DESAPARECE EL TÉRMINO 

PROBABLE RESPONSABLE…COMO 

YA SE HABÍA DICHO…POR EL DE 

PROBABLE COMISIÓN O 

PARTICIPACIÓN EN EL DELITO. 

Párrafo Inexistente. Segundo Párrafo. 

• FACULTAD EXCLUSIVA DEL 

MINISTERIO PARA SOLICITARLE AL 

JUEZ PRISIÓN PREVENTIVA, 

CUANDO OTRAS MEDIDAS 

CAUTELARES NO SEAN 

SUFICIENTES PARA: 

• Garantizar la comparecencia del 

Inculpado a Juicio. 

• Garantizar el Desarrollo de LA 

INVESTIGACIÓN (TERMINO QUE 

SUSTITUYE AL DE AVERIGUACIÓN 

PREVIA). 

• Garantice la protección a Víctimas, 

testigos y comunidad. 

• O por estar o haber sido procesado por 

otro delito doloso. LA PRISIÓN 

PREVENTIVA SE DECRETARA 

OFICIOSAMENTE EN LOS DELITOS 

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, 

HOMICIDIO DOLOSO, VIOLACIÓN, 

SECUESTRO, DELITOS COMETIDOS 

POR MEDIOS VIOLENTOS CON 

ARMAS Y EXPLOSIVOS, ASI COMO 

DELITOS GRAVES QUE DETERMINE 

LA LEY EN CONTRA DE LA 

SEGURIDAD DE LA NACIÓN, EL 

LIBRE DESARROLLO DE LA 



324




GLOSARIO 

EL QUE SE COMPLETARÁ CON LA PARTICIPACION DE TODOS. 

Radicación: Auto que sujeta a las partes y a los terceros al órgano jurisdiccional e 

inicia el periodo de preparación del proceso 

Aprehensión: Acto material de apoderarse de una persona, privándola de su 

libertad. El estado de privación de libertad que sufre una persona por mandato de 

un juez (Bustamante). 

Cateo: Registro y allanamiento de un domicilio particular por la autoridad con el 

propósito de buscar personas u objetos que estn relacionados con la investigación 

de un delito. 

Arraigo: Medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del 

inculpado en la averiguación previa o durante el proceso penal. 

Embargo: conjunto de actividades que tienen por finalidad señalar bienes 

concretos de un deudor para que éste pueda afrontar sus deudas. 

Jurado: institución de origen inglés, mediante la cual los ciudadanos participan en 

la administración de la justicia penal. El jurado, en los países en que esta 

institución se encuentra en funcionamiento, interviene sólo en los procesos 

penales que establece la ley. El jurado puro es el que está constituido por 

ciudadanos no juristas, legos en Derecho, cuyo dictamen versa en exclusiva sobre 

los hechos, siendo el tribunal el responsable último de aplicar e imponer la pena 

que procediera. 

Inimputables: 

Extradición: proceso por el cual un Estado entrega una persona que se halla en 

su territorio a las autoridades de otro Estado para que sea juzgada por delitos 

cometidos en éste, o a fin de que cumpla condena por un delito por el que ya fue 

juzgada. 

Instrucción: quiere decir ilustrar al juez, enseñarle con sujeción a las reglas 

procesales, las pruebas con base en las que habrá de realizarse el juzgamiento 

del inculpado. 

Prueba: actividad que se lleva a cabo en los procesos judiciales con la finalidad 

de proporcionar al juez o tribunal el convencimiento necesario para tomar una 

decisión acerca del litigio. 



338

derecho procesal penal y de procedimientos penales - Facultad de ...

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