PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.pdf - Fundepro.com.ve

Describiéndose del artículo arriba mencionado, cuales son los fines del Estado
encontrándonos con las Garantías Constitucionales, como lo son la del
cumplimiento de los principios, derechos y deberes en ella consagrados, lo que
constituye un valor fundamental del Estado.
Así, el acceso a la justicia, acreditado en nuestra Carta Magna en su artículo
26, que reza:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer
valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a tutela efectiva de los mismos
y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”, es un derecho de estricto cumplimiento
apreciado como valor fundamental en un Estado Democrático y Social de Derecho. / El Estado
garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma,
independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas sin formalismos o
reposiciones inútiles.
Encuadrando los derechos de la persona humana y el tratamiento
constitucional del derecho del acceso a la justicia e imponiendo además, su
operatividad como derecho material y esto se da cuando se establece que:
"toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la administración de
justicia…".
El artículo en comento, trae consigo el principio de la tutela judicial efectiva,
que según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, puede
traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de
los derechos e intereses frente al Poder Público, aún cuando la legalidad
ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concretos. También dijo la
Comisión que la incertidumbre o falta de claridad en la consagración de los
requisitos de admisibilidad de una acción puede constituir una violación a ese
derecho fundamental. El recurso sencillo y rápido amparado por la Convención
Americana impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable
juego de confusiones en detrimento de los particulares.
Asimismo, denota este artículo que el Estado tiene un fin garantista, cuando se
refiere a una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, pero debe cumplir
para ello, con dos principios esenciales, eficacia y rapidez. Produciéndose un
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