Secretaría de Seguridad Pública Cuarto Informe de Labores

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Cuarto Informe de Labores
Este es un problema toral, el marco jurídico actual limita la participación de la víctima u
ofendido, a iniciar el proceso con la denuncia ante el Ministerio Público y deja en manos de
éste, la aplicación o no de la justicia. Es prioritario darle a los ciudadanos la prerrogativa de
poder defenderse en materia penal, reponiéndoles su derecho constitucional a ser parte activa
en cualquier juicio, denunciar directamente ante el juez, interponer los recursos procedentes,
defender sus intereses y su causa durante todo el proceso; obtener la reparación del daño y
acabar con la impunidad que nos abruma y que ha llevado a más del 70 por ciento de las
víctimas a no denunciar, o cuando lo hacen, no se les resuelva nada en el 90 por ciento de los
casos.
La adecuación del marco jurídico a las nuevas realidades, tal y como se hizo en 1929 y
1931, es una prioridad y se erige como un símbolo de lo que representa el nuevo modelo de
seguridad pública, partiendo de una perspectiva que rompe con los esquemas tradicionales, las
costumbres anquilosadas y los tabúes respecto a los arcaicos esquemas procesales de justicia y
que no corresponden a la exigencia contemporánea que representa la delincuencia organizada
y una tipología delictiva inexistente en aquella época.
Hacia una Reforma Estructural
Los ordenamientos jurídicos en materia de seguridad pública, tienen escaso margen de
maniobra y potencial preventivo. Resalta la urgencia de un cambio estructural desde una
perspectiva sistémico integral que involucre a los demás componentes del sistema como son:
la procuración e impartición de la justicia y la readaptación e inserción social del delincuente;
por lo que es necesario consolidar las bases para una reforma integral, atacando de raíz el nivel
de impunidad de más del 90 por ciento de los delitos, estimular la denuncia para abatir la cifra
negra, así como generar confianza en la sociedad en la medida que los asuntos no se queden
archivados en los escritorios de una burocracia que trafica con la aplicación de la ley y burla la
dignidad del ofendido, inhibiendo el deseo legítimo de encontrar justicia. Ante esta
problemática es urgente la creación de una instancia ciudadana, con facultades de auditoria,
seguimiento y de documentación de irregularidades para su sanción ante la autoridad
competente.
La delincuencia organizada y sus prácticas operativas, demuestran el grado de evolución
técnica y homogenización de los distintos grupos, así como la conformación de redes