PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.pdf - Fundepro.com.ve

CIUDADANA
PRESIDENTE Y DEMÁS MAGISTRADOS
DE LA SALA CONSTITUCIONAL
DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SU DESPACHO.-
Nosotros, JACKELINE SANDOVAL DE GUEVARA, RAFAEL ARTURO
PARRA SALUZZO, DONAGEE SANDOVAL ESCOBAR, YULEXI PETRELLA
y ANA MERCEDES PETEH venezolanos, mayores de edad, de este domicilio,
civilmente hábiles, de estado civil, casada, casado, soltera, soltera y casada,
titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-6.809.661, V-6.911.896, V-
6.978.767 V-9.963.715 y V-11.740.032, respectivamente, todos abogados en el
libre ejercicio de la profesión e inscritos en el Instituto de Previsión Social del
Abogado, bajo los Nros. 25395, 39352, 58621, 77660 y 101698,
respectivamente, domiciliados procesalmente en la Urbanización Colinas de
Bello Monte, Avenida Neveri, Quinta Virginia, Planta Alta, Baruta, Municipio
Baruta del Estado Miranda, Miembros de la Asociación Civil FUNDACIÓN
PARA EL DEBIDO PROCESO (FUNDEPRO), debidamente protocolizada por
ante el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta del Estado
Miranda, Baruta, el 2 de octubre de 2007, bajo el Nro. 12, Tomo 1, Protocolo
Primero, ante ustedes, con el debido respeto, acudimos en nombre propio y en
representación de nuestros intereses, de conformidad con lo previsto en los
artículos 21, 26, 51, 266, todos de la Constitución de la Republica Bolivariana
de Venezuela, a fin de demandar la Nulidad Parcial del artículo 244 del Código
Orgánico Procesal Penal, por inconstitucional, de conformidad con los
siguientes señalamientos:
Ciudadanos Magistrados, la esencia social y principal de nuestra Asociación
Civil es la asistencia, defensa y representación judicial y/o extrajudicial de
víctimas de violación o amenazas de violación de derechos humanos, abusos
de poder o cualquier otro delito, pudiendo ejercer su representación ante
organismos nacionales e internacionales de diversos géneros, muy
especialmente, los encargados de la protección y defensa de los derechos
1

humanos; la promoción y organización y difusión de foros, congresos,
investigaciones, eventos, análisis, estudios jurídicos y académicos, no teniendo
ningún tipo de participación política.
Señores Magistrados, como podrán observar de lo indicado ut supra, el objeto
principal de esta Asociación no Gubernamental, es la defensa de los derechos
humanos y esta aunada a la firme creencia de que trabajar conjuntamente con
el Estado, por un mismo objetivo, sería la clave para minimizar las violaciones
de derechos humanos cometidas por quienes laboran en los Centros
Penitenciarios.
Cuando observamos uno de los factores del por que de tantos motines,
huelgas, autosecuestros, que se han producido en los últimos años en nuestros
establecimientos penales, no nos queda otra solución que analizar, el por que
existen tantos privados de su libertad, cuando estamos seguro que la intención
del legislador de 1999, era que salvo contadas excepciones, los juicios se
realizaran en libertad del imputado durante el proceso, y así tenemos:
Estado de Libertad
El artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que toda
persona a quien se le impute participación en un hecho punible, permanecerá
en libertad durante el proceso, salvo las excepciones que a este respecto
contemple la Ley de marras.
Privación Judicial Preventiva de Libertad
Instituye asimismo, que la privación de libertad, es una medida cautelar y que
sólo procede cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para
asegurar las finalidades del proceso. Entendiéndose, a la misma como una
medida de aseguramiento personal, que recae sobre el imputado, para
restringir o limitar su libertad física, por parte del Estado, el cual como
detentador de la Administración de Justicia, dispone para tal efecto, de diversos
mecanismos destinados a garantizar la eficacia de su poder punitivo,
2

esaltando, entre ellas, las medidas de coerción personal, las cuales cumplen
una función cautelar para garantizar los resultados del proceso, en procura de
una justicia palpable y material, distinguiéndose de las medidas corporales
definitivas, debido a que estas últimas, reprimen la conducta delictual y sirven
de escarmiento al penalmente responsable.
Principio de Proporcionalidad
La Ley Procesal Penal, le colocó un tope a la medida cautelar de Privación
Judicial Preventiva de Libertad, cuando en su artículo 244, que se refiere al
Principio de la Proporcionalidad, fijó una regla de duración máxima, por cuanto
en ningún caso puede durar más de lo que la Ley establezca como pena
mínima para el delito imputado y en caso de que existan varios delitos se
tomará la del más grave, pero nunca podrá exceder de dos años.
En caso de que haya transcurrido un lapso mayor al tiempo previsto por la Ley
y aún no haya tenido un juicio justo donde se le haya sentenciado, y el
Ministerio Público o el querellante no haya solicitado la prórroga cuyo
requerimiento le concede el aludido artículo 244 del Código Orgánico Procesal
Penal, el imputado tiene el derecho y el deber de solicitar su libertad por sí
mismo o por medio de su defensor, o cualquier persona o de oficio, en virtud de
que el Estado no ha sido lo suficientemente diligente para perseguir el delito y
no puede retener a estas personas en las cárceles malévolamente y sin juicio.
Revisión de la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de
Libertad
De igual manera, la medida de privación judicial preventiva de libertad, está
sometida a una revisión permanente, porque las condiciones primarias que
dieron origen a la mencionada privación, pueden haber sufrido modificaciones y
producir cambios que la hagan parecer desproporcionado e innecesaria,
justificando consecuencialmente, su sustitución o revocación. (Regla del rebus
sic stantibus).
3

En torno a lo antes expuestos, existen algunas sentencias cuyos extractos se
traen a colación y que de seguidas se detallan así como las máximas que de
ellas se derivan:
“Efectivamente, de acuerdo al contenido del artículo 253 (hoy artículo 244) del Código Orgánico
Procesal Penal, aplicable ratione temporis, la medida de coerción personal que es decretada
contra un imputado o acusado decae, previo análisis de las causas de la dilación procesal,
cuando han transcurrido más de dos años de su vigencia, contados a partir del momento en
que fue dictada. Claro está, siempre y cuando no se haya proveído la prórroga establecida en
el caso que sea aplicable lo señalado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal,
dado que, en ese caso, deberá esperarse que culmine la misma para que pueda existir dicho
decaimiento./Esa pérdida de la vigencia se traduce en la libertad del imputado o acusado y
debe ser proveída, de oficio sin la celebración de una audiencia (ver en ese sentido la decisión
N° 601, del 22 de abril de 2005, caso: Jhonny Anton io Palencia Cánsales), por el tribunal que
esté conociendo de la causa. En efecto, tanto la privación judicial preventiva de libertad como
cualquier medida cautelar sustitutiva son medidas de coerción personal, por lo que al
sobrepasar el lapso previsto en el artículo 253 (hoy artículo 244) del Código Orgánico Procesal
Penal, respecto el principio de proporcionalidad, debe proveerse la libertad del imputado o
acusado, dado que, en caso contrario, la privación se convierte en ilegítima./ Ahora bien, si la
libertad no es decretada, entonces el afectado, o su defensa, deben solicitar
simplemente la libertad, atendiendo al contenido del artículo que establece el principio
de proporcionalidad de la medida de coerción personal (artículo 253 en el presente
asunto), y no debe entenderse esta solicitud como una revisión de la medida de coerción
personal, por cuanto esta última sólo se aplica en aquellos casos en los cuales las
razones por las que fue dictada la medida han variado, lo cual es distinto a la
prolongación en el tiempo de la misma./ Así pues, se destaca que al no corresponder la
solicitud de libertad, cuando se fundamenta en la violación del nombrado principio de
proporcionalidad, a una petición de revisión de la medida de coerción personal, toda
negativa de la concesión de esa libertad es susceptible de apelación conforme el
numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, por causar un gravamen
y por no tratarse de una decisión inimpugnable, como ocurre cuando se niega la referida
revisión. (Ver, en ese sentido, la sentencia N° 3060, del 4 d e noviembre de 2002, caso: David
José Bolívar, que puede ser aplicada al contenido del artículo 253 del Código Orgánico
Procesal Penal reformado, como las sentencias N° 21 77, del 15 de septiembre de 2004, caso:
Iván Alexander Urbano Rivas, N° 501, del 14 de abri l de 2005, caso: Luis Antonio Machado
Díaz, N° 685, del 29 de abril de 2005, caso: Ovirma del Valle Chacón Pisani, entre otras)./Este
recurso de apelación, por tanto, debe ser agotado antes de acudirse a la vía del amparo,
a menos que la parte afectada, dentro de la oportunidad de la apelación, opte por el
amparo, en lugar de los medios de impugnación que ofrece el Código Orgánico Procesal
Penal, al considerar que existe alguna urgencia, en el caso en concreto, que demuestre
que los recursos existentes en el proceso que motivó el amparo no darán satisfacción a
la pretensión deducida. Pero deberá señalar, en la solicitud de amparo, esa razones, para
que el Juez Constitucional analice su procedencia. (ver sentencias N° 939, del 9 de
agosto de 2000, caso: Stefan Mar C.A. y N° 963, de l 5 de junio de 2001, caso: José Ángel
Guía, entre otras)./En el presente caso, se observa que la parte accionante no intentó recurso
de apelación contra la decisión dictada el 4 de noviembre de 2003 por el Tribunal Primero de
Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, que negó la concesión de una medida
cautelar sustitutiva, ni señaló los motivos por los cuales acudía a la vía del amparo, antes de
agotar el medio de impugnación ordinario, circunstancia que, a juicio de esta Sala, se subsume
en la causal de inadmisibilidad de la acción de amparo, conforme lo señalado en el numeral 5
del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (ver
sentencia N° 2369, del 23 de noviembre de 2001, cas o: Mario Téllez García). /En virtud de lo
expuesto, esta Sala considera que el Tribunal a quo debió, por impugnarse específicamente en
el presente asunto la decisión dictada el 4 de noviembre de 2003 por el Tribunal Primero de
4

Juicio, que negó la concesión de una medida cautelar sustitutiva, declarar inadmisible el
amparo y no parcialmente con lugar, hecho que demuestra, a su vez, que el incumplimiento de
la notificación de la víctima en el presente procedimiento, para que acudiese y se diere por
enterado sobre la oportunidad en que se iba a celebrar la audiencia constitucional, no amerita
la declaratoria de la reposición de la causa por esta Sala, toda vez que la misma sería inútil,
máxime cuando, a juicio de esta Sala, la defensa técnica del accionante puede, a pesar de que
no interpuso apelación y por no existir una norma que lo prohíba, solicitar nuevamente, dentro
del proceso penal, su libertad./Ahora bien, en casos análogos como el presente esta Sala ha
ordenado, en virtud de la existencia del orden público constitucional, que el Tribunal de
Primera Instancia en lo Penal que se encuentre conociendo la causa penal, provea
inmediatamente al recibo de las actuaciones, si no lo ha hecho, respecto de la medida de
coerción personal que pesa sobre un determinado imputado o acusado, con estricta
observancia de lo que dispone el entonces artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal,
aplicable ratione temporis. /En efecto, al haber transcurrido más de dos años de vigencia de la
medida privación judicial preventiva de libertad decretada al ciudadano Octaviano José Weffer
Oria, lo propio era que esa medida de coerción personal cesara, en virtud de la existencia del
referido principio de proporcionalidad. Esa cesación, en virtud del aludido orden público
constitucional, debe acordarse en forma indiscutible en el presente caso, por lo que se ordena
al Tribunal Penal que conozca la causa del quejoso, se pronuncie sobre su situación de
privación de libertad, atendiendo al contenido del entonces artículo 253 del Código Orgánico
Procesal Penal reformado./Sin embargo, debe tomar en cuenta ese Juzgado que no es posible
que ordene la libertad del accionante, por cuanto se verifica, específicamente en el folio
noventa y uno (91) del expediente, que el Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del
Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, le informó al Tribunal de Juicio que conocía la
causa penal que motivó el amparo, que el ciudadano Octaviano José Weffer Oria se
encontraba cumpliendo la pena de quince años de presidio, por haber sido condenado por el
delito de homicidio calificado, previsto en el entonces ordinal 1° del artículo 408 del Código
Penal, aplicable ratione temporis. Asimismo, se indicó que la pena impuesta se extinguía el 24
de noviembre de 2009 y que, en una oportunidad, “quebrantó” una medida de Destacamento
de Trabajo que se le había acordado, por lo que tuvo que recluirse de nuevo en el Internado
Judicial Carabobo./En ese sentido, se observa que si bien es cierto que la privación
judicial preventiva de libertad decretada al ciudadano Octaviano José Weffer Oria excede
del lapso de dos años y, por tanto, cesó, también lo es que no puede acordarse su
libertad plena, por encontrarse cumpliendo una pena que le fue impuesta por ser autor
de un hecho punible. Así pues, el Tribunal que conoce actualmente la causa penal debe
pronunciarse sobre la cesación de la medida de coerción personal, en el caso que no se
haya hecho, pero debe dejar sentado que la privación de libertad del accionante se debe
al cumplimiento de la ejecución de la pena que le fue impuesta en el Circuito Judicial
Penal del Estado Carabobo, por la comisión del delito de homicidio calificado./último, se
considera pertinente señalar que esta Sala en la sentencia N° 3744, del 22 de diciembre de
2003 (caso: René Toro Cisneros y otros), asentó que “es una dilación indebida la que ocurre
cuando el tribunal con escabinos no puede constituirse después de dos convocatorias
correspondientes y que, ante esa situación, el juez profesional que dirigirá el juicio, debe
asumir totalmente el poder jurisdiccional sobre la causa, por lo que deberá llevar
adelante el juicio prescindiendo de los escabinos”, doctrina reiterada en las sentencias
números 2598/04, 238/05 y 385/05.” 1 (Negrillas de Fundepro).
Máxima que se desprende del extracto de la sentencia citada ut supra: Tanto la
Privación Judicial Preventiva de Libertad como cualquier Medida Cautelar, cesa
transcurridos dos años, salvo que esté cumpliendo condena en otro proceso.
1 Sentencia Nro. 949, del 24 de mayo de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ponente: Arcadio
Delgado Rosales.
5

“Disponen el primer y segundo parágrafo del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal
lo siguiente: /“Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal
cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las
circunstancias de su comisión y la sanción probable./En ningún caso podrá sobrepasar la pena
mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.” (Subrayado añadido) /De
la norma que supra fue transcrita se colige que toda medida de coerción personal, que se
imponga a una persona que esté sometida a un proceso penal, tendrá un plazo máximo de
aplicación que no puede exceder de la pena mínima para cada delito ni, en todo caso, de dos
años. Ahora bien, es evidente, para esta Sala, que el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia
en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, cuando
negó la revocatoria de la medida cautelar privativa de libertad, no se pronunció en el contexto
completo de la referida norma. /Al respecto, en sentencia N° 1626, del 17 de julio de 2002,
(Caso: Miguel Ángel Graterol Mejías) esta Sala determinó, en relación con el principio de
proporcionalidad en la aplicación de las medidas de coerción personal, lo siguiente: /“Dicho
principio se refiere a la relación que debe existir entre la medida de coerción personal a ser
impuesta, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción
probable. Es decir, ante la posible comisión de un hecho punible por parte de un
individuo determinado, el juzgador debe valorar los anteriores elementos y, con criterio
razonable, imponer alguna de dichas medidas; ello para evitar que quede enervada la
acción de la justicia. No obstante, tal providencia debe, necesariamente, respetar los límites
que contiene el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, antes artículo 253, la cual es
la garantía que el legislador le ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a
medida de coerción personal alguna, sin que en su contra pese condena firme, pues determinó
que dos años era un lapso más que razonable –aun en los casos de los delitos más graves-
para que en la causa que se siguiera en su contra, se hubiera producido pronunciamiento de
una decisión definitivamente firme”./Ahora bien, debe recordarse que, de conformidad con los
artículos 9 y 247 del Código Orgánico Procesal Penal, las disposiciones que restrinjan la
libertad del procesado o limiten sus facultades son de interpretación restrictiva. Así, el Código
Orgánico Procesal Penal limita en el tiempo la duración de todas las medidas de coerción
personal, y no sólo de la privativa de libertad, todas las cuales se tornan ilegítimas por el
transcurso del lapso que dispone el referido artículo 244./En tal sentido, observa la Sala que el
quejoso estuvo sometido a medida de coerción personal privativa de libertad por un
lapso que excedió el límite temporal que, respecto de la misma, preceptúa el tantas
veces mencionado artículo 244, razón por la cual, a falta de decreto judicial de prórroga
de la misma y por cuanto el retardo procesal en la celebración de la audiencia oral y
pública no fue imputable al aquí demandante, debió procederse a la revocación de la
misma y, en consecuencia, a decretar la libertad plena del imputado; en este sentido,
resultó errada la decisión de la primera instancia constitucional cuando le impuso al quejoso
una medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad.” 2 (Negrillas de Fundepro).
Máxima que se desprende del resumen de la sentencia antes transcrita:
Transcurrido el lapso de dos años el imputado quedará en libertad plena.
“…Sala observa que la Ley adjetiva penal establece en el artículo 264 del Código Orgánico
Procesal Penal, lo siguiente: /“El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la
medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En
todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares
cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La
negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación” (Subrayado de esta
Sala)./De acuerdo con la norma transcrita, no hay limitación alguna a la posibilidad de solicitar
al juez que revoque o sustituya la medida de privación judicial preventiva de la libertad por otra
menos gravosa para el imputado, como una vía ordinaria para lograr tal propósito perseguido; y
2 Sentencia Nro. 369 del 31 de marzo de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ponente: Pedro
Rondón Haaz.
6

en todo caso, el juzgador debe revisar cada tres (3) meses la necesidad de mantener la medida
cautelar en cuestión./Ahora bien, es claro que toda medida de coerción personal que se
imponga a una persona que esté sometida a un proceso penal, tendrá un plazo máximo de
aplicación que no puede exceder de la pena mínima para cada delito ni de dos (2) años. Esa
pérdida de la vigencia se traduce en la libertad del imputado o acusado y debe ser
proveída, de oficio, por el Tribunal que esté conociendo de la causa. /En tal sentido, si la
libertad no es decretada, entonces, el afectado, o su defensa, debe solicitar la libertad,
de conformidad con lo que dispone el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.
Si la libertad es negada por el Tribunal que conoce de la causa, ello permite que la parte
afectada pueda interponer el recurso de apelación que dispone el cardinal 5 del artículo
447 del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que esa negativa le produce un
gravamen./En efecto, si la privación de la libertad se ha prolongado más allá del límite
máximo establecido, esto es, dos (2) años, y sin embargo el juez se niega a hacerla
cesar, no podría pretenderse aplicar la prohibición de ejercer el recurso de apelación,
conforme al citado artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el
legislador no comprendió en esa norma dicho supuesto; y para constatar tal afirmación,
basta con destacar que la aludida limitación temporal está prevista dentro del capítulo
relativo a los principios generales que imperan en materia de medidas de coerción
personal. (Vid. Sentencia de esta Sala N° 3060 del 4 de novie mbre de 2003, caso “David José
Bolívar”).” 3 (Negrillas de Fundepro).
De la sinopsis de esta sentencia se colige la siguiente máxima: Vencido el
plazo de dos años procede el recurso de apelación.
“En lo esencial, el accionante impugnó, mediante el ejercicio de la acción de amparo, una
decisión judicial que negó su pretensión de que se declarara el decaimiento de la medida
cautelar privativa de libertad a la cual se encuentran sometidos sus representados, por cuanto
dicha medida había excedido el lapso preclusivo de vigencia que establece el artículo 244 del
Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, observa esta juzgadora que, contra dicho
pronunciamiento, la parte accionante disponía del recurso de apelación, de conformidad
con el artículo 447.5 eiusdem, tal como lo ha establecido esta Sala Constitucional y ha
ratificado en fallos tan recientes como el N° 2676, de 25 de noviembre de 2004, mediante el
cual se pronunció en los términos siguientes:/“No obstante, el artículo comentado contempla el
supuesto en que se solicite la revisión de la medida de privación preventiva de libertad en el
curso de un proceso que se ha tramitado conforme a las previsiones legales y, por tanto, no ha
excedido el lapso que normalmente debe durar el proceso penal, lo cual implica que la
antedicha medida cautelar, se encuentra aún dentro de los límites establecidos. Si por el
contrario, la privación de la libertad se ha prolongado más allá del límite máximo
establecido, esto es, dos (2) años, y sin embargo el juez se niega a hacerla cesar, no
podría pretenderse aplicar la prohibición de ejercer el recurso de apelación, conforme al
citado artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el legislador no
comprendió en esa norma dicho supuesto; y para constatar tal afirmación, basta con
destacar que la aludida limitación temporal está prevista dentro del capítulo relativo a los
principios generales que imperan en materia de medidas de coerción personal; no aceptar que
el agraviado ejerza el recurso de apelación contra esa negativa, implicaría una violación
directa al principio de la doble instancia que rige en nuestro proceso”./ En efecto, la
pretensión de sustitución de la medida privativa de libertad fue sustentada, en el caso que se
examina, en la supuesta ilegitimidad de la misma y la respectiva decisión debió ser dictada con
base en el artículo 244 –no en el 264- del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual
era admisible el recurso de apelación contra la decisión que se ha impugnado en la presente
causa. Con base en las anteriores consideraciones, se concluye que, en el presente caso, la
3 Sentencia Nro. 685 del 29 de abril de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ponente: Luisa
Estella Morales.
7

acción de amparo es inadmisible, de conformidad con el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y así se declara; ello, por cuanto el
actual accionante disponía de una vía judicial preexistente para el planteamiento de su
pretensión de tutela, cual era el referido recurso de apelación, en virtud de que, como lo ha
establecido reiteradamente y sostiene esta Sala, el juez de la apelación es también de control
de la constitucionalidad, de acuerdo con los artículos 334, de la Constitución, 20, del Código de
Procedimiento Civil, y 19, del Orgánico Procesal Penal; competente, por tanto, para el
pronunciamiento de una respuesta adecuada, eficaz y oportuna, ante una denuncia de
situación jurídico constitucional infringida. 4 (Negrillas de Fundepro).
Del extracto de la sentencia en examine antes aludida se discurre que el
recurso de apelación procede vencido el plazo de dos años.
“El Código Orgánico Procesal Penal prevé la proporcionalidad como una característica inherente a las
medidas de coerción personal, al disponer: /“Artículo 244. De la proporcionalidad. No se podrá
ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la
gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. /En ningún caso podrá
sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos
años./Excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante podrán solicitar al juez de
control, una prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, para el
mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su
vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser
debidamente motivadas por el fiscal o el querellante. En este supuesto, el juez de control
deberá convocar al imputado y a las partes a una audiencia oral, a los fines de decidir,
debiendo tener en cuenta, a objeto de establecer el tiempo de la prórroga, el principio de
proporcionalidad”. / Conforme a la disposición transcrita, las medidas de coerción personal,
independientemente de su naturaleza, están sometidas a un límite máximo de dos años, lapso
que el legislador consideró suficiente para la tramitación del proceso. Por lo tanto, la medida
cautelar decae automáticamente, una vez transcurridos los dos años, aunque es probable que,
para asegurar las finalidades del proceso, aún sea necesario someter al imputado o al acusado
a alguna otra medida cautelar, que en todo caso debe ser menos gravosa./Como se observa, el
citado artículo 244 de la ley procesal penal sólo contempla la realización de una audiencia oral
en aquellos supuestos en que el Ministerio Público o el querellante soliciten la prórroga del
mencionado límite de dos años, lo cual se justifica porque la excepcionalidad de tal situación
requiere oír a las partes, a fin de establecer la existencia de causas graves que demuestren
que la cesación de la medida de coerción personal conllevaría a la impunidad, así como
determinar la duración de la prórroga, pues el principio de proporcionalidad exige que nunca se
supere la pena mínima prevista para el delito de que se trate./En efecto, esta Sala
Constitucional ha venido sosteniendo que cuando la medida de coerción personal exceda el
límite máximo legal, sin que se haya solicitado su prórroga, o una vez vencida ésta, el juez está
obligado a declarar, de oficio o a solicitud de parte, el decaimiento de la misma, debido al
mandato expreso contenido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal; pero en tal
supuesto, debe citar a las partes, e incluso a la víctima aunque no se haya querellado, para
realizar una audiencia oral y decidir acerca de la necesidad de dictar una medida cautelar
menos gravosa al imputado o acusado, sin menoscabo de los derechos a la defensa y a ser
oído (al respecto, véase la sentencia N° 3.060 del 4 de noviembre de 2003, caso: David José
Bolívar, y, más recientemente, las decisiones números 2.555 del 9 de noviembre de 2004 y
3.254 del 16 de diciembre de 2004, casos: José Irene Bogotá Sánchez y Félix Enrique Celis
Hernández, respectivamente)./Ahora bien, esta Sala considera conveniente modificar el criterio
anterior, pues en la sentencia N° 1.737 del 25 de j unio de 2003 (caso: José Benigno Rojas
Lovera y Gledys Josefina Carpio Chaparro), se afirmó que el decreto judicial de un acto que no
está expresamente establecido en la ley, constituye una flagrante violación de los trámites de
4 Sentencia Nro. 501 del 14 de abril de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ponente: Pedro
Rondón Haaz.
8

procedimiento que infringe el debido proceso, lo cual conlleva forzosamente a declarar su
nulidad./En este sentido, no sólo el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal no prevé
una audiencia para decidir acerca del decaimiento de la medida de coerción personal y su
eventual sustitución por una medida cautelar menos gravosa, sino que además, la celebración
de tal acto difiere el pronunciamiento que al respecto debe dictarse –como sucedió en el
presente caso, en que la privación judicial preventiva de libertad cumplió dos años de vigencia
el 25 de enero de 2004, y su sustitución sólo fue decretada el 21 de mayo de ese año, por los
sucesivos diferimientos de la audiencia fijada por el presunto agraviante, retraso que afecta el
derecho del procesado a una medida cautelar proporcional./Por lo tanto, a partir de la
publicación de este fallo, queda modificado el criterio de esta Sala, de modo que cuando una
medida de coerción personal, y en especial la de privación preventiva de libertad, exceda el
límite de dos años, o la prórroga que excepcionalmente haya sido acordada, el juez penal debe
pronunciarse sobre el decaimiento de la medida cautelar, sin realizar previamente una
audiencia oral. Así se declara. 5 (Subrayado de Fundepro).
La Síntesis de esta sentencia antes descrita, nos arroja que vencido el lapso de
dos años, sin necesidad de realizar una audiencia para oír a las partes, debe
sustituirse la medida privativa de libertad.
“En efecto, a pesar de que la parte actora precisó, en su demanda de amparo, que al
ciudadano José Luis Zerpa le fueron conculcados los derechos al debido proceso y a la
presunción de inocencia, esta Sala destaca que en el presente caso se encuentra involucrado
igualmente el derecho a la libertad personal, toda vez que se solicitó, a través del amparo, el
decaimiento de la medida de privación judicial que se le había dictado al referido quejoso, el 20
de abril de 2005, por parte del Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado
Guárico, extensión Calabozo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del
Código Orgánico Procesal Penal./En ese sentido, cabe acotar que el derecho a la libertad
personal ha sido considerado por esta Sala como un derecho que interesa al orden
público (ver sentencias números 843/05, 101/05, 1529/03 y 899/01, entre otras). Sin
embargo, se desprende del oficio N° 2793-08, del 15 de dic iembre de 2008, suscrito por el
Juez Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Calabozo,
recibido en esta Sala por vía fax, el 16 de diciembre de 2008, que el ciudadano José Luis
Zerpa Ávila fue condenado a cumplir la pena de veinticuatro (24) años de prisión, por la
comisión de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles o innobles, en
perjuicio del ciudadano Juan Ramón González; homicidio calificado en grado de
frustración por motivos fútiles o innobles, en perjuicio del ciudadano Wilson Rojas; y
resistencia a la autoridad; lo que implica que en el presente caso no se verifican los
supuestos que determinan la existencia del orden público, referidos anteriormente, por
cuanto ha sido dictada contra el quejoso una sentencia definitiva en el proceso penal que
motivó el amparo.” 6 (Subrayado y negrillas de Fundepro).
El citado resumen de sentencia, arroja la máxima que se describe a
continuación: El derecho a la libertad personal es considerado un derecho que
5 Sentencia Nro. 601 del 22 de abril de 2005, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ponente: Francisco
Carrasquero López.
6 Sentencia Nro. 01del 12 de enero de 2009, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ponente: Carmen
Zuleta de Merchan.
9

le interesa al orden público. Transcurridos los dos años cesa la Privación
Judicial Preventiva de Libertad, salvo que en el ínterin del proceso se haya
sentenciado firmemente la causa.
Ahora bien en consonancia con lo antes expuesto, el Proceso Penal
Venezolano, debe estar enmarcado en el cumplimiento de principios y
garantías constitucionales y procesales, de conformidad con nuestra normativa
vigente, entre las cuales debemos destacar:
Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“La libertad personal es inviolable; en consecuencia: / 1.- Ninguna persona puede ser arrestada
o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En
este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho
(48) horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las
razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o jueza en cada caso. / La
constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no
causara impuesto alguno. / 2.- Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de
inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza; y estos o estas,
a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra
la persona detenida; a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la
detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de
la persona detenida, ya sea por si mismos o por si mismas, o con el auxilio de especialistas. La
autoridad competente llevara un registro público de toda detención realizada, que comprenda la
identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la
practicaron. / Respecto de la detención de extranjeros o extranjeras se observara, además, la
notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia. / 3.- La pena no
puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o
infamantes. Las penas privativas de libertad no excederán de treinta (30) años. / 4.- Toda
autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse. / 5.-
Ninguna persona continuara en detención después de dictada orden de excarcelación por la
autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta”.
Artículo 49 del citado texto constitucional:
“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en
consecuencia: / 1.- La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado
y grado de la investigación y del proceso. /Toda persona tiene derecho a ser notificada de los
cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de
los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante
violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del
fallo, con las excepciones establecidas en esta constitución y la ley. / 2.- Toda persona se
presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. / 3.- Toda persona tiene derecho a ser
oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable
determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con
anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene
derecho a un interprete. / 4.- Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces
naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta
Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad
10

de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones
creadas para tal efecto. / 5.- Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o
declarar contra si misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad. / La confesión solamente será válida si fuere
hecha sin coacción de ninguna naturaleza. / 6.- Ninguna persona podrá ser sancionada por
actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes
preexistentes. / 7.- Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en
virtud de los cuales hubiese sido juzgado anteriormente. / 8.- Toda persona podrá solicitar del
Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial,
retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la
responsabilidad personal del Magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho
del Estado de actuar contra estos o estas”.
Artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal:
“Juicio previo y debido proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y
publico, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial conforme a las
disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido
proceso, consagrados en la Constitución de la República, las leyes, los tratados, convenios y
acuerdos internacionales suscritos por la Republica."
En este mismo orden de ideas, con expresa tutela constitucional, encontramos
dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos; Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre; Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la garantía conocida como el Plazo Razonable de
Duración del Proceso Penal. El artículo 7.5 de la Convención Americana de
Derechos Humanos reza:
" Toda persona detenida o retenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable" y el articulo 8.1: " Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable"; el articulo 25 de la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre dispone: " Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene
derecho a ser juzgado sin dilación injustificada" ; asimismo el articulo 14.3.C del Pacto
Internacional de derechos Civiles y Políticos establece: " Durante el proceso toda persona
acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: a
ser juzgada sin dilaciones indebidas."
Cuando hacemos un examen de tales normativas donde se infiere que la regla
es la libertad y sólo cuando la gravedad del hecho lo amerite la privación de
libertad, nos preguntamos el por qué existen tantos procesados privados de
libertad y más aún en flagrante violación, a otro principio procesal, como es la
celeridad que debe imperar en todo proceso, aunado esto al principio de la
economía procesal; desde la implementación en nuestro país, de un nuevo
sistema procesal que va a cumplir diez años, el cual se publicitó como la
panacea a tanto retardo procesal imperante, debido a que nuestro Sistema
Procesal Penal era inquisitivo, escrito, entre otras características, que se le
11

atribuyeron, necesariamente nos tenemos que preguntar ¿En qué ha
variado?, porque ahora son mas lentos los procesos, como ejemplo de ello
solo tenemos que examinar el hecho de que el privado de su libertad, según
el artículo 75 h, del Código de Enjuiciamiento Criminal, cuando el sindicado
estaba detenido preventivamente, debía ser puesto a la orden del tribunal
correspondiente en un término no mayor de ocho (8 )días, contados a partir del
momento de su detención, junto con todas las actuaciones que se hubieren
cumplido, a los fines de la prosecución de las diligencias sumariales, debiendo
el tribunal decidir dentro de las noventa y seis (96) horas, que constituyen
cuatro (4) días; salvo que en lo casos graves y complejos requiriera de un
termino mayor, que no debía pasar de ocho (8) días para resolver sobre la
detención, es decir, que si no se le había dictado auto de detención en dieciséis
(16) días, de oficio era puesto en libertad por los Tribunales Competentes,
además de la orden expresa del artículo 73 del Código de Enjuiciamiento
Criminal, del deber de terminar el sumario en el lapso de treinta (30) días.
En la actualidad, cuando son aprehendidos en flagrancia, a menos que el
Fiscal del Ministerio Público, así lo solicite, como lo dice el artículo 373 del
Código Orgánico Procesal Penal, se decretará la aplicación del procedimiento
abreviado, sino se ordenará el procedimiento ordinario, ahora no sólo debe
esperar treinta (30) días, para la presentación de la acusación por parte del
Ministerio Publico, tal como lo dispone el artículo 313 del Código Orgánico
Procesal Penal, sino además esperar la posible solicitud de prorroga que
establece el artículo 314 ejusdem, por parte del Ministerio Público, de quince
(15) días más, que se ha hecho costumbre, ya que el representante de la
vindicta pública, viola los lapsos y plazos, lo que significa una abierta violación
a los derechos constitucionales, colocando en situación de minusvalía jurídica a
los “sospechosos” , y lo peor es que los jueces de control de garantías no
ponen un freno a esta arbitrariedad imponiendo la legalidad, tal y como lo
plantea Rodrigo Rivera Morales, en el Código Orgánico Procesal Penal que
editó sus comentarios y tenemos que de dieciséis (16) días pasó a cuarenta y
cinco (45) días, la privación de libertad, después de este largo preliminar
12

presentan la acusación, se fija la audiencia preliminar, en tiempo no menor de
diez (10) días ni mayor de veinte (20) días, como sabemos siempre se van a
los extremos y se toman los más lejanos, es decir, que después de sesenta y
cinco (65) días de detenido, es que va a la citada audiencia, sin contar los
interminables traslados que nunca se dan, por razones variadas, que por lo
general, no son responsabilidad del imputado, se tiene que diferir la audiencia
aludida, la cual se fijará nuevamente en un plazo que no exceda de veinte (20)
días, por aquí podemos contar ya con ochenta y cinco (85), que pueden llegar
a ser más, por cualquier otra razón que impida la celebración de la tantas
veces nombrada audiencia preliminar, a pesar de que el artículo 327 ejusdem,
en su penúltimo aparte establece, que las partes podrán intentar las acciones
disciplinarias a que haya lugar contra aquél por cuya responsabilidad no se
realizó y en el último que al juez le corresponderá realizar lo conducente para
garantizar que se celebre la audiencia en cuestión en el plazo establecido,
(letra muerta), teniendo entonces, que celebrada la misma y como
consecuencia de ella, el juez de control decida admitir la acusación se dictará
la apertura a juicio y se ordenará remitir las actuaciones al Tribunal
competente, debiendo el juez de Juicio, señalar la fecha de celebración de la
audiencia pública, la cual deberá tener lugar, no antes de quince (15) días, ni
después de treinta (30) días, desde la recepción de las actuaciones. Sin
embargo, a pesar de estar pautados de una manera clara y concisa, todos los
lapsos procesales a que debe estar sometido el proceso penal, el que esta
privado de su libertad, está obligado a una estadía, cuya data puede superar
los dos años, para que se haya obtenido la finalidad del proceso, que no es
nada más y nada menos que establecer la verdad y sentenciar al respecto,
sobre la culpabilidad o la absolución en caso de que sea inocente, no obstante,
que de conformidad con el articulo 244 ibidem, si han transcurrido más de dos
(2) años y no existe sentencia, el privado de su libertad debe ser puesto en
libertad, debido a que la norma del artículo 244 idem prevé, que el Ministerio
Público o el querellante podrán solicitar al tribunal que esté conociendo de la
causa una prorroga para el mantenimiento de las medidas de coerción
personal, que se encuentren próximas a su vencimiento, la cual a pesar de
13

estar establecido bien claro que debe darse de manera excepcional y cuando
existan causas graves que así lo justifiquen, el Ministerio Público, la ha relajado
y la pide para justificar el hecho de que no ha sido lo suficiente diligente en sus
funciones, ya que a él le está atribuido garantizar el debido proceso, la
celeridad y la buena marcha de la administración de justicia, el respeto a los
derechos y garantías constitucionales, así como de los tratados, convenios y
acuerdos internacionales vigentes en la República, actuando de oficio o a
instancia de parte, de conformidad con el artículo 16.2 de la Ley Orgánica que
lo rige.
Es decir, que nuestro legislador, creyó prudente como plazo razonable de la
duración del proceso penal, un lapso de dos (2) años contados a partir de su
detención, lo que debería operar de oficio, sin que las partes tuvieran que
opinar nada al respecto, ya que en especial el Ministerio Publico, en su carácter
de Representante del Estado, en las causas penales y como tal con el deber
de garantizar la celeridad y buena marcha de los procesos (Art. 285 CRBV y
16.2 de la LOMP), no fue lo suficiente diligente, al permitir que un proceso se
alargara más de lo preceptuado por la ley, no debería ser premiado con una
prorroga, cuando esa dilación no operó precisamente por causas imputables al
procesado, sino precisamente a la inoperabilidad del Poder Judicial y la
ausencia de controles dentro de los procesos .
Por lo tanto, solicitamos, la nulidad de este aparte referido a la prorroga que se
le concede al Ministerio Público, como premio a su ineficacia e incumplimiento
de los deberes que tiene encomendado por la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Ministerio Público; por que con
ella se crean vicios de inconstitucionalidad, en virtud de que se infringen los
derechos humanos de las personas privadas de su libertad y que se
encuentran a merced de la justicia de este País.
También es de significar que a lo largo de estos diez (10) años de vigencia,
del Código Orgánico Procesal Penal, hemos observado que la Administración
14

de Justicia en Venezuela, se ha caracterizado tanto por su ineficiencia e
incapacidad para resolver con la celeridad e idoneidad la resolución de las
causas penales, donde ni la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, está al
día con los Amparos Constitucionales interpuestos, donde se denuncian
privaciones ilegales de libertad, donde debe privar la celeridad y brevedad del
procedimiento, si eso ocurre con nuestro máximo Tribunal, que podemos
esperar de los Circuitos Judiciales Penales, ya que hemos observado con
preocupación que muchas de las huelgas, motines y reclamos penitenciarios
tienen su origen precisamente en el retardo procesal, en cualquier instancia.
Sucesos estos, que se derivan de una expectativa razonable, a contar con
alguna vía idónea para hacer valer los derechos, e impulsar al proceso a que
sea terminado tan pronto como sea posible. Y entonces es cuando vuelve a
surgir la pregunta ¿Será nugatoria la finalidad del proceso, si cumplido el
plazo razonable de duración del mismo, sin otorgar prorrogas
innecesarias, se le ofrezca la posibilidad al procesado de acceder a una
medida cautelar sustitutiva? o ¿ Necesariamente el Estado requiere
mantener privado de su libertad a una persona para ver satisfecha su
competencia punitiva, aún cuando resulta (el Estado) responsable de la
duración indebida del proceso, perjudicando así al imputado por la
ausencia de una realización oportuna de la justicia ?
Para dar respuesta a esta interrogante, se hace necesario definir cual es la
finalidad del Proceso Penal, y así tenemos que: La Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 2, propende.
“ Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia , que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la
libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político ".
De igual manera, el artículo 3 ejusdem, determina que:
“El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a
su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la constitución de una sociedad
justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía
del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta
Constitución”.
15

Describiéndose del artículo arriba mencionado, cuales son los fines del Estado
encontrándonos con las Garantías Constitucionales, como lo son la del
cumplimiento de los principios, derechos y deberes en ella consagrados, lo que
constituye un valor fundamental del Estado.
Así, el acceso a la justicia, acreditado en nuestra Carta Magna en su artículo
26, que reza:
“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer
valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a tutela efectiva de los mismos
y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”, es un derecho de estricto cumplimiento
apreciado como valor fundamental en un Estado Democrático y Social de Derecho. / El Estado
garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma,
independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas sin formalismos o
reposiciones inútiles.
Encuadrando los derechos de la persona humana y el tratamiento
constitucional del derecho del acceso a la justicia e imponiendo además, su
operatividad como derecho material y esto se da cuando se establece que:
"toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la administración de
justicia…".
El artículo en comento, trae consigo el principio de la tutela judicial efectiva,
que según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, puede
traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de
los derechos e intereses frente al Poder Público, aún cuando la legalidad
ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concretos. También dijo la
Comisión que la incertidumbre o falta de claridad en la consagración de los
requisitos de admisibilidad de una acción puede constituir una violación a ese
derecho fundamental. El recurso sencillo y rápido amparado por la Convención
Americana impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable
juego de confusiones en detrimento de los particulares.
Asimismo, denota este artículo que el Estado tiene un fin garantista, cuando se
refiere a una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, pero debe cumplir
para ello, con dos principios esenciales, eficacia y rapidez. Produciéndose un
16

proceso ávido de agilidad y rapidez, sin interposición alguna de obstáculos y
de esta manera alcanzar el fin consistente en la resolución de la controversia
planteada.
El principio antes citado, se relaciona con la celeridad procesal, si el proceso
se desarrolla con una tardanza excesiva e irrazonable, puede considerarse
lesionado el derecho a un proceso expedito y sin dilaciones indebidas.
En la doctrina internacional como ha dicho Rodrigo Rivera Morales, la celeridad
en el proceso, desde el punto de vista de plazo razonable para solucionar un
conflicto, se asume como un deber de la jurisdicción y como una potestad del
justiciable, o sea, que es una obligación jurisdiccional y un derecho esencial del
hombre.
Coincidiendo esto con la premisa de que todo conflicto sometido a un
juzgamiento debe ser pronunciado en un lapso compatible con la naturaleza del
derecho sometido a litigio, de no ser así la tutela judicial efectiva sería una
ilusión y vale acotar el aforismo enunciado por el citado autor “injusta la
sentencia que juzga cuando ya no debe juzgar”
En este sentido, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, dispone en su
artículo 1:
”Juicio previo y el debido proceso. Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y
público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o tribunal imparcial, conforme a las
disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido
proceso, consagrados en la Constitución de la República, las leyes, los tratados, convenios y
acuerdos internacionales suscritos por la República”.
Por otra parte, establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 13
lo siguiente:
17

“Finalidad del proceso. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías
jurídicas, y a la justicia en la aplicación del derecho, ya esta finalidad deberá atenerse el juez al
adoptar su decisión.”
Determinándose, que la finalidad del proceso, es la realización del derecho
material o sustancial, cuando se precisa que el objetivo es el de determinar la
verdad de los hechos y la justicia en la aplicación del derecho.
Para Coutore “probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la
verdad de una afirmación”
La Sala de Casación Penal, ha mantenido un criterio pacifico y reiterado a
través del tiempo en cuanto a que “en el proceso penal también rige el principio
de la verdad material, como meta imprescindible de la justicia, el cual impone
asegurar que no se pierdan los datos o elementos de convicción valiosos par el
proceso”. 7
Cabe destacar, que el artículo 257 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, dispone:
” El proceso constituye un proceso fundamental para la realización de la justicia. Las leyes
procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un
procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades
no esenciales”.
Igualmente, lo estatuido en el artículo 102 del Código Adjetivo Penal, que reza:
“Buena fe. Las partes deben litigar con buena fe, evitando los planteamientos dilatorios,
meramente formales y cualquier abuso a las facultades que este Código les concede. Se
evitará, en forma especial, solicitar la privación preventiva de libertad del imputado cuando ella
no sea absolutamente necesaria para asegurar las finalidades del proceso”.
Así como, el artículo 334 ejusdem:
“Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo
previsto en esta Constitución y en la Ley, están en la obligación de asegurar la integridad de
esta Constitución. / En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en
cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente./ Corresponde exclusivamente a la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la
7 Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencias del 02-10-2000, Expediente Nro.
00-1089; 21-03-06, Expediente Nro. 05-541 y 21-07-05, Expediente Nro. 04-0431.
18

nulidad de las Leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en
ejecución directa e inmediata de esta Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan
con aquélla ”.
En el artículo citado ut supra, se determina que en el ejercicio de tal deber, se
deben aplicar las normas constitucionales sobre todas otras que le fueren
contrarias.
El legislador instauró en la Constitución la normativa necesaria para la
consolidación de una verdadera democracia, toda vez que con una justicia
precaria no se puede pregonar la existencia de un Estado democrático, pero
establecidos estos parámetros normativos es a los jueces y en general a todos
los funcionarios judiciales y a los ciudadanos que deben colaborar con la
justicia, para concretar en la realidad esa intención política de justicia y de
democracia.
De lo anteriormente, enunciado se desprende que la finalidad del proceso, es la
búsqueda de la verdad, para consolidar una justicia que la cual no será
sacrificada por la omisión de formalidades no esenciales, y para la búsqueda
de esta verdad, es necesario que los órganos encargados de la Administración
de Justicia, cumplan con la tramitación de todos los juicios sin dilaciones
indebidas de una manera expedita, que permita conocer con eficacia y
rapidez, la decisión que se vaya a tomar sea cual fuere su naturaleza,
asegurando que no se pierdan los datos o elementos de convicción valiosos
para el proceso.
Si no se actúa con la debida celeridad, en el tiempo se pierden las evidencias y
no vamos a obtener una justicia imparcial, por lo tanto, se debe analizar
concienzudamente si estas prorrogas solicitadas por el Ministerio Público, son
necesarias, y no son sólo un capricho del Representante de la Vindicta Pública,
19

que ha perdido esa buena fe, contemplada en el artículo 102 del Código
Orgánico Procesal Penal, y en el artículo 281 idem, que establece:
“El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no sólo los hechos y
circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan
para exculparle…”.
Pudiendo decir, entonces, que el Ministerio Público, se ha vuelto indolente,
dada esa perdida de buena fe, que las Leyes que rigen nuestro ordenamiento
jurídico en ese ámbito, le han sido otorgada, convirtiéndose en un infractor de
los principios y derechos constitucionales, contemplados en la Carta Magna y
en el Código Orgánico Procesal Penal, Ley Orgánica del Ministerio Público,
especialmente en el artículo 16.2, que le atribuye la competencia de garantizar
el debido proceso, la celeridad y buena marcha de la Administración de Justicia
debiendo respetar las garantías y derechos constitucionales; los Tratados y
Pactos Internacionales suscritos por la República, destacándose, entre ellos,
Juicio previo y debido proceso, Presunción de inocencia, Afirmación de libertad,
Respeto a la Dignidad Humana, Defensa e Igualdad entre las partes; cada vez
que pide una prórroga, sin necesidad debido a su falta de interés en proceso
penal que se sigue, escudándose en el día a día, manifestando que tienen
excesivo trabajo que realizar, lo que demuestra su falta de interés y capacidad
de organización, resultando con todo esto, afectado lamentablemente la
persona que está privada de su libertad y que se le están conculcando
derechos humanos, inherentes al mismo y que luego tal solicitud de prórroga
muchas veces inmotivada, le es concedida por los Jueces a fin de convalidar
su irresponsabilidad, peligrando en los Centros de Reclusión Penitenciaria, la
vida de estos ciudadanos que en muchos ocasiones han resultado inocentes.
Cuando el hecho de darles una libertad, precedida de medidas cautelares-
podría evitar muertes de inocentes en los entes penitenciarios, sin que ello,
afecte para nada la finalidad el proceso, por cuanto el mismo continuaría hasta
20

sentencia definitiva, y en caso de resultar culpable, se encarcelaría, para que
purgue su culpa el tiempo que se ha estipulado para el delito cometido; y de
resultar inocente, su vida se habría resguardado y evitaríamos que el estado
sea demandado por el resarcimiento de los daños causados por una detención
injusta.
Finalmente, Ciudadanos Magistrados, solicitamos, una vez más, la nulidad del
aparte correspondiente a la concesión de una prorroga por parte del Ministerio
Público o el querellante, que estipula el artículo 244 del Código Orgánico
Procesal Penal, por considerarla la base de vicios inconstitucionales, ya que ha
sido tergiversada por parte del Ministerio Público, quien no la usa en casos de
excepcionalidad y de grave urgencia, sino ratificando su cualidad de ser la
parte acusadora, y que finalmente se ejecute el ius puniendi del Estado,
olvidando que también es parte de buena fe y que debe cumplir con la
obligación impuesta constitucionalmente que el proceso marche con celeridad
y en procura de una buena administración de justicia y del carácter progresivo
de los derechos humanos, donde no solo el Estado debe perseguir que la
vulneración a lar normas quede resarcida sino que debe llevar además consigo
el hecho de la rehabilitación del procesado que no será conseguido jamás en
una de nuestras cárceles., dada las características de los mismos.
PETITORIO
En base a los explanados argumentos es que solicitamos de ese Máximo la
nulidad del aparte correspondiente a la concesión de una prórroga por parte del
Ministerio Público o el querellante, que estipula el artículo 244 del Código
Orgánico Procesal Penal, por considerarla la base de vicios inconstitucionales,
a favor de los ciudadanos privados de su libertad y que sus causas se
encuentran en proceso, y siendo que el Estado es el primer responsable en
garantizar y proteger los derechos esenciales de todas las personas que se
21

encuentren bajo su protección e involucra la realización de acciones positivas ,
como parte de la progresividad que caracteriza a los Derechos Humanos y que
debe tener un Estado que así mismo se autodefine constitucionalmente como “
democrático social de derecho y de Justicia” (Art. 2 de la CRBV) gestionando
ante los órganos competente, todo lo necesario para el sano desarrollo de los
procesos y los involucrados en él.
Nulidad Parcial que se hace a Usted de conformidad con los artículos 21, 26,
51, 266 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Es justicia, que esperamos en la ciudad de Caracas, a la fecha cierta de su
presentación.
JACKELINE SANDOVAL DE GUEVARA,
DONAGEE SANDOVAL ESCOBAR,
ANA MERCEDES PETEH
RAFAEL ARTURO PARRA SALUZZO,
YULEXI PETRELLA
22