determinación de la tarifa de agua superficial para usos no agrícolas

Los costos variables anuales de los embalses y presas representan alrededor
del 3 por ciento del valor del stock.
La vida útil máxima de las infraestructuras es de 50 años para los embalses y
presas y 25 años para las infraestructuras de transporte o canales.
El período de recuperación de inversiones es 20 años.
1.4.2 Aguas subterráneas
En el caso de las aguas subterráneas, la diferencia está en que los costos a
considerar corresponden a los costos del monitoreo y gestión del acuífero. Sin
embargo, el concepto de cuantificación de los costos de inversión y operación y
mantenimiento a través de un flujo de caja descontado es el mismo que en el caso de
aguas superficiales.
En este caso, el costo del monitoreo del acuífero estará compuesto por el número de
pozos con control piezométrico y con control hidrogeoquímico. Asimismo, se debe
determinar la duración por campaña y los días útiles por mes. Del mismo modo, para
el cálculo del costo se debe considerar el tiempo para el técnico de campo, el del
profesional SIG y el del ingeniero responsable.
En cuanto al análisis de agua, se debe considerar su ejecución para algunos
acuíferos, en especial los que se encuentran en veda o sobreexplotados. Sin embargo,
se debe evaluar si es necesario extender a los demás acuíferos, por lo menos en
cierto porcentaje de la red hidrogeoquímica, una o dos veces al año.
1.5 Costos separables y comunes
Las variables económicas más importantes que intervienen en el cálculo de las tarifas
son:
Aguas superficiales:
Las inversiones ejecutadas de las obras concluidas y en actual operación.
El área o superficie servida.
La vida útil del saldo de las obras.
Los volúmenes anuales de agua que consume o demanda la respectiva área
de influencia.
Los servicios de operación y mantenimiento.
El seguro de obras terminadas.
Aguas subterráneas:
Costo del monitoreo del acuífero.
Número de pozos con control piezométrico y con control hidrogeoquímico.
Una metodología que se puede aplicar a ambos casos, que es acorde con los
principios tarifarios de la Ley y su Reglamento, es la originalmente propuesta por
Gittinger (1972) para el BIRF. La aplicación de dicha metodología implica distribuir
los costos de manera proporcional a los beneficios netos incrementales
obtenidos gracias al proyecto. Los beneficios incrementales no son más que
aquellos obtenidos por la ejecución del proyecto. Un ejemplo para el caso agrícola
sería el valor de la producción adicional (descontada de sus costos) para un agricultor
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