PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.pdf - Fundepro.com.ve

“Disponen el primer y segundo parágrafo del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal
lo siguiente: /“Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal
cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las
circunstancias de su comisión y la sanción probable./En ningún caso podrá sobrepasar la pena
mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.” (Subrayado añadido) /De
la norma que supra fue transcrita se colige que toda medida de coerción personal, que se
imponga a una persona que esté sometida a un proceso penal, tendrá un plazo máximo de
aplicación que no puede exceder de la pena mínima para cada delito ni, en todo caso, de dos
años. Ahora bien, es evidente, para esta Sala, que el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia
en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cuando
negó la revocatoria de la medida cautelar privativa de libertad, no se pronunció en el contexto
completo de la referida norma. /Al respecto, en sentencia N° 1626, del 17 de julio de 2002,
(Caso: Miguel Ángel Graterol Mejías) esta Sala determinó, en relación con el principio de
proporcionalidad en la aplicación de las medidas de coerción personal, lo siguiente: /“Dicho
principio se refiere a la relación que debe existir entre la medida de coerción personal a ser
impuesta, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción
probable. Es decir, ante la posible comisión de un hecho punible por parte de un
individuo determinado, el juzgador debe valorar los anteriores elementos y, con criterio
razonable, imponer alguna de dichas medidas; ello para evitar que quede enervada la
acción de la justicia. No obstante, tal providencia debe, necesariamente, respetar los límites
que contiene el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, antes artículo 253, la cual es
la garantía que el legislador le ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a
medida de coerción personal alguna, sin que en su contra pese condena firme, pues determinó
que dos años era un lapso más que razonable –aun en los casos de los delitos más graves-
para que en la causa que se siguiera en su contra, se hubiera producido pronunciamiento de
una decisión definitivamente firme”./Ahora bien, debe recordarse que, de conformidad con los
artículos 9 y 247 del Código Orgánico Procesal Penal, las disposiciones que restrinjan la
libertad del procesado o limiten sus facultades son de interpretación restrictiva. Así, el Código
Orgánico Procesal Penal limita en el tiempo la duración de todas las medidas de coerción
personal, y no sólo de la privativa de libertad, todas las cuales se tornan ilegítimas por el
transcurso del lapso que dispone el referido artículo 244./En tal sentido, observa la Sala que el
quejoso estuvo sometido a medida de coerción personal privativa de libertad por un
lapso que excedió el límite temporal que, respecto de la misma, preceptúa el tantas
veces mencionado artículo 244, razón por la cual, a falta de decreto judicial de prórroga
de la misma y por cuanto el retardo procesal en la celebración de la audiencia oral y
pública no fue imputable al aquí demandante, debió procederse a la revocación de la
misma y, en consecuencia, a decretar la libertad plena del imputado; en este sentido,
resultó errada la decisión de la primera instancia constitucional cuando le impuso al quejoso
una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad.” 2 (Negrillas de Fundepro).
Máxima que se desprende del resumen de la sentencia antes transcrita:
Transcurrido el lapso de dos años el imputado quedará en libertad plena.
“…Sala observa que la Ley adjetiva penal establece en el artículo 264 del Código Orgánico
Procesal Penal, lo siguiente: /“El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la
medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En
todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares
cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La
negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación” (Subrayado de esta
Sala)./De acuerdo con la norma transcrita, no hay limitación alguna a la posibilidad de solicitar
al juez que revoque o sustituya la medida de privación judicial preventiva de la libertad por otra
menos gravosa para el imputado, como una vía ordinaria para lograr tal propósito perseguido; y
2 Sentencia Nro. 369 del 31 de marzo de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ponente: Pedro
Rondón Haaz.
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